Informe mensual de actividades de la Secretaría ejecutiva del Consejo.

Transcripción

1 Acta de la trigésimotercera sesión ordinaria pública del Consejo para el nuevo sistema de justicia penal Morelia, Michoacán, 15 de abril de 2013 En la ciudad de Morelia, Michoacán de Ocampo, a las 13:00 horas del 15 de abril de 2013, se reunieron en el salón de usos múltiples del Antiguo Palacio de Justicia los consejeros Plácido Torres Pineda, Emiliano Martínez Coronel, Eduardo Orihuela Estefan, José Sebastián Naranjo Blanco, María Arcelia González Butrón, José Luis Solórzano García, Alejandro Bribiesca Vásquez y Jorge Reséndiz García;; así como Eduardo Farfán Contreras, en representación del consejero Leopoldo Hernández Bedoy;; José Becerril Leal, como representante del consejero Rigel Macías Hernández y el presidente del consejo, Juan Antonio Magaña de la Mora. Una vez que se pasó lista de asistencia, se declaró la existencia del quórum legal para sesionar y luego se procedió a dar lectura al proyecto del orden del día, conforme a lo siguiente: I. Observaciones y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la trigésimosegunda sesión ordinaria pública del Consejo. II. III. IV. Propuesta y, en su caso, aprobación del convenio de colaboración con asociaciones, barras y colegios de abogados de la primera y segunda región de implementación del Nuevo sistema de justicia penal. Informe mensual de actividades de la Secretaría ejecutiva del Consejo. Asuntos generales.

2 El consejero Plácido Torres Pineda solicitó el uso de la palabra para manifestar que en el segundo punto del barras y colegios de abogados de la primera y segunda región aceptó realizar el cambio. Al no haber otra observación al respecto, el proyecto de orden del día se sometió a votación y se aprobó por unanimidad de votos. Acuerdo 1. Se aprobó el proyecto de orden del día. Como primer punto del orden del día, se puso a consideración de los consejeros el acta correspondiente a la trigésimosegunda sesión ordinaria pública del Consejo, y se aprobó por unanimidad de votos Acuerdo 2. Se aprobó el acta correspondiente a la trigésimosegunda sesión ordinaria pública del Consejo. Como segundo punto a tratar, se procedió a analizar la propuesta del convenio de colaboración con asociaciones, barras y colegios de abogados de la primera y segunda regiones de implementación del Nuevo sistema de justicia penal, para lo que se solicitó a la secretaria ejecutiva que explicase la justificación para la celebración de dicho convenio. La secretaria ejecutiva explicó que, desde el año 2011, el Consejo había venido celebrando una serie de convenios de colaboración con algunas instituciones públicas y privadas. Comentó que el convenio de colaboración con asociaciones y barras de abogados, había sido solicitado por los propios abogados. Dijo que la propuesta de celebración del convenio de colaboración, era con los que integran la primera y segunda regiones de implementación con el objeto de desarrollar acciones conjuntas y así poder preparar de mejor manera a los litigantes. Agregó que el proyecto que se había recibido contaba con algunos errores que había hecho notar el licenciado Pedro Balderas, enlace con el Poder Ejecutivo, por lo que se solicitaba que, de aprobarse la propuesta, se hiciera con la corrección de los mismos. Mencionó que algunas de las observaciones del licenciado fueron: que deberían ponerse completas ciertas denominaciones que aparecían con siglas;; uniformar el uso de mayúsculas y algunas letras que no deberían estar;; así como completar el texto del punto

