Los Procedimientos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Retos y tendencias: el ámbito del Derecho UE.

Transcripción

1 Seminario de Especialización en Unión Europea Módulo Jean Monnet Los Procedimientos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Retos y tendencias: el ámbito del Derecho UE. Joaquín Sarrión Esteve Dr. Eur. en Derecho de la UE, U. de Bolonia. Grupo Investigación, Innovación y Derechos Fundamentales (GIIDF), UNED. Profesor Ayudante Doctor, Universidad de Valencia. joaquín.sarrion@uv.es

2 Los procedimientos ante el TJUE. Retos y tendencias en la jurisprudencia: el ámbito del Derecho UE. Sumario 1. Introducción. Retos y tendencias en la jurisprudencia del TJUE. 2. El ámbito del Derecho UE. 3. El control de la normativa procesal de los Estados miembros. 4. Conclusiones.

3 Los procedimientos ante el TJUE. Retos y tendencias en la jurisprudencia: el ámbito del Derecho UE. 1. Introducción. Retos y tendencias en la jurisprudencial del TJUE.

4 1. Introducción. Retos y tendencias en la jurisprudencia del TJUE. Como hemos visto en la videoclase relativa la competencia y procedimientos, el TJUE ejerce funciones de atribución, no generales, correspondiéndole en particular garantizar el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación de los Tratados (art TUE), pronunciándose sobre distintos recursos previstos en los Tratados y sobre cuestiones de carácter prejudicial conforme a las competencias atribuidas en los Tratados y con sus límites (art TUE). Además, hay que advertir que el TJUE, al ejercer esas funciones atribuidas y resolver los procedimientos de que conoce, actúa como garante de los derechos fundamentales en la Unión Europea. En la sesión o videoclase impartida por la Prof. Yolanda Gómez sobre la Jurisdicción europea tuvimos ocasión de estudiar cómo fueron los inicios y evolución de esta jurisprudencia.

5 1. Introducción. Retos y tendencias en la jurisprudencia del TJUE. Cuáles son los retos y tendencias de la jurisprudencia del TJUE como supremo intérprete del Derecho UE, y garante de los derechos fundamentales en la Unión? Entendemos que son fundamentalmente dos: El ámbito del Derecho de la Unión, cuestión muy vinculada a la competencia del TJUE, y a la que vamos a dedicar esta sesión. La utilización de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE) como instrumento con fuerza jurídica (1 de diciembre de 2009 entra en vigor el Tratado de Lisboa). Hay diversas sentencias clave, la última de ellas, la sentencia Melloni (C-399/11, 2013) ha sido tratada en este seminario en la sesión de jurisdicción impartida por la Prof. Yolanda Gómez. La futura adhesión al Convenio Europeo de Derechos Humanos, y su efecto en la jurisprudencia del TJUE, que habrá que estudiar en el momento en que se produzca.

6 Los procedimientos ante el TJUE. Retos y tendencias en la jurisprudencia: el ámbito del Derecho UE. 2. Ámbito del Derecho UE.

7 2. Ámbito del Derecho UE Lo primero que hay que advertir es que delimitar el ámbito del Derecho UE en relación a la jurisdicción del TJUE no es tarea tan sencilla como a priori pudiera parecer. Así, éste ámbito no se circunscribe de forma exclusiva a las materias propias de la competencia europea. Que una materia sea competencia exclusiva de los Estados miembros no comporta de forma automática su exclusión ratione materiae del Derecho UE, sino que los Estados miembros también en el ejercicio de sus competencias exclusivas deben respetar el Derecho UE salvo que se trate de una situación interna sin conexión con el mismo. Es la existencia de un criterio de conexión con el Derecho UE lo que va determinar en muchos casos que estemos o no dentro del ámbito del Derecho UE, y por tanto, dentro de la jurisdicción del TJUE.

