PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO NO. 210/DPA-CA/2009

Transcripción

1 SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.- SUBSECRETARÍA JURÍDICA Y DE PREVENCIÓN.- DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES.- TUXTLA GUTIÉRREZ; CHIAPAS, 13 TRECE DE MARZO DE 2012 DOS MIL DOCE.- VISTO; para resolver los autos del procedimiento administrativo 210/DPA- CA/2009 instruido en contra de JOEL OMAR SALAZAR MENDIGUCHÍA y GUSTAVO FRANCISCO FERNÁNDEZ DE LA ROSA, quienes se desempeñaron como titulares de la Delegación Administrativa de Tapachula (Zona Costa), dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; y, R E S U L T A N D O ÚNICO.- Atendiendo al principio de Economía Procesal, resulta innecesario detallar los puntos de este capítulo, toda vez que no causa agravios a las partes su omisión. Sustenta lo anterior, por analogía la tesis aislada emitida por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 70, tomo , tercera parte, séptima época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto y rubro a la letra dicen: SENTENCIA RESULTANDOS DE LA. SU OMISIÓN NO CAUSA AGRAVIO.- Una sentencia no causa agravio por la circunstancia de que el juez de distrito omita el capítulo relativo a resultandos al dictarla C O N S I D E R A N D O I.- La Dirección de Responsabilidades de la Secretaría de la Función Pública es competente para conocer y resolver el presente procedimiento administrativo, con fundamento en lo previsto en los artículos 14, 16, 108, parte infine, 109, fracción II, 113, y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 69 y 70, fracción III, de la Constitución Política del Estado de Chiapas; 2, 30, fracción XXIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; 1, 2, 3, fracción III, 44, 55, último párrafo, 58, 60, 62, fracción II, y 66, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas; y 42, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública

2 II.- Resulta mencionar en primer término que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como Norma Suprema que rige el actuar del Estado a través de sus Instituciones, en su artículo 109, contempla la obligación inherente a quienes tienen la calidad de servidores públicos, relativa a observar en el desempeño de su actuación, las Leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos, siendo a su vez sujetos de sanciones administrativas, por actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su encargo; ello desde la relevancia que el interés general tiene sobre el particular, pues el desempeño de un encargo público debe estar necesariamente circunscrito por una norma que otorgue los medios para que el interés general subsista, como en el caso específico la delimitación al ejercicio de las facultades de los servidores públicos se logra a través de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, misma que en su artículo 45 refiere de forma general las obligaciones que los servidores públicos deben observar en el diario desempeño de su actuación Ahora bien, una vez que el titular de la Dirección de Enlace de Auditorías de esta Dependencia, envió el expediente de auditoría con orden 062/2008, practicada en la Unidad de Apoyo Administrativo, Área de Recursos Materiales y Servicios Generales, Sección de Mantenimiento Vehicular y Delegación Administrativa Tapachula (Zona Costa), dependientes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, respecto al Presupuesto Gasto Corriente, partidas 2302 y 3503 del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2007, en el cual, mediante informe final de resultados emitido por la Contraloría Interna en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se determinó como observación persistente Pagos improcedentes por un importe de $418,225.91, atribuible a Joel Omar Salazar Mendiguchía y Gustavo Francisco Fernández de la Rosa, se concluyó que se contaban con elementos suficientes para iniciar el procedimiento administrativo correspondiente Así, por lo que respecta a Joel Omar Salazar Mendiguchía, mediante oficio SFP/SSJP/DR-A/BMGM/M-2/560/2011, se le hizo de conocimiento la presunta irregularidad atribuida, así como la fecha, lugar y hora que tendría verificativo la audiencia que establece el artículo 62, fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en el que literalmente se señaló lo siguiente: Es necesaria su comparecencia, en atención a que del estudio del expediente al rubro citado, y del Informe Final de Resultados de fecha 25 veinticinco de noviembre de 2008 dos mil ocho, correspondiente a la auditoría con número de orden 2

