APORTACIONES EN MATERIA DE PATRIMONIO INMUEBLE, URBANISMO Y ARQUEOLOGÍA DE LA NUEVA LEY ANDALUZA

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1 VOLÚMENES Texto Irene Santiago Pérez, Laura Velasco García, Santiago Amaya Corchuelo. GESTO ARQUITECTURA 24 APORTACIONES EN MATERIA DE PATRIMONIO INMUEBLE, URBANISMO Y ARQUEOLOGÍA DE LA NUEVA LEY ANDALUZA La Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía sustituye a la Ley 11/1991, de 3 de julio. Aunque mantiene, a grandes rasgos, la filosofía tutelar de la legislación precedente introduce novedades significativas. Una de las primeras es que en su redacción han trabajado además de la de Cultura, otras cuatro Consejerías: Obras Públicas, Medio Ambiente, Innovación y Economía y Hacienda. La ley parte de la necesidad de cooperación entre las administraciones para la protección del patrimonio histórico y reconoce un papel importante a los municipios y al planeamiento urbanístico como instrumento de acción en la defensa y protección del patrimonio histórico. El Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz Se mantiene el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz en adelante C.G.P.H.A.- que plantea como novedad la unión de figuras de protección de la ley estatal (Bienes de Interés Cultural) y las dos figuras de protección de la antigua ley autonómica (Bienes de Catalogación Genérica y Bienes de Catalogación Específica). El C.G.P.H.A. lo componen los llamados Bienes de Interés Cultural y el Inventario General de Bienes reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz, que recoge aquellos bienes de menor entidad, con valores culturales reconocidos, que deberán ser incorporados al planeamiento urbanístico. En lo que se refiere a bienes inmuebles se mantienen las figuras tradicionales Monumento, Conjunto Histórico, Jardín Histórico, Sitio Histórico, Zona Arqueológica y Lugar de Interés Etnológico y se crean dos nuevas: Lugar de Interés Industrial, para proteger parajes o lugares con construcciones y otros elementos vinculados a procesos industriales de relevancia histórica, cultural o científica y Zona Patrimonial, a través de la cual se protegerán aquellos lugares que reúnan, en conexión con sus valores paisajísticos y ambientales, bienes de distinta naturaleza y cronología. Estas zonas serán gestionadas por un órgano específico, el Parque Cultural en el que se integrarán las distintas administraciones y Sectores que puedan estar implicados. Intervenciones arquitectónicas. En lo que respecta a las intervenciones arquitectónicas se exige autorización de la Administración de Cultura para las que afecten a los Bienes de Interés Cultural. Sobre el resto de bienes protegidos será necesario la comunicación de la actuación a la Consejería pudiendo ésta proponer medidas correctoras.

2 La ley parte de la necesidad de cooperación entre las administraciones para la protección del patrimonio histórico y reconoce un papel importante a los municipios y al planeamiento urbanístico como instrumento de acción en la defensa y protección del patrimonio histórico.