8 2. Ámbito del Derecho UE Esta interpretación extensiva de la jurisdicción, ha permitido al TJUE controlar normativa que en principio es de competencia exclusiva de los Estados miembros: Normativa tributaria, Schempp ( C-403/03, 2005); Comisión c. Bélgica (C-522/04, 2007); y Swarz (C-76/05, 2007). La inscripción y modificación del nombre en el Registro Civil, en las sentencias Kostantinidis (C-168/91,1993), García Avello (C-148/02, 2003), Grunkil-Paul (C-353/08, 2008), y Saynt Wittgestein (C-208/09, 2010). La revocación de la nacionalidad por parte de un Estado miembro en la sentencia Janco Rottman (C-135/08, 2010)

9 2. Ámbito del Derecho UE Una normativa local que prohíbe la entrada en los coffee shops de Maastricht a personas no residentes en los Países Bajos, en la sentencia Marc Michel Josemans c. Burgemeester van Maastrich (C-137/09, 2010). La normativa procesal de un Estado miembro, en las sentencias Unibet (C-432/05,2007), Pannon GSM (C-243/08, 2009), Pénzügyi (C-137/08, 2010), Domínguez (C-282/10, 2012) Banco Español de Crédito(C-618/10, 2012), Aziz c. Catalunyacaixa (C-415/11, 2013).

10 Los procedimientos ante el TJUE. Retos y tendencias en la jurisprudencia: el ámbito del Derecho UE. 3. El control de la normativa procesal de los Estados miembros.

11 3 3. El control de la normativa procesal de los Estados miembros. Hemos escogido la última línea jurisprudencial, dedicada al control de la normativa procesal de los Estados miembros, para exponerla como ejemplo de esta tendencia del TJUE en relación a la extensión de su jurisdicción, porque por cuestión de tiempo no podemos plantear el estudio de todas ellas. Ante la ausencia de una normativa de la Unión Europea que regule el procedimiento para la aplicación del Derecho de la Unión, corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado dicha regulación.

12 3. El control de la normativa procesal de los Estados miembros. En base al principio de cooperación leal que establece el art. 4 del Tratado de la Unión Europea (TUE), corresponde a los Estados miembros adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Tratado. En particular en materia de organización procesal, serán los órganos jurisdiccionales nacionales a quienes corresponda proporcionar la tutela judicial de los derechos que el Derecho UE confiere a los justiciables. El principio de autonomía procesal implica que serán los Estados miembros los que configuren la regulación procesal adecuada a tal efecto, constituyendo los jueces nacionales los jueces comunitarios.

13 En este sentido, el TJUE afirmó en Unibet (C-432/05,2007) que: el Tratado no se propuso para la preservación del Derecho comunitario unas vías jurisdiccionales nacionales distintas a las establecidas en el Derecho nacional. No obstante, se exige que la configuración de la regulación procesal permita a través de las vías de recurso y de procedimientos garantizar el respeto de los derechos derivados del Derecho UE. Y esa regulación no debe ser menos favorable que la referente a recursos semejantes de naturaleza interna (principio de equivalencia); y tampoco debe hacer imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico comunitario (principio de efectividad).

14 3. El control de la normativa procesal de los Estados miembros. También afirmó en Unibet (C-432/05,2007) que: Correspondiendo a los órganos jurisdiccionales nacionales interpretar en la medida de lo posible la regulación procesal aplicable de modo que la aplicación de la misma contribuya a cumplir el objetivo de garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos que el ordenamiento comunitario atribuye a los justiciables (Unibet, apartados 38 a 44 y 54). No obstante, cabe considerar que el TJUE ha interpretado el principio de efectividad de forma estricta, siendo muy exigente con la normativa nacional en relación a la protección de los consumidores y de los derechos que a los mismos reconoce el Derecho UE.

15 3. El control de la normativa procesal de los Estados miembros. Así, en la sentencia Pannon GSM (C-243/08, 2009) declara que: las características específicas de los procedimientos judiciales que se ventilan entre profesionales y consumidores, dentro del Derecho nacional, no pueden constituir un elemento que pueda afectar a la protección jurídica que éstos disfrutan en virtud del Derecho comunitario. Y el juez nacional tiene la obligación de examinar de oficio el carácter abusivo de una cláusula contractual tan pronto como disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para ello.

