SENTENCIA Nº 296/2015

Transcripción

1 AUDIENCIA PROVINCIAL DE ZARAGOZA SECCIÓN SEXTA ROLLO DE SALA (PA) Nº 23/2015 SENTENCIA Nº 296/2015 EN NOMBRE DE S. M. EL REY ILMOS. SEÑORES: PRESIDENTE D. RUBÉN BLASCO OBEDÉ MAGISTRADOS D. CARLOS LASALA ALBASINI D. ALFONSO BALLESTÍN MIGUEL EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA, A VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE. Vista por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial, constituida por los Ilmos. Señores que al margen se expresan, en juicio oral y público, la presente causa, seguida por los trámites del Procedimiento Abreviado, registrado como Rollo núm. 23 del año 2.015, procedente del Juzgado de Instrucción núm. 11 de Zaragoza, por delito contra la salud pública, contra el acusado DAVID L. C., nacido en Barcelona (España), el día de 13/02/1985, domiciliado en Alhama de Aragón (Zaragoza), cuya solvencia no consta, con antecedentes penales, en situación de libertad provisional durante la tramitación del procedimiento, representado por la Procuradora Sra. Fuster Benedí y defendido por el letrado Sr. Rubio Tello. Ha sido parte acusadora el MINISTERIO FISCAL y consta designado Magistrado ponente el Ilmo. Sr. D. ALFONSO BALLESTÍN MIGUEL, que expresa el parecer del Tribunal. 1

2 ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- En virtud de atestado policial se instruyeron por el Juzgado de Instrucción núm. 11 de Zaragoza las presentes diligencias, en las que se acordó seguir el trámite establecido para el procedimiento abreviado, habida cuenta de la pena señalada al delito objeto de las mismas, dando traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal, que dedujo acusación, en cuya virtud el Juzgado instructor dictó, en fecha 18 de febrero de 2015, auto acordando la apertura de juicio oral, con traslado a la representación procesal del acusado, que formuló escrito de defensa, remitiéndose la causa a esta Sala, que dictó auto de fecha 24 de junio de 2015, acordando el señalamiento del juicio oral, el cual se celebró el pasado día 26 de octubre del actual. SEGUNDO.- Practicada toda la prueba propuesta, y llegado el trámite de conclusiones definitivas, el Ministerio Fiscal modificó las que previamente había formulado con carácter provisional, calificando los hechos de autos como constitutivos de un delito contra la salud pública, previsto en el artículo 368 del Código Penal, segundo párrafo, estimando como responsable del mismo a David L. C., e interesando se le impusieran las penas de un año y seis meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de 600 euros, con la responsabilidad la personal subsidiaria de diez días, en caso de impago, todo ello con imposición del pago de las costas procesales. Igualmente solicitó el decomiso del dinero ocupado y la destrucción de la sustancia estupefaciente incautada. TERCERO.- Por la defensa del acusado se solicitó la libre absolución de su patrocinado. 2

3 HECHOS PROBADOS Son hechos probados, y así se declaran, que sobre las 11,15 horas del día 11 de octubre de 2.014, los agentes del CNP (A, B, C y D) se encontraban en el Parque La Granja, de esta ciudad, realizando labores de vigilancia relacionadas con el control y consumo de sustancias estupefacientes, cuando observaron que del lugar en el que se celebraba una fiesta salían cuatro personas, las cuales se apartaron a unos cincuenta metros, observando dichos agentes como uno de los miembros del grupo, que resultó ser Víctor B. M., manipulaba un objeto de reducidas dimensiones, que resultó ser una bolsita de plástico de color blanco que contenía sustancia blanca polverulenta, siendo por ello identificado y preguntado sobre el contenido de dicha bolsita, a lo que respondió que se trataba de speed. Seguidamente, el agente (A) se dispuso a hacer un cacheo de seguridad a los allí presentes y, mientras lo realizaba, el agente (B) observó como David L. C. realizaba un movimiento rápido en un intento de ocultar algo en la parte delantera del pantalón, ante lo cual, éste segundo agente le realiza un cacheo superficial, notando un bulto y el sonido de una bolsa, siendo requerido por ello a sacar lo que portaba oculto, que resultó ser una bolsa de plástico transparente conteniendo trece bolsitas blancas, selladas con alambre de color dorado, con una sustancia polverulenta en su interior que, en doce de ellas, resultó ser anfetamina mezclada con cafeína, con un peso neto total de 7,62 grs. y 2,6 % de pureza, y en la otra también anfetamina, mezclada con cafeína e ibuprofeno, con un peso neto total de 0,51 grs. y 3 % de pureza. También se le ocupó al acusado un billete de veinte euros. El acusado iba a destinar al tráfico la sustancia estupefaciente que le fue intervenida, la cual habría alcanzado en el mercado ilícito un precio de 348,24 euros. 3

