LA REPÚBLICA DEL ECUADOR EN SU NOMBRE Y POR AUTORIDAD DE LA LEY.- CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SALA DE LO LABORAL.

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1 LA REPÚBLICA DEL ECUADOR EN SU NOMBRE Y POR AUTORIDAD DE LA LEY.- CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SALA DE LO LABORAL. JUEZA PONENTE: DOCTORA GLADYS TERÁN SIERRA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SALA DE LO LABORAL Quito, 28 de Septiembre de 202, las 08H50 VISTOS: En el juicio que por reclamaciones de índole laboral, que sigue Francisco Javier Chancay García, en contra del Ab. Enrique Focil Baquerizo, Gerente de la Compañía MAXIPLUS S.A. e Ing. Andrés Ricardo Mejía Alcívar, Apoderado Especial de la Compañía REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A., por sus propios derechos y los que representan; los demandados al encontrarse inconformes con la sentencia emitida por la Sala Civil, Mercantil, Laboral y Materias Residuales de la Corte Provincial de Justica de Los Ríos, en tiempo oportuno, deducen recurso de casación, el cual fue aceptado a trámite, accediendo por tal motivo la causa a análisis y decisión de este Tribunal, que para hacerlo por ser el momento procesal, considera: I. JURISDICCION Y COMPETENCIA El Consejo de la Judicatura de Transición, posesionó a las Juezas y Jueces Nacionales, el 26 de enero de 202. El Pleno de la Corte Nacional de Justicia, en sesión de 30 de enero de 202, conformó sus ocho Salas Especializadas, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 83, del Código Orgánico de la Función Judicial. La Sala Especializada de lo Laboral tiene competencia para conocer y resolver el recurso de casación en materia laboral, según el artículo 84., de la Constitución de la República del Ecuador; Ley de Casación; Código del Trabajo y, artículo 9. del Código Orgánico de la Función Judicial; y principalmente, atendiendo al sorteo de ley efectuado, cuya razón obra de fs., del último cuaderno, le corresponde a la Dra. Gladys Terán Sierra, como Jueza Ponente; y, a la Dra. Mariana Yumbay, y Dr. Johnny Ayluardo, como jueza y juez integrantes de este Tribunal. II. ANTECEDENTES Y ACTUACIONES PROCESALES Mediante demanda presentada el 8 de julio de 2007, a las 6h09 ante el Juez de Trabajo de Quevedo, compareció Francisco Javier Chancay García, el que luego de consignar sus generales de ley, manifiesta que desde el 06 de febrero de 995, hasta el 06 de julio de 2007, prestó sus servicios lícitos y personales en calidad de trabajador agrícola, en las haciendas bananeras denominadas María Cristina, Norma Gisella y Roblesito, la primera ubicada en el cantón Valencia y las otras

2 en la vía a Quevedo-Santo Domingo, de propiedad de la compañía REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A., con un horario de trabajo de lunes a sábado, de 07H00, hasta las 5H00, trabajando inclusive los días domingos y días feriados, percibiendo como salario al inicio de sus labores la cantidad de cien mil sucres (S/ ) mensuales, y al terminar la relación contractual mediante despido, la suma mensual de doscientos cuarenta dólares (US$ 240,00). Manifiesta que el 6 de febrero de 2007, aproximadamente a las 5h00, los trabajadores de la hacienda Roblesito se reunieron en Asamblea General, a fin de conformar un Comité Especial de Trabajadores, por medio de la cual formularon una serie de peticiones, que fue calificada por el señor Inspector del Trabajo de Quevedo, al parecer este hecho, molestó a su ex empleadora, y en represalia el día viernes 06 de julio de 2007, aproximadamente a las 07h00, momento en que se encontraba en la central de la haciendo Roblesito, esperando órdenes de sus superiores, se acercó el señor Nelson Mora, Jefe de sector de dicha hacienda, sin mediar motivo le dijo por haber faltado, ándate a descansar, que ya no hay trabajo para ti, frases que constituyen flagrante despido intempestivo, despido que fue presenciado por varios compañeros de trabajo. Expresa que sus empleadores, pretendieron desvirtuar la relación laboral que existió entre la compañía REYBANPAC