: SEGUNDA FISCALÍA PROVINCIAL DE FAMILIA. : VIOLENCIA FAMILIAR (Maltratos Psicológicos y

Transcripción

1 EXPEDIENTE N : JR-FC-01 DEMANDANTE MATERIA : SEGUNDA FISCALÍA PROVINCIAL DE FAMILIA : VIOLENCIA FAMILIAR (Maltratos Psicológicos y Maltrato Físico sin Lesión). RESOLUCION NÚMERO: DIECISEIS Tumbes, diecinueve de enero del año dos mil diez. VISTOS; dado cuenta con los autos y con el Acta de Vista de la Causa que antecede; I.- MATERIA DEL RECURSO: La señora Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía Provincial Mixta de Tumbes, Carmen Elena Quispe Varela, por escrito de folio ciento treintidós a ciento cuarentiuno, apela de la resolución número doce, su fecha nueve de noviembre del año dos mil nueve, obrante de folios ciento veinticuatro a ciento veintiocho, que DECLARA INFUNDADA la demanda de Violencia Familiar, en la modalidad de Maltrato Psicológico, contra José Antonio Jáuregui Jaramillo, en agravio de su ex conviviente Jheine Leyse Mendoza Preciado, a fin de que se revoque y declare Fundada y se determine que si existió violencia familiar, se establezca la medida de protección adecuada a la víctima, el tratamiento a seguir, la reparación cuvil y demás señalado en el artículo 21 del D.S JUS. II.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO: La apelante, entre otros fundamentos, expone que: 1. Conforme de desprende de la investigación policial, la señora Jheinne Leyse Mendoza Preciado, concurrió a ese Despacho Fiscal el día veinticinco de Julio de dos mil siete, afirmando que viene viene siendo objeto de actos de violencia familiar (maltratos psicológicos y físicos) por parte de su ex conviviente José Antonio Jáuregui Jaramillo, razón por la que decidió dejar Lima y venir a esta ciudad debido a que no aguantaba las ofensas y golpes del denunciado, disponiéndose la apertura de investigación policial a cargo de la Comisaría de la Mujer.

2 2. La denunciante, al prestar su declaración en la dependencia policial se ratifica en los términos de su denuncia, señalando que el once de junio de dos mil siete, aproximadamente a las veintidós horas, su conviviente se enteró que lo había denunciado por maltratos físicos y psicológicos ante la Comisaría PNP de Puerto Supe, ello debido a que la había golpeado con puñetes, patadas y manotazos, lo que motivó que su conviviente se enojara y reaccionó violentamente reclamándole por haberlo denunciado; asimismo, le pidió las llaves de la casa y al percatarse que tenía listas sus maletas para irse de la casa se molestó y comenzó a gritarle que no la iba a dejar, la amenazó con matarse y matar al bebé si lo dejaba, además le dijo que se acordara que tenía una hija a la que le podía pasar cualquier cosa ; por lo que al día siguiente, en horas de la madrugada junto con sus hijos se retiró de Puerto Supe con dirección a Lima y posteriormente regresó a Tumbes huyendo de su ex conviviente; agregó que no es la primera vez que la ataca y maltrata con golpes de puño y patadas y que es la segunda vez que lo denuncia. 3. Si bien el Certificado Médico Legal N VFL, obrante a fojas 16/22, practicado a la agraviada, concluye que no presentó Lesiones traumáticas externas recientes, sin embargo, la víctima ha señalado en forma precisa y detallada la forma cómo el demandado la agredió, de lo que se infiere que habría sido víctima de maltrato sin lesión por parte del demandado, por lo que se interpuso la demanda. 4. La A quo ha sostenido en su sentencia que el resultado del Certificado Médico Legal concluyó que no presentó lesiones físicas recientes, sin embargo, aclara que, si hubiese presentado huellas de lesiones ese Despacho hubiese denunciado maltrato físico y no sin lesión, agrega que no existe plazo para interponer la denuncia de violencia familiar, asimismo, la denunciante en su declaración policial indica que no es la primera vez que sufre este tipo de maltratos puesto que siempre la ataca, la maltrata con golpes de puño y patadas, habiéndose suscitado un margen de tiempo entre los hechos acontecidos y la fecha de interposición de la denuncia, siendo atendible entonces que al momento de practicársele dicho examen no presentara huellas de los maltratos, los que también han sido descritos en la misma evaluación psicológica que se le practicara, siendo además que la Violencia Física sin lesión, como su mismo nombre lo indica, no genera lesión debido a la magnitud de la agresión proferida, ya sea por el transcurso del tiempo o porque los golpes que han