4 FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- La prueba con la que cuenta la Sala para analizar la naturaleza y autoría de los hechos sometidos a enjuiciamiento resulta esencialmente de la documentación de los análisis químicos de la sustancia ocupada y también, fundamentalmente, de los testimonios de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que llevaron a cabo la intervención de la droga, especialmente del agente (B), el cual describió con precisión como el acusado intentó ocultar la sustancia estupefaciente que portaba y negó en un primer momento la posesión de las trece bolsitas que contenían tal sustancia, todas ellas de similares características y cerradas con alambre de color dorado, lo cual fue corroborado también por el agente (D). Así pues, sobre la base probatoria de dichos testimonios y el propio reconocimiento del acusado de estar en posesión de la anfetamina intervenida, procede analizar los requisitos que deben concurrir a los efectos de concretar si dicho acusado pretendía realizar actos de favorecimiento del consumo ilegal de dicha sustancia, esto es, si hay base probatoria para poder llegar a la convicción de que estamos ante la comisión del delito tipificado en el art. 368 del Código Penal, en su modalidad de tráfico de escasa entidad de estupefacientes que causan grave daño a la salud. Y al respecto, lo primero que ha de tenerse en cuenta es que tal precepto sanciona, además de a los que realizan actos de cultivo, elaboración o tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o a los que de otro modo promueven, favorecen o facilitan su consumo ilegal, a quienes poseen estas sustancias con tales fines, por lo que, en lo que se refiere al supuesto enjuiciado, la cuestión ha de abarcarse desde la perspectiva del dolo del poseedor de las mismas, siendo preciso a tal fin realizar un juicio de intenciones a los efectos de determinar, en su caso, con fundamento lógico y razonable, si se da un potencial destino al tráfico de la anfetamina que 4

5 fue intervenida al acusado, lo cual, al tratarse de una mera posesión, habrá de deducirse a través de pruebas indiciarias o circunstanciales. SEGUNDO.- En este orden, teniendo en cuenta la clase, cantidad y grado de pureza de tal sustancia, pero, sobre todo, la forma en que se encontraba distribuida la que le fue ocupada al acusado (13 papelinas de iguales características y cierre), podemos llegar a la convicción de que estamos ante la comisión del mencionado delito, y todo ello por cuanto, además de que la cantidad de sustancia intervenida, reducida a pureza, excedía sensiblemente de los límites jurisprudencialmente admitidos como de autoconsumo (que serían 0,180 grs., según la referencia de consumo diario fijado por el Instituto Nacional de Toxicología y el Pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de 19 de octubre de 2001), la misma se encontraba repartida en dosis individuales debidamente envueltas y preparadas para su venta a terceros, sin que pueda pasar desapercibido tampoco un déficit probatorio esencial, cual es la falta de demostración por el acusado, fuera de sus propias manifestaciones o las de su amigo Aarón C. S., de su condición de ser consumidor habitual de la sustancia intervenida en la fecha de los hechos. En definitiva, analizado el resultado de las pruebas practicadas, consideramos que las alegaciones del acusado carecen del más mínimo apoyo o refrendo, y es por ello que, si no ha quedado acreditado que fuera consumidor en la fecha de los hechos, es evidente que tampoco cabe apreciar que existiera un propósito de consumo compartido, a los efectos exculpatorios pretendidos, sobre todo porque, aparte de tal falta de prueba sobre la propia condición de consumidor, tampoco se ha probado la concurrencia del resto de los requisitos establecidos al efecto por el Tribunal Supremo, esto es: a) que los consumidores que se agrupan sean adictos o, al menos, habituados al consumo; b) que el proyectado consumo se realice en lugar cerrado; c) que la cantidad de droga destinada al 5

