Reporte sobre la situación de derechos humanos en Oaxaca: las consecuencias de la presencia de la Policía Federal Preventiva.

Transcripción

1 Reporte sobre la situación de derechos humanos en Oaxaca: las consecuencias de la presencia de la Policía Federal Preventiva. 1. Presentación Como parte de la Misión de Observación Civil permanente llevada a cabo en Oaxaca, la Red Oaxaqueña de Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez presentamos un reporte preliminar sobre la situación actual de los derechos humanos en dicho Estado. En el presente documento nos referimos sucintamente a las violaciones a derechos fundamentales que desde que tuvo lugar la entrada de la Policía Federal Preventiva a la ciudad se han presentado. Nuestra intención es mostrar que lejos de restablecer el orden, la incursión de las fuerzas policiacas federales ha tenido por consecuencia un grave deterioro de la vigencia de los derechos humanos en Oaxaca y el riesgo de que nuevas y más graves violaciones ocurran en los días y meses siguientes. Con la difusión del reporte, ambas organizaciones buscamos informar tanto a los mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos como a la sociedad civil nacional e internacional sobre la grave situación que actualmente vive en Oaxaca. 2. Antecedentes A finales de mayo de 2006, los maestros y las maestras del estado de Oaxaca 1, pertenecientes a la Sección 22 del Sindicato de Trabajadores de la Educación iniciaron diversas movilizaciones con una serie de demandas relacionadas con sus condiciones laborales, como lo hacen año con año. Esta vez, lejos de buscar el diálogo para resolver el conflicto, el Gobierno del Estado de Oaxaca, encabezado por el mandatario priísta Ulises Ruiz Ortiz, reprimió el movimiento el 14 de junio intentando desalojar con la fuerza pública el plantón que los profesores mantenían en la capital del Estado. A partir de entonces, en solidaridad con los maestros y en abierto repudio a la represión, diversas organismos constituyeron un movimiento social amplio y plural que confluyó en lo que más tarde se denominaría Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). En este espacio, tuvieron expresión las demandas de diversos sectores y se evidenciaron los rezagos políticos y sociales del Estado; el descontento encontró concreción en una demanda común: la renuncia del Gobernador Ulises Ruiz. Desde ese momento, el conflicto creció y Oaxaca en poco tiempo se generó un estado de ingobernabilidad atendido negligentemente por las autoridades estatales y federales. La Red Oaxaqueña documentó amenazas, intimidaciones, homicidios, torturas, detenciones arbitrarias y un deterioro generalizado del respeto a los derechos humanos. El día 27 de octubre, después de una jornada en la que varias personas fueron violentamente privadas de 1 Ubicado al sur de la República, Oaxaca es uno de los estados más pobres de México. Ocupa el primer lugar en mortalidad infantil y el último en disponibilidad de servicios básicos y agua potable.

