En su opinión, actualmente esa ley antiterrorista se utiliza cuando ciertos grupos étnicos que inquietan al Gobierno comenten delitos comunes.

Transcripción

1 Chile: derechos humanos vulnerables, afirma jurista Por Enrique Torres Santiago de Chile (PL) Luego de más 20 años de finalizada la dictadura de Augusto Pinochet ( ), los derechos humanos en Chile singuen siendo muy vulnerables, aseguró un prestigioso jurista. En entrevista con Prensa Latina, el exjuez chileno Juan Guzmán manifestó que en su país no concluyó aún el período de transición de la dictadura a la democracia. Y lo considero así en la medida en que todavía tenemos la misma Constitución que fue redactada y promulgada en dictadura, con más de 100 modificaciones, pero es la misma, expresó el exmagistrado, quien procesó en cuatro ocasiones a Pinochet por sus crímenes. De acuerdo con el ahora abogado, los mismos cambios realizados a la Carta Magna son los que permiten que se continúen violando los derechos humanos, y puso como ejemplo la aplicación indiscriminada de procedimientos contra el terrorismo, en circunstancias en que se sabe muy bien que es el terrorismo y si la acción que se ejecuta es terrorista. En su opinión, actualmente esa ley antiterrorista se utiliza cuando ciertos grupos étnicos que inquietan al Gobierno comenten delitos comunes. Según Guzmán, se está atentando en contra de una minoría, procedimiento que calificó de violación atroz a los derechos humanos, al existir una forma de juicio absolutamente discriminatoria. Se sigue tanto a los estudiantes, como a los mapuches como a grupos de personas que alteran el orden público, se sigue utilizando una manera fascista de reprimir estas actuaciones de los jóvenes, o de los indígenas. Se despliega una verdadera batalla campal como se hacía en la dictadura, comentó. Por otra parte, el exjuez señaló que en las cárceles en Chile existe un hacinamiento totalmente vejatorio del ser humano. En lugar de haber dos personas por celda, como se exige por ley, los presos están en grupos de cuatro, cinco, seis, ocho y hasta 12 personas en algunas celdas. Se aduce que no hay espacio, sin embargo hay dinero en el país para todo, pero cuando se trata del presupuesto para las cárceles, es un presupuesto totalmente negativo, subrayó. Recordó que cuando era juez recorrió mucho las prisiones, pero ahora siendo abogado le ha tocado defender a presos, a quienes visitó, y están en celdas junto a cuatro y cinco personas.

2 Y les pregunto cómo están, y me dicen que mal, porque se producen roces a causa del hacinamiento, y la pasan mal por la falta de espacio, entre otras razones, narró. En su reflexión, el letrado dijo que la Constitución también permite otros tipos de violaciones a los derechos humanos, amparadas por el establecimiento de una doctrina neoliberal, que calificó de muy dura. Esa doctrina permite que todo, todo, todo, el día de mañana hasta la sangre se va a comprar o vender, y lo mismo con el agua y los productos de la tierra que antes eran de todos, hoy todo es negociable, enfatizó Guzmán. El exjuez insistió en que a causa de esa filosofía la salud pública, la educación y otros beneficios sociales son comercializables. Todo es materia de ganar más o de ganar menos, entonces a través de la Constitución se perdió aquello de antes cuando el Estado asumía papeles que los particulares no podía asumir. Eran muy importantes ciertos temas como para ser comercializados, como es el caso de la medicina, apostilló. Cómo puede hoy en día estar todo en manos del privado? Con la filosofía de ganar plata o no perder plata, remarcó Guzmán, quien además de a Pinochet, procesó a numerosos agentes estatales por violaciones de los derechos humanos. Falta mucho para llegar a un Estado de democracia En el místico despacho de su casa en la comuna de Providencia, rodeado de un arsenal de libros sobre derecho, historia y literatura, entre otras temáticas, el juez consideró que en materia de derechos humanos, luego de la dictadura, el país hizo bastante poco en relación con lo que debió hacer. Consideró que lo más importante fue la labor de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que logró restituirles el honor a las víctimas del golpe militar. Habían sido consideradas personas enemigas del país, la connotación de la palabra socialista, comunista, izquierda, era como decir traidores, los mataron, los hicieron desaparecer, los torturaron por ser supuestamente enemigos del país, comentó. Fue así, dijo, que luego de la investigación pasaron a ser lo que realmente son, víctimas de la dictadura. Los que eran malos pasaron a ser los buenos, y los que supuestamente eran los salvadores del país, pasaron a ser los malos, que es lo justo, fase que consideró un gran paso en el retorno de la verdad. El exjuez precisó que se logró determinar que hubo más de tres mil personas asesinadas, más de mil 200 desaparecidas y más de 100 mil torturadas.

