DICTAMEN Nº. 144/2007, de 26 de julio. *

Transcripción

1 DICTAMEN 144 DICTAMEN Nº. 144/2007, de 26 de julio. * Expediente relativo a reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración Sanitaria a instancia de D. X, como consecuencia de la asistencia sanitaria recibida en el Complejo Hospitalario Universitario de Z, centro dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM). ANTECEDENTES En fecha 27 de septiembre de 2005 D. X presentó reclamación de responsabilidad patrimonial exponiendo los siguientes hechos: [ ] El 20 de septiembre de 2004 ingresó, de forma programada, desde el Servicio de Urología para cirugía de adenoca. (sic) de próstata. Siendo dado de alta el 30 de septiembre de Durante su estancia en el Hospital siguió tratamiento con heparina. [ ]Dos días antes de ser dado de alta sufrió un desvanecimiento; sin embargo, al considerar el personal médico que llevaba hospitalizado más días de lo normal en una operación de próstata, fue dado de alta sin tener fuerzas ni para llegar al ascensor, teniendo que abandonar el centro en una silla de ruedas. [ ] El 5 de octubre de 2004, el exponente, en compañía de su esposa, acudió a su médico de cabecera por un intenso y continuo dolor en la pantorrilla izquierda que se irradiaba al muslo, con aumento de tamaño y de la temperatura de la pierna. [ ] El 6 de octubre de 2004, además del citado dolor en la pierna izquierda empezó a sentir un dolor centrotorácico y costal izquierdo brusco. Siendo trasladado al Hospital donde ingresó, hasta que el 20 de octubre fue dado de alta. [ ] Se le diagnosticó una trombosis venosa profunda en miembro inferior izquierdo teniendo que iniciar tratamiento con Sintrom, Omeprazol, Neurotin y Tryptizol teniendo que continuar con controles por parte de Medicina Interna. [ ] El exponente, además de haber tenido que ser hospitalizado y seguir tratamiento médico durante un largo periodo de tiempo, continúa con dolor en la pierna y en el brazo izquierdos. El interesado termina alegando que la trombosis sufrida se debió a la falta de continuidad en el tratamiento con heparina que estaba llevando durante su ingreso; dicha continuidad en el tratamiento habría evitado la formación del coágulo sanguíneo en la pierna izquierda que le ocasionó la trombosis. Por lo que exige que se depuren las correspondientes responsabilidades ante lo que pudiera ser una negligencia médica y reclama por ello la indemnización de los daños y perjuicios sufridos. En este mismo escrito se propuso la práctica de prueba documental, consistente en la historia clínica del paciente, certificación sobre el facultativo responsable del tratamiento administrado al reclamante y en informe a emitir por el Servicio de Neumología del Complejo Hospitalario Universitario de Z sobre si en el caso de haber continuado con el tratamiento con heparina que estaba llevando a cabo durante su estancia hospitalaria, una vez dado de alta, se habrían reducido las posibilidades de sufrir la trombosis que padeció el 5 de octubre de 2004 y, en su caso, hasta qué punto. * Ponente: Salvador Jiménez Ibáñez 1