2 la vida, el gobierno federal ordenó el ingreso de fuerzas de la Policía Federal Preventiva (PFP) para replegar los plantones y campamentos de los maestros y miembros de la APPO. De acuerdo con el discurso oficial, la acción tuvo por objetivo restablecer el orden, la paz y el estado de derecho en Oaxaca. No obstante, a pocos días del inicio de la ocupación de la PFP en Oaxaca, hemos documentado graves violaciones a derechos humanos perpetradas directa o indirectamente por los elementos de esta corporación, en las que más adelante ahondaremos. La situación actual de Oaxaca es extremadamente preocupante. A la fecha hemos podido documentar la detención arbitraria de 106 personas. Más de 30 con graves afectaciones a la integridad física, torturas, tratos inhumanos y degradantes así como privaciones arbitrarias de la vida que, sumadas a las ocurridas con antelación durante el conflicto, dejan un saldo de 17 personas que han sido violentamente privadas de la vida en Oaxaca. 3. Patrón de violaciones documentado A partir de que la seguridad pública de Oaxaca quedó a cargo de la Policía Federal Preventiva hemos documentado numerosas violaciones a derechos humanos, muchas de ellas caracterizadas por el abuso de la fuerza y las amenazas generalizadas a la vida, a la integridad física y psicológica, y a la seguridad personal, así como violaciones a la libertad de expresión y el debido proceso. Entre los patrones de violaciones a derechos humanos más generalizados destacamos los siguientes: a) Agresiones a cargo de cuerpos parapolicíacos armados. Los testimonios y documentos visuales recabados permiten afirmar que en Oaxaca están operando grupos armados de civiles al servicio del gobierno del estado. Los indicios muestran que se trata de grupos conformados por simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que actúan bajo el amparo del Gobernador Ulises Ruiz. Las fuerzas federales no han actuado para poner un alto a las acciones de estos grupos, sino que todo apunta a que les han dado protección. En el asesinato del periodista independiente norteamericano Bradley Roland Will, quien fue ultimado por un grupo de personas vinculadas al gobierno municipal priísta de Santa Lucía del Camino, quedó plenamente demostrada la responsabilidad de los priístas en el homicidio documentado por los videos que diversos periodistas y la propia víctima que filmaron los hechos. De acuerdo con la información recabada, los otros casos se ajustan al mismo patrón: agresiones armadas de grupos de civiles, simpatizantes del gobernador, que atentan contra la vida y la integridad personal no sólo de los miembros del magisterio y de la APPO sino incluso de la población ajena al conflicto. b) Uso excesivo de la fuerza pública. El Gobierno Federal ha descartado violaciones a los derechos humanos en los diversos operativos que la PFP ha efectuado en Oaxaca, reportando un saldo blanco. Sin embargo, hemos detectado casos en los que es patente un uso excesivo de la fuerza pública por parte de esta corporación. Un caso que ejemplifica lo anterior es el del homicidio de José Alberto Bernal, simpatizante de la APPO. De acuerdo con la información oficial, este joven murió el 29 de octubre a causa de un traumatismo provocado por el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno disparado por elementos de la Policía Federal Preventiva. Por

3 las circunstancias en que ocurrió el deceso y por el tipo de arma que ocasionó el fallecimiento, es de presumirse que el proyectil debió haber sido disparado directamente al cuerpo de la víctima, lo que implica una actuación dolosa y excesiva por parte de la Policía Federal Preventiva, pues dicha arma no debe apuntarse directamente al cuerpo en distancias cortas. Cabe señalar que la muerte de Alberto Jorge López Bernal presenta las mismas características que el homicidio de Alexis Benhumea, ocurrido durante la incursión de esta corporación para dirimir un conflicto socio político en San Salvador Atenco, en mayo pasado. Las similitudes de ambas muertes nos permiten suponer que la supuesta ausencia de armas de fuego en el arsenal utilizado por la Policía Federal Preventiva en Oaxaca no es suficiente para garantizar la vida y la integridad física de quienes participan del movimiento social. Existen indicios de que armas que en principio no son mortales, están siendo usadas de un modo doloso que puede poner en riesgo la vida. c) Detenciones arbitrarias y torturas Pese a que sus funciones son policiacas y preventivas, la PFP ha excedido este mandato y ha estado llevando a cabo detenciones arbitrarias en la Ciudad de Oaxaca. Al hacerlo, no se ha ceñido a su ámbito de competencia y ha mantenido a los detenidos bajo su custodia. En esos lapsos de tiempo, hemos documentado que se configuran verdaderos estados de excepción caracterizados por la tortura y los tratos crueles, inhumanos y/o degradantes sin ninguna tutela judicial. Aunque algunos de los detenidos han sido liberados, nos preocupa la arbitrariedad y la ilegalidad con que la PFP se ha conducido sistemáticamente en cuanto a las detenciones. Este es uno de los aspectos más graves de la actual situación de Oaxaca. La Red Oaxaqueña y el Centro Prodh hemos sostenido 27 entrevistas en los centros donde han sido recluidos los detenidos (Miahuatlán, Tlacolula y Cuicatlán); ello nos ha permitido documentar un patrón de abusos que a continuación describimos: a) Todas las personas fueron detenidas arbitrariamente por elementos de la Policía Federal Preventiva sin mandato escrito que fundara y motivara tal detención, y sin que existieran razones para tener por acreditadas las excepciones de flagrancia o caso urgente. En muchos casos, las detenciones se dieron como razzias o fueron motivadas por el aspecto o la ubicación de las víctimas. b) Al ocurrir las detenciones, los efectivos de la Policía Federal Preventiva hicieron uso excesivo, irracional y desproporcionado de la fuerza pública, provocando lesiones graves en la mayoría de los detenidos. Un caso paradigmático es el de Gerardo Jiménez Vázquez, a quien los golpes de los elementos de la Policía Federal Preventiva le ocasionaron fracturas en las costillas que dañaron sus pulmones y su riñón. c) Después de ser detenidos, las personas permanecieron bajo la responsabilidad de la Policía Federal Preventiva. Además de no ser remitidos inmediatamente ante la autoridad competente como indica la Constitución Mexicana, fueron objeto de tortura y malos tratos. Cabe señalar que para cumplir con la formalidad legal, la Procuraduría de Justicia del Estado de Oaxaca ha creado una Fiscalía Móvil que se traslada a los lugares en donde se encuentran los detenidos; con ello, las autoridades pretenden satisfacer la exigencia constitucional de poner a disposición del ministerio público a los detenidos inmediatamente (Artículo 16), aunque en los hechos sea la misma Policía Federal Preventiva quien resguarda a los detenidos en lugares impropios para este fin (Base Aérea Militar No.15). De acuerdo con lo documentado, el lapso de tiempo en el que los detenidos permanecen bajo la custodia de la Policía Federal Preventiva constituye un verdadero estado de excepción en el que los derechos de los detenidos son suspendidos.

