RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

Transcripción

1 MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Recurso nº 624/2016 Resolución nº 662/2016 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 19 de agosto de VISTO el recurso interpuesto por D. C.M.M., en representación de SOCIBUS, S.A. (en adelante, SOCIBUS, o la recurrente), contra la exclusión de su oferta en la licitación del contrato de Gestión de servicio público de transporte regular de uso general de viajeros por carretera entre Badajoz y Sevilla (expediente AC-CON-01/2016), el Tribunal, en sesión del día de la fecha, ha adoptado la siguiente resolución: ANTECEDENTES DE HECHO Primero. La Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento (en lo sucesivo, el órgano de contratación) convocó, mediante anuncio publicado en el BOE y en el DOUE los días 4 y 9 de febrero de 2016, licitación por procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de gestión de servicio público de transporte de viajeros por carretera entre Badajoz y Sevilla. A la licitación referida fueron admitidas finalmente seis ofertas, entre ellas la de SOCIBUS. Segundo. La licitación se lleva a cabo de conformidad con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público cuyo texto refundido (TRLCSP en adelante) se aprobó por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre-, así como en el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, de desarrollo parcial de la Ley de Contratos del Sector Público y en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP), aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. El pliego de condiciones no fija el presupuesto de gastos de primer establecimiento. La duración del contrato de gestión de servicio público es de 10 años. AVDA. GENERAL PERÓN, 38, 8ª PLTA MADRID TEL: FAX: Tribunal_recursos.contratos@minhap.es

2 2 Tercero. De acuerdo con lo definido en el apartado 3.4 del Pliego de condiciones, los criterios de valoración incluyen los que se cuantifican mediante juicio de valor y los evaluables mediante fórmulas. Entre éstos últimos se incluye la tarifa ofertada; a este criterio (apartado ) se le asigna un máximo de 35 puntos y se especifica que: Para determinar las ofertas con valores anormales o desproporcionados, se aplicarán los criterios establecidos en la legislación reguladora de la contratación del Sector Público, en particular el artículo 85 del RGLCAP Tras los trámites oportunos, en la reunión de la mesa de contratación celebrada el 28 de abril de 2016, en sesión pública, se procedió a la apertura de los sobres y lectura de las ofertas económicas. Se constató que la tarifa ofertada por SOCIBUS (0,03691 euros/viajero por km.) resultaba inferior en un 19,7% a la media aritmética de las proposiciones de los cuatro licitadores con ofertas no superiores al 10% de la media de los seis admitidos, por lo que se le requirió para que justificara la valoración de la oferta y precisara las condiciones de la misma. Cuarto. La recurrente remitió en el plazo habilitado la justificación requerida. Detallaba los costes estimados y analizaba los ingresos previstos, para lo que consideraba un significativo aumento de la demanda derivado del aumento de expediciones propuesto, la menor tarifa (un 46,06% por debajo de la actual), los descuentos ofertados, la mejora de la calidad del servicio, la recuperación económica y la oferta de billetes combinados con rutas de otros operadores con los que SOCIBUS mantiene acuerdos de colaboración. Quinto. El informe técnico de 27 de mayo, sobre la justificación de la oferta, considera que, SOCIBUS ha justificado que las cifras de costes estimados responden a datos reales de otros servicios o a acuerdos comerciales con proveedores. En cambio, sobre la previsión de ingresos concluye que la estimación de la licitadora de la cifra de usuarios del servicio está basada en hipótesis que no pueden considerarse adecuadas por estar muy alejadas de la realidad y por no haber sido justificadas de forma alguna por la empresa... En definitiva, se considera que la oferta de tarifa de la empresa SOCIBUS, S.A. incluye valores anormales o desproporcionados desde el punto de vista de los ingresos que generan dudas razonables sobre su viabilidad y el cumplimiento del contrato en las condiciones ofertadas. En consecuencia,... se considera desaconsejable su aceptación.