3 cuarto en la cláusula segunda. Todas eran cuestiones de forma, algunas de fondo, todas orientadas a que el documento quedara claro y correcto en cuanto a su formalidad. El presidente del Consejo, Antonio Magaña de la Mora, quiso saber si ya se tenía contemplado concretamente con qué asociaciones se celebraría el convenio, particularmente en lo concerniente a la capacitación. La secretaria ejecutiva respondió que hacía falta contactar a algunas pero que, por lo pronto, el Colegio de Abogados de Michoacán y la Agrupación de Juristas de Michoacán, Asociación Civil, habían solicitado por escrito la firma del mismo;; y que además se había tenido contacto verbal con la Barra Michoacana Colegio de Abogados y Abogadas de Michoacán. Señaló que también se proponía celebrar el convenio con el Foro de Abogados de Michoacán, Asociación Civil, con la Agrupación Michoacana de Abogadas, Asociación Civil, el colegio de Abogados Licenciado Gregorio Torres Fraga, la Asociación Generación de Abogados Nicolaitas, Asociación Civil;; la Red Nacional de Abogadas Feministas en Michoacán, Asociación Civil;; la Asociación de Abogados de Michoacán y Abogadas Conciencia Laboral. La propuesta se sometió a consideración de los miembros del Consejo y al no haber observación se procedió a la votación de la misma, siendo aprobada por unanimidad. Acuerdo 3. Se aprobó la firma de un convenio de colaboración con asociaciones, barras y colegios de abogados de la primera y segunda regiones de implementación del nuevo sistema de justicia penal. Como tercer punto del orden del día, se presentó el Informe mensual de actividades de la Secretaría ejecutiva del Consejo. La secretaria ejecutiva indicó que, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 20, fracción IX del Reglamento Interno del Consejo, se había realizado un informe de las acciones realizadas por la Secretaría ejecutiva en el período comprendido del 18 de marzo al 12 de abril del año Indicó que dicho informe se había hecho llegar por escrito a los miembros del Consejo, y que formaba parte del anexo 3 entregado a cada uno de los consejeros junto con el proyecto del orden del día de la sesión, por lo que sólo destacaría algunos puntos del mismo: Informó que en materia de normatividad, señaló que en el Congreso se habían aprobado las Reformas a la Constitución Política del Estado, la nueva Ley de Ejecución de Sanciones Penales, y el nuevo Código de Procedimientos Penales para el Estado de

4 Michoacán, pero que para estos dos últimos ordenamientos, en la sesión anterior, se había aprobado un proyecto de reformas, mismo que había sido remitido a la SETEC, y que a la fecha estaba pendiente su autorización. La secretaria ejecutiva indicó que se habían presentado ante el Congreso del Estado, las iniciativas de la Ley que crea el Instituto de la Defensoría Pública, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Justicia Alternativa y Restaurativa del Estado y el Código Penal del Estado;; asimismo, señaló que los proyectos que estaban pendientes de aprobación por parte del Consejo eran los referentes a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, la Ley para la Atención de Víctimas y Ofendidos del Delito, la Ley para la atención de personas Intervinientes en el Juicio y la Ley de Servicios Previos al Juicio. En relación a las iniciativas presentadas en el Congreso, comentó que el 08 de abril sostuvo una reunión de trabajo con diputados integrantes de las Comisiones de Justicia, Seguridad Pública y Puntos Constitucionales, en la que se determinó la necesidad de integrar un grupo de trabajo que sostuviera reuniones periódicas, en las que participe la Secretaría ejecutiva del Consejo, a efecto de coadyuvar en los trabajos legislativos para dar cauce a las iniciativas turnadas a esas comisiones. Dijo que era necesario considerar los tiempos para la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal y la necesidad de contar, con suficiente anticipación, con la normatividad requerida, para que se estuviera en posibilidad de capacitar oportunamente a los operadores del sistema. Agregó, que se había emitido un recordatorio a los integrantes de las comisiones con referencia a la opinión emitida por este Consejo en torno al orden de prioridad para la atención de las iniciativas, teniendo presente la necesidad de reorganización de las instituciones. Por otra parte, señaló que la Secretaría ejecutiva contaba con un avance importante en la revisión de los anteproyectos establecidos en el apartado 2 de este documento;; las propuestas de modificación a los mismos, en próxima fecha, serían puestas a la consideración del Comité de Normatividad. Indicó que el anteproyecto relacionado con la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado se encontraba en revisión de esa dependencia, y que el anteproyecto con modificaciones sugeridas por la Procuraduría se entregaría a la Secretaría ejecutiva en próximos días. Sobre el anteproyecto de Ley de Víctimas y Ofendidos del Delito mencionó que a nivel federal se encontraban en proceso legislativo reformas a la Ley General de Víctimas del Delito, las cuales seguramente impactarían las leyes de las entidades

