INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN DE LAS LEYES y

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1 INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN DE LAS LEYES y Estado de Situación del Relevamiento Territorial de las Comunidades Indígenas de Argentina. Ciudad de Buenos Aires. Agosto de 2013

2 INFORME DE LA EJECUCION DE LAS LEYES N y Relevamiento Territorial de las Comunidades Indígenas en Argentina. INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS. Periodo Agosto de ) LA LEY : OBJETIVOS, COMPLEJIDADES E IMPORTANCIA. La tierra constituye el bien social y cultural más importante para los pueblos indígenas de nuestro país y del continente, quienes se han considerado desde siempre, parte de la tierra, no sus dueños. Desde nuestra perspectiva asegurar su espacio vital, constituye la base sobre la que se apoyan el conjunto de los derechos indígenas. Entendiendo que el primer gran desafío de la etapa iniciada a partir del año 2003, fue asumir las múltiples deudas pendientes en la Argentina, el gobierno nacional adoptó medidas en materia indígena tendientes a hacer operativos los derechos indígenas tan enunciados y declamados como desconocidos en la práctica 1. La ley 26160, sancionada a fines del año 2006, impulsada por la entonces Senadora Nacional Dra. Alicia Kirchner, ordenó el relevamiento y demarcación de las tierras y territorios de todas las comunidades indígenas de la Argentina. Constituye el hito indispensable para resolver de manera progresiva, el reconocimiento pleno de la propiedad comunitaria indígena en nuestro país. La aplicación de políticas neoliberales 2, en la década de los noventa, trajo como una de sus consecuencias de mayor impacto en el territorio, el avance de la explotación de los cultivos extensivos en áreas antes consideradas marginales o pobres, donde precisamente se localizan la mayoría de las comunidades indígenas. El crecimiento de los precios internacionales de los commodities, motivó la continuidad en la expansión de éste tipo de explotaciones, sumados a la minería y el turismo, lo cual tensiona la situación en el territorio. Por ello, la Ley estableció la Emergencia Territorial por cuatro años, durante los cuales se suspende la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas, como 1 Ninguno de los tres gobiernos democráticos precedentes al de 2003, había adoptado Leyes y medidas tendientes a implementar lo dispuesto por la Constitución Nacional en 1994 y el Convenio N 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), perfeccionado en el año En la década de los noventa ocurre una situación paradojal en relación a las cuestiones indígenas: se eleva el standard de derechos a nivel nacional con la reforma de la CN de 1994, siguiendo la tendencia internacional, mientras simultáneamente se debilita al Estado, se incrementa el endeudamiento externo, aumenta la desocupación y el empobrecimiento de vastos sectores populares incluidas las comunidades indígenas. Con lo cual, la cláusula del Art 75, inc 17 de la CN sancionada en 1994, queda vaciada de contenido real. 2

