JR-CI-1

Transcripción

1 Expediente N : JR-CI-1 Procedencia : Primer Juzgado Civil de Tumbes Demandante : Sofía Romero Rujel Demandados : Dirección Regional de Educación de Tumbes y otro Materia : Impugnación de Resolución Administrativa RESOLUCIÓN NÚMERO TRECE Tumbes, dieciocho de marzo de dos mil diez.- VISTOS, realizada la Vista de la Causa conforme a la constancia precedente, de conformidad con lo opinado por la señorita Fiscal Superior en su dictamen de folios ciento veintidós y siguientes. I. ASUNTOS 1.1. Recurso de apelación interpuesto por don Gastón Saavedra Mejia en su calidad de Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del codemandado Gobierno Regional de Tumbes, contra la resolución sentencial número siete del Primer Juzgado Especializado en lo Civil de la Provincia de Tumbes, obrante de folios ochentidós a ochentisiete, su fecha catorce de setiembre de dos mil nueve, que declarando fundada la demanda interpuesta por Sofía Romero Rujel contra la Dirección Regional de la Educación de Tumbes y el Gobierno Regional de Tumbes, sobre nulidad de resolución administrativa, declara nula tanto la Resolución Ejecutiva Regional número /GOB.REG.TUMBES-P de fecha cinco de marzo del dos mil nueve, como las Resoluciones Regionales Sectoriales números y de fechas diez de setiembre del dos mil ocho, y veintiséis de noviembre del mismo año, respectivamente; y, ordena que la Dirección Regional de Educación de Tumbes emita nueva resolución reconociendo el pago del beneficio reclamado a la demandante sobre asignación por haber cumplido veinticinco años de servicio en la docencia, la misma que es equivalente a tres remuneraciones totales, calculada sobre la base de su remuneración total del mes de abril de dos mil siete Recurso de apelación interpuesto por don Benjamín Renteria Zapata en su calidad de Director de la codemandada Dirección Regional de Educación de 1

2 Tumbes contra la misma sentencia. II. SUSTENTO DE LAS PRETENSIONES IMPUGNATORIAS 2.1. El señor Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Gobierno Regional de Tumbes, en su escrito de folios noventicuatro a noventiséis, solicita se revoque la sentencia y se la declare infundada la demanda; por considerar: a) El A quo no ha tenido en cuenta lo dispuesto en el Decreto Supremo número ED, conforme al cual, las denominadas remuneraciones y remuneraciones íntegras, referidas en el artículo 51 y segundo párrafo del artículo 52 de la Ley del Profesorado número 24029, modificada por la Ley número 25212, deben ser entendidas como remuneraciones totales permanentes, tal como lo prevé la definición contenida en el Decreto Supremo número PCM. b) Precisa que el Decreto Supremo número ED, deroga el Decreto Supremo número ED, que dispuso entre otros extremos que la bonificación por haber cumplido las mujeres veinticinco años de servicios, es en base a las remuneraciones íntegras. c) Considera que el artículo 9 del Decreto Supremo número PCM señala que las bonificaciones, beneficios y demás conceptos remunerativos que perciban los funcionarios, directivos y servidores otorgados en base al sueldo, remuneración o ingreso total, serán calculados en función a la remuneración total permanente, conforme a lo cual se otorgó -en las resoluciones declaradas nulas- la gratificación a favor de la demandante. d) El artículo 8 señala que para los efectos remunerativos se considera como remuneración permanente a la percepción que es regular en su monto, permanente en el tiempo y se otorga con carácter general para todos los funcionarios, directivos y servidores de la administración pública, y está constituida por la remuneración principal, bonificación personal, bonificación familiar, remuneración transitoria para homologación y la bonificación por refrigerio y movilidad La Dirección Regional de Educación de Tumbes, en su escrito de folios 2