4 d) Sobre este punto, cabe señalar que un grupo de los detenidos fue trasladado a la mencionada Base Aérea Militar No. 15 San Juan Bautista La Raya, en donde fueron obligados a pasar la noche con las manos atadas con cintillas de plástico para uso industrial. Contra este grupo de personas, las torturas y los malos tratos fueron constantes pues en las instalaciones castrenses permanecieron bajo custodia de Policías Federales Preventivos que los sometieron a golpes, patadas, amenazas, posiciones de castigo, privaciones de sueño e incomunicación. e) La totalidad de los testimonios de los detenidos coinciden en que los detenidos fueron mantenidos por varias horas en posiciones de castigo; maniatados con cinta adhesiva industrial, fueron obligados a permanecer acostados mientras los elementos de la PFP golpeaban sus espaldas con las culatas de sus armas o caminaban encima de ellos; y en que en todo momento fueron insultados y amenazados por su supuesta pertenencia al movimiento social oaxaqueño. f) Los detenidos fueron trasladados directamente a centros de readapatación social (Tlacolula, Miahuatlán y Cuicatlán) en helicópteros. Durante el trayecto los cuerpos fueron apilados unos sobre los otros, provocando en varias de estas personas asfixia. Asimismo, los testimonios refieren que durante el traslado los elementos de la Policía Federal Preventiva amenazaban a los detenidos diciendo que los iban a tirar al mar o que los iban a entregar en el CEFERESO de La Palma, (cárcel mexicana de máxima seguridad, conocida anteriormente como Almoloya ). g) Todos los detenidos fueron obligados a comparecer ante el ministerio público sin tener previa asistencia jurídica y sin conocer los cargos que se les imputaban. 4. Conclusiones Por los casos documentados y conocidos, podemos sostener que la presencia de la Policía Federal Preventiva en Oaxaca ha repercutido en un grave deterioro de la situación de los derechos humanos en la entidad. Éste se ha caracterizado por violaciones al derecho a la vida, a la integridad personal, a la seguridad personal, a la libertad de expresión y al debido proceso. Constatamos que estas violaciones a derechos humanos han tenido por víctimas tanto a miembros del magisterio oaxaqueño como a simpatizantes de la APPO, e incluso a personas ajenas al conflicto político social oaxaqueño. Ante la gravedad de la situación, pedimos la solidaridad nacional e internacional para: Urgir al Estado Mexicano a que se respeten los derechos humanos de la población oaxaqueña, especialmente de las personas detenidas. Exigir la liberación inmediata de las personas que ha sido detenidos por el conflicto social. Demandar el cese del uso desproporcionado de la fuerza pública por parte de elementos de la Policía Federal Preventiva. Instar a las autoridades mexicanas a que encuentren a la brevedad vías para procesar políticamente el conflicto social, lo que pasa necesariamente por exhortar al Gobernador Ulises Ruiz a que deje su cargo. Pedir a los actores en el conflicto que propicien condiciones de diálogo en las que se incluya una mediación que garantice imparcialidad.

5 Para mayor información, contactar a: Red Oaxaqueña de Derechos Humanos Crespo 524, Int. 4-E, Col. Centro. Oaxaca, Oaxaca. (01 951) Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez Serapio Rendón 57-B. Col. San Rafael. México, D.F. (01 55) (01 55)