LA REPÚBLICA DEL ECUADOR EN SU NOMBRE Y POR AUTORIDAD DE LA LEY- LA SALA DE LO LABORAL

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1 LA REPÚBLICA DEL ECUADOR EN SU NOMBRE Y POR AUTORIDAD DE LA LEY- LA SALA DE LO LABORAL CORTE NACIONAL DE JUSTICIA SALA DE LO LABORAL JUEZ PONENTE: DR. WILON ANDINO REINOSO Distrito Metropolitano de Quito, 25 de julio de 203, las 4h30.- VISTOS: ANTECEDENTES: En el juicio de trabajo seguido por Jaime Bolívar Lastra Daza en contra de CONELEC, SENACE, TRANSELECTRIC, TERMOPICHINCHA, el Ministerio de Energía y Minas y el Subsecretario de Electrificación, Ing. Fernando Muñóz Dávila, en su condición de responsable, de la Unidad de Liquidación del ex INECEL, la Segunda Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia hoy Corte Provincial de Justicia de Pichincha, dicta sentencia el l4 de septiembre de 2009, reformando la del primer nivel, que acepta parcialmente la demanda. Inconformes con esta resolución, interponen recurso de casación el Ab. Juan Esteban Astudillo Alvarez, Subsecretario Jurídico del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, en su calidad de Delegado del Ministro de Electricidad y Energía Renovable, María Luisa Jimbo Galarza Abogada de la Subsecretraría Jurídica del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable en calidad de Delegada del señor Procurador General del Estado, y el referido actor. Encontrándose la causa en estado de resolución, para hacerlo se considera: PRIMERO:- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA: La competencia de esta Sala está establecida legal y constitucionalmente por designación del Consejo de la Judicatura mediante Resolución No de 25 de enero del 202, posesionados el 26 de enero del 202; y la competencia, en mérito a lo dispuesto por los Arts.84.. de la Constitución de la República del Ecuador; 9 del Código Orgánico de la Función Judicial; de la Ley de Casación; 63 del Código Laboral; y, por el sorteo de rigor cuya acta obra del proceso. La Primera Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de de Justicia en auto de 27 de abril de 200, los admite a trámite conforme el artículo 6 de la ley de la materia. SEGUNDO:- ELEMENTOS DE LOS RECURSOS: 2.. NORMAS INFRINGIDAS: a) Según la parte demandada (Ministerio de Electricidad y Energías Renovables y Procuraduría General del Estado) que se debe a la parte demandada, las normas de derecho infringidas son: Arts.5, 2 y 65 del Código de Procedimiento Civil; Arts. 75 y

2 76 del Código Civil y Art. 596 del Código del Trabajo. La causal en la que funda el recurso es la 3ª. del Art. 3 de la Ley de Casación. b) El actor en su libelo de casación manifiesta que las normas de derecho infringidas son: Art. 595, 7, 69 Nº 2 del Código del Trabajo; Arts. 26, 65 y numeral 3 del literal e) de la Primera Disposición Transitoria de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, Arts. 8, 77, 467 y 56 del Código Civil; Arts. 79, 94 del Código de Procedimiento Civil; Art. 35 numerales 3 y 2 de la Constitución Política. Que no se observó el precedente jurisprudencial publicado en el RO 54 de 0 de abril de 2000, sentencia dictada por la Segunda Sala Laboral de la Corte Nacional, en el juicio , seguido por Ramón Macías contra Industrias ALES S.A. Funda el recurso en las causales ª. y 3ª. del Art. 3 de la Ley de Casación Fundamentación de los recursos: a) La parte recurrente demandada, aduce en su fundamentación que la parte de la sentencia que impugna es el considerando quinto, donde los juzgadores al referirse a la jubilación patronal, sin mayor análisis, erróneamente concluyen que ha lugar al pago de la pensión jubilar. Que infringieron el Art. 5 del Código de Procedimiento Civil, ya que no valoraron la prueba consistente en el acta de finiquito agregada al proceso dentro del término de prueba, instrumento público que constituye prueba; que tampoco han valorado la liquidación de haberes que reposa a fs. 54 del proceso, en la que se detallan los rubros a que tenía derecho el trabajador, que le fueron totalmente satisfechos entre los que está el monto relativo al