3 062/2008, practicada a la Unidad de Apoyo Administrativo, Área de Recursos Materiales y Servicios Generales, Sección de Mantenimiento Vehicular y Delegación Administrativa Tapachula (Zona Costa), dependientes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, respecto al Presupuesto Gasto Corriente, partidas 2302 y 3503 correspondiente al periodo del 01 uno de enero al 31 treinta y uno de diciembre de 2007 dos mil siete, se advierten suficientes elementos que hacen presumir que incurrió en presuntas irregularidades imputables a Usted, al ostentarse con el cargo de Delegado Administrativo de Tapachula (Zona Costa), dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el cual se acredita con la copia certificada del nombramiento de fecha 01 uno de Enero de 2007 dos mil siete, visible a foja 298 del tomo I, de los papeles de trabajo que conforman la citada Auditoria, presumiblemente infringió lo establecido en el artículo 45 fracciones I y XXI, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas; toda vez que, como resultado de la auditoria de referencia, se conoció la realización de pagos improcedentes por un importe de $328, (trescientos veintiocho mil trescientos veintiséis pesos 50/100 moneda nacional), mismo que le resulta imputable por cuanto a que, como Delegado Administrativo, permitió que se otorgaran servicios de mantenimiento y reparaciones excesivas a las unidades vehiculares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en periodos que van de dos días a seis meses y que según solicitudes de órdenes de trabajos y facturas, se realizaron los mismos servicios, en los mismos vehículos, resultando improcedente los últimos servicios, tal como se detalla en el cuadro que se anexa al presente constante de 5 fojas. En ese sentido omitió revisar las solicitudes de servicios y ordenes de trabajo del mantenimiento de los vehículos; así como tampoco exigió que se registrara el kilometraje de recorrido de la unidad vehicular en las ordenes de trabajo, el cual resultaba ponderantemente necesario, en razón de que la misma serviría como parámetro para determinar si el servicio de mantenimiento vehicular era o no procedente; por ende, al no haber sido acucioso en su desempeño como Delegado Administrativo, como se reflejó en las observaciones detectadas, trajo como consecuencia la generación de pagos improcedentes por el importe antes señalado, sin que se pierda de vista que, la Delegación Administrativa de Tapachula a su cargo, de acuerdo al Manual de Organización de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, tenía como propósito Coordinar la administración de los recursos humanos, financieros, materiales y servicios generales de esa Delegación, además que, en base al Manual de Procedimientos de la citada Dependencia, dicha Delegación Administrativa, de acuerdo al Procedimiento Tramite para la reparación de vehículos, tenía como propósito Brindar el servicio de reparación a las unidades adscritas a las diferentes corporaciones policíacas dependientes de la Delegación Administrativa, siendo necesario para ello Verificar el expediente correspondiente de la unidad en mención sobre la reparación solicitada, situaciones anteriores que pasó por alto, toda vez que, contrario a cumplir con esas funciones y procedimientos, se ha visto demostrado como no cumplió de forma diligente el servicio encomendado, al detectarse irregularidades en el mantenimiento y reparación de los vehículos enunciados en el anexo que se agrega, generando con su conducta omisa y negligente pagos de forma improcedentes por el importe de $328, (trescientos veintiocho mil trescientos veintiséis pesos 50/100 moneda nacional), lo que viene a denotar por su parte, nulo interés en el cargo que ostentó como Delegado Administrativo de Tapachula (Zona Costa) al no sujetarse a las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria, demostrando además que no administró de manera eficiente y eficaz los recursos públicos, por cuanto a que no adoptó medidas que optimizaran el ejercicio del gasto, al no implementar los controles internos convenientes para el logro de los objetivos, indicadores y metas respecto a refacciones y servicios de mantenimiento del parque vehicular, como lo establece el artículo 16 párrafo primero, fracciones III y IX, del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Chiapas, surtiendo a la vida jurídica el incumplimiento a dicho precepto, al no salvaguardar los principios de 3

4 legalidad y eficiencia que debió observar en el desempeño de sus funciones, amén que como servidor público estaba obligado a observar diversas disposiciones relacionadas con el servicio público encomendado, y que en el caso que nos ocupa, al no ejercer los recursos de forma debida, paso por alto los siguientes preceptos: artículo 3 fracciones III, IV y VI, del Acuerdo por el que se expiden las Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Estado de Chiapas, el cual establece que los servidores públicos facultados para ejercer recursos públicos, son responsables de efectuar erogaciones conforme a las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria establecidos en el Presupuesto de Egresos, ejercer los recursos con eficiencia y eficacia, e implementar los controles internos que considere conveniente, ajustándose a normas y lineamientos que conlleven a un ejercicio del gastos, eficiente y transparente; artículo 10.- Fracción I. e), Control Interno. de la Normatividad Contable y Financiera El control interno comprende el plan de organización y todos los métodos y procedimientos que en forma coordinada se adoptan para salvaguardar los activos, verificar la razonabilidad y confiabilidad de la información contable; promover la eficiencia operacional y la adherencia a la normatividad vigente: I.- Todo control interno establecido deberá cumplir con los siguientes objetivos: e) proteger y salvaguardar los bienes, valores, propiedades y demás activos; Artículos 43 Fracción IV, 44 y 45 de los Lineamientos para la Aplicación de las Medidas de Austeridad, Disciplina y Racionalidad del Gasto de la Administración Pública Estatal; Artículo 43.- En lo que se refiere al Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo, se debe observar lo siguiente: fracción IV.- Llevar bitácoras y efectuar revisiones periódicas para verificar si el kilometraje coincide con las comisiones asignadas.- Artículo 44.- La Comisión promoverá, a través de la Secretaría de Administración, la creación de un padrón de prestadores del servicio para el Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo, mismos que deben ser personas serias, responsables y que el servicio sea de calidad, igual o menor a los precios de mercado.- Artículo 45.- Los Organismos Públicos del Ejecutivo, deben utilizar el servicio de mantenimiento y reparación de vehículos, en los talleres y servicios mecánicos que se encuentren registrados en el padrón autorizados por la Secretaría de Administración. Como consecuencia de lo anterior, salta a la luz su incumplimiento a lo establecido en el artículo 45 fracciones I y XXI, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, al pasar por alto los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria que como Delegado Administrativo en Tapachula, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana debió observar y contrario a ello, de los resultados de la auditoria con numero de orden 062/2008, se conocieron irregularidades consistentes en servicios de mantenimiento y reparaciones excesivas a las Unidades Vehiculares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en periodos que van de dos días a seis meses, ser omiso en la revisión de solicitudes de servicios y ordenes de trabajo del mantenimiento de los vehículos, y no exigir que se registrara el kilometraje de recorrido de la unidad vehicular en las ordenes de trabajo, la que serviría como parámetro para determinar si el servicio de mantenimiento vehicular era o no procedente, dando como resultado pagos improcedentes por el importe de $328, (trescientos veintiocho mil trescientos veintiséis pesos 50/100 moneda nacional); irregularidades que le resultan imputables Anexo I Por lo que hace a Gustavo Francisco Fernández de la Rosa, a través de oficio SFP/SSJP/DR-A/BMGM/M-9/3485/2009, de 13 de diciembre de 2010, se le hizo de conocimiento la presunta irregularidad atribuida, así como la fecha, lugar y hora que tendría verificativo la audiencia que establece el artículo 62, fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en el que literalmente se señaló lo siguiente: Es necesaria su comparecencia, en atención a que del estudio del expediente al rubro citado, y del Informe Final de Resultados de fecha 25 veinticinco de noviembre de 2008 dos mil ocho, correspondiente a la auditoría con número de orden 4