3 una medida de protección a las mismas. Mientras, para el relevamiento territorial, el plazo establecido por la Ley N fue de tres años, igual período se estipuló para el uso del fondo especial anual, asignado para su implementación. Se destaca que desde la etapa de su formulación, la Ley contó con la consulta y participación indígena, a través del Consejo de Participación Indígena, CPI 3. Este órgano de representación provincial y nacional de las comunidades se conformó mediante la Resolución INAI Nº 152 del año La participación indígena se hace extensiva a todas las etapas e instancias del relevamiento de tierras: identificación de comunidades a relevar, conformación de los equipos técnicos en cada provincia y participación y consulta para el aval comunitario en la demarcación en cada comunidad. Resulta necesario para una mayor comprensión sobre la aplicación de la Ley, tener presente la existencia de artículos en la Constitución Nacional, reformada en el año 1994 aparentemente contradictorios entre sí. Tal los casos de lo dispuesto por el Art 75, inc 17, de reconocimiento de la posesión y propiedad comunitaria indígena, y lo dispuesto en el Art 124 de la misma Constitución que otorga a las provincias el dominio originario de los recursos naturales, constituyendo la tierra uno de sus principales recursos. Emergen también diferencias de interpretación sobre el alcance del propio Art 75, inc. 17 cuando dispone que constituyen facultades concurrentes. 4 Hacer posible la compatibilización de ambos principios, obligó a llevar adelante por parte del INAI una compleja política de acuerdos con las provincias que se tradujeron en la suscripción de Convenios, en el desafío de desarrollar el federalismo concertado en las materias enumeradas por los artículos constitucionales. Todo ello también en un marco que obliga a conciliar intereses contrapuestos, diferentes criterios en relación a los tiempos, signados por la interculturalidad, conforman un proceso complejo, interactivo, que sobrepasa largamente la mera realización de un censo, como pretenden denominarlo las posiciones críticas reduccionistas de ésta realidad. El Gobierno nacional ha impulsado también otras Leyes e iniciativas conducentes a dar continuidad y profundización al proceso de reconocimiento de las tierras de propiedad comunitaria indígena. Así se sancionó la ley Nº de Prórroga a la Ley Nº , extendiendo su vigencia hasta el 23 de Noviembre de 2013 y posteriormente la Ley Nº del año 2011 que sancionó el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la 3 Actualmente el CPI, luego de una etapa de fortalecimiento en su desarrollo, cuenta con 120 miembros a razón de 2 representantes por pueblo y por provincia. Los mismos alcanzan a 35 pueblos y 19 provincias. 4 C.N Art 75, Inc 17. Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería Jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones. 3

4 Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales. Esta norma considera la tierra como un bien estratégico no renovable, establece un límite al capital extranjero para su adquisición y ordena conformar un Registro Único de Tierras Rurales, que recupera una información estratégica para el estado nacional, y contribuye al proceso que nos ocupa. Resulta trascendente la iniciativa del año 2012, de incluir en el proyecto de reforma del actual Código Civil, un libro especial, dentro del título de los derechos reales, para el reconocimiento de la propiedad comunitaria indígena como otro derecho real autónomo. La formulación del nuevo Código identifica a las comunidades indígenas como únicos sujetos de derecho y reafirma la participación indígena en las cuestiones de hábitat y recursos naturales. Dicho proyecto de modificación del CCC que se encuentra actualmente en tratamiento en el Congreso Nacional, unificará criterios con las provincias en un piso de legislación común, también en materia indígena 5. Por último, es necesario señalar que el PEN en el mensaje de elevación del proyecto de reforma del Código, indica expresamente la necesidad de sancionar una Ley específica de Instrumentación de la Propiedad Comunitaria Indígena, la cual completaría el ciclo iniciado por la ley , que todavía seguimos transitando. 2) ETAPAS DE APLICACIÓN DE LA LEY: 2.1 Primer período: La Ley se sancionó el 23 de Noviembre del año 2006, y se reglamentó varios meses después mediante el Decreto PEN N 1122, el 23 de Agosto de La Ley estableció la conformación de un Fondo Especial de 30 Millones de pesos por el lapso de tres años, a razón de 10 millones por cada ejercicio presupuestario. La imputación efectiva del mencionado Fondo se concretó en el año También dispuso que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas fuera el organismo de aplicación de la Ley y lo autorizó a crear los Programas que fueran necesarios para efectivizar el relevamiento. Se crea el Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas RE.TE.CI, mediante la Resolución N 587/07. Se definió, en este marco, el universo de comunidades sujetas a relevar que fue estimado en 950 comunidades indígenas. Esta información fue aportada por el Registro 5 Organizaciones no gubernamentales extranjeras y nacionales como: Amnesty International, ASOCIANA, IWGIA, Good Pitch, (todas de origen inglés), El Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Encuentro Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA), entre otras, son muy críticas de ésta iniciativa y también de la aplicación de la Ley En realidad persisten como en los noventa en alentar que los derechos indígenas se resuelvan en los organismos internacionales, minimizando los proyectos nacionales y el rol del Estado en los mismos. Consecuentemente son los principales litigantes y demandantes al estado argentino, patrocinando diversos juicios, en los cuales los demandantes pretenden hacer prevalecer la Declaración de la ONU (2007) por sobre lo dispuesto por la Constitución Nacional (1994) y el Convenio Nº 169 de la OIT (2000), que es el Tratado verdaderamente vinculante con la normativa nacional. 4

