LA REPÚBLICA DEL ECUADOR EN SU NOMBRE Y POR AUTORIDAD DE LA LEY- LA SALA

Transcripción

1 Juicio Laboral (Ex Segunda Sala) LA REPÚBLICA DEL ECUADOR EN SU NOMBRE Y POR AUTORIDAD DE LA LEY- LA SALA DE LO LABORAL CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.SALA DE LO LABORAL JUEZ PONENTE: DR.WILSON ANDINO REINOSO Distrito Metropolitano de Quito, 24 de junio de 203, las h5 VISTOS: ANTECEDENTES: En el juicio que por reclamaciones laborales sigue Verónica del Rocío Miranda Mora en contra de la Dirección General de Aviación Civil, la Primera Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil, (hoy Corte Provincial del Guayas) dicta sentencia el 7 de febrero de 2008, las 7h58 confirmando con reformas la del primer nivel. Inconformes con esta resolución, tanto la parte actora como la demandada, interponen recurso de casación. Encontrándose la causa en estado de resolución, para hacerlo se considera: PRIMERO:- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA: La competencia de esta Sala está establecida legal y constitucionalmente por designación del Consejo de la Judicatura mediante Resolución No de 25 de enero del 202, posesionados el 26 de enero del 202; y, en mérito a lo dispuesto por los arts.84.. de la Constitución de la República del Ecuador; 9 del Código Orgánico de la Función Judicial; de la Ley de Casación; 63 del Código Laboral; y, por el sorteo de rigor cuya acta obra del proceso. La Segunda Sala de lo Laboral y Social de la Corte Nacional de de Justicia en autos de 7 de abril y de 20 de julio de 20, las 09h35 de los admite a trámite conforme el artículo 6 de la ley de la materia. SEGUNDO:- ELEMENTOS DE LOS RECURSOS: 2..NORMAS INFRINGIDAS SEGÚN LA PARTE DEMANDADA: La parte demandada en su escrito de casación considera que las normas de derecho infringidas son las de los Arts. 7 y 75 de la Ley para la Promoción de la Inversión y Participación Ciudadana; las de los Arts. y 2 de la Ley de Aviación Civil; el inciso 2 del numeral 9 del Art. 35 y el 8 de la Constitución Política del Estado; el inciso 2 del artículo 0 del Código del Trabajo; los Arts. 66 y 02 de la Ley Orgánica del Servicio Civil y Carrera Administrativa, en concordancia con el Art. 23 de su Reglamento General; los Arts. 5 y 25 del Código de Procedimiento Civil, por falta de aplicación. Las causales en las que funda el recurso son: la primera del Art. 3 de la Ley de Casación, por falta de aplicación de las normas citadas; y la causal tercera, por falta de aplicación de las normas aplicables a la valoración de las pruebas NORMAS INFRINGIDAS SEGÚN LA PARTE ACTORA: A juicio de la actora las normas infringidas son: Arts. 8, 23 numerales 3 y 27; Art. 35 numeral 9; Art. 92 de la Constitución Política del Estado y 25 de la Constitución Política vigente al 0 de abril de 99; Art. 49 literal i) párrafo cuarto de la Constitución publicada en el R.O. 2 del 3 de febrero de 997; Arts. 5, 6, 7, 80 y 452 del Código del