3 VOLÚMENES ARQUITECTURA 26 La anterior legislación contemplaba el deber de conservación del Patrimonio Histórico Andaluz por parte de sus propietarios; la actual legislación añade además cómo la Consejería competente podrá asesorarlos sobre aquellas obras y actuaciones precisas para garantizar la conservación. No existen modificaciones en los criterios de conservación y restauración, en las intervenciones se deberán respetar las aportaciones de todas las épocas existentes así como las pátinas, que constituyan un valor propio del bien. Se podrán sustituir sólo en caso de que supongan una degradación del bien, quedando las partes suprimidas bien documentadas. En cuanto a los materiales, deberán ser compatibles con los del bien y ofrecer resultados y comportamientos contrastados. Los métodos constructivos y los materiales deberán además ser compatibles con la tradición constructiva del bien. Como regla general se evitarán los intentos de reconstrucción salvo en el caso de que se utilicen partes originales del bien. Se confía en el proyecto de conservación como el instrumento más eficaz para acometer las intervenciones y se regulan sus contenidos mínimos que serán: el estudio del bien y sus valores culturales, la diagnosis de su estado, la descripción de la metodología a utilizar, la propuesta de actuación desde el punto de vista teórico, técnico y económico y la incidencia sobre los valores protegidos así como un programa de mantenimiento. La actual ley, a diferencia de la anterior, exige que suscriban el proyecto de conservación todos los técnicos competentes en cada una de las materias. Para las actuaciones de emergencia sobre los bienes del C.G.P.H.A., es decir aquellas que se realicen ante un riesgo inminente para las personas o para el bien, no será necesario el proyecto de conservación. En cuanto a las demoliciones se mantiene la filosofía de la anterior legislación, contemplándose sólo la opción de demolición de bienes integrantes del C.G.P.H.A. cuando, excepcionalmente, estén contempladas y justificadas en el proyecto de conservación. Cuando se trate de inmuebles incluidos en Conjuntos Históricos, Sitios Históricos, Lugares de Interés Etnológico o Zonas Patrimoniales será necesario autorización de la Consejería de Cultura, salvo en caso de que exista un planeamiento urbanístico que lo contemple y que haya sido informado favorablemente por dicha Consejería. Entre las novedades del texto legal se encuentra la defensa del patrimonio cultural frente a la contaminación visual. Para la colocación de antenas, La ley supone un esfuerzo por superar los problemas más evidentes de la anterior legislación, la descoordinación entre administraciones. Resulta muy interesante que se le confiera al planeamiento urbanístico un papel real y activo en la protección del patrimonio rótulos publicitarios, mobiliario urbano, torres de telecomunicaciones en los entornos declarados de los Bienes de Interés Cultural se deberá contar con autorización de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Los Ayuntamientos están también obligados a recoger en sus ordenanzas medidas concretas para evitar la contaminación visual en monumentos y entornos. El régimen de sanciones se ha endurecido con respecto al anterior texto, éstas podrán llegar al millón de euros en casos de infracciones muy graves, incluso más si esta cantidad resulta inferior al beneficio obtenido por el infractor. Se contempla la inhabilitación para el ejercicio profesional en trabajos relacionados con la Administración cultural. Se hace especial hincapié en las infracciones relacionadas con demoliciones no autorizadas y se concreta la obligación de reparar el daño; en el expediente sancionador deberá determinarse el alcance del deber de reconstrucción. Como medida disuasoria, en ningún caso podrá obtenerse una edificabilidad mayor que la del inmueble demolido. Urbanismo En esta nueva ley el planeamiento urbanístico se aborda explícitamente como instrumento de protección del

4 ARQUITECTURA Cómo se va a solventar la tradicional falta de recursos económicos de la Consejería de Cultura que tanto condiciona los trabajos de documentación, investigación y conservación en el patrimonio inmueble? VOLÚMENES 27