C.A. y el accionante, enunciando que fue afiliado al IESS, por las compañías tercerizadoras MAXIPLUS S.A. y UKLUSA S.A. y a partir de noviembre de 2006, por parte de la compañía REYBANPAC. C.A., por tal motivo aduce que la compañía demandada es responsable de sus derechos laborales, desde el inicio de sus servicios, hasta que concluyó los mismos. Reclama indemnización por despido intempestivo y lo correspondiente a desahucio, amparado en los artículos 85 y 88, del Código del Trabajo, reclama el reconocimiento de décimo tercero, cuarto, quinto, sexto sueldo, bonificación complementaria, compensación salarial por alto costo de vida, pago de vacaciones, participación de utilidades, pago por horas suplementarias y extraordinarias, pretende los remanentes salariales en proceso de incorporación, requiere fondos de reserva con el recargo e intereses respectivos, compensación de transporte, ropa de trabajo, estabilidad mínima laboral e indemnización por despido ilegal, determina como cuantía, la suma de treinta y cuatro mil doscientos sesenta dólares (US $ ,00). El Juzgado de Trabajo de Quevedo, avocó conocimiento y aceptó la sustanciación de la causa. III. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA En la audiencia preliminar de conciliación y contestación a la demanda, celebrada el 2 de diciembre de 2007; las 6h35, dentro del juicio laboral No , los demandados Ricardo Mejía Alcívar y

3 Enrique Focil Baquerizo, por intermedio de su Procuradora Judicial, contestan la demanda en forma escrita, deducen excepciones, negando expresamente las pretensiones del actor, no se allanan a ninguna de las nulidades que vician el ilegítimo proceso judicial, aducen la falta de precisión de los fundamentos de hecho expuestos por el actor de la demanda, por cuanto el accionante acompañó roles de pago, documentos en los que se aprecia que se le han cancelado todos los beneficios sociales que por ley le correspondía, durante la vigencia de la relación laboral, alegan que el accionante empezó a prestar sus servicios lícitos y personales, desde el 3 de agosto de 200, y abandonó el trabajo, el 8 de julio de 2007, que el actor del juicio laboró además, para las compañías FRANCOQ S.A., UKLUSA S.A., MAXIPLUS S.A. Y REYBANPAC C.A., alegan falta de derecho del actor para demandar, el mismo que ha recibido todos los pagos que por ley le corresponden durante la vigencia de la relación laboral, sobre el hecho del despido, alegan que es totalmente falso, que al actor nadie lo despidió, abandonó el trabajo para laborar en otras haciendas, manifiestan, que los rubros reclamados por décimo quinto y sexto sueldos, no se encontraban vigentes a la fecha de inicio de la relaciones labores, negativa en cuanto al tiempo de trabajo y presentan la respectiva formulación de pruebas. IV. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Fue emitida el 2 de julio de 2008, a las 09h33 por el Juez del Trabajo de Quevedo, resolución que infiere, que la existencia de la relación laboral se encuentra acreditada con la contestación dada a la demanda y la abundante documentación aparejada al proceso, como documentos del IESS y roles de pago, en los cuales se evidencia el nombre del demandante; que una vez establecido el vínculo laboral entre el actor y el accionado, era obligación de la parte demandada, haber justificado el pago de todos los valores reclamados; de los autos se establece, que la empresa demandada, ha satisfecho el pago al actor de los beneficios sociales, por lo que no es menester disponer su pago; respecto a los fondos de reserva, resalta que, con la rotación frecuente de empresas vinculadas, el accionante ha sido perjudicado con esta modalidad, no muy ética, por lo que debe ser satisfecho al actor, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 202 del Código del Trabajo. Descarta el reclamo de indemnización por despido intempestivo y lo correspondiente a desahucio, al no existir procesalmente la aportación probatoria fehaciente, manifestando que el despido sucede bajo ciertas circunstancias y hechos; en su parte resolutiva, dispone que los demandados por sus propios derechos y en la calidad que ostentan, paguen al accionante el rubro correspondiente a los Fondos de Reserva, más el cincuenta por ciento de recargo e interés de ley; no dispone el pago de los demás rubros reclamados, por encontrarse cancelados, según los roles de pago que constan en el proceso; para

