R E S U L T A N D O C O N S I D E R A N D O

Transcripción

1 SECRETARÍA DE LA FUNCION PÚBLICA.- Subsecretaría Jurídica y de Prevención.- Dirección de Responsabilidades.- Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a 18 dieciocho de noviembre de 2011 dos mil Once VISTO para resolver los autos del Procedimiento Administrativo 049/DR-C/2011 instruido en contra de los CC. Oscar Ausencio Carballo Aguilar y Humberto Morales Jiménez, en su momento Director General y Subdirector Administrativo, respectivamente, del Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa, Chiapas, dependiente de la Secretaría de Educación; por NO haber solventado la observación número 03 Pagos Extemporáneos, derivada de la Auditoría No. 007/2009, en virtud de no haber realizado las gestiones procedentes para que el pago de los impuestos se realizara en tiempo y forma, lo que generó que se pagaran recargos y actualizaciones por la cantidad de $118, (ciento dieciocho mil seiscientos veinticuatro pesos 48/100 Moneda Nacional). y, R E S U L T A N D O ÚNICO.- Atendiendo al Principio de Economía Procesal, resulta innecesario detallar los puntos de este Capítulo, toda vez que no causa agravios a las partes su omisión. Sustenta lo anterior, por analogía, la Tesis aislada emitida por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 70, tomo , Tercera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto y rubro a la letra dicen: SENTENCIA. RESULTANDOS DE LA, SU OMISIÓN NO CAUSA AGRAVIO.- Una sentencia no causa agravio por la circunstancia de que el juez de distrito omita el capítulo relativo al resultandos al dictarla. C O N S I D E R A N D O I.- La Dirección de Responsabilidades de la Secretaría de la Función Pública es competente para conocer y resolver el presente Procedimiento Administrativo, con fundamento en lo previsto en los Artículos 14, 16, 108 1

2 parte in fine, 109 fracción II, 113 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 69 y 70 fracción III de la Constitución Política del Estado de Chiapas; 2 y 30 fracción XXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; 1, 2, 3 fracción III, 44, 55 último párrafo, 58, 60, 62 fracción II y 66 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas; y 42 fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública Lo anterior es así, en virtud de que la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, en la fracción XXIII, de su Artículo 30, dispone que es facultad de este Órgano de Control, conocer e investigar las quejas y denuncias sobre las conductas de los servidores públicos que puedan constituir responsabilidades administrativas y aplicar las sanciones que correspondan en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, misma que en su Artículo 62 fracción II, contempla que en los casos de inexistencia de responsabilidad, será esta Autoridad quien podrá conocer y resolver en definitiva el presente asunto, en tal sentido es importante destacar que la Dirección de Responsabilidades, es un Órgano Administrativo dependiente de la Secretaría de la Función Pública, y partiendo del principio totalizador de los entes públicos, forma parte de un todo que por origen le corresponde al órgano de control denominado Secretaría de la Función Pública, sin que pueda considerarse parte diferente, ello de conformidad con lo establecido en la fracción I del Artículo 42 del Reglamento Interior de la Secretaría de la función Pública, misma que faculta al titular de la Dirección de Responsabilidades para que, en representación del Secretario de la Función Pública, emita la resolución de lo procedimientos administrativos de responsabilidad de los servidores públicos instaurados, de conformidad con lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, siendo por ello competente para resolver en el presente asunto II.- En tal sentido, resulta fundamental mencionar en primer término que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como Norma 2

3 Suprema que rige el actuar de Estado a través de sus instituciones, en su Artículo 109, contempla la obligación inherente a quienes tienen la calidad de servidores públicos, relativa a observar en el desempeño de su actuación, las leyes de responsabilidades de los servidores públicos, siendo a su vez sujetos de sanciones administrativas, por actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su encargo; ello desde la relevancia que el interés general tiene sobre el particular, pues el desempeño de un encargo público debe estar necesariamente circunscrito por una norma que otorgue los medios para que el interés general subsista; como en el caso específico, la delimitación al ejercicio de las facultades de los servidores públicos se logra a través de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, misma que en su Artículo 45, refiere de forma general las obligaciones que los servidores públicos deben observar en el diario desempeño de su actuación En ese tenor, de conformidad con el Dictamen sobre la Procedencia del Expediente de Auditoría No. 007/2009, del 20 de mayo de 2011, constante a fojas 2 a 18 del Expediente en que se actúa, si bien es cierto se señala que En términos del artículo 140 del Código Penal del Estado de Chiapas, y 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, la acción penal y la facultad sancionatoria no se encuentran prescritas; lo anterior en razón de que tal y como se advierte del contenido del Informe Final de Verificación, el ejercicio auditado corresponde del 01 de julio al 31 de diciembre de 2008, por lo que a la presente fecha, la acción penal y la facultad sancionadora se encuentra vigente; aunado a lo anterior, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, que a la letra dice: Las facultades del superior jerárquico y de la Secretaría de la Función Pública para imponer las sanciones que esta ley prevé se sujetarán a lo siguiente: I. Prescribirán en un año si el beneficio obtenido o el daño causado por el infractor no excede de diez veces el salario mínimo mensual vigente en el Estado. Y, II. En los demás casos prescribirán en tres años.; también lo es que, Respecto a la 3