2 Juicio Laboral (Ex Segunda Sala) Trabajo; Arts. 7, 8, 9 del Código de Procedimiento Civil. Se fundamenta en las causales primera y tercera del Art. 3 de la Ley de Casación. TERCERO:- ARGUMENTOS EN LOS QUE SE FUNDAMENTAN LAS IMPUGNACIONES:.La parte demandada alega en su fundamentación que la falta de aplicación de las normas de la Ley para la Promoción de la Inversión y Participación Ciudadana, que establecen que las atribuciones de la Dirección de Aviación Civil no pueden ser delegadas al sector privado, por ser actividades de potestad estatal, por lo que la Sala debió revocar el fallo y rechazar la demanda porque el actor no esta sujeto al derecho laboral. 2. Que la Sala incurrió en la falta de aplicación del Art. 35 numeral 9 inciso 2 de la Constitución Política, que establece que las relaciones de las instituciones comprendidas en los numerales, 2, 3 y 4 del Art.8, con sus servidores, se sujetarán a las leyes que regulan la administración pública, salvo la de los obreros que se regirán por el Código del Trabajo. 3. Que violó las normas de derecho por falta de aplicación de los citados artículos de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa, que establecen como causal de cesación de funciones la supresión de puestos, figura que difiere sustancialmente con el despido intempestivo; que la Sala soslayó la aplicación de las disposiciones legales de la LOSCA, lo que provocó que confirme el fallo del inferior. 4. Que la falta de aplicación de las normas para la valoración de las pruebas, al no considerar los principios de la doctrina universalmente aceptada que diferencia a los empleados de los obreros. Que en el caso el actor tenía las funciones de técnico electrónico aeronáutico, que son eminentemente especiales, técnicas y profesionales, por lo que cae en la órbita de ser empleado público y por ende no está sujeto al Código del Trabajo. Que la Sala no valoró su prueba, consistente en la copia certificada del fallo expedido por la Segunda Sala del Tribunal Contencioso Administrativo No. de Quito, que declaró la nulidad de la clasificación de los servidores de la Subdirección de Aviación Civil del Litoral, formulado por el Ministerio del Trabajo. En suma, que todo ello influyó en la parte dispositiva del fallo. 2. La actora, fundamentando la causal primera, aduce: que en la sentencia se han vulnerado sus derechos constitucionales y legales, porque si ha demostrado el despido intempestivo. Que no han considerado los magistrados que estaba en trámite una organización laboral, por lo que conforme al Art 452 del Código del Trabajo estaba prohibido el desahucio, a lo que conforme al Art. 455 se suma que estaba discutiéndose un contrato colectivo, por lo que al tenor del Art 233 ib., su patrono no podía despedirle; y que todos estos hechos no han sido considerados. En cuanto a la causal tercera manifiesta que se aplicó indebidamente los citados artículos del Código de Procedimiento Civil, al no considerar la Resolución 200 MTRH-UCS de 3 de enero de 2003, en que consta su nombre como servidor sujeto al Código del Trabajo, y la Resolución AA publicada en el R.O 498 de 6 de enero del 2005, así como el trámite de la reclamación administrativa del contrato colectivo y la organización de la Asociación Sindical de los Trabajadores de la Subdirección de Aviación Civil. Que la compensación salarial y la bonificación

3 Juicio Laboral (Ex Segunda Sala) complementaria no se le pagó y no estaban incorporados a su remuneración. CUARTO:- ALGUNOS RAZONAMIENTOS SOBRE EL RECURSO DE CASACIÓN: Con la expedición de la Constitución del 2008 se instaura en nuestro país un Estado Constitucional de derechos y justicia, marco constitucional que cambia absolutamente la orientación de la administración de justicia, y con ello la obligación de que los jueces garanticen en todo acto jurisdiccional los derechos fundamentales de los justiciables; por otro lado se recuerda que, respecto de la casación, la Corte Constitucional ha declarado que El establecimiento de la casación en el país, además de suprimir el inoficioso trabajo de realizar la misma labor por tercera ocasión, en lo fundamental, releva al juez de esa tarea, a fin de que se dedique únicamente a revisar la constitucionalidad y legalidad de una resolución, es decir, visualizar si el juez que realizó el juzgamiento vulneró normas constitucionales y/o legales, en alguna de las formas establecidas en dicha Ley de Casación (Sentencia No. 364, 7, I, 20, pág. 53). Además, debemos referirnos a varios criterios valiosos que la doctrina advierte: Véscovi, en su obra Los Recursos Judiciales y demás medios impugnativos en Iberomérica enseña que El recurso de casación en todos los sistemas está sometido a estrictas reglas formales, especialmente en lo que se refiere a los requisitos para la interposición del recurso, agrega Resulta esencial el respeto a dichas formas, que no son simples requisitos extremos sin contenido. Y que determinan el rechazo, por razones de forma, del recurso de casación, dentro de la casación primaria de admisibilidad de todos los sistemas incluyen, para reforzar su tesis adiciona: Podemos reproducir, al respecto las exactas expresiones del profesor argentino Fernando de la Rúa, cuando expresa <No son solemnidades innecesarias ni mecanismos sacramentales que hayan perdido su justificación procesal> sino que <responden a la necesidad, siempre actualizada, de no quitar al recurso su carácter de medio de impugnación verdaderamente extraordinario que supone por eso mismo- el previo cumplimiento de obligaciones inexcusables, para evitar que en la práctica se concluye por desvirtuarlo>. De su parte el profesor Fernando de la Rúa en su obra El Recurso de Casación en el Derecho Positivo Argentino enseña que El recurso de casación debe ser motivado, y esa motivación debe ser suministrada por la parte recurrente en el mismo escrito de interposición, determinando concretamente el agravio, tanto en lo referente al vicio que denuncia como el derecho que lo sustenta. Expresadas condiciones que deben quedar precisadas en forma clara por el recurrente para que proceda la impugnación. QUINTO:- EXAMEN DEL CASO CONCRETO EN RELACIÓN A LAS OBJECIONES PRESENTADAS. Sintetizadas las impugnaciones de los recurrentes en los términos indicados en los considerandos Segundo y Tercero, examinado el recurso de casación y la sentencia del Tribunal de Alzada, confrontados con el ordenamiento jurídico vigente, previo estudio de los recaudos procesales en garantía de la legalidad del proceso; se anota que conforme la doctrina y jurisprudencia el recurso de casación constituye una auténtica demanda en contra de la sentencia y es mediante esta impugnación que se ataca la sentencia refutada, al tratarse de un recurso extraordinario, el Tribunal de Casación para decidir, tiene que limitar su examen a los cargos o cuestionamientos formulados en el escrito de casación acorde a la orden contenida en el art ,