2 Dictámenes Consejo Consultivo Castilla-La Mancha Por último, se acompañaban a la reclamación dos informes médicos sobre la atención recibida por el paciente en el repetido centro hospitalario. Instruido el correspondiente procedimiento de responsabilidad patrimonial se propuso la desestimación de la reclamación planteada, al entender que el daño sufrido por el reclamante no tenía el carácter de antijurídico por haber actuado los facultativos intervinientes en todo momento conforme a la lex artis ad hoc. EXTRACTO DE LA DOCTRINA Como ha puesto de manifiesto el Gabinete Jurídico en su informe de fecha 6 de junio de 2007, el reclamante no ha cuantificado su petición de indemnización, carencia cuya relevancia ya fue examinada por este Consejo en su dictamen 117/2007, de 20 de junio, cuyo razonamiento procede reproducir: Los requisitos de contenido que el artículo 6 de dicho reglamento exige para las solicitudes encaminadas a plantear este tipo de reclamaciones no pueden considerarse plenamente satisfechos con el escrito inicialmente presentado por la parte reclamante, que adolece principalmente de la indeterminación de la cuantía instada como indemnización, sin que el órgano instructor haya emprendido actuación alguna tendente a la subsanación de dicha carencia. De esta deficiencia formal deriva como principal consecuencia que el expediente haya llegado a su conclusión sin disponerse de una referencia de contraste que permita encuadrar adecuadamente el proceso de cuantificación de una eventual indemnización. En relación con esta irregularidad el Gabinete Jurídico propugna en su informe, por la gravedad esencial que le atribuye, que debe motivar la retroacción del procedimiento a la fase de instrucción para cursar a la interesada el correspondiente requerimiento de subsanación, conforme a lo previsto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, indicando que en caso de desatención debería declararse el desistimiento de la interesada. Sin embargo, no comparte este Consejo la esencialidad del reparo formal planteado ni las consecuencias que se predican, pues la exigencia del aludido requisito de contenido en el citado artículo 6 del Real Decreto 429/1993, de marzo, queda vinculada a la posibilidad de efectuar dicha cuantificación, quedando relativizada su preceptividad por la singular dificultad que pueda entrañar para cada reclamante y en cada supuesto el cálculo de la indemnización que fuere procedente, y siendo admisible, por tanto, que el perjudicado decline dicha labor de concreción en la propia Administración a la que reclama, como tácitamente ha sucedido en el presente caso, sin que ello suponga la renuncia a su pretensión de compensación. Sin perjuicio de lo anterior, sí debe hacerse notar que la Administración instructora debió tratar de que el reclamante mejorara su solicitud en lo referido a la concreción de la indemnización u ofreciera las bases para su determinación, haciendo uso de lo previsto en el artículo 71 de la misma Ley. Es por ello, que se insiste una vez más en la necesidad de que la Administración extreme su celo en la sustanciación estricta de los diferentes trámites procedimentales previstos legal y reglamentariamente, no como un mero cumplimiento de índole formal, sino para salvaguardar las garantías legales en el procedimiento. En segundo lugar, aun cuando el interesado solicitó la práctica de determinadas pruebas documentales, no se dictó acuerdo admitiéndolas o rechazándolas, tal y como obliga el apartado 3 del artículo 80 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, según el cual 2

3 DICTAMEN 144 ga el apartado 3 del artículo 80 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, según el cual el instructor del procedimiento sólo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada. Respecto a la citada solicitud, es preciso observar que, si bien se han incorporado al procedimiento tanto la historia clínica del paciente como el informe del Servicio de Neumología del Complejo Hospitalario Universitario de Z, no se han practicado las pruebas, que también fueron solicitadas, y que consistían en la emisión de certificación sobre el facultativo responsable del tratamiento administrado al reclamante, y en la aclaración, incluida en el informe emitido por el Servicio de Neumología, de si en el caso de haber continuado con el tratamiento con heparina que estaba llevando a cabo durante su estancia hospitalaria, una vez dado de alta, se habrían reducido las posibilidades de sufrir la trombosis que padeció el 5 de octubre de 2004 y, en su caso, hasta qué punto. Del examen conjunto de los elementos probatorios aportados al procedimiento y de las pruebas que finalmente no fueron practicadas en la concreta forma solicitada por el reclamante, se extrae la conclusión de que no puede apreciarse la existencia de indefensión alguna para el interesado: porque en trámite de alegaciones no formuló reproche o protesta alguna al respecto; y porque la certificación y aclaración solicitadas se consideran innecesarias, puesto que no versan sobre hechos relevantes para poder determinar la existencia o no de relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio y los daños alegados. No obstante lo anterior, la resolución que finalmente se dicte debería pronunciarse sobre esta falta de práctica de prueba, justificando convenientemente la innecesariedad de la misma. El criterio básico utilizado por la jurisprudencia contencioso-administrativa para hacer girar sobre él la existencia o no de responsabilidad patrimonial es el de la lex artis y ello ante la inexistencia de criterios normativos que puedan servir para determinar cuándo el funcionamiento de los servicios públicos sanitarios ha sido correcto. De exigirse sólo la existencia de la lesión se produciría una consecuencia no querida por el ordenamiento, cual sería la excesiva objetivación de la responsabilidad al poder declararse ésta con la única exigencia de la existencia de la lesión efectiva sin la demostración de la infracción del criterio de normalidad representado por la lex artis. En este sentido, el Tribunal Supremo en su Sentencia de 10 de mayo de 2005 (Ar. RJ 2005,9332) declaró que El hecho de que la responsabilidad extracontractual de las Administraciones Públicas esté configurada como una responsabilidad objetiva no quiere decir, ni dice, que baste con haber ingresado en un centro hospitalario público y ser sometido en el mismo al tratamiento terapéutico que el equipo médico correspondiente haya considerado pertinente, para que haya que indemnizar al paciente si resultare algún daño para él. Para ello es precisa la existencia de relación causal entre la actuación médica y el daño recibido, y que este daño sea antijurídico, es decir, que se trate de un daño que el paciente no tenga el deber de soportar. Respecto al requisito de antijuridicidad, en el ámbito sanitario, la citada Sentencia añade que el daño debe reputarse antijurídico y por tanto no tendría el paciente el deber jurídico de soportarlo si no se actuó con la diligencia debida o no se respetó la lex artis ad hoc. En el supuesto objeto del presente dictamen, el interesado atribuye a la Administración una presunta negligencia médica ante la falta de continuidad en el tratamiento con heparina que estaba llevando durante su ingreso tras la intervención de 3