haber individual de jubilación patronal, hecho que fue reconocido por el recurrente conforme consta en las cláusulas cuarta y sexta del acta de finiquito suscrita el 3 de marzo de 999. Por su parte el trabajador, fundamentando su recurso aduce que en el considerando Cuarto del fallo recurrido se llega a la equivocada conclusión de que no procede la impugnación del acta de finiquito, pero no se considera: Que el acta de finiquito es documento erróneo, falso, no pormenorizado y contiene renuncia de sus derechos laborales. Que es falsa: porque la relación de trabajo no terminó por acuerdo de las partes, sino por disposición de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico; porque se dice en la cláusula tercera que se entrega el valor equivalente a 8.5 veces su sueldo, cuando en la misma cláusula se dice que se entregará en forma escalonada; que se suscribió antes del 3 de marzo de 999; que no se entregaron los valores en dinero efectivo como dice el acta; que en el considerando quinto se hace mención a un anexo que se dice agregado a la misma, pero que nunca se lo agregó. Que el acta no es pormenorizada. Que el acta contiene renuncia de sus derechos porque no se le reconoce la indemnización por despido

3 intempestivo y la bonificación por desahucio. Que según la Ley de Régimen del Sector Eléctrico tenía derecho a ser incorporado preferentemente a las nuevas empresas, pero que no se cumplió con esto, por lo que debían indemnizarle por el despido intempestivo. Enumera una serie de documentos que considera no han sido considerados por el Tribunal de Alzada al momento de dictar sentencia, documentos públicos algunos de ellos. La Delegada de la Procuraduría General del Estado, considera infringidas las normas de los artículos 5, 2 y 65 del Código de Procedimiento Civil, 75 y 76 del Código Civil; y, 596 del Código del Trabajo, con los argumentos expuestos en el escrito de fs. 39 a 42 del cuaderno de segunda instancia y funda en la causal tercera del Art. 3 de la Ley de Casación. CUARTO:- ALGUNOS RAZONAMIENTOS SOBRE EL RECURSO DE CASACIÓN: Con la expedición de la Constitución del 2008 se instaura en nuestro país un Estado Constitucional de derechos y justicia, marco constitucional que cambia absolutamente la orientación de la administración de justicia, y con ello la obligación de que los jueces garanticen en todo acto jurisdiccional los derechos fundamentales de los justiciables; por otro lado se recuerda que, respecto de la casación, la Corte Constitucional ha declarado que El establecimiento de la casación en el país, además de suprimir el inoficioso trabajo de realizar la misma labor por tercera ocasión, en lo fundamental, releva al juez de esa tarea, a fin de que se dedique únicamente a revisar la constitucionalidad y legalidad de una resolución, es decir, visualizar si el juez que realizó el juzgamiento vulneró normas constitucionales y/o legales, en alguna de las formas establecidas en dicha Ley de Casación (Sentencia No. 364, 7, I, 20, pág. 53). Además, debemos referirnos a varios criterios valiosos que la doctrina advierte: Véscovi, en su obra Los Recursos Judiciales y demás medios impugnativos en Iberomérica enseña que El recurso de casación en todos los sistemas está sometido a estrictas reglas formales, especialmente en lo que se refiere a los requisitos para la interposición del recurso, agrega Resulta esencial el respeto a dichas formas, que no son simples requisitos extremos sin contenido. Y que determinan el rechazo, por razones de forma, del recurso de casación, dentro de la casación primaria de admisibilidad de todos los sistemas incluyen, para reforzar su tesis adiciona: Podemos reproducir, al respecto las exactas expresiones del profesor argentino Fernando de la Rúa, cuando expresa <No son solemnidades innecesarias ni mecanismos sacramentales que hayan perdido su justificación procesal> sino que <responden a la necesidad, siempre actualizada, de no quitar al recurso su carácter de medio de impugnación verdaderamente extraordinario que supone por eso mismo- el previo cumplimiento de obligaciones inexcusables, para evitar que en la práctica se concluye por desvirtuarlo>. De su parte

