CORTE NACIONAL DE JUSTICIA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL ANTECEDENTES

Transcripción

1 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL JUEZA PONENTE: María Rosa Merchán Larrea Quito, 06 de junio de 2014, las 09h10 VISTOS: (Juicio ) ANTECEDENTES En el juicio ordinario que, por constitución y liquidación de sociedad de hecho, siguen Iván Drichelmo Morán Fattuli y su cónyuge Susana Haydee Villagómez Vaca en contra de los cónyuges José Fernando Villagómez Vaca y Ligia Beatriz Rodríguez Castillo, los demandados interponen recurso de casación impugnando la sentencia dictada el 30 de abril de 2012, las 12h46, por la Sala Especializada de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo, la que reformando la sentencia de primer nivel, acepta parcialmente la demanda. FUNDAMENTOS DEL RECURSO Los recurrentes restringen la interposición del recurso a los siguientes puntos: 1. Con fundamento en la causal primera, errónea interpretación de los artículos 1957, 1959, 1961, 2019, 2309, 2332, 2336 del Código Civil; aducen que el juez inferior se equivocó al determinar la existencia de una sociedad de hecho entre Susana Villagómez y el recurrente Fernando Villagómez, porque uno de los requisitos para establecer una sociedad es que las partes que intervienen deben

2 aportar dinero, bienes o industria con ánimo de que las ganancias se distribuyan entre sí; y, que en este caso no existe tal aporte por la Sra. Susana Villagómez. 2. Aplicación indebida de los artículos 273 del Código de Procedimiento Civil y 19 del Código Orgánico de la Función Judicial, alegan que la sentencia emitida por los Jueces de Alzada no resuelve únicamente los puntos sobre los cuales se trabó la Litis, pues en la misma se afirma que la sociedad de hecho entre las partes empezó el 30 de Enero del 2004, cuando la pretensión de los accionantes es que ésta se declare establecida desde el mes de marzo del Fundamenta dicha infracción en la causal 2 del artículo 3 de la Ley de Casación. Fijados así los términos del recurso, queda delimitado el ámbito de análisis y decisión de este Tribunal de Casación, en virtud del principio dispositivo consagrado en el artículo de la Constitución del Ecuador, normado por el artículo 19 del Código Orgánico de la Función Judicial. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 1. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 1.1. Corresponde el conocimiento de esta causa al Tribunal que suscribe, constituido por Jueces Nacionales, nombrados y posesionados por el Consejo Nacional de la Judicatura, en forma constitucional, mediante resolución número de 25 de enero de 2012; designados por el Pleno para actuar en esta Sala de lo Civil y Mercantil, por resolución de 30 de enero de 2012 ; su competencia para conocer el recurso de casación interpuesto se fundamenta en lo dispuesto en los Art de la Constitución de la República del Ecuador, del Código Orgánico de la Función Judicial y 1 de la Ley de Casación.

3 2. DE LA CASACIÓN Y SUS FINES 2.1. En el ordenamiento jurídico ecuatoriano, el recurso de casación, en la forma que lo estructura la Ley, constituye un recurso de carácter limitado, extraordinario y formal; limitado, porque procede solo contra sentencias y autos que ponen fin a procesos de conocimiento y contra providencias expedidas en su ejecución; extraordinario, porque se lo puede interponer solo por los motivos que expresamente se señalan como causales para su procedencia; y, formal, porque debe cumplir obligatoriamente con determinados requisitos. De las causales que delimitan su procedencia, devienen sus fines, el control de legalidad de las sentencias y autos susceptibles de recurrirse, control de legalidad que se materializa en el análisis de la adecuada aplicación de las normas de derecho objetivo, procedimental y precedentes jurisprudenciales obligatorios, a la situación subjetiva presente en el proceso, para la unificación de la jurisprudencia. 3. PROBLEMA JURÍDICO QUE DEBE RESOLVER EL TRIBUNAL Al Tribunal, en virtud de los puntos a los cuales los recurrentes contraen el recurso, le corresponde resolver: 3.1 Si la hipoteca sobre un bien inmueble cuya finalidad es el garantizar el flujo de mercancías en virtud de un contrato de distribución, que permite el funcionamiento de un negocio; constituye un aporte para la conformación de una sociedad, en los términos fijados por el artículo 1959 del Código Civil. 3.2 Si declarado el derecho por el juez, la época en la que se fija tal derecho constituye extra petita. 4. CRITERIOS BAJO LOS CUALES EL TRIBUNAL REALIZARÁ SU ANÁLISIS