5 Nacional de Comunidades Indígenas (Re.Na.C.I), dependiente del INAI, también por los Registros Provinciales existentes al momento, el Consejo de Participación Indígena y las Organizaciones Indígenas territoriales. En la primera etapa se inició la gestión de la firma de los primeros Convenios con las provincias y organismos indígenas locales, dentro de una difícil gestión de acuerdos con las mismas, dadas por diferencias en la interpretación de las facultades concurrentes 6. El resultado fue la concreción de Convenios para el relevamiento descentralizado con cláusulas genéricas donde el INAI actuó como un organismo supervisor, sin involucrarse directamente en los equipos operativos. También se llevó adelante un convenio de cooperación con la Universidad Nacional de Lanús, que tiene por objetivo contribuir a la puesta en marcha del Programa Re.Te.Ci., para lo cual se acordó la asistencia técnica y administrativa de este organismo. El Convenio se inscribe en el marco de las políticas públicas definidas por el gobierno nacional, a partir del año 2003, de privilegiar la contratación de las universidades públicas en reemplazo de las consultoras privadas, en general vinculadas a financiamiento con fondos extranjeros 7. Ante los plazos impuestos por la Ley, a lo cual debió ajustarse el Programa fue necesario contar con un instrumento que asegurara procedimientos ágiles, con capacidad de adecuación a tiempos y demandas en recursos técnicos y humanos de fuerte variabilidad. El citado Convenio es una herramienta de apoyo a la realización de actividades de relevamiento a nivel centralizado y descentralizado. A través del mismo se contrataron servicios técnicos y profesionales que en este primer período rondaron los 30 perfiles. Cuadro 1. Organismos y provincias con Convenio en el marco del Programa RETECI. Primer período Resulta ilustrativo el caso de la provincia de Neuquén, la que estableció una demanda originaria ante la Corte Suprema de Justicia, reclamando para sí, la facultad de inscribir las comunidades indígenas, desconociendo las inscripciones llevadas adelante por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. 7 Decreto 204/2004. Establece que las Universidades Nacionales tendrían el carácter de consultoras preferenciales cuando se realizaran contrataciones directas, ya que estas constituyen entes de reconocido prestigio profesional en cada una de sus áreas, lo cual las convierte en un calificado recurso no solo para abordar las tareas de asesoramiento que requieren las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional, sino también para las distintas contrataciones que realiza el Estado. 5

6 Provincia Organismo Convenio Observaciones Todas las provincias donde se implementa el Programa Re.Te.Ci Jujuy Salta Santiago de Estero Tucumán Chaco Buenos Aires Chubut Rio Negro Santa Cruz Universidad Nacional de Lanús Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Jujuy. Instituto Provincial de los Pueblos Indígenas de Salta IPPIS Universidad Nacional de Santiago del Estero Universidad Nacional de Tucumán Instituto del Aborigen Chaqueño IDACH Universidad Nacional del Sur Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas-Ministerio de Gobierno de Río Negro Secretaría de Estado de Derechos Humanos de la provincia de Santa Cruz Vigencia Se renovó el Convenio el cual se encuentra vigente en la actualidad. Ejecutado Por incumplimiento se resolvió la caducidad parcial del Convenio, por Resolución INAI 1171/2012 Por falta de inicio de actividades, se resolvió la caducidad del Covenio por Resolución INAI 014/2010 Por incumplimientos parciales se resolvió rescindir el Convenio, de común acuerdo. Por incumplmiento se rescindió el Convenio en el año Se cumplió parcialmente el relevamiento de comuniddes Por incumplmiento se rescindió el Convenio. Por incumplimientos, en el segundo período del Convenio, vencido el plazo, no se renovó. Si bien se realizó el relevamiento, se resolvió la caducidad dell Convenio, por Resolución INAI 242/2012 por incumplimiento administrativo. Fuente: Elaboración propia con base de datos INAI. Luego del primer año 2008, se comienza a percibir una actitud reticente hacia la aplicación de la Ley por parte de algunos actores provinciales, influenciados por la existencia de plazos de vencimientos que generaba escepticismo sobre la viabilidad de la misma Segundo período: Una vez obtenida la prórroga de la Ley en Noviembre de 2009, se orienta un proceso tendiente a dinamizar la ejecución del relevamiento, replanteándose el contenido de los Convenios, con incorporación de unidades de medida más precisas, para cuantificar el relevamiento en correlato con la transferencia de fondos y procurando respuestas más integrales en el territorio. Luego de una evaluación de lo actuado, se decide rescindir Convenios que no habían ofrecido una contraparte activa, los cuales exhibían exiguos resultados, en relación al tiempo transcurrido. 6

