Primera evaluación nacional de riesgos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

Transcripción

1 ANÁLISIS Y OPINIÓN Primera evaluación nacional de riesgos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo 94 Las instituciones financieras presentan un alto porcentaje de reportes de operaciones relevantes. Así, un gran índice de éstos es identificado como relacionado con personas que podrían representar algún riesgo de lavado, encontrándose personas físicas extranjeras y nacionales de entre 18 y 30 años de edad, así como personas morales de reciente creación (de dos a cinco años de antigüedad). Por su parte, la evaluación nacional de riesgos refleja un autoanálisis (por parte de las instituciones) al día de hoy, respecto a las actividades y sectores que consideran de mayor riesgo en el país, relacionados con el lavado de dinero obtenido de actividades ilegales C.P.C. Eduardo García Hidalgo, Integrante de la Comisión de Desarrollo Profesional Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, A.C. y Presidente de Grupo Asesores en Negocios L.C. y E.F. Ernesto Sánchez García, Coordinador de Prevención de Lavado de Dinero y Due Diligence del Grupo Asesores en Negocios

2 INTRODUCCIÓN Recientemente ha sido publicada la Primera Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México, en la cual participaron diversas instituciones, entre las que se encuentran autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR); las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Gobernación; el Banco de México (Banxico), y el Poder Judicial, mismas que participan en el régimen de prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, siendo coordinados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Esto, a efecto de atender las obligaciones adoptadas a nivel internacional. Cabe mencionar que esta evaluación nacional de riesgos refleja un autoanálisis (por parte de las instituciones) al día de hoy, sobre las actividades y sectores que las mismas consideran de mayor riesgo en el país, relacionados con el lavado de dinero obtenido de actividades ilegales. De acuerdo con la UIF, la evaluación fue emitida debido a que desde el mes de octubre de 2016, comenzó el proceso de evaluación al que México está sometido por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). 1 Esa dinámica de evaluación concluirá hasta octubre de 2017, con la presentación del informe correspondiente en la reunión plenaria de ese organismo. ÁREAS DE MAYOR RIESGO De acuerdo con un análisis presentado por la UIF, una de las áreas identificadas con mayor riesgo o más expuestas al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo es la de las instituciones financieras del G-7 2 nacional; ello derivado de la amplia gama de productos y servicios que ofrecen al público en general. En el informe se establece que además de lo ya señalado, las instituciones financieras presentan un alto porcentaje de reportes de operaciones relevantes en los cuales se identifica, en forma conjunta, un gran índice de éstos relacionado directamente con personas que podrían representar riesgo de lavado de capitales, encontrándose personas físicas extranjeras y nacionales de entre 18 y 30 años de edad, así como personas morales de reciente creación (de dos a cinco años de antigüedad). En el siguiente cuadro se indica el riesgo identificado por la UIF, de acuerdo con el sector al que pertenecen las entidades financieras El Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI (Financial Action Task Force FATF, en inglés) es una institución intergubernamental creada en 1989 por el Grupo de los 7, para promulgar un marco internacional de las normas de prevención del blanqueo de capitales. En la actualidad está formado por 34 países, dos organizaciones regionales Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo (GCC) y la Comisión Europea, ocho miembros asociados y cuenta con 25 organizaciones internacionales como observadores, entre las que están el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización de la Naciones Unidas (ONU) y el Banco Mundial 2 Las siete instituciones de banca múltiple con mayor participación en el mercado mexicano, son BBVA Bancomer, Banamex, Santander, Banorte, Inbursa, HSBC y Scotiabank, los cuales representan el 85% de los activos de todo el sector, por lo que sus acciones marcan una tendencia en el resto de los bancos más pequeños y en el sistema financiero en conjunto