4 Juicio Laboral (Ex Segunda Sala) letra l) de la Carta del Estado, en que: Las resoluciones de los poderes públicos deben ser motivadas. No habrá tal motivación si en la resolución no se encuentra, las normas o principios jurídicos en que se funda o no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho establecidos en el proceso. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentran debidamente motivados se considerarán nulos. Por tanto, conforme a la disposición constitucional el análisis se lo hace de esta manera: 5.. SOBRE LAS OBJECIONES: De la parte demandada: Siguiendo el orden lógico incumbe examinar la tercera causal del Art. 3 de la Ley de Casación, la que que procede por Aplicación indebida falta de aplicación o errónea interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, siempre que hayan conducido a una equivocada aplicación o a la no aplicación de normas de derecho en la sentencia o auto. Esta causal, conocida doctrinariamente como de afectación directa de norma procedimental y que, como consecuencia de tal infracción lesiona, igualmente, aunque de manera indirecta norma de derecho de orden sustancial o material; de tal manera que, en la proporción de esta causal acuden dos violaciones continuas, a saber: a.- Transgresión de preceptos jurídicos aplicables a la valoración probatoria por cualquiera de los tres supuestos antes mencionados (aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación) ; y, b.- Afectación de normas de derecho como consecuencia de la primera y que conduce a la equivocada aplicación o no aplicación de estas normas materiales en la sentencia o auto. Por consiguiente, al demandar por esta causal incumbe a la parte recurrente establecer lo que sigue:. Los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba que pudiesen haber sido violentados; 2. El modo por el que se comete el vicio, esto es, aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación; 3. Qué normas de derecho han sido equivocadamente aplicadas o no aplicadas como consecuencia de la trasgresión de preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba; y, 4. Explicar y demostrar, cómo la aplicación indebida, falta de aplicación o la errónea interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a dicha valoración probatoria han conducido a la afectación de normas de derecho, ya por equivocada aplicación o por su falta de aplicación. En la presente controversia, se tiene: a) Con relación a las impugnaciones del recurrente accionado, el primer punto a dilucidar es la naturaleza de la entidad demandada, la Dirección de Aviación Civil. Conforme al Art. de la Ley de Aviación Civil, le corresponde al Estado la planificación, regulación y control aeroportuario y de la aeronavegación civil. También le corresponde la construcción, operación y mantenimiento de los aeródromos, aeropuertos y helipuertos civiles y de sus servicios e instalaciones, incluyendo aquellos característicos de las rutas aéreas en forma directa o por delegación; es decir que solamente estas tres actividades, según la ley, pueden ser realizadas por delegación. La citada norma, en concordancia con la del Art. 6 de la misma ley, determina que la Dirección de Aviación Civil es una entidad creada por ley para el ejercicio de la potestad estatal. b) El Art. 35 de la Constitución Política de 998 establecía en el numeral 9, inciso segundo: Las relaciones de las instituciones comprendidos en los numerales, 2, 3 y 4, del Art. 8 y de las personas jurídicas creadas por ley para el ejercicio de la potestad estatal, con sus servidores, se sujetarán a las leyes que regulan la administración pública, salvo las de los obreros, que se regirán por el derecho del trabajo. Consecuentemente, a la Dirección de Aviación Civil, le es aplicable el inciso segundo,