7 Se promovieron nuevos Convenios en los cuales el INAI asume un rol más activo en la integración de los equipos técnicos operativos. Se promueve asimismo, de manera complementaria, la implementación de Servicios Jurídicos para fortalecer el proceso de organización de las comunidades y la defensa frente a los intentos de desalojos. También, el INAI se involucra en el apoyo a Programas Provinciales, tendientes a regularizar posesiones indígenas en tierras fiscales. En línea con lo expresado se acompaña a los gobiernos provinciales y a las decisiones judiciales que reconocen la posesión y propiedad de tierras a favor de las comunidades indígenas. En un renovado contexto político, luego de las elecciones presidenciales del 2011, se logra un alcance generalizado del relevamiento territorial, que comprende a 21 provincias argentinas. Las últimas provincias en suscribir Convenio con el INAI son Neuquén y Formosa. Cuadro Nº 2. Provincias y Organismos con Convenio INAI/ Programa RETECI. Segundo período Provincia Organismo Convenio Observaciones Todas las provincias donde se implementa el Programa Re.Te.Ci Universidad Nacional de Lanús En ejecución Jujuy Salta Santiago del Estero Tucumán Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Jujuy. Ministerio de Derechos Humanos de la Provincia de Salta Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la provincia de Santiago del Estero Defensoría del Pueblo de la Provincia de Tucumán y Secretaría de Estado de Derechos Humanos del Gobierno de Tucumán. En ejecución En ejecución En ejecución En ejecución Misiones Neuquén Ministerio de Derechos Humanos y Ministerio de Coordinación General de Gabinete de la Provincia de Misiones Ministerio de Coordinación de Gabinete, Seguridad y Trabajo. En ejecución En ejecución Chubut Ministerio de Gobierno En ejecución. Formosa Instituto de Comunidades Aborígenes y Universidad Nacional del Chaco Austral ( UNCAUS ) En Ejecución Rio Negro Ministerio de Gobierno En Ejecución Chaco UNCAUS y Ministerio de Gobierno, Justicia,Seguridad y Trabajo En Ejecución Fuente: Elaboración propia con base de datos INAI. 7

8 Las actividades descriptas en el período han requerido el financiamiento con fondos adicionales, superiores a lo previsto por la Ley, aportados por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. En el segundo período la contratación de servicios profesionales a través del Convenio de Cooperación con la Universidad Nacional de Lanús, alcanza a alrededor de 92 perfiles. 3.) RESULTADOS GENERALES. Período Alcance del Relevamiento. Cuadro Nº 3. Cantidad de Comunidades al inicio de la aplicación de la Ley 26,160, resultado al 2013 y cobertura. Universo a alcanzar definido en cantidad de comunidades Cantidad de Comunidades relevadas Porcentaje del total relevado ,95 Fuente: Elaboración propia con base de datos INAI. Cuadro Nº 4. Cantidad de Hectáreas estimadas al inicio de la aplicación de la Ley , resultado y cobertura en porcentaje del universo estimado. Universo a alcanzar definido en Cantidad de Hectáreas Cantidad de Hectáreas relevadas Porcentaje del total ,79 49,93 Fuente: Elaboración propia con base de datos INAI Resultado por provincia. Cuadro Nº 5. Resultados por Provincia, Cantidad de Comunidades y Hectáreas Relevadas. 8