4 el profesor Fernando de la Rúa en su obra El Recurso de Casación en el Derecho Positivo Argentino enseña que El recurso de casación debe ser motivado, y esa motivación debe ser suministrada por la parte recurrente en el mismo escrito de interposición, determinando concretamente el agravio, tanto en lo referente al vicio que denuncia como el derecho que lo sustenta. Expresadas condiciones que deben quedar precisadas en forma clara por el recurrente para que proceda la impugnación. QUINTO:- EXAMEN DEL CASO CONCRETO EN RELACIÓN A LAS OBJECIONES PRESENTADAS. Extractada la impugnación de los recurrentes en los términos indicados en los considerandos anteriores, examinado el recurso de casación y la sentencia del Tribunal de Alzada, confrontados con el ordenamiento jurídico vigente, previo estudio de los recaudos procesales en garantía de la legalidad del proceso; se anota que conforme la doctrina y jurisprudencia el recurso de casación constituye una auténtica demanda en contra de la sentencia y es mediante esta impugnación que se ataca la sentencia refutada, al tratarse de un recurso extraordinario el Tribunal de Casación para decidir, tiene que limitar su examen a los cargos o cuestionamientos formulados en el escrito de casación, el análisis se lo hace de esta manera: DE LA PARTE DEMANDADA.- La Entidad accionada y la Procuraduría General del Estado sustentan su recurso en la causal tercera del Art. 3 de la Ley de Casación en tanto que la parte demandante lo hace tanto por la primera como por la tercera. Por lo que, en el orden lógico de las causales corresponde al Tribunal de Casación estudiar la tercera, esto es, por Aplicación indebida falta de aplicación o errónea interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, siempre que hayan conducido a una equivocada aplicación o a la no aplicación de normas de derecho en la sentencia o auto. Esta causal, conocida doctrinariamente como de afectación directa de norma procedimental y que, como consecuencia de tal infracción lesiona, igualmente, aunque de manera indirecta norma de derecho de orden sustancial o material; de tal manera que, en la proporción de esta causal acuden dos violaciones continuas, a saber: a.- Transgresión de preceptos jurídicos aplicables a la valoración probatoria por cualquiera de los tres supuestos antes mencionados (aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación) ; y, b.- Afectación de normas de derecho como consecuencia de la primera y que conduce a la equivocada aplicación o no aplicación de estas normas materiales en la sentencia o auto. Por consiguiente, al demandar por esta causal incumbe a la parte recurrente establecer lo que sigue:. Los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba que pudiesen haber sido

5 violentados; 2. El modo por el que se comete el vicio, esto es, aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación; 3. Qué normas de derecho han sido equivocadamente aplicadas o no aplicadas como consecuencia de la trasgresión de preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba; y, 4. Explicar y demostrar, cómo la aplicación indebida, falta de aplicación o la errónea interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a dicha valoración probatoria han conducido a la afectación de normas de derecho, ya por equivocada aplicación o por su falta de aplicación. Los cargos formulados por la parte demandada, no tienen ningún sustento, puesto que en la sentencia no se ha dejado de realizar el examen y valoración de las pruebas aportadas, conforme lo dispone el artículo 5 del Código de Procedimiento Civil, como se puede apreciar al leer el considerando Cuarto, que se refiere al documento denominado Acta de Finiquito (fs.5 a 54), no se producen por lo mismo las violaciones a los artículos 2 y 65 del Código de Procedimiento Civil. Este Tribunal observa que la valoración que realiza la Sala de Apelación sobre el pago de jubilación patronal es correcto, coincide efectivamente que la Empleadora no justifica el cumplimiento de dicha obligación a la que tiene derecho el trabajador por haber laborado más de veinte años en INECEL. Si bien en el acta de finiquito se realiza la siguiente declaración: CUARTA.