4 efectos de liquidación, toma en cuenta el tiempo de servicio y remuneración manifestado por el actor, en su libelo de demanda; ordenando el pago total de un mil setecientos veinte y ocho dólares (US $.728,00) sin costas y regula los honorarios del abogado del demandante. Sentencia que dentro del término de ley, interpuso recurso de apelación el demandante. V. SENTENCIA DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE LOS RIOS. Proferida el 6 de marzo de 2009; a las 7h49, por la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos, Sala Civil, Mercantil, Laboral y Materias Residuales, resolución que establece, que la relación laboral entre las partes no es motivo de controversia, por cuanto ha sido aceptada por la parte demanda al momento de contestar la demanda, sin embargo, es controvertido el hecho, del inicio de la relación laboral, situación que se dilucida, con el juramento deferido rendido por el actor, en la audiencia definitiva, para justificar el tiempo de servicios y la remuneración percibida, invocan que el demandado no ha justificado su alegación referente a este hecho; que los accionados han aceptado en parte, el pago al actor de los beneficios sociales reclamados, siendo procedente ordenar el cumplimiento por los períodos impagos, con el recargo de los intereses normados en el artículo 64, del Código del Trabajo; declaran improcedente la alegación del accionado, al inferir que el trabajador abandonó su trabajo, el 08 de julio de 2007,por cuanto no justifican de manera alguna el hecho denunciado, consideran los jueces, que la relación laboral culminó por decisión unilateral de la empleadora, siendo procedente la cancelación de la bonificación e indemnización contenida en los artículos 85 y 88 del Código del Trabajo; se rechaza el reclamo de participación de utilidades, y lo relativo a horas suplementarias y extraordinarias, por cuanto estos reclamos no han sido legalmente probados. En la parte resolutiva, confirman la sentencia recurrida, reformando en los términos del pronunciamiento judicial a-quo, disponiendo que, además de lo establecido a pagar por el juez de instancia, en cuanto a los fondos de reserva, se ordena que los demandados paguen a favor del actor, lo concerniente a despido intempestivo, bonificación por desahucio; décima tercera, cuarta remuneración y vacaciones, debiendo recibir un total de cuatro mil trescientos treinta y dos dólares (US$ 4.332,00), sin costas ni honorarios que regular. VI. FUNDAMENTOS DEL RECURSO Confrontando el recurso de casación interpuesto con la sentencia y más piezas procesales, se advierte que la inconformidad del recurrente Ab. Fabrico Enrique Guerrero Valarezo, Procurador Judicial del

5 demandado, Andrés Ricardo Mejía Alcívar, se concreta en manifestar que se ha infringido el artículo 76., de la Constitución de la República del Ecuador, y artículo 297, del Código de Procedimiento Civil; fundamenta su recurso en la causal quinta, del artículo 3, de la Ley de Casación; concretamente, la segunda circunstancia, presupuesto o hipótesis cuando la sentencia o auto en su parte dispositiva se adopten decisiones contradictorias o incompatibles, manifiesta los argumentos en los cuales apoya su recurso, enunciando el artículo 297, del Código de Procedimiento Civil, que reza para apreciar el alcance de la sentencia, se tendrá en cuenta no sólo la parte resolutiva, sino también los fundamentos objetivos de la misma y la contenida en el artículo 76., de la Constitución de la República del Ecuador, corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. VII. CONSIDERACIONES DE ESTE TRIBUNAL DE CASACIÓN..