3 sido propinados no han ocasionado lesión alguna a vista del médico legista, lo que no significa que no se haya producido. 5. La legislación actual se ha puesto en el supuesto que las agresiones proferidas contra las víctimas de la violencia familiar no dejen huellas físicas o evidentes, siendo ello el caso del maltrato físico sin lesión, sin embargo, la A quo descartando dicha modalidad de violencia familiar por el resultado de la evaluación médico legal, sin tener en cuenta que el maltrato físico sin lesión también se da cuando por intermedio del silencio injustificado, una actitud de indeferencia, el abandono, la negligencia, puede implicar manifestaciones de violencia que a su turno generarán violencia como respuesta, hechos que no han sido valorados en su conjunto. 6. También demandó maltrato psicológico, sin embargo la juzgadora ha señalado que la agraviada cuando se retiró de la ciudad de Supem no indicó en el parte policial que se encontraba siendo víctima de maltratos y que no se ha retirado de modo directo del domicilio, no siendo suficiente para la A quo que la agraviada haya tenido que retirarse de su hogar con sus hijos por temor a seguir sufriendo maltratos en que se encontraba inmersa desde hace ya varios años. 7. Además, se señala en la sentencia no se ha tenido en cuenta que las conclusiones del Protocolo de Pericia Psicológica practicado a la agraviada, son apreciaciones que devienen en subjetivas y sin asidero legal ni psicológico alguno puesto que la misma conclusión de dicha evaluación indicó que la denunciante presentaba Reacción ansiosa situacional, término usado en psicología que denota en la evaluada una preocupación, ansiedad, tensión, que no tendría sino existiera una situación de violencia familiar, miedo y temor, rechazo por dicha circunstancia, siendo la causa de dicha reacción la violencia de de la que es víctuima. III.- CONSIDERANDOS DE LA SENTENCIA: PRIMERO: El Texto Único Ordenado de la Ley N Ley de Protección Frente a la Violencia Familiar, en su artículo primero señala que en la ley se establece la política del Estado y la Sociedad frente a la violencia familiar; en tanto que, en su artículo segundo, modificado por el Artículo Único de la Ley Nº 26763, se define la violencia familiar como cualquier acción u omisión que cause daño físico o psicológico, maltrato sin lesión, inclusive la amenaza o coacción graves, que se produzcan entre:

4 cónyuges, convivientes, ascendientes, descendientes, parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad; o quienes habitan en el mismo hogar, siempre que no medien relaciones contractuales o laborales; texto legal que tiene como sustento, entre otros, los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1 y 2, inciso 24 literal h) de la Constitución en tanto norman que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado, y que nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes. SEGUNDO: El artículo 197 del Código Procesal Civil, impone como obligación del juzgador, valorar los medios probatorios en forma conjunta y utilizando su apreciación razonada; de otro lado, el artículo 29 de la Ley de Protección Frente a la Violencia Familiar, los certificados de salud física y mental que expidan los médicos de los establecimientos de salud del Estado, tienen valor probatorio del estado de salud física y mental en los procesos sobre violencia familiar; entendiéndose siempre que los mismos deben ser valorados en la forma que indica el dispositivo legal primeramente citado. TERCERO: Para determinar si en la sentencia venida en grado se ha incurrido en error al no haberse valorado debidamente el caudal probatorio, causando perjuicio a la agraviada, necesariamente tiene que examinarse las pruebas actuadas en el presente proceso y los hechos aportados al mismo. Para tal efecto, debe señalarse que el punto central de la controversia es si doña Jheine Leyse Mendoza Preciado es víctima de violencia familiar, en las modalidades de maltratos psicológicos y maltrato físico sin lesión, por parte del demandado y si por tal razón se le deben conceder las medidas de protección previstas en la ley con el objeto de garantizar su integridad física, psíquica y moral. CUARTO.- La sentencia emitida por la A quo, que declara infundada la demanda de violencia familiar, en la modalidad que se ha indicado, se apoya fundamentalmente en que la violencia física ocasionada a la agraviada no ha sido probada en autos, como así se determina en el Certificado Médico N , de folio veinticinco (entiéndase N , de folio veintitrés); señalándose, asimismo, que en cuanto al maltrato psicológico tampoco se ha llegado a determinar de modo convincente que ésa haya sido objeto de dicho maltrato por parte del demandado, de modo reiterativo en el tiempo, pues de su declaración policial obrante de folio trece a quince, se desprende que ella el día nueve de junio de dos mil siete se retiró del hogar por incompatibilidad de caracteres con su conviviente, el hoy demandado, no indicando como motivo de su alejamiento el