3 3 La mesa de contratación, en la reunión de 6 de junio, a la vista del informe propuso la exclusión de la oferta de SOCIBUS. Así lo acordó el órgano de contratación con fecha 6 de junio. Consta la recepción de la notificación de exclusión por parte de la recurrente el 24 de junio de Sexto. Contra el acuerdo de exclusión de su oferta, el 12 de julio de 2016, SOCIBUS ha presentado en el registro electrónico del Tribunal, previo anuncio al órgano de contratación, escrito de interposición de recurso especial. Manifiesta que su oferta fue justificada de manera pormenorizada y que los motivos empleados por la Técnico en su informe, que ha sido determinante de la exclusión, hacen referencia a lo que en su opinión debería ser la oferta, pero no justifican la inviabilidad de la concreta oferta presentada por SOCIBUS S.A.. Aporta un informe pericial sobre la viabilidad de su oferta en lo que respecta a la demanda estimada a futuro, que supone la base para el cálculo de los ingresos, y considera que si de lo que se trata es de acreditar soluciones o modelos de gestión que para la línea en cuestión acrediten la posibilidad de efectuar el servicio en condiciones económicas más ventajosas para los usuarios y la Administración titular del mismo, entre aquellos sin duda se encuentran los compromisos de conectividad con otras empresas. En cuanto al informe técnico en que se funda su exclusión se basa en unas estadísticas de los últimos nueve años, que abarcan la época de la gran crisis vivida en España... cae en el error de valorar una previsión a través del simple recurso a unos antecedentes,..., pero sin rebatir ni atender a los concretos argumentos aportados para justificar las previsiones de aumento de la demanda. Séptimo. El expediente administrativo, junto al informe del órgano de contratación, se recibió en este Tribunal el 15 de julio de En el informe se reitera que, en cuanto a los ingresos previstos, la proposición del recurrente genera serias dudas sobre su viabilidad económica, puesto que está basada en hipótesis subjetivas que no quedan probadas con razones convincentes o documentos. Los argumentos a favor del incremento de demanda son la conectividad, es decir el compromiso con varios operadores de consolidar una explotación conjunta, así como la captación de demanda en el mismo corredor de los tráficos segregados Badajoz-Sevilla, actualmente prestado por el operador Líneas Extremeñas de Autobuses, S.A. Este aumento de demanda... no responde en forma alguna a las necesidades de movilidad de los habitantes de la zona, ni

4 4 a las previsiones de la Administración. El licitador no explica ni acredita sus cálculos, es más, los acuerdos de conectividad presentados, lo son con operadores y para contratos que han cumplido su tiempo de vigencia, y que el Ministerio tiene previsto licitar en breve plazo, por lo que existe el riesgo real, de que los concesionarios actuales no repitan como contratistas, en cuyo caso, casi con toda probabilidad el servicio que nos ocupa devendría en una explotación inviable desde el punto de vista económico,.... Octavo. El 21 de julio de 2016, la Secretaria del Tribunal, por delegaciónd de éste, acordó la concesión de la medida provisional consistente en suspender el procedimiento de contratación, de conformidad con lo establecido en los artículos 43 y 46 del TRLCSP. El 18 de julio, la Secretaría del Tribunal dio traslado del recurso a los restantes licitadores para que pudieran formular alegaciones. Así lo ha hecho el representante de las empresas que componen la UTE NORESTE-CERSA, propuesta como adjudicataria, que solicita la desestimación del recurso. FUNDAMENTOS DE DERECHO Primero. El presente recurso se interpone ante este Tribunal, que es competente para resolverlo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41.1 del TRLCSP, al integrarse el órgano de contratación en la Administración General del Estado. Segundo. La legitimación activa de la recurrente viene otorgada por aplicación del artículo 42 del TRLCSP, por cuanto concurrió a la licitación de la que fue excluida y en la que podría resultar adjudicataria. Tercero. Se han cumplido las prescripciones formales y de plazo establecidas en el artículo 44 del TRLCSP. Cuarto. Se recurre la exclusión en la licitación de un contrato de gestión de servicio público. Como hemos señalado en resoluciones recientes (como referencia, en la nº 480/2016, de 17 de junio), a los contratos de gestión de servicios públicos convocados con posterioridad al 18 de abril de 2016, fecha en la que finalizó el plazo de trasposición de la Directiva 2014/23, sobre adjudicación de contratos de concesión, les son de