3 ciento dos a ciento cinco, también solicita se revoque la sentencia y se declare improcedente la demanda; por considerar: a) Que su cuestionamiento no reside en reconocer el derecho de la demandante a percibir una bonificación por haber cumplido veinte años de servicio magisterial, sino en la forma como el Juez lo ha ordenado, en el sentido que se calculen en base a la remuneración total, cuando lo correcto es que se realice en función a la remuneración total permanente, según así lo señalan los artículos 8 y 9 del Decreto Supremo número , que es de aplicación obligatoria para el cálculo de los beneficios y bonificaciones. b) Señala que es en base a los artículos 8 y 9 del Decreto Supremo número que corresponde calcular las dos remuneraciones íntegras que para la actora se prevé en el artículo 213 del Decreto Supremo número ED (Reglamento de la Ley del Profesorado número 24929). c) Agrega que lo anterior es concordante con el punto 5.1. del artículo 5 de la Ley número Ley del Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal dos mil nueve, al prohibir el reajuste o incremento de remuneraciones, bonificaciones, dietas, asignaciones, retribuciones, incentivos y beneficios de toda índole cualquiera sea su forma, modalidad, mecanismo, fuente de financiamiento, y que también queda prohibida la aprobación de nuevas bonificaciones, asignaciones, retribuciones y beneficios de toda índole. d) Considera que de existir conflicto normativo, no le corresponde aplicar el control difuso por inconstitucionalidad de normas infralegales, pues según lo establecido en el expediente número AA/TC, ello es una atribución que el Tribunal Constitucional ha señalado que corresponde sólo a ciertos Tribunales Administrativos. III. FUNDAMENTOS 3.1. El derecho reclamado se encuentra previsto en el artículo 52, segundo párrafo, de la Ley número Ley del Profesorado, modificado por el artículo 1 de la Ley número 25212, conforme al cual la profesora recurrente 3

4 tiene derecho a percibir tres remuneraciones íntegras al cumplir veinticinco años de servicios El artículo 213 del Reglamento de la Ley del Profesorado, aprobado por Decreto Supremo número ED, añade que este beneficio se hará efectivo en el mes que cumple dicho tiempo de servicios, sin exceder por ningún motivo del mes siguiente, y que el incumplimiento de esa disposición implica responsabilidad administrativa Se verifica de lo actuado convención fáctica, radicada en que la ahora demandante Sofía Romero Rujel cumplió veinticinco años de servicio público en la docencia el día treinta de abril del dos mil siete, y así está establecido en la Resolución Regional Sectorial número del diez de setiembre de dos mil ocho La disposición legal vigente al momento de producida la aludida contingencia, en cuanto a que prevé las modalidades remunerativas (total permanente y total), invocada por las entidades demandadas- es el artículo 8 del Decreto Supremo número PCM; así lo ratifica el carácter remisivo que tiene el Decreto Supremo número ED; y siendo ello el meollo de la controversia sub judice, corresponde dilucidarla en atención al origen, naturaleza y finalidad del derecho de la demandante El artículo 8 del Decreto Supremo número PCM señala: Para efectos remunerativos se considera: a) Remuneración Total Permanente.- Aquella cuya percepción es regular en su monto, permanente en el tiempo y se otorga con carácter general para todos los funcionarios, directivos y servidores de la Administración Pública; y está constituida por la Remuneración Principal, Bonificación Personal, Bonificación Familiar, Remuneración Transitoria para Homologación y la Bonificación por Refrigerio y Movilidad. b) Remuneración Total.- Es aquella que está constituida por la Remuneración Total Permanente y los conceptos remunerativos adicionales otorgados por Ley expresa, los mismos que se dan por el desempeño de cargos que implican exigencias y/o condiciones distintas al común. 4

5 3.6. De lo anterior se desprende que la denominada remuneración total permanente es una parte de los rubros que conforman la llamada remuneración total, de manera que mientras ésta tiene énfasis de completud o conjunto totalizador; aquélla alude a un sub conjunto, pues agrupa a sólo una parte de los ingresos del trabajador El derecho de la demandante alude el abono de tres remuneraciones íntegras, vale decir, remuneraciones que no carezcan de ninguna de sus partes 1, en cuanto a que todos sus rubros que la conforman estén presentes para su otorgamiento; consecuentemente, tiene una connotación totalizadora, propia de la remuneración total prevista en el inciso b) del citado artículo 8, quedando descartada así la aplicación del inciso a) del mismo artículo Además, este Superior Tribunal no comparte la tesis de las entidades impugnantes, apoyada en el primer párrafo del artículo 9 del aludido Decreto Supremo número PCM, referida a que la bonificación sub materia se calcula en función a la remuneración total permanente; tanto por el carácter progresivo o mejora constantes de los derechos laborales, como al sistema de fuentes que informa el sistema jurídico nacional, en razón de los cuales no es valido que las entidades estatales demandadas hayan equiparado el concepto de remuneración íntegra con el de remuneración total permanente, por el sólo dato que el Decreto Supremo número PCM así pretende estipularlo, en razón a que dada la naturaleza reglamentaria que tiene ésta disposición, no puede de conformidad con el artículo 51 de la Constitución rebasar o desnaturalizar la mayor significación económica que como derecho para la docente tiene previsto de modo taxativo el artículo 52 de la Ley número 24029, modificado por el artículo 1 de la Ley número 25212, que obviamente tiene mayor jerarquía que aquél Decreto Supremo Asimismo, si la administración estatal tiene duda entre los alcances de lo que una norma general y reglamentaria señala como remuneración total permanente, y lo que la Ley especial señala de modo específico como remuneración íntegra; corresponde atenderse el principio in dubio pro operario, recogido en el artículo 26.3 de la Constitución -Interpretación 1 Véase Diccionario de Lengua Española, XXII edición, en 5

