Candidatura Presidencial de Claudio Orrego Ideas Programáticas del FONASA y el Sector Público para sus más de 13 millones de chilenos El sistema de salud Chileno es un sistema de seguridad social que se financia principalmente con aporte de las personas (40% del total del gasto) y del estado, lo que genera una fuerte inequidad en el financiamiento. El gasto en salud en Chile es bajo en términos comparativos con los países desarrollados y la atención primaria requiere tener un mayor aporte en términos absolutos y proporcionales para cumplir su crucial tarea con las personas, familias y comunidades y por sobre todo mejorar la relación gasto público y de las personas. El principio orientador de nuestras políticas de salud serán mas financiamiento pero mejor gastado, particularmente en el sistema público. En este sistema actúan el Estado y los privados en la gestión del financiamiento y prestación de servicios, con lógicas diferentes, el primero basado en los principios de la seguridad social, solidaridad y el segundo bajo la lógica de un mercado de difícil regulación con visión de corto plazo y con mucho mayor preocupación por las utilidades que por el cuidado de la salud y de la enfermedad de las personas. Esto obliga a repensar el sistema de salud de Chile del siglo 21, basado en un sistema de salud único pluralista, estructurado y con modelos de atención que tengan un fuerte énfasis en el cuidado de la salud de las personas, en el diseño de soluciones eficientes para los problemas de enfermedad. En este sistema todos los actores que quieran participar lo deberán hacer guiados por políticas de salud únicas para el país y por los principios de la seguridad social, dónde el Estado tendrá una responsabilidad aún mayor en el financiamiento, en la regulación, en la prestación de servicios y en la gestión del financiamiento. Durante un gobierno de 4 años no es posible implementar una reforma tan trascendente, sin embargo, avanzaremos en esta dirección ampliando los derechos de las personas y transformando la institucionalidad vigente. Desde este punto de vista resulta clave un acuerdo país, para aumentar sustantiva y sostenidamente la inversión en salud con el objeto de enfrentar la inequidad en el financiamiento que caracteriza a nuestro sistema de salud, además de los requerimientos que implica el cuidado de nuestra población envejecida y para asumir estilos de vida más saludables que nos permitan promover una mejor calidad de vida. Para ello requeriremos seguir mejorando la capacidad de resolver problemas de salud en la Atención Primaria; mejorar el acceso a los medicamentos; reconstruir y completar la infraestructura del sistema público; y la generación de nuevos tipos de establecimientos para el manejo de los problemas crónicos, la rehabilitación y los requerimientos específicos de la tercera edad. Ante estas necesidades estamos por: 1
Lograr aumentar la participación del estado en el financiamiento del sector salud en relación al gasto de las personas, alcanzando un 70% de gasto público y un 30% privado, acercándonos así a la proporción de países desarrollados y de la OCDE que cuentan con sistemas de salud más equitativos. Desarrollar una fórmula de mayor financiamiento en salud que en cada uno de los 29 servicios de salud del país, refleje tanto los incrementos por efectos demográficos y sanitarios de cada región, así como por sus desafíos de eficacia y eficiencia. Llevar el financiamiento de la APS a un 40% del total del gasto público. Lo que para el presupuesto del 2014 implica un per cápita de a lo menos $5.500 y no de $3.570. Apoyar un modelo de concesiones como forma de financiamiento, sin involucrar la gestión clínica y que junto al financiamiento fiscal tradicional se construya un acuerdo país 800/8 (U$ 800 millones durante 8 años como marco de gasto global en Demandamos además una adecuada y cabal implementación de la Reforma de Salud, en sus distintos aspectos y facetas, sobre todo si se considera el alto consenso político que generó. Esto implica un sistema de salud que cumpla con las garantías de oportunidad y calidad; una Superintendencia de Salud que vele por los derechos de todas las chilenas y chilenos; y que junto al verdadero cumplimiento de las garantías AUGE, se hagan los arreglos que permitan resolver las listas de espera quirúrgicas y por atención de especialistas en tiempos razonables. Ante estos desafíos pendientes estamos por: Implementar hospitales autogestionados en un 100% con capacidades de gestión que les permita aumentar la calidad y eficiencia de los servicios que producen. Hoy a casi tres años de su implementación por mera obligación legal, no existe una evaluación pública y transparente de cuantos de los 62 hospitales están cumpliendo con sus indicadores de autogestión. Generar gobiernos corporativos hospitalarios que permitan una clara rendición de cuentas ante la comunidad local y nacional, y por otro lado permita controlar la gestión superior para mejorar su desempeño en aspectos de eficiencia, eficacia y calidad de servicios a las personas. Implementar un sistema de financiamiento y de incentivos para los hospitales y sus trabajadores que estimulen mejoramientos en los niveles de satisfacción, para lo cual se implementará un sistema permanente de evaluación de indicadores de satisfacción de los pacientes, externo e independiente de los hospitales Fortalecer y mejorar la gestión de la autoridad sanitaria nacional y regional para garantizar que se formulen y evalúen permanentemente las políticas públicas que se definan. Lograr la autorización sanitaria y la acreditación de calidad tanto en el sector público como privado en plazos exigentes, pero medibles y realistas, 16,66% anual 2