3 No obstante, señaló que pueden ser más las personas torturadas, porque también hay que considerar la tortura que sufrieron miles de ciudadanos cuyos familiares allegados fueron maltratados, desaparecidos y asesinados. Es una tortura de manera indirecta, pero también brutal, y la cifra puede sobrepasar las 200 mil personas, aseguró. En cuanto a las indemnizaciones que algunas de las víctimas recibieron tras la salida de Pinochet del poder, el abogado las calificó de meros recursos formales. Fueron sumas que oscilan entre los 180 mil pesos (unos 370 dólares) y los 250 mil pesos (526 dólares), precisó, tras considerar que nada compensa la pérdida de un ser humano querido. Lamentó que las compensaciones no hayan sido dignas, ya que de ser mayores, quizás hubiesen permitido que, a pesar del sufrimiento, una familia pudiese educar a sus hijos, y que fueran a la universidad. Pero, con esas compensaciones, no es posible. Guzmán reconoció que hubo casos en que el Estado otorgó becas para que algunos familiares de las víctimas hicieran sus estudios. Pero, en su opinión, las condiciones para mantener esas becas eran leoninas, pues los alumnos no podían perder un año, ni obtener bajas calificaciones. Y por lo general quienes tienen que estudiar por una beca, no están en condiciones de tener buenas notas, porque muchas veces tienen que trabajar duro a causa de las condiciones socioeconómicas en las que se desenvuelven, al mismo tiempo que tienen que estudiar, manifestó. Los casos contra Pinochet El exjuez abrió cuatro expedientes contra Pinochet, pero solo pudo procesarlo en tres ocasiones, ya que una vez le fue negado el desafuero del dictador. Sin embargo, a pesar de todas las evidencias presentadas el general logró evadir la justicia, ya que la Corte Suprema estimó que tenía las facultades mentales disminuidas para enfrentar un proceso judicial. De los cinco jueces en la Corte, solo uno mantuvo mi criterio, de que Pinochet estaba en condiciones de ser juzgado, pues no tenía demencia alguna, recordó el letrado, quien tuvo en sus manos los peritajes de siquiatras que dictaminaron que el militar estaba apto mentalmente para subir al banquillo de los acusados. Incluso en las conversaciones que él sostuvo directamente con Pinochet corroboró que estaba en su sano juicio, con criterios, capaz de discernir entre

4 culpable e inocente, y de mentir para ocultar su responsabilidad en las barbaries de la dictadura. Guzmán logró al menos procesarlo por las causas de Caravana de la muerte y la Operación Condor. La Caravana de la Muerte fue el nombre de un comando de oficiales del Ejército, al mando del general Sergio Arellano, quienes durante un mes recorrieron el país en 1973 con la encomienda de Pinochet de agilizar y revisar los procesos de los detenidos tras la asonada golpista. Según el exjuez, a causa de esa operación, en la que fueron ejecutadas 75 personas, logró procesar dos veces a Pinochet. Cuando lo entrevistó en medio del proceso y le mostró un documento con su firma y anotaciones de su puño y letra en los que ordenaba la misión a la caravana, el general le dijo que ese no era un documento oficial y que no servía para nada. El tercer encausamiento fue por la Operación Condor, a través de la cual el general ordenó el asesinato y desaparición de opositores chilenos en otros países del Cono Sur, al amparo de las dictaduras en la región. Por la causa Calle Conferencia, referente a ocho delitos de secuestros ocurridos en mayor de 1976 en distintos puntos de Santiago, el magistrado no recibió el desafuero de Pinochet, de manera que fue imposible procesarlo. Fue un error muy grande de la Corte no enjuiciarlo, porque siempre queda la sensación de que no fue juzgado. Si todo el mundo es igual ante la ley, todos deben ser sancionados por los delitos que cometen, aquí la Justicia demostró que no era capaz de enjuiciar a una persona determinada, valoró. De acuerdo con Guzmán, su larga experiencia en la profesión le ha demostrado que los derechos humanos son muy débiles, muy vulnerables, y es absolutamente fácil violarlos, incluso en democracia. Qué se puede esperar entonces de una dictadura, donde existe total impunidad frente a los peores crímenes cometidos contra las personas, ese es un capítulo al que no podemos de ninguna manera retornar, enfatizó. Este 6 de septiembre, a punto de conmemorarse el aniversario 40 del golpe de Estado, la Corte Suprema de Justicia admitió que hubo omisiones en sus responsabilidades para evitar las violaciones de los derechos humanos. En una declaración, el pleno del máximo tribunal señaló que el quiebre de la institucionalidad democrática permitió la instalación de un régimen que violentó las garantías fundamentales de los ciudadanos en Chile, causó muertes, desapariciones forzosas, detenciones irregulares y torturas. "No cabe sino reconocer que si esos atropellos efectivamente ocurrieron, en

5 parte se debió a la omisión de jueces de la época que no hicieron lo suficiente (...) y a que la Corte Suprema de entonces no ejerció ningún liderazgo", precisó la declaración. El tribunal supremo reconoció que las violaciones a los derechos humanos le fueron denunciadas a través de numerosos requerimientos judiciales, y expresó que no cabe otra actitud que no sea explicitar el reconocimiento de las graves acciones y omisiones en las que se incurrió. La actuación de la Corte "constituyó una dejación de funciones jurisdiccionales", comportamiento que no se debe repetir por miembros del Poder Judicial y las generaciones ciudadanas que vengan, señala el documento.