DICTAMEN Nº. 18/2004, de 26 de febrero. *

Transcripción

1 DICTAMEN Nº. 18/2004, de 26 de febrero. * Expediente relativo a reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública tramitado a instancia de Dª X, a causa de los daños sufridos por su padre, D. X, como consecuencia de la realización a este ultimo de una intervención quirúrgica de cataratas el día 18 de marzo de 2002 en el Hospital X, perteneciente el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM). ANTECEDENTES Se remiten para consulta expediente y propuesta de resolución dimanantes de una reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración dirigida al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha por parte de Dª X, solicitando el abono de una indemnización de euros compensatoria de los daños sufridos por su padre, D.X, como consecuencia de una mala praxis médica en la realización de una operación de cataratas llevada a efecto en el Hospital X. Alega la reclamante, quien se declara hija única del lesionado que éste se halla en estado vegetativo tras ser sometido a la referida intervención quirúrgica, como consecuencia de haberle sobrevenido un accidente cerebro-vascular (ACVA) cuatro días después de la operación. Durante el curso del procedimiento se han incorporado al expediente los informes de la Dirección Gerencia del centro hospitalario imputado y del Inspector Médico asignado al mismo, procediéndose seguidamente a ofrecer trámite de audiencia a la reclamante. Sustanciado éste, sin alegaciones de la peticionaria, fue redactada propuesta de resolución, de carácter desestimatorio, basada en que ni el daño aducido es antijurídico ni existe relación causal entre el hecho imputable a la Administración y el perjuicio producido, puesto que según los datos extraídos de la historia clínica del paciente, no existe vinculación entre la cirugía de catarata realizada, la quemadura incisicional producida durante la intervención o el malestar general subsiguiente, con el ictus sufrido días después por el paciente. Finalmente, se ha emitido dictamen por el Gabinete Jurídico de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha, igualmente contrario al reconocimiento de la responsabilidad exigida. EXTRACTO DE LA DOCTRINA En el estudio de la legitimación activa surge una problemática derivada de la ambigüedad con que ha sido trabada la exigencia de indemnización. La interesada reclama una cantidad euros-, sin especificar el concepto o conceptos a los que se corresponde dicha suma, ni los parámetros valorativos utilizados en su cuantificación, instando además que el SESCAM se haga cargo de los gastos de internamiento de su padre en un centro geriátrico. La falta de concreción con que se plantea esta petición hace que pueda entenderse, con toda lógica, que la interesada pretende actuar en representación de su padre, como inmediato y principal afectado por las lesiones físicas de las que toma origen la reclamación, para lo cual habría recibido de éste un mandato conferido en plena disposición * Ponente: José Sanroma Aldea 1

2 Dictámenes Consejo Consultivo Castilla-La Mancha de su capacidad de obrar; pero también, es posible interpretar, considerando que la interesada dice que su padre se halla en estado vegetativo, que lo hace en defensa de los intereses del mismo, al encontrarse en un estado de desvalimiento susceptible de motivar una declaración judicial de incapacitación, conforme a las previsiones de los artículos 199 y siguientes del Código Civil. Frente a ambas alternativas, el examen de las actuaciones desarrolladas en el curso del procedimiento, que ya fueron cuestionadas en la Consideración II, revela que la reclamante no ha acreditado ni una cosa -la representación otorgada en su favor-, ni la otra -la existencia, extensión y límites de la incapacitación declarada y el régimen de tutela a que hubiera quedado sometido el incapacitado-. Para despejar esta incógnita el órgano instructor hubiera debido efectuar un requerimiento de subsanación a la reclamante, con el fin de esclarecer y constatar el título por el que actúa en defensa de los intereses de su padre o, en caso contrario, el alcance de su legitimación para sostener por sí misma la acción de resarcimiento. La actitud omisiva seguida por el órgano instructor en este sentido y las incógnitas que han quedado sin despejar por tal causa, obligan al Consejo a efectuar sus ulteriores consideraciones con matizaciones anudadas a planteamientos de carácter hipotético. Así, no acreditándose la existencia de una incapacitación judicial del lesionado a favor de la hija actuante o mandato de representación en igual sentido, la reclamación podría considerarse formulada en nombre propio, por lo que no habiéndose alegado y probado que las consecuencias económicas de la enfermedad del padre estén siendo directamente soportadas por ésta, la legitimación de la hija en el presente procedimiento únicamente aparecería vinculada a una eventual pretensión de resarcimiento por el padecimiento de daños de orden moral. Se atribuye a los servicios médicos intervinientes, primeramente, una actuación incorrecta en el curso de la operación de cataratas practicada al enfermo el día 18 de marzo de 2002, ya que como consecuencia de ésta se causó al paciente una quemadura incisicional -acreditada en los pertinentes informes clínicos-, que es calificada como daño intraquirúrgico o yatrogénico al que se vincula la aparición cuatro días después del Accidente Cerebro Vascular (ACVA) sufrido por el enfermo. En segundo término, se imputa a los Servicios Médicos que, ante la aparición de dicha complicación quirúrgica, el paciente no fuera hospitalizado para dispensarle una atención o vigilancia más estrecha, señalando por ello que el citado ACVA engarza con un seguimiento posterior del acto quirúrgico absolutamente negligente, pues nunca se debió dar de alta al paciente con la premura producida, de manera que dicho incidente es consecuente con el acto quirúrgico mal realizado y peor seguido. Se alega, además, que el paciente sufrió una conculcación de su derecho a la información, ya que nunca se le advirtió de los riesgos que podía comportar la intervención, si la contingencia producida fuera asociable a la misma. Finalmente, pretende reforzarse la conexión causal aducida con la argumentación de que el principal factor de riesgo ligado a la producción de un ACVA es la presencia de hipertensión arterial, siendo constatable en la historia clínica del paciente que las constantes registradas por éste en dicho marcador venían siendo normales. Frente al planteamiento de la reclamante, que ha de considerarse desprovisto de respaldo pericial, los informes de carácter facultativo obrantes en el procedimiento, y en especial los emitidos por la Directora Gerente del aludido centro hospitalario y por el Médico- Inspector asignado al expediente, ponen de relieve la ausencia de relación causal entre la intervención quirúrgica de cataratas practicada a D. X -o la frecuente y leve complicación 2