5 062/2008, practicada a la Unidad de Apoyo Administrativo, Área de Recursos Materiales y Servicios Generales, Sección de Mantenimiento Vehicular y Delegación Administrativa Tapachula (Zona Costa), dependientes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, respecto al Presupuesto Gasto Corriente, partidas 2302 y 3503 correspondiente al periodo del 01 uno de enero al 31 treinta y uno de diciembre de 2007 dos mil siete, se advierten suficientes elementos que hacen presumir que incurrió en presuntas irregularidades imputables a Usted, al ostentarse con el cargo de Delegado Administrativo de Tapachula (Zona Costa), dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el cual se acredita con la copia certificada del movimiento nominal de alta de fecha 01 uno de Agosto de 2007 dos mil siete, visible a foja 302 del tomo I, de los papeles de trabajo que conforman la citada Auditoria, presumiblemente infringió lo establecido en el artículo 45 fracciones I y XXI, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas; toda vez que, como resultado de la auditoria de referencia, se conoció la realización de pagos improcedentes por un importe de $89, (Ochenta y nueve mil ochocientos noventa y nueve pesos 41/100 moneda nacional), mismo que le resulta imputable, por cuanto a que, como Delegado Administrativo, permitió que se otorgaran servicios de mantenimiento y reparaciones excesivas a las unidades vehiculares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en periodos que van de dos días a seis meses y que según solicitudes de ordenes de trabajos y facturas, se realizaron los mismos servicios, en los mismos vehículos, resultando improcedente los últimos servicios, tal como se detalla en el cuadro que se anexa al presente constante de 3 fojas. En ese sentido omitió revisar las solicitudes de servicios y ordenes de trabajo del mantenimiento de los vehículos; así como tampoco exigió que se registraran el kilometraje de recorrido de la unidad vehicular en las ordenes de trabajo, el cual resultaba ponderantemente necesario, en razón de que la misma serviría como parámetro para determinar si el servicio de mantenimiento vehicular era o no procedente; por ende, al no haber sido acucioso en su desempeño como Delegado Administrativo, como se reflejó en las observaciones detectadas, trajo como consecuencia la generación de pagos improcedentes por el importe antes señalado, sin que se pierda de vista que, la Delegación Administrativa de Tapachula a su cargo, de acuerdo al Manual de Organización de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, tenía como propósito Coordinar la administración de los recursos humanos, financieros, materiales y servicios generales de esa Delegación, además que, en base al Manual de Procedimientos de la citada Dependencia, dicha Delegación Administrativa, de acuerdo al Procedimiento Tramite para la reparación de vehículos, tenía como propósito Brindar el servicio de reparación a las unidades adscritas a las diferentes corporaciones policíacas dependientes de la Delegación Administrativa, siendo necesario para ello Verificar el expediente correspondiente de la unidad en mención sobre la reparación solicitada, situaciones anteriores que paso por alto, toda vez que, contrario a cumplir con esas funciones y procedimientos, se ha visto demostrado como no cumplió de forma diligente el servicio encomendado, al detectarse irregularidades en el mantenimiento y reparación de los vehículos enunciados en el anexo que se agrega, generando con su conducta omisa y negligente pagos de forma improcedentes por el importe de $89, (Ochenta y nueve mil ochocientos noventa y nueve pesos 41/100 moneda nacional), lo que viene a denotar por parte del indiciado, nulo interés en el cargo que ostentó como Delegado Administrativo de Tapachula (Zona Costa) al no sujetarse a las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria, demostrando además que no administró de manera eficiente y eficaz los recursos públicos, por cuanto a que no adoptó medidas que optimizaran el ejercicio del gasto, al no implementar los controles internos convenientes para el logro de los objetivos, indicadores y metas respecto a refacciones y servicios de mantenimiento del parque vehicular, como lo establece el artículo 16 párrafo primero, fracciones III y IX, del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Chiapas, surtiendo a la vida jurídica el incumplimiento a dicho precepto, al no salvaguardar los principios de 5

6 legalidad y eficiencia que debió observar en el desempeño de sus funciones, amén que como servidor público estaba obligado a observar diversas disposiciones relacionadas con el servicio público encomendado, y que en el caso que nos ocupa, al no ejercer los recursos de forma debida, pasó por alto los siguientes preceptos: artículo 3 fracciones III, IV y VI, del Acuerdo por el que se expiden las Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Estado de Chiapas, el cual establece que los servidores públicos facultados para ejercer recursos públicos, son responsables de efectuar erogaciones conforme a las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria establecidos en el Presupuesto de Egresos, ejercer los recursos con eficiencia y eficacia, e implementar los controles internos que considere conveniente, ajustándose a normas y lineamientos que conlleven a un ejercicio del gastos, eficiente y transparente; artículo 10.- Fracción I. e), Control Interno. de la Normatividad Contable y Financiera El control interno comprende el plan de organización y todos los métodos y procedimientos que en forma coordinada se adoptan para salvaguardar los activos, verificar la razonabilidad y confiabilidad de la información contable; promover la eficiencia operacional y la adherencia a la normatividad vigente: I.- Todo control interno establecido deberá cumplir con los siguientes objetivos: e) proteger y salvaguardar los bienes, valores, propiedades y demás activos; Artículos 43 Fracción IV, 44 y 45 de los Lineamientos para la Aplicación de las Medidas de Austeridad, Disciplina y Racionalidad del Gasto de la Administración Pública Estatal; Artículo 43.- En lo que se refiere al Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo, se debe observar lo siguiente: fracción IV.- Llevar bitácoras y efectuar revisiones periódicas para verificar si el kilometraje coincide con las comisiones asignadas.- Artículo 44.- La Comisión promoverá, a través de la Secretaría de Administración, la creación de un padrón de prestadores del servicio para el Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo, mismos que deben ser personas serias, responsables y que el servicio sea de calidad, igual o menor a los precios de mercado.- Artículo 45.- Los Organismos Públicos del Ejecutivo, deben utilizar el servicio de mantenimiento y reparación de vehículos, en los talleres y servicios mecánicos que se encuentren registrados en el padrón autorizados por la Secretaría de Administración. Como consecuencia de lo anterior, salta a la luz su incumplimiento a lo establecido en el artículo 45 fracciones I y XXI, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, al pasar por alto los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria que como Delegado Administrativo en Tapachula, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, debió observar y contrario a ello, de los resultados de la auditoria con numero de orden 062/2008, se conocieron irregularidades consistentes en servicios de mantenimiento y reparaciones excesivas a las Unidades Vehiculares de de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en periodos que van de dos días a seis meses, ser omiso en la revisión de solicitudes de servicios y ordenes de trabajo del mantenimiento de los vehículos, y no exigir que se registrara el kilometraje de recorrido de la unidad vehicular en las ordenes de trabajo, la que serviría como parámetro para determinar si el servicio de mantenimiento vehicular era o no procedente, dando como resultado pagos improcedentes por el importe de $89, (Ochenta y nueve mil ochocientos noventa y nueve pesos 41/100 moneda nacional); irregularidades que le resultan imputables Anexo II III.- Con la finalidad de comprobar si en el caso se acredita la existencia de las irregularidades imputadas, se menciona que en los autos del presente procedimiento de responsabilidad administrativa, obran las siguientes pruebas: Documental pública consistente en copia certificada del informe final de la auditoría 064/2008, practicada por la Contraloría Interna en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (fojas 4 a 32)