4 observación número 03.- Pago Extemporáneo los auditores precisaron que del análisis efectuado al cumplimiento del pago de impuestos; se observó que se efectuó pago por concepto de actualización y recargos por la cantidad de $118, (ciento diez y ocho mil seiscientos veinte y cuatro pesos 48/100 M.N.) a la Secretaría de Hacienda del Estado, por pago extemporáneo de los impuestos sobre nóminas correspondientes del ejercicio 2004 al 2007, determinándose que la causa de la observación se debió a que existe falta de supervisión en las unidades administrativas, compromiso y responsabilidad, ocasionando un daño al erario público de $118, (ciento dieciocho mil seiscientos veinticuatro pesos 48/100 M.N.) De ahí que la fecha que debe tomarse en cuenta para contabilizar el plazo de la prescripción, no es el del periodo de auditoría, si no la fecha en que se presentó la supuesta irregularidad, que en este caso es del ejercicio 2004 al año 2007, poniéndose de manifiesto que dicha conducta sí es estimable en dinero III.- Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, previamente a avocarse al estudio del fondo del asunto, es menester analizar de forma oficiosa si en el caso concreto se actualiza la figura jurídica de la prescripción de las facultades de esta Secretaría o del Superior Jerárquico para la imposición de sanciones, tal como lo ha establecido el Máximo Tribunal de la Nación, en la Tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 200, tomo VI, segunda parte-1, Julio a Diciembre de 1990 mil novecientos noventa, de la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son los siguientes: MARCAS, NULIDAD DE. EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN, LA OMISIÓN DE SU ESTUDIO IMPLICA VIOLACIÓN DE GARANTÍAS. Toda autoridad que conoce de un 4

5 procedimiento contencioso tiene obligación de resolver sobre los argumentos, tanto de acción como de la excepción que le planteen las partes; ahora bien, la excepción de prescripción por ser de orden público y estudio preferente obliga a su previo análisis, motivo por el cual su tratamiento no puede soslayarse sin implicar violación de garantías en perjuicio del gobernado En ese orden de ideas, para corroborar si en el caso que nos ocupa se ha actualizado dicha figura procesal, es necesario citar el Artículo 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, vigente en la época de los hechos (antes de la reforma del 09 de mayo de 2007), el cual estatuía: Artículo 75.- Las facultades del superior jerárquico y de la Contraloría General para imponer las sanciones que esta ley prevé se sujetarán a lo siguiente: I. Prescribirán en tres meses si el beneficio obtenido o el daño causado por el infractor no excede de diez veces al salario mínimo diario vigente en el estado, o si la responsabilidad no fuese estimable en dinero. El plazo de prescripción se contará a partir del día siguiente a aquel en que se hubiera incurrido en la responsabilidad o a partir del momento en que hubiese cesado, si fue de carácter continuo, y II. En los demás casos prescribirán en tres años Ahora bien, si las presuntas conductas imputadas a los implicados, derivaron del Dictamen sobre la Procedencia del Expediente de Auditoría No. 007/2009, de fecha 20 de mayo de 2011, anteriormente citado, en 5

6 donde se señaló un daño al erario por la cantidad de $118, (ciento dieciocho mil seiscientos veinticuatro pesos 48/100 Moneda Nacional), derivado de acciones de tracto sucesivo durante los ejercicios 2004 a 2007, se pone de manifiesto que dichas responsabilidades son estimables en dinero y que rebasan los diez días de salario mínimo; por lo que las facultades de esta Autoridad para sancionar, en su caso, prescribían en tres años, como dispone la fracción II, del numeral transcrito Así las cosas, si de acuerdo con el Artículo 75 fracción II, de la Ley de Responsabilidades, anteriormente transcrito, el plazo de prescripción empezó a contar a partir del de la última fecha en que se hubiese cometido la irregularidad o ésta haya cesado, siendo entonces el 01 de enero de 2008, plazo en que inició la prescripción, y por consiguiente, las facultades sancionadoras fenecieron en el mismo día y mes del año 2011 dos mil once; de ahí que a la presente fecha es evidente que ha transcurrido en exceso el término legal que se contaba para la imposición de sanciones, de conformidad con la Tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo XIX, Enero de 2004, Tesis 1º. 50 A, Página 1588, cuyo rubro y texto son los siguientes: PRESCRIPCIÓN DE LAS FACULTADES DEL SUPERIOR JERÁRQUICO Y DE LA CONTRALORÍA GENERAL PARA IMPONER SANCIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 75 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS. SÓLO SE INTERRUMPE CON LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN SANCIONATORIA HECHA AL AFECTADO. La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, en su artículo 75 preceptúa que: "Las facultades del superior jerárquico y de la Contraloría General para imponer las sanciones que esta ley prevé se sujetarán a lo siguiente: I. Prescribirán en tres meses si el beneficio obtenido o el daño 6