6 favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de una norma- que proscribe aplicar el sentido interpretativo más gravoso para el trabajador, y habilita al operador jurídico optar por la interpretación que mejor optimiza los derechos laborales Siendo esto así, al haberse otorgado la bonificación sub materia a favor de la demandante sobre la base de la Remuneración Total Permanente aplicando los artículos 8, inciso a); y, 9, primer párrafo, del Decreto Supremo Nº PCM, se ha infringido el principio de legalidad de las resoluciones administrativas, deviniendo éstas en nulas por aplicación del articulo 10.1 del Ley Nº 27444, precisándose que dicha nulidad solo alcanza al extremo referido al tipo de remuneración computable para efecto del calculo del derecho laboral concretamente reclamado, criterio por el cual la venida en grado debe ser confirmada Tampoco resulta aplicable la Ley del Presupuesto número 29289; pues no se trata de un reajuste o incremento de la aludido subsidio, tampoco de la creación o aprobación de un nuevo beneficio; sino el de fijar interpretativamente los alcances dinerarios de un derecho reconocido con antelación Es del caso enfatizar que el debate jurídico no pasa por una solución basada en el control difuso, sino a la adecuada recurrencia del principio de legalidad, que en el Estado constitucional no significa simple y llanamente la ejecución y el cumplimiento de lo que establece una Ley, sino también, y principalmente, su compatibilidad con el orden objetivo de principios y valores constitucionales; examen que la administración pública debe realizar aplicando criterios de razonabilidad, racionalidad y proporcionalidad. Esta forma de concebir el principio de legalidad se concretiza, por ejemplo, en el artículo III del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, cuando señala que la actuación de la administración pública tiene como finalidad la protección del interés general, pero ello sólo es posible de ser realizado «(...) garantizando los derechos e intereses de los administrados y con sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico en 6

7 general» (énfasis agregado) 2. IV. DECISIÓN Por las consideraciones expuestas, en ejercicio de sus atribuciones previstas en el artículo 40, inciso 1, del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, administrando justicia a nombre de la Nación, los Jueces de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Tumbes. RESUELVEN: 4.1. CONFIRMAR la resolución sentencial número siete, obrante de folios ochentidós a ochentisiete, su fecha catorce de setiembre de dos mil nueve, que declarando fundada la demanda interpuesta por Sofía Romero Rujel contra la Dirección Regional de la Educación de Tumbes y el Gobierno Regional de Tumbes, sobre nulidad de resolución administrativa, declara nula tanto la Resolución Ejecutiva Regional número /GOB.REG.TUMBES-P de fecha cinco de marzo del dos mil nueve, como las Resoluciones Regionales Sectoriales números y de fechas diez de setiembre del dos mil ocho, y veintiséis de noviembre del mismo año, respectivamente; y, ordena que la Dirección Regional de Educación de Tumbes emita nueva resolución reconociendo el pago del beneficio reclamado a la demandante sobre asignación por haber cumplido veinticinco años de servicio en la docencia, la misma que es equivalente a tres remuneraciones totales, calculada sobre la base de su remuneración total del mes de abril de dos mil siete, con lo demás que contiene y es materia de la alzada ORDENARON la notificación de la presente y se devuelvan los autos al juzgado de origen en su oportunidad INTERVINO como ponente el señor Juez Superior Manuel Humberto Guillermo Felipe. Señores Jueces Superiores: Vizcarra Tinedo, Guillermo Felipe y Soto Lagos. Secretario: Gerard M. Rufasto Chapa.- 2 F.J. 15 de la STC N AA del 14 de noviembre de