7 2. Lo declarado por Gustavo Francisco Fernández de la Rosa en la audiencia de 28 de febrero del año 2011, ante esta Dirección (fojas 104 a 109) Escrito de 19 de enero de 2011, suscrito por Gustavo Francisco Fernández de la Rosa, en el cual hace diversas manifestaciones en relación a los hechos que se le imputaron (fojas 110 a 112) Documentales ofrecidas en copia simple por Gustavo Francisco Fernández de la Rosa en su audiencia de ley, las que se hicieron consistir en: a). Oficio SSyPC/UAA/01569/2008, de 12 de mayo de 2008, signado por el Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. b). Oficio UAA/1552/2008, de 16 de mayo de 2008, suscrito por el Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; c). Oficio SECON/000787/2008, de 14 de mayo de 2008, signado por el entonces Secretario de la Contraloría. d). Solventación de la Orden de Auditoría número 062/2008 suscrita por el Delegado Administrativo Zona Costa de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana constante de dos fojas y un anexo; e.- Solventación de la Orden de Auditoría número 062/2008 suscrita por el Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo, Delegado Administrativo Zona Costa y Encargado de la Sección de Vehículos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y un anexo; f.- Solventación de la Orden de Auditoría número 062/2008 suscrita por el Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo, Delegado Administrativo Zona Costa y Encargado de la Sección de Vehículos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y un anexo constante de 03 tres fojas; g.- Solventación de la Orden de Auditoría número 062/2008 suscrita por el Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo, Delegado Administrativo Zona Costa y Encargado de la Sección de Vehículos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; h.- Solventación de la Orden de Auditoría número 062/2008 suscrita por el Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo, Delegado 7

8 Administrativo Zona Costa y Encargado de la Sección de Vehículos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; i.- oficio número 474/2008 de fecha 20 veinte de mayo de 2008 dos mil ocho, signado por el Delegado Administrativo, Zona Costa de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; j.- Solventación de la Orden de Auditoría número 062/2008 suscrita por el Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo, Delegado Administrativo Zona Costa y Encargado de la Sección de Vehículos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 3. Audiencia de ley de 13 de abril de 2011 celebrada sin la asistencia de Joel Omar Salazar Mendiguchía, ante esta Dirección (fojas 181 y 182) Lo aducido en su audiencia de 28 de febrero del año 2011, por parte de Gustavo Francisco Fernández de la Rosa, ante esta Dirección (fojas 104 a 109) Escrito de 13 de abril de 2011 dos mil once, suscrito por Joel Omar Salazar Mendiguchía, mediante el cual hace diversas manifestaciones en relación al procedimiento administrativo instaurado en su contra (folio ) Acuerdo de 21 veintiuno de enero de 2011, mediante el cual se advierte que el testigo propuesto por Gustavo Francisco Fernández de la Rosa, no compareció ante este órgano de control, para el desahogo de la prueba testimonial en la fecha y hora señalada, y en el que se determinó por precluido su derecho para presentar al testigo propuesto (foja 150) Testimonial a cargo de José Arrazate Morales, de 28 veintiocho de febrero de 2011 (fojas 165 y 166) Dentro del expediente de auditoría 062/2008, practicada por Contraloría Interna en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, obran por su importancia los siguientes medios de prueba: 8. Documental pública consistente en el informe de resultados de 25 de noviembre de 2008, correspondiente a la auditoría 062/2008, practicada en la Unidad de Apoyo Administrativo, Área de Recursos Materiales y Servicios Generales, Sección de Mantenimiento Vehicular y Delegación Administrativa 8