3 96 Fuente: Unidad de Inteligencia Financiera CUMPLIMIENTO A MEDIAS Derivado del análisis de los avisos por actividades vulnerables 3 y los distintos tipos de reportes 4 que realizan las entidades financieras, la UIF ha observado que éstos, en su gran mayoría, son de baja calidad. También señala ese órgano que no se cuenta con controles, seguimientos y procedimientos adecuados para prevenir y mitigar los riesgos en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Por lo anterior, será robustecido el número de personal dedicado a las tareas de supervisión por parte de todos los organismos supervisores Servicio de Administración Tributaria (SAT); Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV); Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF); la UIF, etcétera. Por lo referido en párrafos anteriores y como es reiterado en múltiples secciones del documento, la UIF hace énfasis en implementar acciones y orientar los recursos nacionales necesarios para la adecuada prevención y mitigación de manera proporcional a los riesgos identificados. Esto es: A riesgos mayores, medidas intensificadas. Respecto a las características de incumplimiento de las obligaciones de prevención de lavado de dinero, los sectores catalogados como de riesgo medio y alto presentan mayor riesgo al tener: el 69% de avisos, con algún error de validación, el 30% de sujetos obligados que han incumplido con las restricciones de uso de efectivo y metales, así como el 21% de sujetos obligados que al menos un mes no han cumplido con el envío de avisos o informe en ceros. En el siguiente cuadro se indica el riesgo identificado por la UIF, de conformidad con la actividad vulnerable que es realizada. 3 Actividades vulnerables, definidas en el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) 4 Reportes por: Operaciones Relevantes, Operaciones Inusuales, Internas Preocupantes y de 24 Horas, de acuerdo con las Disposiciones de Carácter General aplicables a cada tipo de entidad financiera

4 Fuente: Unidad de Inteligencia Financiera Como puede observarse en la identificación de riesgos de las actividades vulnerables, se encuentra prácticamente un 50% de las actividades en un riesgo medio-alto, donde las más propensas al lavado de dinero son la compra y venta de vehículos, el préstamo o el crédito, así como la transmisión de derechos sobre inmuebles. Esto, como consecuencia de su alta transaccionalidad en efectivo o sus numerosas señales de alerta publicadas por organismos nacionales e internacionales. Por tal motivo, es de suma importancia que los sujetos que realicen actividades vulnerables implementen a su vez las medidas de identificación, evaluación, seguimiento y presentación de avisos requeridos por la legislación aplicable. Y es que al haberse identificado deficiencias en la supervisión, la UIF y el SAT en medida de lo posible procurarán aumentar sustancialmente la supervisión directa en las entidades. PRINCIPALES DETONADORES IDENTIFICADOS PARA INICIO DE INVESTIGACIONES De acuerdo con el análisis realizado por la UIF, ésta ha identificado actividades, transacciones y perfiles que ha considerado como de alto riesgo y, por ende, el comienzo de investigaciones, entre las que se encuentran: Accionistas jóvenes de bajo perfil. Accionistas y/o representantes comunes entre distintas personas morales. Cobro de cheques a nombre de otras personas, pero endosados a la misma persona que lo emitió o por algún relacionado con éste. Domicilios comunes entre diferentes personas físicas y/o personas morales. Domicilios que no coinciden con la actividad económica declarada. Empresas cuyos activos no son acordes con su operativa financiera. Empresas de reciente creación, con altos volúmenes de ingresos y/o ganancias. Empresas dedicadas a la prestación de servicios y que operan importantes cantidades de dinero, incluso transferencias nacionales e internacionales, las cuales no son congruentes con su actividad. Esquema de facturación falsa, nacional y/o internacional. 97

