REPUBLICA DEL ECUADOR

Transcripción

1 REPUBLICA DEL ECUADOR Juicio No: Resp: KARINA RODAS Quito, viernes 19 de junio del 2015 En el Juicio Verbal Sumario No que sigue COMPAÑIA PRODUCTORES DE ENVASES FARMACEUTICOS S.A. PROENFAR S.A., SUAREZ CHECA MAURICIO FABIAN, PROCURADOR JUDICIAL en contra de MAIRA YANINA MANCHENO TORRES, GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA SWISS & NORTH GROUP S.A.,, hay lo siguiente: JUEZA PONENTE: DRA. MARIA ROSA MERCHAN LARREA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA DEL ECUADOR. - SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL.- Quito, jueves 18 de junio del 2015, las 16h48.- VISTOS: ( ) ANTECEDENTES En el juicio verbal sumario que por pago de facturas sigue el Abogado Mauricio Fabián Suarez Checa en calidad de Procurador Judicial de la Compañía PRODUCTORES DE ENVASES FARMACEUTICOS S.A. PROENFAR S.A. en contra de la Compañía SWISS & NORTH GROUP S.A, en la persona de su Gerente General y Representante Legal, Economista Maira Yanina Mancheno Torres, la demandada interpone Recurso de Casación impugnando la sentencia dictada el 30 de julio del 2013, las 08h58, por la Segunda Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, la que al desechar el recurso de apelación, confirma el fallo de primer nivel que declaró con lugar la demanda. FUNDAMENTOS DEL RECURSO La recurrente, en el escrito de interposición del recurso, sin señalar de forma expresa la causal en la que se fundamenta, acusa a la sentencia de falta de aplicación de los artículos 75, 168.6, 169, 11 numerales 2, 3, 4 y 5, 424, 425 y 426 de la Constitución de la República, en concordancia con los artículos 4 inciso primero, 5 inciso primero, 18, 19 último inciso, 20 inciso primero y 23 del Código Orgánico de la Función Judicial, alegando, luego de transcribir doctrina referente a la tutela judicial efectiva, su opinión sobre el principio de concentración, la pretensión del Derecho Constitucional, el sustento de los sistemas jurídicos; y, el principio de aplicación directa de la Constitución; que éste ha previsto mecanismos adecuados para el fin constitucional y el debido proceso, al permitir que los principios de simplificación, celeridad y economía procesal se observen a efectos de que los conflictos entre las mismas partes, se resuelvan en un solo proceso (Sic), principios de los cuales, deriva la menor cantidad de actos procesales, para garantizar la tutela judicial efectiva. Expresa que, De que valen estos principios si se pretende deslegitimar a quien teniendo un mejor derecho, se le impide su contrademanda, se le niega la acumulación por la sola presencia de clásicas y marginales normas procesales (Sic). Finalmente, sostiene que la decisión ampliatoria no se encuentra motivada, requisito que no puede ser omitido y debe contener las aserciones realizadas y los juicios de valor que el juzgador realiza en el iter de su decisión. (Sic). Fijados así los términos objeto del recurso, queda delimitado el ámbito de análisis y decisión de este Tribunal de Casación, en virtud del principio dispositivo consagrado en el artículo de

2 la Constitución del Ecuador, normado por el artículo 19 del Código Orgánico de la Función Judicial. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 1. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 1.1. Corresponde el conocimiento de esta causa, al Tribunal que suscribe, constituido por Jueza, Juez y Conjuez Nacionales, nombrados y posesionados por el Consejo de la Judicatura, en forma Constitucional, mediante resolución número de 25 de enero de 2012; designados por el Pleno para actuar en esta Sala de lo Civil y Mercantil por resolución No del 28 de enero de 2015; su competencia para conocer el recurso de casación interpuesto se fundamenta en lo dispuesto en los Arts de la Constitución dela República del Ecuador; del Código Orgánico de la Función Judicial y 1 de la ley de Casación. El Dr. Guillermo Narváez Pazos, ha sido llamado a intervenir, por licencia concedida al Juez titular Dr. Wilson Andino Reinoso, mediante oficio No. 739-SG-CNJ-MB de 5 de junio de DE LA CASACIÓN Y SUS FINES 2.1. En el ordenamiento jurídico ecuatoriano, el recurso de casación, en la forma que lo estructura la ley, constituye un recurso de carácter limitado, extraordinario y formal; limitado, porque procede solo contra sentencias y autos que ponen fin a procesos de conocimiento y contra providencias expedidas en su ejecución; extraordinario, porque se lo puede interponer solo por los motivos que expresamente se señalan como causales para su procedencia; y, formal, porque debe cumplir obligatoriamente con determinados requisitos. De las causales que delimitan su procedencia, devienen fines, el control de legalidad que se materializa en el análisis de la adecuada aplicación de las normas de derecho objetivo, procedimental y precedentes jurisprudenciales obligatorios, a la situación subjetiva presente en el proceso, para la unificación de la jurisprudencia. 3. PROBLEMA JURÍDICO QUE DEBE RESOLVER EL TRIBUNAL 3.1. Al Tribunal, en virtud de los puntos a los cuales la recurrente contrae el recurso le corresponde resolver Si negar la acumulación de autos y la reconvención, en un proceso en el cual la ley las prohíbe expresamente, vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, al debido proceso y transgrede los principios de la administración de justicia? 4. PUNTOS DE DERECHO PARA EL ANÁLISIS DE LOS FUNDAMENTOS DEL RECURSO 4.1. Los cambios conceptuales y la redefinición del Estado Ecuatoriano, como uno Constitucional de derechos y justicia, la inclusión de principios fundamentales para el ejercicio de las atribuciones en la administración de justicia, así como de las garantías del debido proceso, y el mandato de aplicación directa de normas constitucionales y tratados internacionales de derechos humanos, por juezas y jueces, establece al valor justicia como un fin primordial del Estado, ello obliga a asegurar que los órganos jurisdiccionales, cumplan mínimamente, con los imperativos del valor justicia La Tutela judicial efectiva de los derechos e intereses de las partes en un proceso en el que