5 5 aplicación determinadas previsiones de la misma. Esa Directiva 2014/23 regula por primera vez los contratos de concesión de servicios, que hasta ahora no estaban sujetos a contratación armonizada y se aplica a las concesiones de un valor estimado igual o superior a euros. No obstante, la licitación impugnada se convocó en una fecha anterior al 18 de abril, por lo que la competencia del Tribunal resulta de lo establecido en el TRLCSP. De conformidad con lo establecido en el artículo 40.1.c) de dicha norma, en los contratos de gestión de servicios públicos sólo es posible interponer el recurso especial en materia de contratación cuando se cumplan los dos requisitos de que el presupuesto de gastos de primer establecimiento, excluido el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido, sea superior a euros y el plazo de duración superior a cinco años. En relación con el segundo de los requisitos, como ya se indicó en el antecedente primero, se cumple tal exigencia, por cuanto, según la cláusula 1.3 del pliego: El contrato de servicio público de transporte será otorgado por un plazo de 10 años. El plazo de duración del contrato podrá prolongarse de acuerdo a lo previsto en el artículo 4.4 del Reglamento (CE) 1370/2007. En cuanto al primer requisito ya hemos señalado en numerosas resoluciones (como referencia, con cita de otras, en la número 990/2015, de 23 de octubre) que la expresión presupuesto de gastos de primer establecimiento, excluido el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido, sea superior a euros, se refiere únicamente al importe previsto de los gastos o inversiones que el eventual adjudicatario del contrato deba asumir para la puesta en marcha del servicio público cuya gestión se le ha encomendado. En este caso concreto, como en la Resolución 990/2015, de referencia, el pliego de condiciones no fija el presupuesto de gastos de primer establecimiento, por lo que debe acudirse a la determinación de estos gastos de una forma implícita, según su contenido, entendiendo por gastos de primer establecimiento, aquellos a los que tendrá que hacer frente el adjudicatario con carácter previo al comienzo de la prestación del servicio. El precio de los vehículos de las características exigidas para prestar el servicio sirve como medio para deducir el elemento principal que ha de integrar los gastos de primer establecimiento.

6 6 En el Pliego de condiciones (apartado 1.9) se indica que quedarán adscritos a este contrato de servicio público de transporte 3 vehículos, de los que la empresa dispondrá en propiedad, en arrendamiento ordinario o en arrendamiento financiero. Las características obligatorias de los citados vehículos constan en el Anexo IV de este Pliego y sus antigüedades no excederán de 10 años, coincidiendo con esta antigüedad máxima el plazo de su sustitución obligatoria.... En el expediente consta con la Resolución de convocatoria de la licitación pública un cuadro de DATOS DEL PLIEGO Y PREMISAS, donde se indica que se refiere a vehículos de 26 a 38 plazas y que el cálculo del coste unitario se realiza según el Observatorio de Costes nº 22 (Julio 2015). Pues bien, según el Observatorio de Costes del transporte de viajeros en autocar más reciente el nº 24 (julio 2016)-, el precio de compra de un autocar de 26 a 38 plazas, es de ,51 euros. Si al servicio deben adscribirse 3 vehículos, estimando una antigüedad media de 5 años, el gasto o inversión inicial que hace o debe aportar el contratista se puede cifrar en ,81 euros por vehículo (tras descontar del valor de adquisición la amortización de 5 años) por lo que el gasto correspondiente a tres vehículos queda lejos del importe mínimo para acceder al recurso especial en materia de contratación. Al no cumplirse el requisito de que el presupuesto de gastos de primer establecimiento, excluido el IVA, sea superior a euros, procede la inadmisión del recurso. Declarada la inadmisión, resulta innecesario manifestarse sobre las cuestiones planteadas. Quinto. Sentado lo anterior, y al amparo de lo dispuesto en el artículo de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de conformidad con el cual el error en la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter, procede remitir el citado escrito al órgano de contratación para su tramitación como recurso administrativo, de acuerdo con lo previsto en el Capítulo II del Título VII de la Ley 30/1992 citada. Por todo lo anterior,

7 7 VISTOS los preceptos legales aplicación, ESTE TRIBUNAL, en sesión celebrada en el día de la fecha, ACUERDA: Primero. Inadmitir por referirse a un contrato de gestión de servicio público no susceptible de recurso especial el interpuesto por D. C.M.M., en representación de SOCIBUS, S.A., contra la exclusión de su oferta en la licitación del contrato de Gestión de servicio público de transporte regular de uso general de viajeros por carretera entre Badajoz y Sevilla. Segundo. Dejar sin efecto la suspensión del procedimiento concedida de conformidad con lo establecido en los artículos 43 y 46 del TRLCSP. Tercero. Declarar que no se aprecia concurrencia de mala fe o temeridad en la interposición del recurso, por lo que no procede la imposición de la sanción prevista en el artículo 47.5 del TRLCSP. Esta resolución es definitiva en la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de recepción de esta notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11.1, letra f) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.