4 4.1. Para resolver, este Tribunal considera necesario dejar sentados sus criterios sobre los siguientes temas: La sociedad en los términos del artículo 1957 del Código Civil, debe entenderse como un contrato en que dos o más personas estipulan poner algo en común, con el fin de dividir entre sí los beneficios que de ello provengan Que toda sociedad debe cumplir con los requisitos del artículo 1959 del Código Civil, que al efecto prescribe: No hay sociedad, si cada uno de los socios no pone alguna cosa en común, ya consista en dinero o efectos, ya en una industria, servicio o trabajo apreciable en dinero. Tampoco hay sociedad sin participación de beneficios. No se entiende por beneficio el puramente moral, no apreciable en dinero Que las sociedades se pueden conformar de hecho, sin cumplir con los requerimientos formales que la ley manda, entendidos éstos como aquellas solemnidades que deben observarse al tiempo de formación del acto; pero una vez establecida, al haber cumplido con los requisitos de fondo, aquellos que se refieren al contenido normativo, tiene los mismos efectos en cuanto a disolución y liquidación que una sociedad de derecho. Por este motivo el artículo 1961 del Código Civil permite: Si se formare de hecho una sociedad que no pueda subsistir legalmente, ni como sociedad, ni como donación, ni como contrato alguno, cada socio tendrá la facultad de pedir que se liquiden las operaciones anteriores y de sacar sus aportes. Esta disposición no se aplicará a las sociedades que son nulas por lo ilícito de la causa u objeto respecto de las cuales se estará a lo dispuesto por el Código Penal. 5. ANÁLISIS MOTIVADO DE LOS FUNDAMENTOS DEL RECURSO A la luz de los criterios expuestos, el Tribunal, procede a analizar las imputaciones realizadas a la sentencia impugnada en los siguientes términos:

5 5.1. La Ley de Casación al señalar puntualmente motivos o causas, en los que necesariamente debe fundamentarse el recurso de casación, encadena normas a yerros o vicios en los que hubiese podido incurrir el juzgador de instancia; las cinco causales previstas en el artículo 3 de la Ley de Casación, constituyen las razones de orden legal en las cuales debe apoyarse el recurso y las que amparan la pretensión del recurrente, y corresponden a diferentes presupuestos fácticos, su estructuración autónoma e independiente no permite que los cargos contra la sentencia se puedan plantear sin determinarlas expresamente ya que, cuando el vicio por el cual se ataca la sentencia, se encuentra comprendido específicamente dentro de una de las causales establecidas en la Ley, es sola y exclusivamente en ella en la que debe sustentar su acción. En el caso en análisis, el recurrente fundamenta su impugnación en la causal 2 del artículo 3 de la Ley de Casación que configura los vicios de aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas procesales, cuando hayan viciado el proceso de nulidad insanable o provocado indefensión, siempre que hubieren influido en la decisión de la causa y la respectiva nulidad no hubiese quedado convalidado legalmente; los artículos 346 y 1014 del Código de Procedimiento Civil, fijan las razones legales, solemnidades sustanciales cuya omisión produce la nulidad del proceso. La acusación de los recurrentes, se sustenta en que el juez se ha excedido en sus facultades al reformar la sentencia pues declara la existencia de la sociedad de hecho desde el 30 de enero de 2004, cuando en la demanda se alega que tal sociedad existe desde marzo del Evidentemente, los argumentos no se relacionan con la causal segunda invocada; a pesar de lo cual, al haber sido aceptada a trámite, este Tribunal de Casación, para resolver considera: El vicio de indebida aplicación que según los recurrentes ha provocado indefensión, ocurre cuando el juzgador ha errado en la elección de la norma

6 aplicada, dado que la norma contiene una hipótesis y para ser aplicable, la relación fáctica ha de poder subsumirse en ella. El yerro del juzgador se origina entonces, en el uso de una norma jurídica a un caso no regulado por ella, es decir se ha aplicado a los hechos sometidos a juicio una Ley impertinente. El Art. 273 del Código Procedimiento Civil dispone La sentencia deberá decidir únicamente los puntos sobre que se trabó la litis y los incidentes que, originados durante el juicio, hubieren podido reservarse, sin causar gravamen a las partes, para resolverlos en ella y el Código Orgánico de la Función Judicial, en su artículo 19 prevé PRINCIPIOS DISPOSITIVO, DE INMEDIACION Y CONCENTRACION.- Todo proceso judicial se promueve por iniciativa de parte legitimada. Las juezas y jueces resolverán de conformidad con lo fijado por las partes como objeto del proceso y en mérito de las pruebas pedidas, ordenadas y actuadas de conformidad con la ley. ( ). Las normas transcritas, contienen mandatos de forzosa aplicación, obligación de la cual no pueden sustraerse los jueces, en virtud de lo cual su aplicación siempre será pertinente; consecuentemente, el vicio de indebida aplicación de las normas citadas nunca será procedente, por lo que se desecha este cargo. Aún en el caso de haberse impugnado apropiadamente, el exceso de facultades que alude el recurrente correspondería a un vicio de ultra petita, esto es, que el juez ha concedido más allá de lo pedido en la demanda; al respecto este Tribunal señala que, cuando el juez realiza una sentencia constitutiva de derechos ( crea el derecho), porque de autos existe prueba suficiente para determinar su existencia, también con las mismas probanzas puede determinar la época de vigencia de tales derechos; sin que ello configure vicio de ultra petita.