3 se ha respetado las garantías mínimas, se materializa cuando éste culmina con una decisión que refleja el valor justicia y debe cumplir, con los requisitos previstos en la Constitución y en la Ley; esto es una resolución justa, motivada y como tal congruente Las pretensiones y defensas, de los sujetos en un conflicto, ante los órganos jurisdiccionales, se sustentan, prueban y resuelven en un proceso que, sirve de instrumento para su realización; entre las normas de derecho procesal y las de derecho material o sustantivo, hay un vínculo de medio a fin, por ello la Constitución de la República en su artículo 169, establece que el sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación y economía procesal y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de solemnidades La normas constitucionales, determinan los presupuestos mínimos para garantizar el debido proceso, presupuestos desarrollados a través de la legislación que efectiviza su ejercicio mediante procedimientos preexistentes, claros y conocidos para garantizar el derecho a la seguridad jurídica, consagrado en el artículo El Código de Procedimiento Civil, en el Título II, sección 23ª, que regula el juicio verbal sumario, en su artículo 834 dispone en este juicio, no podrá el actor reformarla, tampoco se admitirá reconvención, quedando a salvo el derecho para ejercitar por separado la acción correspondiente, La acumulación de autos no procede, entre otros, en el juicio ejecutivo y en los demás juicios sumarios. Artículo 110 del Código de Procedimiento Civil. 5. ANÁLISIS MOTIVADO SOBRE LA FUNDAMENTACION DEL RECURSO 5.1. De la lectura del escrito de interposición del recurso, este Tribunal observa que si bien en él no se señala la norma de la Ley de Casación en la que se sustenta, si se explicitan la razones legales que sirven de fundamento a las acusaciones contra la sentencia, las que se enmarcan en la causal 1 del artículo 3 de la Ley de la materia, que configura los vicios de aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas de derecho, en la sentencia o auto, que hayan sido determinantes de su parte dispositiva Con respecto a la acusación de falta de aplicación de las normas de la Constitución de la República y las del Código Orgánico de la Función Judicial, que cita como vulneradas, sostiene la recurrente que la tutela judicial efectiva, entendida como equivalente al debido proceso, persigue un proceso justo, el derecho a ser oído, la igualdad de armas y que este derecho no puede ser limitado por una norma jurídica y peor por meras formalidades que desconocen los principios de celeridad y concentración; que la menor cantidad de actos procesales se deriva de los principios constitucionales antes citados para garantizar la tutela judicial efectiva, preguntando de qué valen estos principios si se pretende deslegitimar a quien teniendo un mejor derecho, se le impide su contrademanda, se le niega la acumulación por la sola presencia de clásicas y marginales normas procesales. Agrega que el auto nugatorio de la solicitud de ampliación se limita a considerar de forma clásica el artículo 282 del Código de Procedimiento Civil, sin que se haya motivado mínimamente su resolución. Al respecto, este Tribunal realiza las siguientes precisiones: La Constitución de la República, en su artículo 75 dispone Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la Ley., en