- La motivación, de la sentencia constituye un elemento intelectual, de contenido crítico, valorativo y lógico, que consiste en el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho, en que el juez apoya su decisión. Su exigencia es una garantía de justicia a la cual se le ha reconocido jerarquía, constitucional, como derivación del principio de la inviolabilidad de la defensa en juicio. Por la motivación, además, se asegura la publicidad de la conducta de los jueces y el control popular sobre el desempeño de sus funciones, esencial en un régimen republicano, por ella también podrán los interesados conocer las razones que justifican el fallo y decidir su aceptación o impugnación. La motivación de la sentencia es la fuente principal de control, sobre el modo de ejercer los jueces su poder jurisdiccional ; 2.- Los argumentos esgrimidos por el recurrente, a fin de dilucidar si el ataque a la sentencia tiene o no sustento, se procede a confrontarla con los cargos formulados en su contra y en relación con la normativa legal citada y los recaudos procesales, se observa que estos se subsumen en la causal quinta, del artículo 3, de la Ley de Casación. La causal quinta: procede en el caso en que se presenten dos vicios del fallo que pueden dar lugar a que sea casado: a) que la resolución impugnada no contenga los requisitos que exige la ley, son omisiones que la afectan en cuanto acto escrito, en su estructura formal, como el que se omita la identificación de las personas a quienes el fallo se refiere, en la enunciación de las pretensiones, en la motivación que se funda en los hechos y en el derecho (que habitualmente se consigna en los considerandos), o en la parte resolutiva, en cuanto al lugar, fecha o firma de quien la expide; y, b) que en la parte dispositiva se adopten Dr. Andrade Ubidia, Santiago, La Casación Civil en el Ecuador. Edit. Andrade Aso. Pág. 38.

6 disposiciones contradictorias o incompatibles Alega el recurrente que en la sentencia se ha infringido el artículo 297, del Código de Procedimiento Civil, y artículo 76., de la Constitución de la República. Cabe observar que la normas invocadas en el reproche del recurrente a la sentencia, no han sido infringidas, se ha dado estricto cumplimiento con lo estatuido en los preceptos legales referidos, al no haberse presentado vicios de inconsistencia o incongruencia en el fallo; por lo que la Sala, concluye, que existe plena armonía entre la parte considerativa y resolutiva de la sentencia impugnada; el pronunciamiento y estructura del fallo cuestionado, se encuentra debidamente respaldado por los hechos vertidos por las partes a lo largo del proceso, lo que se ha evidenciado a través de los meritos procesales. 3.- Es de advertir, que al haber existido una relación contractual plenamente reconocida y justificada, por las partes intervinientes de la relación laboral, y por cuanto la sentencia motivo de reproche se encuentra conforme a los requisitos exigidos por la ley, al no haberse detectado en su parte dispositiva decisiones contradictorias o incompatibles, aludidas por el recurrente, el mismo que fundamentó su recurso en la causal quinta del artículo 3, de la Ley de Casación; del análisis minucioso, se concluye que la sentencia expedida por los señores jueces de la Sala de lo Civil, Mercantil, Laboral y Materias Residuales de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos, cumple con una acertada y coherente aplicación de las normas legales, por lo que no existe fundamento legal del casacionista, al interponer su infundado recurso de casación. VIII. RESOLUCIÓN: Sobre la base de estas consideraciones, al ser innecesario perseverar en otro análisis, éste Tribunal de la Sala Especializada Laboral y Social, de la Corte Nacional de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA, NO casa la sentencia impugnada por la parte demandada. Cúmplase con lo que señala el Art. 2 de la Ley de Casación. Sin costas.- Notifíquese y devuélvase para los fines legales consiguientes. Fdo. Dres. Gladys Terán Sierra (Jueza Ponente), Mariana Yumbay Yallico y Johnny Ayluardo Salcedo, JUECES NACIONALES. Certifico.- Dr. Oswaldo Almeida Bermeo, SECRETARIO RELATOR. 2 R.O. No /Julio/200. Pág. 3.