7 causado por el infractor no excede de diez veces al salario mínimo diario vigente en el Estado, o si la responsabilidad no fuese estimable en dinero. El plazo de prescripción se contará a partir del día siguiente a aquel en que se hubiera incurrido en la responsabilidad o a partir del momento en que hubiese cesado, si fue de carácter continuo; y II. En los demás casos prescribirán en tres años." De la norma transcrita se advierte que el ejercicio de las facultades del superior jerárquico y de la Contraloría General del Estado, para imponer sanciones en el procedimiento administrativo inicia a partir de que la autoridad tiene conocimiento de las irregularidades administrativas en que incurrió el servidor público o a partir del momento en que éstas hubiesen cesado, si fuesen de carácter continuo, y la resolución que en su caso imponga la sanción deberá ser dictada y notificada antes de que se consuma el plazo establecido en el artículo 75 de la ley en comento, es decir, antes de que opere en favor del afectado la figura de la prescripción, pues ésta sólo puede interrumpirse con la notificación a éste de la resolución en que se le imponga alguna sanción, ya que el hecho de que la resolución relativa esté fechada por la autoridad sancionadora dentro del término a que alude el numeral en comento es irrelevante, porque no tiene el efecto de interrumpir el lapso de la prescripción, por ser una actuación unilateral que carece de certeza jurídica, por cuanto al no haber salido del ámbito de una de las partes, es factible el acomodo de la fecha de tal resolución para aparentar que se hubiese emitido antes de que corra el término prescriptivo; por consiguiente, será la notificación de la resolución que contenga la sanción impuesta al servidor público la que interrumpa ese término, porque es en esa fecha cuando el afectado tiene conocimiento del castigo que le impone la autoridad por la falta motivo del procedimiento administrativo seguido en su contra, pues por su naturaleza la resolución en cuestión sólo puede afectar al sancionado cuando ésta le es notificada y no antes, de manera tal que el plazo prescriptivo sólo podrá interrumpirse con la notificación de la resolución hecha al sancionado, si ello ocurre dentro del lapso correspondiente a que 7

8 alude el artículo 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas Atento a lo anterior, es menester señalar que las irregularidades presentadas por los CC. Oscar Ausencio Carballo Aguilar y Humberto Morales Jiménez, quienes se desempeñaban como servidores públicos de la Secretaría de Educación, prescribieron como ha quedado señalado en fojas anteriores el día 01 de enero de 2008, y siendo como consta en autos, que el presente Procedimiento se radicó derivado del Memorándum número SFP/SSJP/DEA/00064/2011, de fecha 20 de mayo de 2011, suscrito por el Director de Enlace de Auditorías, y recibido el día 24 de mayo del mismo año, luego entonces, éste ya se encontraba prescrito En consecuencia, con fundamente en el Artículo 75, fracción II, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Púbicos del Estado de Chiapas, aplicable al momento en que acontecieron los hechos que dieron origen al presente Procedimiento, SE DECLARAN PRESCRITAS LAS FACULTADES DE ESTA SECRETARÍA Y DEL SUPERIOR JERÁRQUICO PARA IMPONER SANCIONES A LOS CIUDADANOS Oscar Ausencio Carballo Aguilar y Humberto Morales Jiménez, quienes se desempeñaban como servidores públicos en el Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa, Chiapas, dependiente de la Secretaría de Educación, por lo que se refiere únicamente a las irregularidades del presente Procedimiento, al actualizarse los supuestos establecidos en el numeral 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, aplicable al momento en que acontecieron las irregularidades que dieron origen al presente Procedimiento IV.- Notifíquese a Oscar Ausencio Carballo Aguilar y Humberto Morales Jiménez, la presente Resolución en el domicilio que señalaron en autos para tales efectos, para lo cual se habilita al Ciudadano Romeo Alonso Gómez Coutiño Por lo expuesto y fundado, se: 8

9 R E S U E L V E PRIMERO.- Se declaran prescritas las facultades de esta Secretaría y del Superior Jerárquico para imponer sanciones a Oscar Ausencio Carballo Aguilar y Humberto Morales Jiménez, en términos del Considerando III de esta Resolución SEGUNDO.- Notifíquese esta determinación a los mencionados en el Resolutivo Primero anterior, en los domicilios señalados en autos para tales efectos; para lo cual se habilita al C. Romeo Alonso Gómez Coutiño TERCERO.- En término del Artículo 37 fracción XII de la Ley que Garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el Estado de Chiapas, envíese la presente versión con la omisión de datos personales de los servidores públicos a la Unidad de Enlace de esta Secretaría, para que se ponga a disposición del público en forma permanente a través del Portal correspondiente CUARTO- En su oportunidad archívese el presente Expediente como asunto concluido Así lo resolvió, mandó y firma el ciudadano Licenciado Raúl Rodolfo Camacho Juárez, Director de Responsabilidades, en términos del Artículo 42 fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; quien actúa ante los testigos de asistencia, las ciudadanas licenciadas Mónica Ivonn Morales Pérez y Laura Apan Fajardo