9 Provincia Cantidad de Comunidades Relevadas Cantidad de Hectáreas Estado de situación en la Ejecución Buenos Aires 24 5,28 A Reiniciarse Catamarca ,00 Culminada Córdoba 6 0 Culminada Corrientes 0 0 A Inicarse Chaco En ejecución Chubut ,54 En Ejecución Entre Rios 2 0 Culminada Formosa ,00 En ejecución Jujuy ,50 En ejecución La Pampa ,00 Culminada La Rioja 0 A Iniciarse Mendoza ,57 Culminada Misiones ,57 En ejecución Neuquén 0 A Iniciarse Rio Negro ,37 En Ejecución Salta ,31 En ejecución San Juan ,00 Culminada San Luis 0 A Iniciarse Santa Cruz ,25 Culminada Santa Fe ,13 En ejecución Santiago de Estero ,27 En ejecución Tucumán ,00 En ejecución Tierra del Fuego ,00 Culminada TOTAL ,79 Fuente: Elaboración propia en base a datos INAI Ampliación del Relevamiento: Apoyo a Programas e Iniciativas Provinciales. El INAI coopera técnica y financieramente con los programas de regularización dominial impulsados desde algunas provincias, los cuales han acrecentado superficies instrumentadas en título comunitario para las comunidades indígenas. Cuadro Nº 6. Programas provinciales de regularización de dominio, financiados por el INAI. 9

10 Provincia Organismo responsable Cantidad de Ha Salta Programa de instrumentación de la propiedad comunitaria lotes 14 y 55 Departamento Rivadavia Jujuy Rio Negro Chaco Mendoza Programa de regularización e instrumentación de la propiedad comunitaria indígena Programa de regularización dominial de las comunidades mapuches Programa Mensura Perimetral de la Reserva del Impenetrable Chaqueño Programa de mensura de la Ley de expropiación N 6920/01 Total Fuente: Elaboración propia en base a datos INAI Expropiaciones y Compras. En el año 2011 se efectiviza la expropiación dispuesta por la Ley /93, al hacerse efectivo el depósito el MDS de la nación en el mes de febrero de La expropiación opera contra el ingenio San Martín del Tabacal, de la familia Patrón Costas. Se instrumentó la propiedad comunitaria, viejo anhelo de la comunidad Kolla. Cuadro N 7. Expropiación y compra Provincia Comunidad Pueblo Fecha Hectáreas Financiamiento MDS Salta Tinkunaku Kolla ,47 Cuadro N 7. Compra de Tierras. Provincia Comunidad adjudicataria de la compra Cantidad de Hectáreas Financiamiento INAI Chaco Comunidad Pozo del Toro 264 $ La Pampa Comunidad Epumer $ Buenos Aires Buenos Aires Comunidad Mocoví de Berisso 3 $ Comunidad Epu Bafkeh. 1 $

