LA REPÚBLICA DEL ECUADOR EN SU NOMBRE Y POR AUTORIDAD DE LA LEY LA SALA DE LO LABORAL

Transcripción

1 Juicio Laboral LA REPÚBLICA DEL ECUADOR EN SU NOMBRE Y POR AUTORIDAD DE LA LEY LA SALA DE LO LABORAL PONENCIA DEL DR. WILSON ANDINO REINOSO CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. SALA DE LO LABORAL Quito, 6 de abril de 202, las 0h00 VISTOS: ANTECEDENTES: Néstor Iturralde Díaz, formula recurso de casación de la sentencia dictada por la Primera Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la anterior Corte Superior de Justicia de Guayaquil, que confirma en todas sus partes el fallo recurrido que declara sin lugar la demanda dictada por el Juez a quo, por cuanto la suscripción del Acta de Finiquito en mérito de lo cual se le entregó al accionante la totalidad de los valores que por ley le corresponde. Finiquito que a criterio del Tribunal, reúne los requisitos señalados en el Art. 592 del Código del Trabajo. Para resolver, se considera: PRIMERO: COMPETENCIA. La competencia de esta Sala está establecida legal y constitucionalmente por designación del Consejo de la Judicatura mediante Resolución No de 24 y 25 de enero del 202, posesionados el 26 de enero del 202; y, en mérito a lo dispuesto por los arts.84.. de la Constitución de la República del Ecuador; art. 9 del Código Orgánico de la Función Judicial; de la Ley de Casación; 63 del Código Laboral; y, por el sorteo de rigor cuya acta obra del proceso, la Primera Sala de lo Laboral y Social de la anterior Corte Suprema de Justicia en auto de 3 de enero de 2008, las 0955 conforme el art. 6 de la ley de la materia. SEGUNDO:- ELEMENTOS DEL RECURSO: Sostiene el casacionista que el fallo del Tribunal de alzada infringe los Arts., 4,5,7.3,32,95,69,85,86,88,233,244,58,595 y 596 del Código del Trabajo;47,49,50,5,8 y 280 del Código de la Policía Marítima; numerales,2,3,4,5,6,8 y 2 del Art., 35 de la Constitución Política del Estado; Arts. 66, 88 del contrato tarifario único que establece las normas que rigen el sistema de trabajo y las tarifas para las labores de los estibadores de Guayaquil. Las normas de Procedimiento que han sido infringidas en la sentencia arts. 5 del Código de Procedimiento Civil; 58 y 596 del Código del Trabajo, fundamentando su recurso en la causal tercera del Art. 3 de la Ley de Casación. TERCERO: ARGUMENTOS MATERIA DE LA RESOLUCIÓN: En su extenso escrito de fs. a 2, el actor realiza afirmaciones reiterando el fundamento del recurso en la causal tercera del Art. 3 de la Ley de Casación que en definitiva se concretan a que el Tribunal de Alzada no valoró todas las pruebas producidas como era su obligación, erró en la valoración de aquellas que sirven de fundamento de la resolución y tampoco consideró como afirmativas las respuestas a las preguntas de la confesión ficta,

2 Juicio Laboral soslayó varios documentos públicos que constituyen prueba legal; que en conclusión las normas sustantivas no aplicadas son dos: Las contenidas en los artículos 5 del Código de Procedimiento Civil; 58 y 596 del Código del Trabajo y las normas de derecho no aplicadas las de los artículos: 4, 5, 7, 3, 32, 95, 69, 85, 86, 88, 233, 244, 58, 595 y 596 del Código del Trabajo;47, 49, 50, 5, 8 y 280 del Código de la Policía Marítima; numerales, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 2 del Art. 35 de la Constitución Política del Estado; Arts. 66, 88 del contrato tarifario único que establece las normas que rigen el sistema de trabajo y las tarifas para las labores de los estibadores de Guayaquil. CUARTO:- ALGUNOS RAZONAMIENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN: La presente causa se ha presentado en vigencia de la Constitución de la República del 2008, recordando que de 998 del anterior Estado social de derecho en que se regía por reglas, con la actual Constitución, del Estado de legalidad se pasa al Estado de constitucionalidad, deja atrás el concepto ideológico del Estado liberal de derecho que restringía al poder público a garantizar los derechos individuales. La nueva noción del Estado garantista surge y se asienta en los derechos fundamentales, naturales del ser humano, por tanto, el control constitucional consentirá la objetividad plena del Estado constitucional de derechos y la efectiva vigencia del principio de la supremacía constitucional así como los contenidos básicos de la Carta Internacional de Derechos Humanos. Con la expedición de la Constitución del 2008 tutela en nuestro país un Estado Constitucional de derechos y justicia, marco constitucional que cambia absolutamente la administración de justicia con ello a que los jueces garanticen en todo acto jurisdiccional los derechos fundamentales de los justiciables, y que, respecto de la casación, la Corte Constitucional ha declarado que El establecimiento de la casación en el país, además de suprimir el inoficioso trabajo de realizar la misma labor por tercera ocasión, en lo fundamental, releva al juez de esa tarea, a fin de que se dedique únicamente a revisar la constitucionalidad y legalidad de una resolución, es decir, visualizar si el juez que realizó el juzgamiento vulneró normas constitucionales y/o legales, en alguna de las formas establecidas en dicha Ley de Casación (Sentencia No. 364, 7, I, 20, pág. 53). QUINTO:- EXAMEN DEL CASO CONCRETO EN RELACIÓN A LAS OBJECIONES PRESENTADAS. Sintetizada la impugnación del recurrente en los términos de los considerandos segundo y tercero, estudiado el recurso de casación y la sentencia del Tribunal de Alzada, confrontados con el ordenamiento jurídico vigente, previo estudio de los recaudos procesales en garantía de la legalidad del proceso, conforme la doctrina y jurisprudencia el recurso de casación constituye una auténtica demanda en contra de la sentencia y es mediante esta impugnación que se acomete la sentencia refutada, al tratarse de un recurso extraordinario, básicamente formalista, para su aceptación deben acudir todas las ritualidades que contempla y exige la Ley de Casación, por tanto el Tribunal de Casación para