6 consumo sea insignificante; d) que la coparticipación venga referida a un pequeño núcleo de drogodependientes; e) que los consumidores sean personas ciertas y determinadas, plenamente identificadas; y f) que se trate de un consumo inmediato (SSTS de 31 de marzo de 1998, 24 de julio y 1 de octubre 2003, 8 de marzo y 16 de junio de 2004, 19 septiembre de 2005 y 8 de junio de 2006). No hemos de olvidar que la alegación de la posesión de la droga para ser consumida por el acusado y alguien más no deja de ser una manifestación autoexculpatoria, constitutiva de un elemento impeditivo de la tipicidad, pero debe ser probada por quien la alega. En este sentido, cabe citar la sentencia del T.S. de 23 de junio de 2.006, en cuyo fundamento de derecho primero se dice: "cierto es que son las partes acusadoras las encargadas de probar que la droga poseída tiene como destino el consumo de terceros y no de su poseedor, pero no es menos cierto que, en alguna medida la carga del acreditamiento de la condición de drogadicto se traslada automáticamente al acusado, si este alega su condición de consumidor y el destino de la droga lo limita a ese fin". Por tanto, si la coartada exculpatoria formulada por el acusado ha quedado huérfana del mínimo refrendo probatorio exigible, y si existen indicios de la implicación del mismo en la actividad de tráfico de estupefacientes, derivados, en esencia, de la posesión de trece papelinas de anfetamina de similares características, con un peso neto total de 8,13 grs., hemos de concluir que, tal como hemos venido razonando con anterioridad, concurren pruebas de cargo suficientemente aptas como para destruir la presunción de inocencia del acusado, en relación con el delito contra la salud pública previsto en el artículo 368 del Código Penal, segundo párrafo, y por tanto, que resulta totalmente procedente el pronunciamiento condenatorio interesado por el Ministerio Fiscal. 6

7 TERCERO.- Teniendo en cuenta lo dispuesto por el referido párrafo segundo del artículo 368 del Código Penal, y en atención al principio acusatorio que rige en nuestro sistema penal, procede imponer al acusado la pena de un año y seis meses de prisión que ha interesado el Ministerio Fiscal, que es la mínima contemplada en dicho precepto punitivo, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de 600 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria de diez días, en caso de impago, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53.2 del Código Penal. Igualmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 374 del Código Penal, procede decretar el decomiso del dinero ocupado y la destrucción de la sustancia estupefaciente incautada. CUARTO.- Por imperativo legal de lo dispuesto en los arts. 123 del CP y 240 de la LECr., la responsabilidad criminal comporta la condena en costas. VISTAS las disposiciones legales citadas y demás preceptos de pertinente aplicación, ESTE TRIBUNAL, por la autoridad que le confiere la Ley, emite el siguiente FALLO CONDENAMOS a DAVID L. C., como autor responsable de un delito contra la salud pública, a la pena de un año y seis meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de seiscientos euros (600 ), con la responsabilidad personal subsidiaria de diez días, en caso de impago, así como al pago de las costas procesales. 7

8 Se decreta el comiso de la droga ocupada, que será destruida, así como del dinero intervenido. Notifíquese la presente sentencia a las partes, con información de que contra la misma solo se puede interponer recurso de casación, a anunciar ante esta Sala y para su sustanciación ante el Tribunal Supremo. Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo y se anotará en los registros correspondientes, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha. 8