16 3. El control de la normativa procesal de los Estados miembros. Así, conforme a la Sentencia Pénzügyi (C-137/08, 2010), el juez nacional debe acordar de oficio las diligencias de prueba para determinar si una cláusula es abusiva, aunque las partes no lo hayan solicitado, y aunque conforme al Derecho procesal nacional las pruebas solo puedan practicarse a instancia de parte en un proceso civil declarativo. Se trata, de una aplicación del principio de efectividad que ya no implica una mera interpretación de la legislación procesal nacional, sino que incluso permite una actuación de oficio por parte del juez no prevista en la misma y por tanto, en contra de la legislación nacional.

17 3. El control de la normativa procesal de los Estados miembros. Es verdad que en la sentencia Domínguez (C-282/10, 2012, apartado 27) considera que el tribunal nacional debe determinar las normas procesales aplicables, y tomando en consideración la totalidad del Derecho interno y aplicando los métodos de interpretación reconocidos en éste, hacer todo lo que sea de su competencia a fin de garantizar la plena efectividad del Derecho de la Unión. Pero y si no fuera posible dicha interpretación que garantizara la plena efectividad del Derecho UE? La solución sería aplicar el Derecho UE aún en contra del Derecho nacional, como plasmación de la primacía del Derecho UE, y en particular del principio de efectividad, tal y como ha sostenido en Pénzügyi (C-137/08, 2010).

18 3. El control de la normativa procesal de los Estados miembros. En la más reciente jurisprudencia, de hecho, el TJUE ha tenido ocasión de controlar la normativa procesal española en este sentido: En Banco Español de Crédito (C-618/10, 2012, apartado 38) declara que la normativa procesal española sobre el proceso monitorio es contraria al principio de efectividad al impedir aplicar la protección al consumidor en el sentido de que no permite que el juez que conoce de una demanda en un proceso monitorio, aun disponiendo de los elementos de hecho y de Derecho necesarios al efecto, examine de oficio el carácter abusivo de una cláusula sobre intereses de demora contenida en un contacto celebrado entre un profesional y un consumidor, cuando éste último no haya formulado oposición.

19 3. El control de la normativa procesal de los Estados miembros. En la sentencia Aziz c. Catalunyacaixa (C-415/11, 2013), conocida como la sentencia de los desahucios (aunque la cuestión que trata no hace referencia propiamente a desahucios sino a ejecuciones hipotecarias), declara que es incompatible con el Derecho UE una normativa española que en la regulación de la ejecución hipotecaria: no prevé la posibilidad de formular motivos de oposición basados en el carácter abusivo de una cláusula contractual (que constituye el fundamento del título ejecutivo); y al mismo tiempo, tampoco permite que el juez que conozca del proceso declarativo (que es el competente para apreciar el carácter abusivo de la cláusula) adopte medidas cautelares, entre ellas, y en particular, la suspensión del procedimiento de ejecución hipotecaria cuando sea necesario para garantizar la plena eficacia de su decisión final.

20 Los procedimientos ante el TJUE. Retos y tendencias en la jurisprudencia: el ámbito del Derecho UE. 4. Conclusiones.

21 4. Conclusiones. El TJUE, al ejercer las funciones que tiene atribuidas, y resolver los procedimientos de que conoce, actúa como garante de los derechos fundamentales en la Unión Europea. Entre los retos y tendencias de la jurisprudencia del TJUE como supremo intérprete del Derecho UE, y garante de los derechos fundamentales en la Unión cabe destacar: La determinación del ámbito del Derecho de la Unión, muy vinculado a la cuestión de la competencia del TJUE. La utilización de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE) como instrumento con fuerza jurídica.

22 4. Conclusiones. En esta sesión, nos hemos ocupado del ámbito del Derecho UE, que no es tan fácil de delimitar. Pero hemos visto como la tendencia del TJUE es a extender su jurisdicción hacia ámbitos que aunque en principio sean de competencia exclusiva de los Estados miembros, hay un criterio de conexión con el Derecho UE, lo que ha permitido controlar mucha normativa nacional, y hemos visto como ejemplo la normativa procesal de los Estados miembros. Se puede concluir la conveniencia de que el legislador nacional tenga en cuenta esta jurisprudencia a la hora de aprobar normativa nacional, aunque sea en ámbitos donde la competencia sigue siendo de los Estados miembros, en la medida en que puedan afectar a derechos derivados del Derecho UE.

23 Gracias por vuestra atención!