5 federativas. Por esta razón, consideró que esa legislación debería esperar antes de ser remitida al Congreso del Estado. En materia de normatividad, de acuerdo a información de la Procuraduría General de Justicia del Estado, se estaba avanzando en la elaboración de la reglamentación, manuales y protocolos necesarios conforme a las reformas constitucionales en materia penal. En próximas fechas se estaría informando a este Consejo sobre la implementación de un curso para el desarrollo de protocolos que se cubriría con presupuesto estatal de la Secretaría ejecutiva, dirigido al personal jurídico de la Procuraduría General de Justicia del Estado. En lo concerniente a la capacitación, dijo que la Secretaría ejecutiva había elaborado los proyectos de capacitación y se encontraba avanzando los trámites necesarios para la implementación de los cursos. Comunicó que se había sostenido una reunión con personal del Consejo de Seguridad del Estado y con la directora de la Academia Regional de Seguridad Pública de Occidente, en relación con los proyectos programados para la policía municipal de las dos primeras regiones de implementación, a efecto de coordinar acciones y sumar recursos provenientes de distintos fondos federales y estatales para la capacitación. Informó que próximamente se tendría una reunión para establecer muy puntualmente los programas de capacitación dirigidos a la policía municipal. Por otro lado, mencionó que la Procuraduría General de Justicia del Estado había presentado su programa de capacitación a la institución, así como el Poder Judicial, con quien se habían elaborado los proyectos que habían sido presentados a la SETEC. Dijo que la Secretaría de Seguridad Pública también había dado a conocer el programa de capacitación para la policía estatal, adicional a los programas que se implementarán con recursos determinados por este Consejo. Informó que se había apoyado a la asociación de abogados denominada Juristas de Michoacán para el desarrollo del Curso Taller Práctico que se estaba desarrollando aún con la participación de 4 capacitadores y agradeció al Poder Judicial y a la Procuraduría General de Justicia del Estado la autorización para la participación de los capacitadores. Igualmente se había apoyado con un ponente del Poder Judicial a la Universidad Jefferson, donde se había desarrollado Justicia Penal (Juicios Ora Asimismo, la licenciada María de los Ángeles Llanderal Zaragoza indicó que la Secretaría ejecutiva había solicitado a los responsables de las áreas de capacitación del Poder

6 Judicial, de la Procuraduría General de Justicia y de la Defensoría de Oficio, la designación de dos jueces de oralidad, dos agentes del Ministerio Público y dos defensores, respectivamente, para acudir a un curso de formadores del Nuevo sistema de justicia penal, con el objeto de que éstos a su vez replicasen lo aprendido hacia el interior de cada entidad federativa, curso que sería realizado en la ciudad de México. En el eje de reorganización institucional, la secretaria ejecutiva informó que el 02 de abril de este año se había sostenido una reunión de trabajo con el secretario de seguridad pública, Coronel Leopoldo Hernández Bedoy, y personal de esa institución. El objetivo de dicha reunión había sido validar el análisis situacional de la dependencia con miras a la entrada en vigencia del Nuevo sistema de justicia penal en la primera región de Morelia en el año 2014 y a partir del mismo, establecer las necesidades para su organización. Señaló que el Secretario de Seguridad Pública del Estado, había dado indicaciones precisas a cada una de las áreas involucradas y se había establecido un cronograma de actividades para la reorganización institucional. Por otra parte, informó que el anteproyecto de planeación, encargado al mismo consultor para la Procuraduría General de Justicia del Estado, había sido entregado a esa dependencia y a la Secretaría ejecutiva, comentó que una vez integrados los datos complementarios, se daría a conocer a este Consejo. En lo concerniente a infraestructura e inmobiliario, indicó que se había realizado un recorrido por los lugares en donde se encontraban en construcción las instalaciones de las 6 salas de juicios orales en el municipio de Charo. Señaló que se había sostenido una reunión con personal de la secretaría de obras públicas y del poder judicial para dar a conocer el avance en la construcción del resto de las salas de oralidad que se estaban desarrollando en el estado. Especificó que en el informe se señalaban las fechas en que se consideraba que se concluirían las obras que se desarrollaban en Morelia, Charo, Uruapan, Pátzcuaro, Apatzingán y los Reyes y Zitácuaro. Asimismo, dijo que se había sostenido también una reunión con personal de la Procuraduría General de Justicia para dar seguimiento al proyecto de remodelación de las áreas de la Procuraduría General de Justicia del Estado en Morelia. Aclaró que el proyecto de remodelación se haría con presupuesto estatal de la Secretaría ejecutiva y que en los próximos días se haría llegar la solicitud respectiva. Agregó que se habían dado instrucciones al área de infraestructura de la Secretaría ejecutiva para que coordinara las acciones necesarias para la identificación de los