5 maltrato psicológico y físico que, según su dicho, venía siendo víctima; asimismo, del Protocolo de Pericia Psicológica N PSC, de folios dieciséis a veintidós, se determinó como conclusión, además de signos de reacción ansiosa situacional asociado al conflicto familiar emotivo que vive con su pareja, que la agraviada presenta celotipia y falta de control del temperamento, además de una personalidad inestable e inmadura con rasgos histriónicos y características evasivas y manipuladoras, de lo que se evidencia que en la pareja conformada por la agraviada y el demandado ha existido una serie de inconvenientes motivados por la personalidad del demandado como de la propia agraviada, lo que sin lugar a dudas ha propiciado que la relación se resquebraje, no advirtiéndose que la sola conducta del demandado haya causado afectación psicológica a la agraviada sino que la tensión que deja notar el protocolo en referencia sea producto de que la relación no haya prosperado. QUINTO: La pretensión, en la forma como ha sido postulada por el Representante del Ministerio Público en su escrito de demanda, se dirige a rechazar y a cuestionar todo acto dañoso producido en desmedro de la agraviada teniendo como escenario o ámbito de acción el entorno familiar; en ese sentido, se solicita cese el acto de violencia familiar en sus modalidades de maltrato físico sin lesión y maltrato psicológico, los cuales afirma haber sido objeto la denunciante por parte de su conviviente. En este sentido, de lo precisado precedentemente y de los fundamentos que sustenta la demanda, se infiere que el tema probandum del presente proceso no es otro que el establecer si aquellas formas de violencia tuvieron lugar en el campo de los hechos, teniendo en consideración que si bien en el momento del acto del reconocimiento médico legal no se apreció lesión alguna, a través de la valoración y ponderación de otros elementos probatorios incorporados al proceso, se pueda llegar al convencimiento que efectivamente la lesión le ha sido producida a la agraviada y que este actuar antijurídico le es imputable sólo y exclusivamente al demandado. SEXTO: Es preciso acotar que el maltrato sin lesión es aquella forma de violencia, que sin causar un daño físico a una persona, le resulta dañosa a ésta debido a la forma como se efectiviza. Esta forma de violencia se manifiesta a través de palabras, gestos o vías de hecho. SÉTIMO: Todo maltrato físico tiene la potencialidad de causar alguna lesión en el cuerpo de una persona, pero es del caso mencionar que si bien este hecho no se llega a probar en muchas veces, esto no significa en lo absoluto que las lesiones no hayan