3 surgida durante su desarrollo, que fue posteriormente solventada, con resultado óptimo en la recuperación de agudeza visual- y el infarto cerebral padecido por dicho paciente cinco días más tarde. Por tanto, carecen de relevancia alguna a efectos de imputación las alegaciones sobre un deficiente seguimiento de la evolución del paciente o la conveniencia de haber procedido a su ingreso hospitalario, dado que ambas cuestiones son extrañas a los riesgos propios de la operación que le fue practicada y al resultado lesivo finalmente producido, no denotando rasgo de anormalidad en el funcionamiento del servicio sanitario. Igualmente, carece de virtualidad la imputación atinente a un pretendido incumplimiento del deber de información respecto del riesgo de ACVA ligado a la operación, ya que la ponderación de dicha desatención exige como premisa la existencia de una relación etiológica entre ambos factores que no puede estimarse acreditada. En contra de la tesis enunciada por la reclamante, la información que se extrae del expediente pone de manifiesto que, con plena independencia de la intervención quirúrgica cuestionada, existe una explicación científica evidente para justificar el infarto cerebral sufrido por el paciente, que se halla vinculada a la presencia de dos factores de riesgo habitualmente asociados a la aparición de dicha patología: la avanzada edad del enfermo -75 años- y sus antecedentes de tabaquismo hasta ocho años antes de la intervención. Esta inferencia causal debe considerarse médicamente confirmada por la obtención de pruebas diagnósticas que revelan la existencia de un episodio similar, de menor intensidad o posiblemente asintomático, acaecido con anterioridad a la referida operación de cirugía oftálmica. Así lo expresa el Médico-Inspector informante, apoyándose en el resultado de la explotación de TAC practicada al enfermo el día 23 de marzo de el mismo día del infarto-, cuando señala que en dicho examen junto con las lesiones agudas del Ictus, se informa de infarto lacunar en el hemisferio derecho, agregando: este dato orienta a la existencia de un infarto antiguo, que pudo ser asintomático o con síntomas inespecíficos y pasar inadvertido para el paciente y para el facultativo que le realice una exploración física. Es lo que se conoce como infarto silente y es un dato que indica la existencia de datos objetivos de antecedente de una patología cerebrovascular previa. Cabe concluir que no se advierte relación causal alguna entre la intervención oftalmológica practicada al referido paciente en el Hospital X, y el ACVA que le sobrevino días más tarde; acontecimiento éste, ciertamente lamentable, que ha de estimarse consecuente con los factores de riesgo concurrentes en la propia víctima y, por tanto, ajeno al funcionamiento del servicio sanitario, que le fue prestado por el SESCAM sin trasgresión de las normas y pautas de actuaciones fijadas por la lex artis ad hoc. DICTAMEN Que no existiendo relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público dispensado en el Hospital X, perteneciente al SESCAM, y las lesiones presentadas por D. X tras recibir atención oftalmológica en el mismo, según reclamación planteada por su hija, Dª X, procede dictar resolución desestimatoria de la reclamación de responsabilidad patrimonial examinada. 3

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