4 Dictámenes Consejo Consultivo Castilla-La Mancha heparina que estaba llevando durante su ingreso tras la intervención de prostatovesiculectomía radical a la que fue sometido, lo que habría provocado la trombosis venosa padecida. Según hace constar el Jefe de Sección de Urología del Complejo Hospitalario Universitario de Z el 7 de diciembre de 2005, dado que no existía ningún impedimento para la deambulación y para el inicio de la actividad normal para este paciente, y que no existen protocolos que estipulen la prolongación de la anticoagulación profiláctica en paciente no de riesgo y que han iniciado su deambulación se decidió, como de costumbre, no mantener la anticoagulación profiláctica. Y en el informe emitido por la Inspección en fecha 5 de enero de 2007, se concluye que el paciente es considerado enfermo con muy alto riesgo de sufrir una enfermedad tromboembólica por lo que es obligada la profilaxis de dicha patología. La profilaxis empleada es doble: deambulación precoz (al cuarto día de la intervención) y tratamiento farmacológico (heparina de bajo peso molecular), ésta última en pauta habitual para pacientes quirúrgicos (cirugía general). Podemos suponer que se pauta esta dosis por no considerar la prostatectomía radical una cirugía extensa de tumor, aunque sea de tipo urológico. Finalmente, el dictamen médico suscrito el 1 de marzo de 2007 por varios especialistas en Medicina Interna consideró que [ ]de forma correcta y conforme a las recomendaciones de la literatura se pautó profilaxis antitrombótica durante su ingreso hospitalario con heparina de bajo peso molecular que se mantuvo durante un periodo de 8 días [ ] La decisión de no prolongar la profilaxis antitrombótica tras el alta es correcta [ ] La trombosis venosa profunda que debutó clínicamente 4 días después del alta no es consecuencia de la actuación de los profesionales intervinientes que fue correcta y ajustada a las recomendaciones de la literatura [ ] El diagnóstico y tratamiento de la TVP es correcto, quedando como secuela un síndrome postrombótico [ ] La actuación de los profesionales intervinientes fue conforme a la lex artis ad hoc, no existiendo indicios de mala praxis. A la vista de estos informes, hay que considerar que los profesionales médicos intervinientes actuaron en todo momento conforme a la lex artis ad hoc, pautando el tratamiento profiláctico adecuado al paciente después de la cirugía a la que fue sometido, no existiendo relación de causalidad, por tanto, entre la actuación sanitaria llevada a efecto y la trombosis venosa profunda padecida por el reclamante. DICTAMEN Que no existiendo relación de causalidad entre el daño por el que reclama D. X y la asistencia sanitaria dispensada en el Complejo Hospitalario Universitario de Z, procede dictar resolución desestimatoria de la reclamación de responsabilidad patrimonial examinada. 4

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