5 Juicio Laboral (Ex Segunda Sala) en las relaciones con sus servidores. c) Por otro lado, hay que considerar que la Resolución 200-MTRH-UCS de 3 de enero del 2003, en la que fundamentada el fallo de la Primea Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Superior de Justicia del Guayaquil, determinando la existencia de la relación laboral de la accionante por la clasificación efectuada por el Ministerio de Trabajo y Recursos humanos; luego del trámite pertinente, la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. de lo Contencioso Administrativo, mediante sentencia del 30 de enero del 2007 a las 0h07 (fs.8-0 vta.), declaró la nulidad del acto administrativo que efectuó la clasificación antes referida y ha ordenado que en termino de 30 días proceda a realiza una nueva clasificación de personal. En atención al Art. 35 numeral 9 inciso segundo de la Constitución Política del Ecuador. Resolución en la cual el indicado órgano jurisdiccional Contencioso Administrativo en el considerando noveno señala: El Art. de la Ley de Aviación Civil (codificada el 20 de 2006), determina que corresponde al Estado la planificación, regulación y control aeroportuario y de la aeronavegación civil en el Ecuador; señalando que también le corresponde a la construcción, operación y mantenimiento de los aeródromos, aeropuertos y helipuertos civiles, y de sus servicios e instalaciones, incluyendo aquellos característicos de las rutas aéreas en forma directa o por delegación. En definitiva de acuerdo a esta norma la delegación o la concesión, que puede realizar los gobiernos seccionales o al sector privado solo se refiere la construcción operación y mantenimiento de aeropuertos y de ninguna manera a as actividades de planificación, regulación y control aeroportuario y de aeronavegación; pues son actividades potestativas del Estado, reservados a sus instituciones; en el caso, al Consejo Nacional de Aviación Civil y a la Dirección General de Aviación Civil, según informa el articulo 2 de la misma Ley. La citada Dirección, según el artículo 5 de la Ley en cita es un ente autónomo de derecho público, con personería jurídica y fondos propios, cuyas competencias están previstas en el articulo 6 del cuerpo normativo que se viene mencionando y que en lo general se refieren a la vigilancia, control, regulación de la seguridad aérea, de las condiciones de aeronavegabilidad aeroportuarios, trasporte aéreo, relacionadas con el personal de vuelo regulaciones sobre tránsito aéreo; autorizaciones, validaciones, manejo y operación de registros licencias y matriculas; a más de que también le está atribuida la potestad sancionadora. Es decir, de acuerdo a las actividades que realiza la entidad actora, no cabe duda que se trata de una entidad creada por la Ley para el ejercicio de la potestad estatal, consecuentemente, las relaciones con sus servidores se sujetan a las leyes que regulan la administración pública, según ordena el artículo 9 inciso segundo del Art. 35 de la Constitución Política, por lo que, únicamente lo obreros deben sujeción al Código de Trabajo; obreros que, según, la aceptación generalmente aceptada, son las personas que al prestar sus servicio lo hacen con predominio de la actividad física. De lo dicho, la Sala puede concluir sin dubitaciones que la resolución impugnada incumplió dicho ordenamiento jurídico y por tanto es contra derecho. d) Por lo expuesto de la profesión de la actora, en la que

6 Juicio Laboral (Ex Segunda Sala) prima el trabajo intelectual, no se la puede considerar como una obrera, sino como una empleada; por tal razón y en atención a las normas citadas en líneas anteriores, en sus relaciones con la Dirección General de Aviación, no se hallaba amparada por el Código del trabajo, sino por las leyes que regulan la administración pública, esto es por la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa. e) Como consecuencia de lo visto se concluye que la sentencia infringió la citada norma constitucional consagrada en el Art. 35 ibídem, numeral 9 inciso II en relación con los artículos y 2 de la Ley de Aviación Civil, y con los Arts. 66 y 02 de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa, al igual que con el Art.0 del Código del Trabajo, infracción que devino por la falta de aplicación de las normas del Código de Procedimiento Civil establecidas para la apreciación y valoración de las pruebas Lo examinado en los párrafos anteriores lleva a esta Sala a la consideración de que es innecesario e infructuoso el análisis del recurso de la actora, pues por las razones expuestas, su demanda no debía ser aceptada por no tener fundamento, lo que convierte también en infundado el recurso de casación. Por consiguiente, admisible la casación interpuesta por la parte accionada, si no procede la demanda por los motivos expuestos, al tratarse de un recurso doble de actora y demandado se quiebra la sentencia en pro de la Dirección General de Aviación Civil por lo que no hay lugar a estudiar la de la recurrente accionante. Como lo sostiene la doctrina Si el recurso es doble, cuando prospera totalmente el del recurrente demandado no hay lugar a estudiar el del recurrente demandante, pues la sentencia se quiebra en pro del reo, lo que equivale a si las pretensiones que el tribunal reconoció no pueden tener éxito, mucho menos lo tendrán aquellas que denegó (Hernando Morales, Técnica de Casación Civil. Pág. 276). Por lo expuesto, esta Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, rechaza el recurso de casación de la actora, y aceptando el recurso de casación de la demandada, revoca la sentencia del Tribunal ad quem y declara sin lugar la demanda. Acorde lo previsto por los artículos 74 de la Constitución de la República y 8 de la Ley de Casación, sin costas ni honorarios. Léase, notifíquese y devuélvase. Fdos. Dres. Wilson Andino Reinoso, Alfonso Asdrúbal Granizo Gavidia, Jorge Blum Carcelén. Jueces Nacionales.- Certifico.- Fdo. Dr. Oswaldo Almeida Bermeo. Secretario Relator de la Sala Laboral de la Corte Nacional de Justicia.