5 VOLÚMENES ARQUITECTURA patrimonio histórico. Es muy novedoso el tratamiento de los instrumentos de ordenación territorial o urbanística. Todos los planes o programas totales o sectoriales que incidan sobre bienes integrantes del Patrimonio Histórico, identificarán los elementos patrimoniales y establecerán una ordenación compatible con la protección de sus valores y su disfrute colectivo. En el caso de planes urbanísticos, los elementos patrimoniales se integrarán en el catálogo urbanístico. La Consejería de Cultura debe facilitar información sobre los bienes integrantes del Patrimonio Histórico a las entidades promotoras del planeamiento. Una vez aprobado el plan o programa y cuando incida sobre bienes pertenecientes al C.G.P.H.A, al Inventario de Bienes Reconocidos o sobre Zonas de Servidumbre Arqueológica, la Consejería competente en materia de patrimonio histórico deberá emitir un informe, que tendrá carácter preceptivo cuando se trate de instrumentos de ordenación territorial y carácter vinculante cuando se trate de instrumentos de ordenación urbanística o de planes o programas sectoriales. La legislación es más precisa cuando se refiere a los planes urbanísticos que afecten al ámbito de Conjuntos Históricos, Sitios Históricos, Lugares de Interés Etnológico, Lugares de Interés Industrial y Zonas Patrimoniales para los que se establece unos contenidos mínimos entre los que se encuentra: - Concretar las determinaciones relativas al mantenimiento de la estructura territorial y urbana - La catalogación exhaustiva de sus elementos unitarios, tanto inmuebles edificados como espacios libres interiores o exteriores u otras estructuras significativas, así como de sus componentes naturales. Para cada elemento se fijará un nivel adecuado de protección. - La identificación de los elementos discordantes con los valores del bien, y establecerá las medidas correctoras adecuadas. - Las determinaciones para el mantenimiento de los usos tradicionales y las actividades económicas compatibles, proponiendo, en su caso, medidas de intervención para la revitalización del bien protegido. - Las prescripciones para la conservación de las características generales del ambiente, con una normativa de control de la contaminación visual o perceptiva. - La normativa específica para la protección del Patrimonio Arqueológico en el ámbito territorial afectado, que incluya la zonificación y las cautelas arqueológicas correspondientes. - Las determinaciones en materia de accesibilidad necesarias para la conservación de los valores protegidos. Si se trata de un planeamiento urbanístico que afecta a un Conjunto Histórico además de lo expuesto deberá contener la regulación de los parámetros tipológicos y formales de las nuevas edificaciones con respeto y en coherencia con los preexistentes. Las sustituciones de inmuebles se consideran excepcionales, supeditándose a la conservación general del carácter del bien protegido. Patrimonio arqueológico Se mantiene la figura cautelas de Zona de Servidumbre Arqueológica y lo principal con respecto al sistema de autorización de actividades arqueológicas. Se someten a autorización las actividades para la localización de restos arqueológicos. Las intervenciones arqueológicas previas a la intervención en inmuebles protegidos merecen especial atención. La regulación planteada trata de adaptarse a lo establecido en la Ley 7/200, así se concretan las obligaciones del promotor de las obras con respecto al aprovechamiento urbanístico atribuido, en este sentido se incorpora la exigencia, actualmente recogida tan sólo en normas de rango menor, de que las excavaciones alcancen el mismo nivel del subsuelo al que llegue la obra. Por su parte, la Administración podrá ampliar a su costa la actividad arqueológica por razones de protección o interés científico. Realizada la actividad arqueológica y evaluados sus resultados se determinarán, por el órgano competente para autorizar la intervención, las previsiones que habrán de incluirse en el correspondiente proyecto para garantizar, en su caso, la protección, conservación y difusión de los restos arqueológicos, que condicionará la adquisición y materialización del aprovechamiento urbanístico atribuido. Los planes urbanísticos deberán contar con un análisis arqueológico en los suelos urbanos no consolidados, los suelos urbanizables y los sistemas generales previstos, cuando de la información aportada por la Consejería competente en materia de patrimonio histórico, recabada conforme al apartado anterior, haya constancia o indicios de la presencia de restos arqueológicos. El contenido del análisis arqueológico se determinará reglamentariamente en el plazo máximo de dos años. Conclusiones La ley supone un esfuerzo por superar los problemas más evidentes de la anterior legislación, la descoordinación entre administraciones. Resulta muy interesante que se le confiera al planeamiento urbanístico un papel real y activo en la protección del patrimonio cultural, exigiéndosele contenidos específicos y claros en esta materia, ya que esto reduce en gran medida la discrecionalidad administrativa. En el Patrimonio Arqueológico estará más controlada cualquier intervención que se realice sobre bienes protegidos, exigiéndose a los promotores un estudio arqueológico previo a cualquier intervención. Sin embargo inevitablemente surgen algunas cuestiones en relación con la aplicación de esta ley que deberá resolver el reglamento de desarrollo correspondiente, cómo se va a solventar la tradicional falta de recursos económicos de la Consejería de Cultura que tanto condiciona los trabajos de documentación, investigación y conservación en el patrimonio inmueble? Habrá más personal técnico en la Administración que dé respuesta a las demandas de información y al asesoramiento que se solicite para acometer una intervención? Qué se entiende por medidas correctoras de la Administración sobre proyectos en bienes protegidos? Qué técnicos serán competentes para suscribir un proyecto de conservación?. Confiamos en que el Reglamento que desarrollará la Ley -actualmente en redacción-, dará respuesta a estas y otras cuestiones con el fin de garantizar y facilitar una adecuada gestión del patrimonio cultural. 28