9 Tapachula (Zona Costa), emitido por el personal de la Contraloría Interna en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (folios 04 al38, Tomo I) Documentales públicas consistentes en copias certificadas del nombramiento y movimientos nominales de alta y baja, a favor de Joel Omar Salazar Mendiguchía (folios 298 a 300) Documentales públicas consistentes en copias certificadas de los movimientos nominales de alta y baja, de Gustavo Francisco Fernández de la Rosa (folios 301 y 302) Documentales públicas consistentes en pólizas de cheques expedidas (folios 403, 419, 490, 502, 555, 571, 604, 670, 681, 710, 715, 742, 754, 762, 767, 742, 781, 789, 812, 837, 848, 864, 875, 885, 896, 926, 951, 956, 926, 812, 604, 571, 989, 994, 1006, 1018, 1036, 1078, 1098, 1110, 1117, 1130, 1135, 1148, 1100, 1153, 1158, 1180, 1100, 1135, 1188, 1197, 1203, 1208, 1216, 1227, 1248, 1258, 1284, 1290 y 471, 529, 543, 548, 599, 634, 653, 661, 675, 733, 772, 801, 820, 829, 885, 936, 945 (cheque), 974, 979, 984, 1125, 1268) Documentales privadas consistentes en facturas por concepto de servicios de mantenimiento, reparación y compra de refacciones de vehículos oficiales (folios 406, 414, 417, 433, 441, 448, 495, 496, 504, 515, 526, 558, 559, 577, 578, , , 606, 609, 612, 615, 673, 684, 704, 708, 712, 717, 718, 727, 730, 752, 757, 765, 769, 749, 787, 792, 814, 817, 845, 850, 851, 852, 856, 857, 861, 866, 872, 877, 878, 881, 887, 893, 905, 906, , 933, 934, 954, 958, 959, 929, 930, 971, 992, 1002, 1015, 1033, 1056, 1057, 1066, 1067, , 1083, 1097, 1098, 1102, 1103, , 1114, 1120, 1123, 1133, 1138, , 1151, 1156, , 1170, , 1177, 1178, 1185, 1186, 1195, 1201, 1206, , 1225, 1230, 1231, 1251, 1265, 1287, 1289, y 479, 481, 531, , 545, 552, 601, 627, 640, 647, 650, 655, 658, 664, 668, 679, 735, 778, 803, 806, 809, 827, 832, 890, 938, 939, 942, 947, 976, 981, 986, 1127, )

10 13. Documentales públicas consistentes en órdenes de trabajo para los servicios de mantenimiento y reparación de vehículos de la Delegación Administrativa Zona Costa dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (folios 407, 412, 413, 418, 434, 442, 449, 497, 516, 505, 527, 560, 579, 586, 595, 607, 610, 613, 616, 674, 685, 705, 709, 713, 719, 728, 731, 753, 758, 766, 770, 750, 788, 793, 815, 818, 846, 853, 858, 862, 867, 872, 873, 879, 883, 888, 894, 907, 922, 931, 935, 955, 960, 931, 972, 993, 1003, 1016, 1034, 1058, 1068, 1074, 1084, 1099, 1104, 1115, 1121, 1124, 1134, 1139, 1152, 1165, 1174, 1179, 1187, 1110, 1144, 1196, 1202, 1207, 1215, 1226, 1232, 1253, 1266, 1289, 1299 y 480, 482, 540, 541, 546, 553, 602, 628, 641, 648, 651, 656, 659, 665, 669, 680, 736, 779, 804, 807, 810, 828, 833, 891, 940, 943, 950, 977, 982, 987, 1128, 1281) IV.- Los anteriores medios prueba, son aptos y suficientes para acreditar la responsabilidad administrativa imputada a Joel Omar Salazar Mendiguchía.- En efecto, como cuestión previa en el citatorio que se le hizo saber la responsabilidad atribuida, se le imputó el incumplimiento a las obligaciones establecidas en el artículo 45, fracción I y XXI, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, que disponen: ---- Artículo 45o. Para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban ser observadas en el servicio público, independientemente de las obligaciones específicas que correspondan al empleo, cargo o comisión, todo servidor público, sin perjuicio de sus derechos laborales, tendrá las siguientes obligaciones de carácter general. I. Cumplir con diligencia: el servicio que le sea encomendado; XXI. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio público. De la anterior trascripción se desprende que los elementos que configuran dichas infracciones son los siguientes: a) Un sujeto con el carácter de servidor público. b) Que dicho servidor público no haya cumplió con diligencia el servicio que le fue encomendado. c) Que el servidor público no se haya abstenido de cualquier acto u omisión que implicara incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio público. El carácter de servidor público se acredita con las documentales públicas consistentes en su nombramiento y el formato de movimiento nominal de 10

11 alta, las cuales obran en copias certificadas, y que se otorgan pleno valor probatorio en términos del artículo 253, del Código de Procedimientos Penales de Chiapas, que se aplica en forma supletoria a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Chiapas, de las cuales se advierte que en su momento fungió como Delegado Administrativo de Tapachula (Zona Costa), dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; robustecido además con la confesión del antes citado en su escrito de 13 de abril de 2011, donde manifestó haber desempeñado el cargo aludido, según se aprecia en su propia declaración, la que se valora en términos del artículo 252 de la ley adjetiva penal, que se aplica en forma supletoria a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Chiapas, toda vez que fue realizada por persona mayor de edad, en su contra, con pleno conocimiento, sin coacción, ni violencia física o moral Con relación al incumplimiento a lo establecido en la fracción I, del artículo 45 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, se actualiza debido a que de forma indebida permitió que se realizaran pagos improcedentes por un importe de $328, (trescientos veintiocho mil trescientos veintiséis pesos 50/100 moneda nacional), en razón que, si bien como Delegado Administrativo estaba obligado a brindar el servicio de reparación a las unidades adscritas a las diferentes corporaciones policíacas dependientes de la Delegación Administrativa, como lo establece el Manual de Procedimientos de la citada dependencia, específicamente como lo indica el procedimiento Tramite para la reparación de vehículos, lo cierto es que no lo hizo en forma diligente ya que no realizó debidamente la verificación del expediente correspondiente de la unidad sobre la reparación solicitada, toda vez que consintió que se llevaran a cabo servicios de mantenimiento y reparaciones de manera excesiva a diversas unidades vehiculares asignadas a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, sin que advierta que estas unidades requirieran los servicios aludidos, pues según las órdenes de trabajos 25, 27, 99, 143, 148, 149, 201, 239, 301, 324, 326, 330, 331, 334, 368, 394, 414, 428, 431, 435, 439, 455, 456, 468, 487, 493, 497, 501, 504, 535, 536, 556, 557, 574, 600, 607, 626, 643, 693, 710, 731, 752, 788, 808, 826, 827, 834, 851, 869, 873, 902, 908, 948, 958, 963, 967, 1010, 1013, 1054, 1057, 1065, 1070, 1101, 1100, 1118, 1120, 1125, 11