7 5.2. Con fundamento en la causal 1 del artículo 3 de la Ley de Casación, los recurrentes, aseveran que el juez inferior se equivocó al reconocer la existencia de una sociedad de hecho, existiendo en consecuencia errónea interpretación de los artículos 1957, 1959, 1961, 2019, 2309, 2332 del Código Civil, referentes a la sociedad en general. Al respecto, este Tribunal considera necesario realizar las siguientes precisiones: El vicio de errónea interpretación de una norma de derecho, opera cuando el juzgador reconociendo la existencia y la validez de la norma y la pertinencia al caso, se equivoca al momento de interpretarla, otorgándole un sentido y alcance que no tiene, siendo dicha transgresión transcendental en el fallo. El juez, al interpretar la Ley debe en primer lugar determinar el sentido inmanente de la norma para aplicarla al caso concreto, en el contexto del hecho sometido a juicio. Revisada la sentencia impugnada se encuentra, que el tribunal de apelación determina la existencia de la sociedad de hecho en virtud de la prueba aportada que reconoce la existencia de tal sociedad al insistir el demandado en la falta de acuerdo en el reparto de las acciones; y estima que los requisitos para su existencia, esto es proveer cosas en común apreciables en dinero incluían el otorgamiento de la garantía hipotecaria y las letras de cambio con pleno conocimiento de que la actora lo hacía como aporte a la sociedad. Es decir han sustentado su fallo en la confesión judicial y la prueba coherente respecto de su existencia (de la sociedad). El Art del Código Civil prescribe No hay sociedad, si cada uno de los socios no pone alguna cosa en común, ya consista en dinero o efectos, ya en una industria, servicio o trabajo apreciable en dinero. Tampoco hay sociedad sin participación de beneficios. No se entiende por

8 beneficio el puramente moral, no apreciable en dinero ; los efectos, no son sino las cosas que son de propiedad de una persona, y sobre esa propiedad se otorga garantía que es la que permite que el negocio opere; pues, lo necesario y lo contingente del negocio está determinado alrededor de la garantía hipotecaria; dado que, la sociedad que se pretende declare tiene como origen un contrato de distribución en el cual se exige una garantía real, (lo necesario) a partir de la cual se asegura la provisión de mercadería respaldada ciertamente en esa hipoteca; la actora asume también las contingencias del giro del negocio al exponer sus bienes, a través de la hipoteca y de letras de cambio; lo cual evidentemente no lo hace a título gratuito. La norma citada no contiene una prohibición expresa, para que, por acuerdo de las partes, los aportes de la sociedad consistan en hipoteca sobre un bien a través del cual se garantice el desarrollo del negocio, tanto más, que en la sentencia de instancia se establece que se suspendió la provisión de mercancías hasta superar el inconveniente de las garantías, lo que hace evidente que las garantías eran indispensables, requisito sin el cual no funcionaba el negocio; que el demandado no contaba con bienes que den garantías suficientes para operar solo o no quiso exponerlos, tomando en cuenta que el negocio acrece o perece solo para sus dueños; y que requería de alguien que tenga propiedades suficientes para otorgar garantías, en el caso su hermana, a título de aporte a la sociedad. A la luz de los hechos y probanzas expuestos, la sentencia de instancia determina que la existencia de la sociedad de hecho se fundamenta en las propias aseveraciones del demandado, en razón de lo cual se exime de considerar el artículo 1959 del Código Civil, dado que tampoco hay ilicitud en un acuerdo para formar una sociedad de hecho de esta naturaleza.

9 Existiendo sociedad de hecho, indudablemente a esta le es aplicable el artículo 1961 del Código Civil que permite su disolución. En virtud de lo expuesto, este Tribunal desestima el cargo de errónea interpretación de las normas de derecho que se acusan como infringidas, con sustento en la causal primera del Art. 3 de la Ley de Casación. 6. DECISIÓN Por las consideraciones expuestas, este Tribunal de la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, no casa la sentencia dictada el 30 de abril del 2012 por la Sala Especializada de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia del Chimborazo. Sin costas, ni multas. Hágase saber y devuélvase los expedientes de instancia, para la ejecución de la sentencia. ff) Dra. María Rosa Merchán Larrea, Dr. Eduardo Bermúdez Coronel, Dra. Paulina Aguirre Suárez, JUECES NACIONALES; y, Dra. Lucia Toledo Puebla, SECRETARIA RELATORA. Certifico: Que la copia que antecede es igual a su original. Quito, 06 de junio de Dra. Lucía Toledo Puebla SECRETARIA RELATORA