5 98 Incremento en el capital social de una empresa por montos inusualmente elevados, no acordes con el giro de la empresa. Operaciones por montos importantes, realizadas por sujetos de corta edad, y que su actividad económica no justifica esa operatividad. Relación financiera entre empresas que no tienen lógica, por el giro de los negocios. Retiro inmediato de los recursos depositados (poca permanencia de recursos). Robo o abuso de identidad para la constitución de empresas y/o apertura de cuentas. Sujetos que reciben depósitos por montos elevados mediante transferencias o documentos de cuentas a cargo de alguna instancia de gobierno. Utilización de cuentas de parientes cercanos para depositar, retirar y/o transferir los recursos. Utilización de cuentas de terceros para introducir operaciones en efectivo. Utilización de empresas llamadas fantasmas o de fachada. Utilización de estructuras corporativas complejas para ocultar los beneficiarios reales. Utilización de los servicios de profesionales para ocultar la identidad del beneficiario real. Utilización de oficinas virtuales o no acordes a la actividad declarada. EFECTIVIDAD JUDICIAL De acuerdo con la efectividad en el proceso judicial en los casos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, fueron analizados los ejercicios de 2010 a En esos ejercicios, existieron sentencias condenatorias del 15% en promedio por año, respecto del total de sujetos inculpados en causas penales. Sin embargo, es importante resaltar que el porcentaje de sentencias pasó de 20% para 2010, a tan sólo el 5% para Por tal motivo, al haber bajado en forma sustancial el número de sentencias condenatorias, la UIF ha considerado esta situación como una vulnerabilidad alta y un factor determinante que afecta en gran medida la efectividad de las instituciones a nivel nacional. Esto, como consecuencia de que la corrupción fue identificada por la propia autoridad como uno de los principales vehículos para el lavado de dinero, junto con otras actividades ilegales, tales como el tráfico de drogas o el uso de efectivo en operaciones al margen del sistema financiero. Derivado de la Evaluación sectorial de riesgos y el análisis de percepción de riesgo elaborada por la UIF, uno de los principales resultados identificados es que en algunos casos los Reportes de Operaciones Inusuales enviados por las entidades, no contienen un análisis claro de la operativa presentada por el sujeto reportado, en la cual se pueda identificar con facilidad la razón de la inusualidad. Esto es, no se identifica claramente un indicador de la existencia de deficiencias en dichos sistemas, lo cual provoca que no se identifiquen de manera oportuna y eficaz todos los actos u operaciones que pudieran estar relacionados con algún ilícito, así como de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo, afectando en gran medida la efectividad de la supervisión. Por ello, será sujeto a emisión de recomendaciones hacia las entidades. PROYECTOS DE REFORMA A LA LEY ANTILAVADO Derivado de un análisis por parte de diversos senadores, desde el mes de abril de 2015 fue presentado un proyecto para reformar la LFPIORPI, en el cual se enfatizan los siguientes puntos: 1. La autoridad y las entidades obligadas deberán tomar medidas para identificar la intencionalidad del delito, más que las acciones realizadas por el cliente o usuario. 2. Aumento en las penas, pasando éstas de 5 a 15 años de prisión, y de 1,000 a 5,000 días de multa. 3. Se establece expresamente el carácter de delito grave para las operaciones con recursos de procedencia ilícita. 4. Proponen ampliación en umbrales de identificación en las operaciones vulnerables señaladas en la ley. 5. Revocación de permisos de juegos y sorteos, por incumplimiento de la ley y los ordenamientos que emanen de ésta.

6 6. Definir y ampliar las facultades de la SHCP, al poder aplicar e interpretar la ley, su reglamento y las reglas de carácter general. Cabe señalar que el proyecto de reforma continúa en discusión en las instancias competentes y probablemente también sea incluido a discusión el proyecto de reforma presentado en el mes de julio de 2016, en el cual se propone la modificación a la información que deberán presentar los agentes aduanales respecto a las actividades que desempeñan. CONCLUSIONES No sería de extrañar que la autoridad tome medidas aún más estrictas para la supervisión, investigación, seguimiento y formulación de informes que sirvan de base para la realización de denuncias por los delitos que correspondan, evitando de esta forma retrasos en la construcción de protocolos de acción del Ministerio Público de la Federación. Por ello, este último deberá definir hipótesis o circunstancias en las cuales se deberá efectuar una investigación por realización de un delito. Asimismo, con base en el análisis realizado por la UIF, así como por la evaluación a la que será sometido México, desde octubre de 2016 por parte de GAFI, las autoridades encargadas de emitir las leyes, así como los supervisores de los distintos sectores, reforzarán las facultades otorgadas en las diversas leyes y reglamentos. Por lo anterior, esas entidades deberán considerar la implementación de un debido cumplimiento de parte de los clientes o usuarios, recabando, actualizando y resguardando todas las operaciones realizadas, así como aquélla referente a la de sus clientes, para dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas. Aquellas entidades que realicen actividades vulnerables principalmente de: (i) compraventa de vehículos; (ii) otorgamiento de mutuo, préstamo o crédito; (iii) enajenación de bienes inmuebles; (iv) juegos y sorteos; (v) tarjetas de servicios y crédito; (vi) comercialización de joyas, metales, y (vii) obras de arte, deberán atender y prever las medidas necesarias para cumplir en forma adecuada y oportuna con sus obligaciones. Lo anterior, debido a que serán sujetos a una supervisión enfatizada por parte de la autoridad, al ser identificados como sectores de alto riesgo y, por ello, sujetos de atención especial para corroborar el adecuado cumplimiento con las disposiciones que les son aplicables. 99