12 1133, 1152, 1196, 1214, 1216, 1224, 1227, 1234, 1243, 1247, 1263, 1285, 1322, 1360, 1361, 1380, 1383, 1392, 1414 y 1760, que fueron autorizadas por el implicado en su calidad de Delegado Administrativo, Zona Costa de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, no se refleja el kilometraje recorrido por éstas, lo cual, bajo la estricta lógica, se considera que para el caso que un vehículo proceda o no un servicio o reparación mecánica es necesario conocer el uso que se le ha dado, es decir, para la viable factibilidad del servicio y mantenimiento debe quedar sujeta a su utilización, y más aún, cuando se advirtió en la referida auditoría de mérito que en un periodo que versa de dos días a seis meses, se habían realizado con antelación esos servicios a los mismos vehículos, de tal manera, que para que procediera su autorización era necesario que las cédulas de solicitud reflejara el kilometraje recorrido para constatar la viabilidad del servicio, por lo que, al no contar con ello, es indubitable que éste actuó sin tener sustento que justificaran los servicios y reparaciones a los vehículos oficiales, y los pagos realizados a las facturas: 2627, por concepto de mano de obra y refacciones, del prestador de servicios Multiservicios el Cerro ; 2406, por concepto de mano y obra y refacciones, del prestador de servicios Multiservicios el Cerro ; 1373 y 1374, por concepto de mano de obra y refacciones, del prestador de servicios Servicios Cueto ; 2727, por concepto de mano de obra y refacciones, del prestador de servicios Multiservicios el Cerro ; 2755, por concepto de mano de obra y refacciones, del prestador de servicios Multiservicios el Cerro ; T y , por concepto de mano de obra y refacciones, del prestador de servicios Casemar S.A de C.V. ; T y , por concepto de mano de obra y refacciones, del prestador de servicios Casemar S.A de C.V. ; 1037, por concepto de mano de obra y refacciones, del prestador de servicios Servicios Ochoa ; 2240, por concepto de mano de obra y refacciones, del prestador de servicios Empresas Majo S.A de C.V. ; 33, por concepto de mano de obra y refacciones, del prestador de servicios Mafas Multiservicios ; 2803, por concepto de mano de obra y refacciones, del prestador de servicios Multiservicios el Cerro ; 163, por concepto de mano de obra y refacciones, del prestador de servicios Autoservicios Rofra ; 2459, por concepto de mano de obra y refacciones, del prestador de servicios Autoservicios GE-MA ; 150, por concepto de mano de obra y refacciones, del prestador de servicios Mafas Multiservicios ; 2508, por concepto de mano de obra y refacciones, del prestador de servicios Multiservicios el Cerro ; 2602, por concepto de mano de obra y refacciones, del prestador de servicios Autoservicios GE- MA ; 2637, por concepto de mano de obra y refacciones, del prestador de servicios Multiservicios el Cerro ; 2488, por concepto de mano de obra y 12

13 refacciones, del prestador de servicios Autoservicios GE-MA ; 2536, por concepto de mano de obra y refacciones, del prestador de servicios Autoservicios GE-MA ; 2638, por concepto de mano de obra y refacciones, del prestador de servicios Autoservicios GE-MA ; 2547, por concepto de mano de obra y refacciones, del prestador de servicios Autoservicios GE- MA ; 13, por concepto de mano de obra y refacciones, del prestador de servicios Autoservicios Rofra ; 19788, 19789, y 19790, por concepto de mano de obra y refacciones, del prestador de servicios CASEMAR, S.A. de C.V. ; 194, por concepto de mano de obra y refacciones, del prestador de servicios Autoservicios Rofra ; 1239 y 1240, por concepto de mano de obra y refacciones, del prestador de servicios Servicio Ochoa ; 1243, por concepto de mano de obra y refacciones, del prestador de servicios Servicios Cueto ; 120, por concepto de mano de obra y refacciones, del prestador de servicios Autoservicios Rofra ; y 18171, por concepto de mano de obra y refacciones, del prestador de servicios CASEMAR S.A. de C.V. ; 1668 y 1669, por concepto de mano de obra y refacciones, del prestador de servicios Rody Car ; 18134, por concepto de mano de obra y refacciones, del prestador de servicios CASEMAR S.A. de C.V. ; 2397, por concepto de mano de obra y refacciones, del prestador de servicios Multiservicios El Cerro ; y 20049, por concepto de mano de obra y refacciones, del prestador de servicios CASEMAR S.A. de C.V. ; 1579 y 1580, por concepto de mano de obra y refacciones, del prestador de servicios Augusto Rodríguez Gómez y/o Rody Car ; 2537, por concepto de mano de obra y refacciones, del prestador de servicios Rene Gerardo Henríquez Cabrera y/o Autoservicios GE-MA ; 0968, por concepto de mano de obra y refacciones, del prestador de servicios Servicio Ochoa ; , , , y , por concepto de mano de obra y refacciones, del prestador de servicios CASEMAR S.A de CV. ; 16916, por concepto de mano de obra y refacciones, del prestador de servicios Belsesar Rodríguez López y/o Repuestos Automotrices de México ; 2573, por concepto de mano de obra y refacciones, del prestador de servicios Rene Gerardo Henríquez Cabrera y/o Autoservicios GE-MA ; 0041, por concepto de mano de obra y refacciones, del prestador de servicios Mafas Autoservicios ; 0744, por concepto de mano de obra y refacciones, del prestador de servicios Servicio Ochoa ; 2419, por concepto de mano de obra y refacciones, del prestador de servicios Rene Gerardo Henríquez Cabrera 13