- En virtud de la aplicación del artículo 29 del Código del Trabajo, se aclara expresamente que dentro del valor a recibir se encuentra incluido el monto relativo al haber individual de la jubilación patronal mejorada, del trabajador, cuyo monto será determinado y detallado en el documento que se pormenoriza en la liquidación es preciso indicar que dicha declaración pierde sustento por los siguientes fundamentos: ) Al momento de la celebración del acta de finiquito 3 de Marzo de 999, la norma indicada (artículo 29 actual 26 del Código del Trabajo) no permitía el pago de la jubilación a través de un fondo global anticipada, fue la reforma introducida el 8 de Agosto del año 2000, la que abre las puertas al pago acumulado a través de la entrega al trabajador de un fondo global, que debe ser calculado cumpliendo estrictamente las reglas determinadas en el Código del Trabajo, reglas que protegen los derechos de los trabajadores y que en el caso presente no se han cumplido por las razones anotadas, 2) Si Razón por la que la jurisprudencia anterior a la introducción de la reforma legal que permite en la actualidad la entrega del fondo global, indicaba lo siguiente: El derecho del trabajador a percibir la pensión jubilar es imprescriptible e intangible y no puede ser objeto de pago acumulado, negocio o transacción. Ver Gaceta Judicial. Año 998. Mayo - Agosto. Serie XVI. No. 2. Pág Fallos I-A, I-B, I-C. La jubilación patronal es una prestación de carácter eminentemente social en beneficio del trabajador y no puede ser objeto de acuerdo, convenio, negocio o transacción. Ver Gaceta Judicial. Año 998. Mayo - Agosto. Serie XVI. No. 2. Pág Fallos III-A, III-B, III-C.

6 observamos con detenimiento la liquidación de haberes donde se pormenoriza los valores recibidos por el trabajador, no se encuentra el rubro denominado jubilación patronal mejorada que efectivamente justifique que este derecho haya sido satisfecho por parte de la Empleadora además de indicar la forma de calcular la misma. 3) Ahora bien, una vez que se ha establecido que al actor le asiste el derecho a la jubilación patronal, para este Tribunal es preciso indicar la siguiente: 3. En la sentencia recurrida, en lo pertinente a la jubilación patronal el Tribunal de Alzada menciona: Por lo que ha lugar el pago de la pensión jubilar conforme a la sentencia recurrida y cuyo cálculo se lo ha efectuado de acuerdo al tiempo laborado y las remuneraciones percibidas que deben ser satisfechas por el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable y más adelante en la parte resolutiva indica que la demandada deberá pagar al actor la cantidad de USD 3.230,32, que corresponde al valor de las pensiones jubilares liquidadas más los intereses En la sentencia del Juez Aquo que es ratificada por el Tribunal de Apelación, en la parte pertinente a la jubilación patronal se manifiesta: el actor tiene derecho a la pensión jubilar y las pensiones jubilares adicionales en forma mensual y vitalicia, a partir del día siguiente al de la terminación del nexo contractual laboral, y por cuanto de autos no aparece que sea beneficiario de doble jubilación, tiene derecho al 70% de la misma a partir del año de 999, tiene derecho a 20 dólares mensuales, con los intereses establecidos en el Art. 64 del Código del Trabajo, codificado, que serán calculados una vez que ejecutorié este fallo De lo anteriormente expuesto se colige que el Juez Aquo no realizó la liquidación, sino que deja para la ejecución el cálculo del derecho declarado; y no aparece de la sentencia del Tribunal de Apelación la forma en que realiza el cálculo de las pensiones jubilares adeudadas, para este Tribunal sin embargo es evidente que los parámetros que constan en la sentencia de primera instancia no corresponden al caso concreto; con el fin de precautelar los derechos de los trabajadores y evitar el posible error de cálculo en