en seis años. Corregir la implementación del Bono AUGE con la obligación de la acreditación de calidad de los prestadores, con un mecanismo que permita compartir el riesgo ante complicaciones y así se mantenga la protección financiera de los pacientes y con precios y reglas transparentes para todos los actores. Dotar a la Superintendencia de Salud de real autonomía junto con mayores y equivalentes atribuciones de fiscalización tanto en lo público como en lo privado Por su parte el FONASA deberá fortalecer su institucionalidad transformándose en una entidad descentralizada que ejerza en forma efectiva su rol de seguro público cuya preocupación central sea cumplir con las políticas de salud, asegurar a sus beneficiarios servicios de calidad con oportunidad y adecuada protección financiera. Este nuevo FONASA debe estar dirigido por un fuerte gobierno corporativo profesional, designado de tal forma que permita garantizar independencia del gobierno de turno y los trascienda y con autoridades elegidas por alta dirección pública y garantizando que estén ajenas a las presiones políticas del Ministro de Salud de turno. El objetivo al cabo de 4 años es lograr avanzar hacia un sistema de salud en el cual las personas no deben caer en el FONASA por estar viejos, enfermos o ser pobres, debe ser una opción digna que las personas eligen por la calidad de los servicios que reporta. Complementando las medidas anteriores proponemos fortalecer y mejora el desempeño del Fondo Nacional de Salud donde está la mayoría de la población chilena, lo cual implica : Dotarlo de todas las competencias que se requieran para que se utilice toda la infraestructura del sistema público; para potenciar la complementariedad públicoprivada; y para junto a la Atención Primaria de Salud se exploren opciones a los ciudadanos para resolver eficaz y eficientemente las listas de espera en atención ambulatoria y quirúrgica. El FONASA deberá implementar un sistema nacional de evaluación de listas de espera AUGE y no AUGE de todos los establecimientos del país, las cuales deben ser públicas. Generar las condiciones para transparentar y diferenciar las partidas de ingresos y gastos de esta institución y en particular en el dar cuenta rigurosa de aquellos gastos vinculados a la compra de servicios a privados y a la libre elección. Queremos que los más de 13 millones de chilenos de FONASA tengan un único plan de salud con su respectiva modalidad institucional y de libre elección, sin ningún tipo de discriminación. Perfeccionar la libre elección del FONASA que actualmente es cuestionada por su efectividad sanitaria, de forma tal que se incentiven nuevos modelos de compra y pago a los prestadores públicos y privados basado en soluciones y por resultados. Se deben reducir y regular las listas de espera a los usuarios de la Atención Primaria. 3
A partir del actual nivel de financiamiento que el país destina para que el FONASA financie la modalidad Institucional (los hospitales y APS) y la modalidad de libre elección, se propone estimar un per cápita que permita definir un Plan Garantizado de Salud, con sus dos modalidades: Sin copago (grupos A y B de FONASA y adultos mayores de 60 años) y Con copago para los grupos C y D de FONASA. Dicho plan podría aplicarse en forma piloto al sistema público durante el año 2014 y considerar para el año 2017 1.000 millones de dólares adicionales, aparte de los incrementos presupuestarios inerciales del sector público de salud de los últimos años, calculados en aproximadamente 600 millones de dólares anuales adicionales, completando al final de nuestro período presidencial unos 3.400 millones de dólares adicionales al sector salud. Simultáneamente se propone transformar la entrega del actual aporte fiscal en la modalidad de Prima per Cápita de Salud Universal para financiar el plan Garantizado de Salud antes mencionado. Al hacerlo de esta forma los recursos podrán ir al FONASA bajo el concepto de primas, el cual actuando como seguro público (plan sin copago) y como Entidad Solidaria de Seguridad Social pública para el plan con copago. Generar incentivos para estimular mejoras sustanciales en calidad y eficiencia de los hospitales, profundizando la transformación de los modelos de financiamiento del sistema público hospitalario desde presupuestos históricos a pago por servicios, Pagos Asociados a Diagnósticos y financiamiento de soluciones integrales de salud (para el AUGE o GES y también para patologías no GES). La idea es equilibrar el uso de mecanismos de pago que permitan la priorización sanitaria y la contención técnica de los costos en salud, junto con transparentar los niveles de eficiencia y productividad con que funcionan las redes públicas de prestadores sin que con ello se generen incentivos con efectos inflacionarios del gasto público de salud. Todos los hospitales nuevos bajo cualquier modalidad de administración debieran funcionar desde un inicio con sistemas de pago relacionados con la producción de servicios y soluciones de salud, es decir con nuevos mecanismos de pago que estimulen la costo-efectividad. 4
La aplicación del bono AUGE permite avanzar en la línea de aumentar la eficiencia del sistema público para comprar soluciones a problemas de salud incorporados en esta etapa al AUGE; sin embargo, se sugiere aplicar a la brevedad sistemas de acreditación de los prestadores de manera obligatoria a contar de Julio del año 2014 y un sistema de stop loss para evitar selección positiva de riesgo de los prestadores. Finalmente la realidad preocupante develada por la última Encuesta Nacional de Salud del año 2009-2010 nos exige un Sistema de Salud que no sólo reaccione frente a los problemas, sino que como sociedad los anticipe con educación para la salud, diseño de entornos y promoción de hábitos de vida más saludables, haciéndonos cargo además de los problemas emergentes. Dramáticos casos nos golpean cotidianamente con situaciones de niños y personas con enfermedades de alto costo para los cuales el Sistema de Salud aún no tiene respuestas. La elaboración de propuestas de solución en estos ámbitos requiere de la creación de un Instituto Nacional de Excelencia Clínica, el que de manera autónoma e independiente proponga entre otras tareas: el nuevo Plan Garantizado de Salud, los futuros decretos del AUGE o GES, sus canastas de prestaciones y respectivos aranceles; en base a las herramientas cuantitativas y cualitativas de la evaluación de tecnologías en salud, de su eficacia y costo efectividad. 5