14 y/o Autoservicios GE-MA ; 1551, 1552 y 1554, por concepto de mano de obra y refacciones, del prestador de servicios Rody Car ; 2739, por concepto de mano de obra y refacciones, del prestador de servicios Multiservicios el Cerro ; 188, por concepto de mano de obra y refacciones, del prestador de servicios Autoservicio Rofra ; 184, por concepto de mano de obra y refacciones, del prestador de servicios Autoservicio Rofra ; 1450 y 1451, por concepto de mano de obra y refacciones, del prestador de servicios Rody Car ; 16911, por concepto de mano de obra y refacciones, del prestador de servicios Belsesar Rodríguez López ; 856, por concepto de mano de obra y refacciones, del prestador de servicios Servicio Ochoa ; 19899, por concepto de mano de obra y refacciones, del prestador de servicios CASEMAR S.A de C.V. ; 0045, por concepto de mano de obra y refacciones, del prestador de servicios Mafas Multiservicios ; 0100, por concepto de mano de obra y refacciones, del prestador de servicios Mafas Multiservicios ; , por concepto de mano de obra y refacciones, del prestador de servicios Belsesar Rodríguez López ; 2233, por concepto de mano de obra y refacciones, del prestador de servicios Gerardo López Favela ; 015, por concepto de mano de obra y refacciones, del prestador de servicios Autoservicio Rofra ; y 16812, por concepto de mano de obra y refacciones, del prestador de servicios Belsesar Rodríguez López ; 2704, por concepto de mano de obra y refacciones, del prestador de servicios Gerardo López Favela ; 151 y 152, por concepto de mano de obra y refacciones, del prestador de servicios Autoservicio Rofra ; 0934, por concepto de mano de obra y refacciones, del prestador de servicios Servicio Ochoa ; 20935, por concepto de mano de obra y refacciones, del prestador de servicios CASEMAR S.A de C.V. ; 20890, y 20892, por concepto de mano de obra y refacciones, del prestador de servicios CASEMAR S.A de C.V. ; 0713 y 0714, por concepto de mano de obra y refacciones, del prestador de servicios Servicio Ochoa ; 16804, y 16806, por concepto de mano de obra y refacciones, del prestador de servicios Belsesar Rodríguez López ; y 20193, por concepto de mano de obra y refacciones, del prestador de servicios CASEMAR S.A. de C.V. ; , y , por concepto de mano de obra y refacciones, del prestador de servicios Belsesar Rodríguez López ; 1381, por concepto de mano de obra y refacciones, del prestador de servicios Servicios Cueto ; 092, por concepto de mano de obra y refacciones, del prestador de servicios Autoservicio Rofra ; 0986, por concepto de mano de obra y refacciones, del prestador de servicios Servicio Ochoa ; 0774, por concepto de mano de obra y refacciones, del prestador de servicios Servicio Ochoa ; 0814, por concepto de mano de obra y refacciones, del prestador de servicios Servicio 14

15 Ochoa ; 158, por concepto de mano de obra y refacciones, del prestador de servicios Autoservicios Rofra ; 1548 y 1549, por concepto de mano de obra y refacciones, del prestador de servicios Rody Car ; y 20984, por concepto de mano de obra y refacciones, del prestador de servicios CASEMAR S.A de C.V. ; 19559, y 19561, por concepto de mano de obra y refacciones, del prestador de servicios CASEMAR S.A. de C.V. ; 0172, por concepto de mano de obra y refacciones, del prestador de servicios MAFAS Multiservicios ; 146, por concepto de mano de obra y refacciones, del prestador de servicios Autoservicios Rofra ; 1912 y 1913, por concepto de mano de obra y refacciones, del prestador de servicios Rody Car ; 0014, por concepto de mano de obra y refacciones, del prestador de servicios Mafas Multiservicios ; 2393, por concepto de mano de obra y refacciones, del prestador de servicios Multiservicios el Cerro ; 18308, 18309, 18310, y 18312, por concepto de mano de obra y refacciones, del prestador de servicios CASEMAR S.A. de C.V. ; 2499, por concepto de mano de obra y refacciones, del prestador de servicios Multiservicios el Cerro ; 21038, y 21040, por concepto de mano de obra y refacciones, del prestador de servicios CASEMAR S.A. de C.V. ; 1581 y 1582, por concepto de mano de obra y refacciones, del prestador de servicios Rody Car ; 22181, por concepto de mano de obra y refacciones, del prestador de servicios CASEMAR S.A. de C.V. ; 0989, por concepto de mano de obra y refacciones, del prestador de servicios Servicio Ochoa ; 18867, 18868, 18869, y 18871, por concepto de mano de obra y refacciones, del prestador de servicios CASEMAR S.A. de C.V. ; y 19309, por concepto de mano de obra y refacciones, del prestador de servicios CASEMAR S.A. de C.V. ; 17494, y 17493, por concepto de mano de obra y refacciones, del prestador de servicios Belsesar Rodríguez López, mediante las pólizas de cheques PE-1380, PE-780, PE-1505, PE-1502, PE- 1502, PE-519, PE-775, PE-1871, PE-952, PE-774, PE-1637, PE-1504, PE- 781, PE-1383, PE-1073, PE-1508, PE-1380, PE-781, PE-947, PE-1633, PE- 1184, PE-778, PE-1389, PE-1639, PE-944, PE-944, PE-1386, PE-369, PE- 948, PE-299, PE-610, PE-1507, PE-948, PE-1184, PE-1871, PE-775, PE- 1079, PE-1384, PE-774, PE-777, PE-226, PE-776, PE-1502, PE-1639, PE- 1867, PE-626, PE-939, PE-1382, PE-1389, PE-774, PE-1072, PE-1391, PE- 780, PE-352, PE-939, 1380, PE-1504, PE-1509, PE-1507, PE-1873, PE-349, PE-939, PE-1389, PE-1391, PE-1634, PE-943, PE-1871, PE-1382, PE-1236, 15