11 Santa Fe Fuente: Elaboración INAI Suspensión de desalojos. Comunidad Comcaiaripi Todos Somos Hermanos 65 $ Total 5333 $ Otro aspecto importante de la Ley, es el que establece la prohibición de efectuar desalojos mientras se lleva adelante el relevamiento. En éste sentido, la experiencia de éstos años demuestra que la cláusula contribuyó de manera significativa para impedir que se consumaran múltiples intentos de desalojos. También hemos corroborado que el desalojo, antes que un hecho jurídico es un acontecimiento social y político, y que sólo en un porcentaje mínimo termina en órdenes judiciales. El desalojo es la culminación de otros hechos previos encadenados como: intrusiones, turbaciones a la posesión, amenaza a las personas, daño a los animales o sembradíos y falaces denuncias penales o civiles que van dirigidas a las personas o familias individualmente y no a las comunidades como sujeto colectivo. Por lo tanto las respuestas en defensa de las comunidades, deben ser efectivas para prevenir e impedir los hechos descriptos. Se torna importante la presencia institucional en el territorio, el fortalecimiento de la comunidad y de la organización indígena, la promoción de mesas de diálogo con autoridades provinciales, la realización de denuncias públicas de los atropellos, las movilizaciones con participación indígena y la conformación de servicios jurídicos para las comunidades indígenas. Estas respuestas múltiples son las que se han promovido para evitar la concreción de desalojos, tanto por la vía de derechos como de hecho. Se realizaron desde el inicio de la aplicación de la Ley, 37 servicios jurídicos, los cuales fueron destinados a la atención de diferentes necesidades de 254 comunidades indígenas según la siguiente distribución: Cuadro Nº 7. Cantidad de Servicios Jurídicos por provincia. Provincias Cantidad de Comunidades Jujuy 7 Salta 130 Mendoza 3 Neuquén 59 Rio Negro 10 Santiago del Estero 31 Tucumán 14 Total

12 Cantidad de Desalojos Evitados: de la información extraída de los servicios jurídicos a las comunidades y de las organizaciones territoriales indígenas surge la estimación de que a lo largo de los últimos siete años se ha impedido la concreción de desalojos de familias pertenecientes a comunidades y pueblos indígenas. Con respecto a comunidades se ha impedido el desalojo de 46, estimándose que solo el 3 % de los casos se resuelven en sede judicial civil y un 2 % es derivado a sede penal Ejecución Presupuestaria Beneficiario Provincia Inversión Universidad Nacional de Lanús Bs. As Instituto Geográfico Nacional Cap.Fed ,00 Universidad Nacional de Stgo.del Estero Stgo.del Estero ,00 Fundación Universidad Nacional del Sur Bs.As ,00 Instituto del Aborigen Chaqueño Chaco ,00 Instituto Pcial.de los Pueblos Indígenas de Salta Salta ,00 Mrio.de Economía y Obras Públicas Santa Cruz ,00 Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas Río Negro ,00 Secretaría de Derechos Humanos Jujuy ,00 Servicio jurídicos Varias provincias ,00 Compra de tierras Santa Fé. Comunidad "Todos somos hermanos" ,00 Total , Beneficiario Provincia Inversión Universidad Nacional de Tucumán Tucumán ,00 Universidad Nacional de Lanús Bs.As ,00 Universidad Nacional de Lanús Bs.As ,00 Universidad Nacional de Lanús Bs.As ,00 Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco Chubut ,50 Universidad Nacional de Lanús Bs.As ,00 Servicios juridico Varias provincias ,00 Compra de tierra Chaco- Comunidad Pozo del Tigre- Buenos Aires- Comunidad Epu Bafke ,00 Total , Beneficiario Provincia Inversión Universidad Nacional de Lanús Bs.As ,00 Dir.de Adm.Mrio.de Gobierno, Justicia y Educación Chaco ,15 Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas Río Negro ,00 Ministerio de Derechos Humanos - Misiones Misiones ,00 Servicio juridico Varias provincia ,00 Compra de tierras Bs As -Berisso ,00 Total ,15 12