3 Juicio Laboral decidir, tiene que limitar su examen a los cargos o cuestionamientos formulados en el escrito de casación acorde a la orden contenida en el art , letra l) de la Carta del Estado, en que: Las resoluciones de los poderes públicos deben ser motivadas. No habrá tal motivación si en la resolución no se encuentra, las normas o principios jurídicos en que se funda o no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho establecidos en el proceso. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentran debidamente motivados se considerarán nulos. Por tanto, conforme el mandato constitucional se lo hace de esta manera: 5.. RESPECTO DE TRANSGRESIÓN DE NORMAS CONSTITUCIONALES Y DEL CODIGO DE TRABAJO: Al invocarse transgresión de normas constitucionales como del art. 35, numerales, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 2 del Art. 35 de la Constitución Política del Estado; 4, 5, 7 del Código del Trabajo, que sustenta el derecho al trabajo en los siguientes principios: Que los derechos del trabajador son irrenunciables. Será nula toda estipulación en contrario. Los funcionarios judiciales y administrativos están obligados a prestar a los trabajadores oportuna y debida protección para la garantía y eficacia de sus derechos; que en caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a las personas trabajadoras. Que los trabajadores participan en las utilidades líquidas; y, que se garantiza la contratación colectiva. Al respecto, en la Carta del 2008 la propuesta social del Derecho del trabajo, confirma los principios universales de intangibilidad, irrenunciabilidad de los derechos y la aplicación de las normas de acuerdo al principio in dubio pro operario (Arts. 4 y 5 C. T) que son los que considera infringidos el accionante entre otros. Tenemos que en la especie no se ha demostrado vulneración alguna, por tanto la irrenunciabilidad de los derechos del actor, la no aplicación de las normas en el sentido más favorable al trabajador ni los otros reclamos sobre las disposiciones aludidas tienen asidero, pues, es evidente que con el trámite administrativo de desahucio y cuya acta consta de fs. 38 a 40, el vínculo laboral existente entre el ex trabajador y la Compañía accionada concluye por voluntad unilateral del ex trabajador, lo que se corrobora a fs. 43 de los autos con la copia certificada del acta de finiquito, por la cual se le ha entregado al accionante los valores legales correspondientes. Acta de finiquito que cumple los requerimientos del art. 592 del Código del Trabajo, por ser debidamente pormenorizada y celebrada ante el Inspector de Trabajo. No cabe por tanto la alegación de estas normas constitucionales, pues de ninguna manera puede considerarse a la prueba y su valoración como una mera formalidad, sino un aspecto sustancial en el proceso cuya valoración ha realizado el Tribunal Ad quem RESPECTO DE LA INCULPACIÓN: Como se anotó, en el escrito de casación el recurrente entretiene una prolongada indicación de aseveraciones y datos, cuyo cargo como se indicó la única causal admitida por el anterior