7 espacios en los que funcionarían las oficinas de las diferentes instituciones, en los distritos de Pátzcuaro, Zinapécuaro y Uruapan. Comentó que tomando en consideración que en Pátzcuaro no se contaría con las instalaciones para el momento en que se requirieran, se había previsto que se ubicaran instalaciones provisionales para que pudieran ser remodeladas para empezar a funcionar. Puntualizó que los proyectos para la construcción de las instalaciones de la procuraduría y de la Defensoría Pública en Pátzcuaro serían desarrollados con recursos solicitados a SETEC. En el tema de planeación, tecnología y equipamiento, informó que SETEC había solicitado que se remitiera a más tardar el día 12 de este mes la cuantificación objetiva de los recursos necesarios proyectados para la implementación del Nuevo sistema de justicia penal en Michoacán, en el período del 2014 al Dijo que el contenido del documento remitido a SETEC se haría llegar a cada una de las instituciones para que estuvieran en condiciones de realizar las observaciones que considerasen pertinentes. Indicó que los días 04 y 08 de abril se habían sostenido reuniones con personal de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia del Estado, para conocer los avances en el área de tecnologías de la información y comunicaciones. Dijo que se había propuesto a las instituciones gestionar ante SETEC la donación del sistema informático de gestión integral que había sido desarrollado por dicha Secretaría Técnica, con el objeto de que fuera implementado en cada una de las instituciones operadoras del nuevo sistema. Mencionó que para poner a disposición de los operadores del Estado dicho sistema, se requería la solicitud de las instituciones que lo utilizarían y la celebración de convenio entre el Gobierno del Estado y la propia Secretaría Técnica. Comentó que se esperaba próximamente una reunión con la Procuraduría de Seguridad Pública y Defensoría de Oficio para que esto se lograra y se pudiera adaptar este sistema a las reglamentaciones y legislación que se tenían en el estado de Michoacán. En lo relacionado al área de difusión, informó que la Secretaría ejecutiva había mantenido constante interacción con los medios de comunicación y redes sociales;; se habían presentado los resultados de medición de eficacia de las estrategias de difusión emprendidas en Señaló que se habían reimprimido algunos de los materiales que eran necesarios, los cuales se estaban distribuyendo en diversos eventos y serían distribuidos al interior del estado. Asimismo, dijo que se habían solicitado 60 ejemplares del Manual para Periodistas sobre el sistema penal acusatorio Son los derechos!, de la autoría de Marco Lara Klahr para ser

8 distribuido entre periodistas de la región de Morelia, personal de comunicación social de las diferentes instituciones de gobierno de los tres poderes y de los ayuntamientos de Morelia, Pátzcuaro y Zinapécuaro. Mencionó que el objetivo era que los responsables de la comunicación masiva identificaran de manera más clara las atribuciones, limitaciones y potencialidades del desarrollo de su función en el Nuevo sistema de justicia penal. Informó que el 08 de abril del año en curso, la SETEC informó mediante oficios que todos los proyectos postulados por el Consejo habían sido aprobados en primera instancia. Dijo que en esa misma fecha se había enviado el proyecto de convenio para el otorgamiento de había sido requisitado y reenviado para su revisión a la propia SETEC. Concluido el informe, se procedió con el cuarto y último punto del orden del día se refería a los asuntos generales. Al no existir ningún asunto de esta naturaleza por abordar, el presidente del Consejo solicitó a la Secretaría ejecutiva que diera cuenta de los asuntos generales. Se recordó al pleno que el día 04 de abril del año en curso se había presentado ante esta Secretaría ejecutiva un escrito por parte de los ejidatarios de Ario de Rayón, de Zamora, en el cual se ofertaba un predio de 9 hectáreas en los ejidos de Ario de Rayón y Villafuerte para la construcción de un Centro Integral de Acceso a la Justicia, Subprocuraduría Regional de Justicia del Estado, Centro de Comunicación, Cómputo, Control y Comando (C-4). La secretaria ejecutiva señaló que en relación al escrito de referencia, la Dirección de Planeación del Consejo del Poder Judicial del Estado, había elaborado un dictamen en el que se establecía que el costo para la construcción de los accesos al inmueble sería muy elevado por lo que no era económicamente factible, ni técnicamente viable a corto plazo aceptar estas instalaciones para la construcción del Centro Integral de Acceso a la Justicia. Dijo que se proponía que se aceptara el espacio sin el compromiso de construir a corto plazo. Asimismo, informó que posteriormente había llegado otro escrito de los ejidatarios de Ario de Rayón en el cual proponían un nuevo espacio en donación, con una superficie de 6 hectáreas. Dijo que los ejidatarios solicitaban que se realizara una visita técnica para que se valoraran las características de este terreno para que ahí fuesen construidas las instalaciones del Centro Integral de Acceso a la Justicia. La secretaria ejecutiva dijo que ya se habían dado indicaciones a las áreas respectivas para que se verificara dicho inmueble por lo que se estaría reportando el resultado de esta verificación.