el que pudiera incurrir el juez aquo al momento de ejecutar la sentencia, éste deberá considerar la regla primera del artículo 26 (anterior 29) del Código del Trabajo y artículos pertinentesvigentes al momento de la terminación laboral y sus posteriores reformas; considerando que no existe prueba que el trabajador haya sido beneficiario de doble jubilación, respetando los mínimos contemplados en la norma indicada con sus distintas reformas, sumando además las remuneraciones adicionales y los intereses legales de acuerdo al artículo 64 del Código del Trabajo. Con éste agregado este Tribunal considera que los cargos imputados a la sentencia por

7 parte de la demandada no tienen razón de ser. SEXTO: El actor en la fundamentación del recurso, ataca el considerando Cuarto de la sentencia porque en ella se dice que no procede la impugnación del acta de finiquito.. Sobre este punto debe anotarse que según el Art. 595 del Código del Trabajo, dicho documento puede ser impugnado cuando la liquidación no haya sido practicada ante el inspector del trabajo o cuando no sea pormenorizada; examinado el documento en referencia constante a fs. 5 a 54, se advierte que en el mismo no constan debidamente pormenorizados los rubros liquidados, en la cláusula Cuarta se hace referencia al monto la jubilación y se dice que será determinado y detallado en el documento que se pormenoriza en la liquidación, ese documento corre a fs. 54, y en él no consta determinado el monto correspondiente a dicho rubro al no hacerlo se ha desconocido el derecho del trabajador, lo que implicaría renuncia o menoscabo de los derechos que le corresponden, con lo que se estaría infringiendo el Art. 35 de la Constitución Política, citado por el recurrente, sin embargo la sentencia en el considerando Quinto dice que la jubilación patronal ha sido reconocida en la liquidación, pero que no consta de autos que se haya satisfecho valor alguno por dicho concepto, por lo que ha lugar al pago, pago que dispone en la parte resolutiva, precisando la cantidad a ser solucionada. 3. En el escrito de demanda el actor manifiesta que el documento de finiquito se lo obligó a firmar, sin embargo no ha justificado esta afirmación. Conforme a la amplia documentación incorporada al proceso, en la Ley de Régimen del Sector Eléctrico se ha establecido que a la cesación de INECEL, las empresas que se formen para continuar las actividades en este sector, debían incorporar de manera preferente a los ex trabajadores de INECEL, para lo que debía aprobarse y acordarse un procedimiento aplicable para tal efecto. No consta de autos que se haya acordado ese procedimiento y, obviamente, a falta de ello el trabajador debía pedir su incorporación, mas no consta en el expediente algún documento demostrativo de esa petición, que en caso de haberla presentado y no haber sido atendida hubiera dado lugar a la demanda por despido intempestivo en contra de la empresa obligada a recibirlo, en virtud de lo cual, no tiene derecho a la indemnización reclamada por despido intempestivo. De lo examinado se colige que la terminación de la relación laboral se dio por mutuo acuerdo conforme consta en el acta de finiquito, la cual es valida en sí, aunque haya prescindido de pormenorizar lo correspondiente a jubilación, aspecto que se remedia en la parte resolutiva de la sentencia impugnada, como apuntamos en líneas anteriores. En conclusión la sentencia no

8 infringe las normas señaladas por este recurrente en su escrito de casación. Por lo expuesto, esta Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, CASA parcialmente la sentencia dictada el 4 de Septiembre de 2009 a las 8h55m por la Segunda Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Pichincha en los términos del número tres del considerando QUINTO de esta sentencia. Sin costas ni honorarios. Léase, notifíquese y devuélvase. Fdos. Dres. Wilson Andino Reinoso, Alfonso Asdrúbal Granizo Gavidia, Jorge Blum Carcelén. Jueces Nacionales.- Certifico.- Fdo. Dr. Oswaldo Almeida Bermeo. Secretario Relator de la Sala Laboral de la Corte Nacional de Justicia.