6 tenido ocurrencia en el mundo real, en razón a que éstas dependiendo de la magnitud del daño ocasionado, tienden a desaparecer conforme transcurren los días, por lo que es recomendable que el acto de reconocimiento médico tendiente a perennizarlas en el tiempo sea practicado de forma rápida y coetáneas al momento en que acaeció el evento dañoso. OCTAVO: En el presente caso, efectivamente, se encuentra acreditado el vínculo convivencial que existió entre las partes, tal como aparece de lo expresado por la agraviada en su declaración a nivel policial, así como de lo manifestado por el emplazado en el escrito de contestación a la presente acción. De otro lado, el citado demandado, al absolver la demanda incoada en su contra, ha negado de manera firme los hechos que la sustentan, calificándolos de falsos y calumniosos, incluso reclama a su ex conviviente no haber presentado, de existir, la denuncia que según ella puso en su contra; demostrando, asimismo, documentalmente, que su ex conviviente, agraviada en este proceso, el día nueve de junio de dos mil siete, se apersonó a la Comisaría PNP de Puerto Supe para poner en conocimiento que por incompatibilidad de caracteres con su conviviente, José Antonio Jáuregui Jaramillo, hace retiro voluntario de hogar, para dirigirse a la ciudad de Tumbes, llevándose consigo a sus dos menores hijos., así como sus prendas de vestir y cosas de uso personal, tal y como así consta en la copia certificada de la Denuncia de folio noventa y cuatro, con lo cual enerva los hechos que denunció como violencia familiar, ocurridos -según la agraviada- el día once de junio de dos mil tres. Abona a lo dicho, la conducta procesal de esta última, al inconcurrir a la audiencia única desarrollada según acta de folio ciento dieciséis, impidiendo de esta forma el mejor esclarecimiento de los hechos que denunció ante la Segunda Fiscalía de Familia de Tumbes, contenidos en la documental de folio uno a dos, y que han sido contradichos por el emplazado; no habiendo por lo demás la agraviada, durante la secuela del proceso, aportado ningún elemento de juicio que corrobore los extremos de la demanda. NOVENO: En atención a lo antes glosado, este Colegiado estima que los elementos probatorios incorporados al proceso resultan insuficientes para acreditar los actos de violencia familiar en sus modalidades de maltrato físico sin lesión y maltrato psicológico, materia de proceso, en razón además a que, los golpes señalados de manera genérica por la agraviada, no se condicen con el Certificado Médico legal obrante en autos, practicado al décimo sexto día posterior a los hechos, esto es, el día veintisiete de junio de dos mil siete, no llegándose en ese momento a apreciar lesión alguna en la

7 estructura anatómica de la agraviada. Por otro lado, el Protocolo de Pericia Psicológica N PSC, perteneciente a la mencionada agraviada, evidencia que la citada persona también presenta celotipia y falta de control del temperamento, signos de una personalidad inestable e inmadura con rasgos histriónicos y características evasivas y manipuladoras, lo que, aunado al contenido de la denuncia policial que puso en la Comisaría PNP de Puerto Supe el nueve de junio de dos mil siete ya referida, hace concluir razonablemente que estos no tuvieron lugar en el mundo fenomenológico que nos rodea, si se tiene en consideración, como se ha dejado anotado, que aquellos no se encuentran corroborados o escoltados con otros medios probatorios o en su defecto con indicios convergentes y conducentes que determinen de forma contundente la responsabilidad del demandado en los hechos investigados; consideraciones por las cuales este Colegiado estima que el razonamiento y la valoración de la prueba efectuada por el A quo en el proceso, resulta adecuada, coherente y esencial para resolver la presente causa, correspondiendo confirmar la sentencia materia de apelación, teniendo como fundamentos básico lo establecido en los artículos 196 y 200 del Código Procesal Civil. DÉCIMO: Advirtiéndose de la parte resolutiva de la sentencia venida en grado, que se ha declarado Infundada la demanda de Violencia Familiar contra José Antonio Jáuregui Jaramillo en agravio de su ex conviviente Jheine Leyse Mendoza Preciado, sólo en la modalidad de Maltrato Psicológico, cuando la demanda interpuesta comprende también la modalidad de Maltrato Físico sin Lesión, conforme lo ha analizado la A quo en los términos que aparecen en el Quinto Considerando de la acotada, es procedente disponer su integración en virtud de lo prescrito por los párrafos quinto y sexto del artículo 172 del Código Procesal Civil. IV.- DECISIÓN DE LA SALA: Por estas consideraciones, 1) CONFIRMARON la Sentencia contenida en la resolución número doce, su fecha nueve de noviembre del año dos mil nueve, obrante de folios ciento veinticuatro a ciento veintiocho, que declara INFUNDADA la demanda de Violencia Familiar, en la modalidad de Maltrato Psicológico, contra José Antonio Jáuregui Jaramillo, en agravio de su ex conviviente Jheine Leyse Mendoza Preciado;

8 2) INTEGRARON la misma sentencia en el sentido que se declara INFUNDADA la referida demanda de Violencia Familiar, en la modalidad de Maltrato Físico sin Lesión; con lo demás que contiene. Devuélvase los autos al juzgado de origen en su oportunidad. Actuó como Juez Superior Ponente la doctora Pacheco Villavicencio.- Señores Jueces Superiores: Vizcarra Tinedo, Guillermo Felipe y Pacheco Villavicencio. Secretario Gerarl M. Rufasto Chapa.