13 2011 Beneficiario Provincia Inversión Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco Chubut ,00 Dir.de Adm.M rio.de Gobierno, Justicia y Educación Chaco ,00 Secretaría de Derechos Humanos Jujuy ,00 Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas Río Negro ,00 Universidad Nacional de Lanús Bs.As ,00 Secretaría de Derechos Humanos Jujuy ,00 M inisterio de Derechos Humanos - M isiones M isiones ,00 Defensoría del Pueblo de Tucumán Tucumán ,00 M inisterio de Salud y Desarrollo Social. Stgo.del Estero ,00 Servicio juridico Varias provincias ,00 Expropiación y compra de tierras Sata- Comunidad Tinkunaku ,47 Total , Beneficiario Provincia Inversión Defensoría del Pueblo de Tucumán Tucumán ,00 M inisterio de Salud y Desarrollo Social. Stgo.del Estero ,00 Secretaría de Derechos Humanos Jujuy ,00 M inisterio de Derechos Humanos - M isiones M isiones ,00 Universidad Nacional de Lanús Bs.As ,00 Universidad Nacional de Lanús Bs.As ,00 Universidad Nacional de Lanús Bs.As ,00 Secretaría de Derechos Humanos Jujuy ,00 Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas Río Negro ,58 Ministerio de Desarrollo Humano Salta ,00 M inisterio de Derechos Humanos - M isiones M isiones ,00 Defensoría del Pueblo de Tucumán Tucumán ,00 Servicio juridico Varias provincias ,00 Expropiación y compra La Pmapa- Comunidad Epumer ,00 Total , Beneficiario Provincia Inversión M inisterio de Gobierno Chubut ,00 Defensoria del Pueblo de Tucumán Tucumán ,00 Defensoria del Pueblo de Tucumán Tucumán ,00 Ministerio de Coordinación de Gabinete, Seguridad y Trabajo. Neuquén ,00 Ministerio de Coordinación de Gabinete, Seguridad y Trabajo. Neuquén ,00 Defensoria del Pueblo de Tucumán Tucumán ,00 Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Sgo del Estero ,00 M inisterio de dchos Humanos M isiones M isiones ,00 Universidad Nacional de Lanús Bs As ,00 Universidad Nacional de Lanús Bs As ,00 Universidad Nacional de Lanús Bs As ,00 Servicio juridico ,00 Total ,00 13

14 Cuadro 8. Destalle agregado por período de la Ejecución Presupuestaria Año Pesos , , , , , ,00 8 Total al 31/12/ ,70 Gráfico Nº 1. Evolución de la ejecución presupuestaria. Fondo Especial , , ,00 Fondos efectivamente invertidos en pesos , , ,00 Fondo especial Ley 26160/ en pesos 0, Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ejecución presupuestaria INAI. 4. Perspectivas Necesidad de una nueva Ley de prórroga. De acuerdo a lo que surge de los resultados expuestos, el proceso de relevamiento territorial se encuentra en una instancia que requiere su afirmación y expansión a la totalidad 8 Al 31 de Julio de 2013 se llevan invertidos $ , en el cuadro se proyectó la inversión de acuerdo a los compromisos del INAI hasta el 31 de diciembre de

15 de comunidades indígenas del país. Del análisis cuantitativo se desprende que quedan por relevar 485 comunidades para completar el universo definido de 950. Es preciso señalar que hay dos provincias en las cuales no se ha firmado convenio aún, Corrientes y La Rioja. La tarea pendiente en materia de relevamiento territorial se inscribe en un contexto de revalorización de la identidad indígena. A propósito, los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda, (CNPyV), lo confirman: con datos del año 2001, la Encuesta Complementaria de Pueblos Originarios arrojó un resultado de habitantes que se reconocieron como descendientes de pueblos originarios, mientras en el censo de 2010 los descendientes de Pueblos originarios ascienden a , registrando una tasa de crecimiento del 37,14 %. El INAI ha verificado ésta tendencia, la cual se manifiesta en un importante incremento en la cantidad de comunidades que se auto identifican como descendientes de un pueblo. Estos reagrupamientos de familias, gestados en la última década, emergen en ámbitos rurales y urbanos, y se estiman en alrededor de 721 comunidades 9. 9 Es necesario diferenciar las comunidades que son sujeto de relevamiento, las 950 definidas al inicio de la aplicación de la Ley, de aquellas que potencialmente lo son. Las 721 comunidades que resultan del incremento evidenciado en los últimos años deberán ser evaluadas de acuerdo a los siguientes criterios:1) No deberían ser parte de una escisión de una comunidad madre. 2) Su identificación y pertenencia al pueblo de referencia debe ser corroborado en la consulta con los miembros del Consejo de Participación Indígenas. CPI. 3) La comunidad debería manifestar voluntad solicitando el relevamiento, la cual será incorporada al Plan de Trabajo por el Equipo Técnico Operativo, más allá de tener o no personería jurídica. 15