4 relación con el artículo 23 del Código Orgánico de la Función Judicial, que dispone: La Función Judicial, por intermedio de las juezas y jueces, tiene el deber fundamental de garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos declarados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos o establecidos en las leyes, cuando sean reclamados por sus titulares o quienes invoquen esa calidad, cualquiera sea la materia, el derecho o la garantía exigido. Deberán resolver siempre las pretensiones y excepciones que hayan deducido los litigantes sobre la única base de la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado, la ley, y los méritos del proceso. La Corte Constitucional en la sentencia No SEP-CC (Caso No EP), dictada el 11 de mayo de 2010, respecto a la tutela judicial efectiva ha señalado El derecho a la jurisdicción o derecho a tutela judicial efectiva, equivale al derecho que tiene todo ciudadano de concurrir al órgano judicial en procura de justicia; constituye un derecho humano fundamental que debe estar libre de restricción y absolutamente inviolable, corresponde no solo al que estimula primero la jurisdicción, sino también al emplazado a defenderse de la pretensión de aquel (Luis Rene Herrero. Derecho a ser oído. Eficacia del Debate Procesal. Ed. Rubinzal- Culzoni. Buenos Aires, 2003, pág. 96) En la especie, el fallo impugnado en el considerando CUARTO numeral 13 señala La excepción del numeral 2.6 y 2.8 deviene en improcedente, por contrariar disposición legal expresa determinada en el artículo 834 del código adjetivo civil, lo que es ratificado en Jurisprudencia citando como ejemplo la constante en la Gaceta Judicial, Año LXXX, Serie XII, No. 7, Pág. 1436, publicada el 9 de enero de 1980, (Sic), de lo que deviene que el Tribunal de instancia desecha la reconvención, por prohibirla el artículo 834 del Código de Procedimiento Civil; señalando con respecto a la acumulación de autos que La excepción del numeral 2.7 de esta sentencia (se realice una consulta a la Corte Constitucional, para que disponga la acumulación de procesos), es improcedente, pues la Consulta a la Corte Constitucional solo procede de conformidad a lo establecido en el artículo 428 de la Constitución de la República, cuando una jueza o juez, de oficio o a petición de parte, considere que una norma jurídica es contraria a la Constitución o a los instrumentos internacionales de derechos humanos que establezcan derechos más favorables que los reconocidos en la Constitución, lo que en el presente caso no se ha producido. (Sic). Respecto a los casos en que no procede la acumulación, el Código de Procedimiento Civil, en su artículo 110, prescribe que no se decretará aquella, entre otros 2. En el juicio ejecutivo y en los demás juicios sumarios;. Consideraciones de los juzgadores, de las cuales deviene que, el Tribunal, no tuvo duda razonable y motivada de que las normas procesales referidas son contrarias a la Constitución, pues en ella, en la norma Suprema, no se establece que procede la reconvención y la acumulación de autos en todo tipo de procesos judiciales; figuras jurídicas que desde una óptica diferente a la que anima al recurrente podrían ser apreciados como obstáculos en la rápida y oportuna tramitación de una causa, que impone el principio de celeridad y podrían complicar el desarrollo de un proceso verbal sumario vulnerando el principio de simplificación. El principio de concentración propende a reunir la actividad procesal en la menor cantidad posible de actos, no a acumular acciones prohibidas por la ley procesal, cuyo respeto es parte también del debido proceso, así lo dispone el artículo 76.1 de la Constitución, al señalar que corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. Este Tribunal considera, que la aplicación de las normas procesales que prohíben la reconvención y acumulación de autos, es propia del procedimiento establecido para el juicio verbal sumario, por tanto, al haber sido éstas observadas por el Tribunal de instancia en su resolución, se ha cumplido con la garantía básica del debido proceso prevista en la parte final del numeral 3 del artículo 76 de la Constitución de la República Sólo se podrá juzgar a una

5 persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento. Ello robustece además el derecho a la seguridad jurídica consagrado también en el artículo 82 de la Constitución, que dispone el derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por autoridades competentes. Consiguientemente, al no haberse vulnerado las normas constitucionales y legales acusadas como infringidas, este Tribunal desecha el cargo. DECISION Por las consideraciones expuestas, este Tribunal de la Sala Especializada de lo Civil y mercantil de la Corte Nacional de Justicia ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ACUERDO Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA NO CASA la sentencia dictada el 30 de julio del 2013, las 08h58, por la Segunda Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, en el juicio verbal sumario que por pago de facturas sigue el Abogado Mauricio Fabián Suarez Checa en calidad de Procurador Judicial de la Compañía PRODUCTORES DE ENVASES FARMACEUTICOS S.A. PROENFAR S.A. en contra de la Compañía SWISS & NORTH GROUP S.A, en la persona de su Gerente General y Representante Legal, Economista Maira Yanina Mancheno Torres. Sin costas. Notifíquese y devuélvase los expedientes de instancia. f).- DRA. MARIA ROSA MERCHAN LARREA, JUEZA NACIONAL, f).- DR. EDUARDO BERMÚDEZ CORONEL, JUEZ NACIONAL, f).- DR. EDGAR GUILLERMO NARVAEZ PAZOS, CONJUEZ NACIONAL. RAZON: Siento por tal, que la copia que antecede es igual a la original Quito, martes 19 de junio de Certifico DRA. LUCIA DE LOS REMEDIOS TOLEDO PUEBLA SECRETARIA RELATORA