16 PE-1504, PE-776, PE-1873, PE-942, PE-1500, PE-1386, PE-1378, PE-516, PE-780, PE-369, PE-1155, PE-1873, PE-776, PE-120, PE-1871, PE-1640, PE-1077, PE Documentales anteriores que tienen valor probatorio pleno, pues por lo que concierne a las órdenes de trabajo y las pólizas de cheques, son documentos públicos que obran en copias certificadas, en términos del artículo 253, del Código de Procedimientos Penales de Chiapas, que se aplica en forma supletoria a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Chiapas, pues fueron expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones; y por lo que atañe a las facturas, las cuales obran en copias certificadas, cabe señalar que si bien son documentos privados, el indiciado no las objetó como dispone el numeral 254 de la ley adjetiva penal del estado Cobran aplicación a lo sostenido los siguientes criterios jurisprudenciales: DOCUMENTAL PÚBLICA. HACE FE PLENA, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO. (LEGISLACION DEL ESTADO DE CHIAPAS). Es inexacto que las documentales públicas para tenerias como pruebas plenas deban estar robustecidas por otros elementos de convicción, en razón que conforme a las reglas de valoración previstas por el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas, tales probanzas por si solas tienen el valor de prueba plena mientras no se demuestre lo contrario. (TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO CIRCUITO, Localización: Octava Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Volumen IX, Febrero; Página: 182). DOCUMENTOS PRIVADOS, VALOR PROBATORIO DE LOS. Si una de las partes no objeta el documento privado presentado por la parte contraria, acepta su validez y, por lo tanto, debe considerársele con valor probatorio, por acreditar el hecho correspondiente; esto es, el hecho que quiera demostrarse, aun cuando no haya sido ratificado dicho documento. (Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, Volumen 31, Página 15). En cuanto al incumplimiento a la fracción XXI, del artículo 45 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, básicamente se actualiza con las mismas pruebas y consideraciones de la diversa fracción I, pues con tales hechos, queda en evidencia que soslayó lo dispuesto por los artículos 16, párrafo primero, fracciones III y IX del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Chiapas para el Ejercicio Fiscal 2007; 3, fracciones, III, IV y VI del Acuerdo por el que se Expiden las Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Estado; 10, fracción I, e), del Control Interno de la Normatividad Contable y Financiera 2007; 43, fracción IV, de los Lineamientos para la Aplicación y Seguimiento de las Medidas de Austeridad, Disciplina y Racionalidad del Gasto de la Administración Pública Estatal, en el sentido de que el implicado no se sujetó a las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria, demostrando además que no administró de manera eficiente y eficaz los recursos públicos, por cuanto a que no adoptó medidas que optimizaran el ejercicio del gasto, al no 16

17 implementar los controles internos convenientes para el logro de los objetivos, indicadores y metas de racionalidad del gasto público respecto a la compra de refacciones y autorización de servicios de mantenimiento del parque vehicular; así también, no efectuó las erogaciones conforme a las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria establecidos en el Presupuesto de Egresos, ni ejerció los recursos con eficiencia y eficacia, tampoco implementó los controles internos, que se ajustaran a las normas y lineamientos que conlleven a un ejercicio del gastos, eficiente y transparente Lo anterior se encuentra acreditado con las documentales públicas consistentes en órdenes de trabajo y pólizas de cheques que fueron anteriormente referidas, que obran en copias certificadas, las cuales fueron expedidas por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, en términos del artículo 253, del Código de Procedimientos Penales de Chiapas, que se aplica en forma supletoria a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Chiapas, y con las documentales privadas consistentes en las facturas supra señaladas, las cuales obran en copias certificadas, y que no fueron objetadas como dispone el numeral 254 de la ley adjetiva penal del estado; en ese tenor, tienen valor probatorio pleno, con las cuales se advierte que se erogó un gasto que no se ajustó a los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria Cobran aplicación a lo sostenido los siguientes criterios jurisprudenciales: DOCUMENTAL PÚBLICA. HACE FE PLENA, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO. (LEGISLACION DEL ESTADO DE CHIAPAS). Es inexacto que las documentales públicas para tenerias como pruebas plenas deban estar robustecidas por otros elementos de convicción, en razón que conforme a las reglas de valoración previstas por el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas, tales probanzas por si solas tienen el valor de prueba plena mientras no se demuestre lo contrario. (TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO CIRCUITO, Localización: Octava Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Volumen IX, Febrero; Página: 182). DOCUMENTOS PRIVADOS, VALOR PROBATORIO DE LOS. Si una de las partes no objeta el documento privado presentado por la parte contraria, acepta su validez y, por lo tanto, debe considerársele con valor probatorio, por acreditar el hecho correspondiente; esto es, el hecho que quiera demostrarse, aun cuando no haya sido ratificado dicho documento. (Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, Volumen 31, Página 15). Así, se puede concluir que Joel Omar Salazar Mendiguchía, en su momento con la calidad de servidor público con el cargo de Delegado Administrativo de Tapachula (Zona Costa), dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en diversas fechas comprendidas del 01 de enero al 17