4 Juicio Laboral Tribunal de Casación lo concibe por la tercera causal del art. 3 de la Ley de Casación, causal que procede por Aplicación indebida falta de aplicación o errónea interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, siempre que hayan conducido a una equivocada aplicación o a la no aplicación de normas de derecho en la sentencia o auto. Esta causal, conocida doctrinariamente como de afectación directa de norma procedimental y que, como consecuencia de tal infracción lesiona, igualmente, aunque de manera indirecta norma de derecho de orden sustancial o material; de tal manera que, en la proporción de esta causal acuden dos violaciones continuas, a saber: a.- Transgresión de preceptos jurídicos aplicables a la valoración probatoria por cualquiera de los tres supuestos antes mencionados (aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación) ; y, b.- Afectación de normas de derecho como consecuencia de la primera y que conduce a la equivocada aplicación o no aplicación de estas normas materiales en la sentencia o auto. Por consiguiente, al demandar por esta causal incumbe a la parte recurrente establecer lo que sigue:. Los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba que pudiesen haber sido violentados; 2. El modo por el que se comete el vicio, esto es, aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación; 3. Qué normas de derecho han sido equivocadamente aplicadas o no aplicadas como consecuencia de la trasgresión de preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba; y, 4. Explicar y demostrar, cómo la aplicación indebida, falta de aplicación o la errónea interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a dicha valoración probatoria han conducido a la afectación de normas de derecho, ya por equivocada aplicación o por su falta de aplicación. SEXTO:-6.. En el caso que se decide, la Sala verifica que la sentencia que el recurrente solicita sea casada, confirma la del Juez A quo, que declara sin lugar la demanda y que las únicas normas de derecho determinantes en la parte dispositiva son el Art. 5 del Código de Procedimiento Civil, precepto que establece: La prueba deberá ser apreciada en su conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustantiva para la exigencia o validez de ciertos actos. Respecto de la transgresión del Art. 5 del Código de Procedimiento Civil, esta disposición legal contiene dos obligaciones para los juzgadores: a.-la de valorar la prueba en su conjunto de acuerdo a las reglas de la sana critica; y, b.-la de expresar en la sentencia la valoración de todas las pruebas actuadas dentro del proceso. Tal norma obviamente se refiere al método de valoración probatoria, cuya infracción procede acusarla con cargo a la causal tercera del Art. 3 de la Ley de Casación En la controversia en resolución, el Tribunal Ad quem, al valorar la prueba, acorde a las reglas de la sana critica, y según su potestad autónoma, en el considerando Cuarto del fallo determinó que Con la copia del trámite administrativo de desahucio agregado ala proceso de fs. 38 a 40, se ha justificado que el vínculo laboral que

5 Juicio Laboral existió entre el ahora demandante y la Compañía Transportes Marítimos bolivarianos S.A., concluyó por voluntad unilateral de Néstor Armando Iturralde Díaz y conforme obra a fs. 43 del proceso, se celebró la correspondiente Acta de finiquito en mérito del cual se le entregó al accionante la totalidad de valores que por ley le correspondía, finiquito que a criterio de este Tribunal, como queda indicado reúne los requisitos señalados en el art. 592 del Código del Trabajo, por haber sido celebrada ante la pertinente autoridad Inspector de Trabajo- y encontrarse debidamente pormenorizada, sin que obre de autos prueba alguna que existiera vicio de consentimiento para su suscripción. En lo que concierne a la censura por falta de aplicación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, como queda apreciado en la sentencia el Tribunal Ad quem han efectuado la aplicación correcta de la facultad que les concede el art. 5 del invocado Código, para apreciar y valorar el conjunto probatorio en conformidad con las reglas de la sana crítica, labor en la que no han incurrido en infracción de las normas procesales de los artículos enunciados largamente. De igual forma, en lo relativo a la confesión ficta acusada que no se le da valor de prueba a su confesión judicial, el art. 3 del Código de Procedimiento Civil, prescribe Si la persona llamada a confesar no compareciere, no obstante la prevención de que trata el art. 27 o si compareciendo, se negare a prestar la confesión, o no quisiere responder, o lo hiciere de modo equívoco u obscuro, resistiéndose a explicarse con claridad, el juez podrá declararla confesa, quedando a su libre criterio, lo mismo que a los jueces de segunda instancia, el dar a esta confesión tácita el valor de prueba, según las circunstancias que hayan rodeado el acto, texto que debe ser analizado en concordancia con el Art. 58 inciso tercero del Código de Trabajo, efectivamente no aparece de autos que el Tribunal de Alzada haya dado valor alguno a la confesión ficta, pero dicho argumento no tiene fundamento, debido a que tal disposición es facultativa al permitirle al juzgador, a su criterio dar a la confesión tácita el valor de prueba. 6.3 Esta Sala de Casación considera que no se ha justificado ninguno de los fundamentos de la casación, por lo que, además, no le está facultado volver a rehacer o renovar el conjunto probatorio. De lo que se llega a la conclusión que al fundarse en la causal tercera del art. 3 de la Ley de Casación, no concierne a este Tribunal de Casación el nuevo estudio del proceso y mucho menos volver a rehacer o renovar el conjunto probatorio aportado por las partes procesales, como erradamente pretende el accionante sino precaver que en la sentencia impugnada no exista quebranto de la ley. Es un principio universalmente aceptado que en los juicios más que la intención de las partes lo importante y trascendental son los hechos comprobados y demostrado dentro de un litigio (G. J. S. No., Pág. 2796). Por consiguiente no ha lugar dichos cargos. Por tanto, este y los otros cargos fundamentados en la causal tercera de la ley de la materia son inadmisibles. Por lo expuesto, esta Sala de lo Laboral de la Corte

6 Juicio Laboral Nacional de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, rechaza el recurso interpuesto y confirma la sentencia recurrida. Acorde los Arts de la Constitución de la República y 8 de la Ley de Casación, sin costas ni honorarios. Léase, notifíquese y devuélvase. Fdos. Dres. Wilson Andino Reinoso, Alfonso Asdrúbal Granizo Gavidia, Jorge Blum Carcelén. Jueces Nacionales.- Certifico.- Fdo. Dr. Oswaldo Almeida Bermeo. Secretario Relator de la Sala Laboral de la Corte Nacional de Justicia.