Ministerio del Ambiente y Energía Secretaría Técnica Nacional Ambiental SETENA Tel: fax: y

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1 Ministerio del Ambiente y Energía Secretaría Técnica Nacional Ambiental SETENA Tel: fax: y Resolución Nº SETENA EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, LA SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL, A LAS 09 HORAS 30 MINUTOS DEL 14 DE SETIEMBRE DEL PROYECTO RISE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Nº D SETENA Conoce la Comisión Plenaria de esta Secretaría la solicitud de Cesión de Derechos de la Viabilidad Ambiental del expediente administrativo No. D SETENA, entre las sociedades Haciendas de El General S.A., cédula jurídica , actuando en su condición de CEDENTE y New Earth Preservation S.A., cédula jurídica número , actuando en su condición de CESIONARIO del proyecto denominado RISE. RESULTANDO PRIMERO: Que en fecha 18 de Julio del 2016, recibió esta Secretaría el Formulario de Evaluación Ambiental D1 correspondiente al proyecto RISE, al cual se le asignó el número de expediente D SETENA SEGUNDO: Que por resolución número No SETENA de las 07 horas 10 minutos del 23 de junio del 2017 se le otorga la Viabilidad (licencia ambiental), a la sociedad Haciendas de El General S.A., cédula jurídica número TERCERO: Que el 17 de Agosto del 2017, ingresa a esta Secretaría, solicitud de Cesión de Derechos de la Viabilidad Ambiental del señor Alberto José Esquivel Volio, en representación de Haciendas de El General S.A., cédula jurídica en calidad de Cedente y el señor Juan Carlos Tristán Rodríguez, en representación de New Earth Preservation S.A., cédula jurídica número , en su condición de Cesionario; así mismo adjunta una serie de requisitos necesarios para la formalización de este trámite. CONSIDERANDO PRIMERO: SOBRE LOS DOCUMENTOS APORTADOS: Respecto a la solicitud de cambio de desarrollador por operar la cesión de derechos de la Viabilidad Ambiental, se tiene por aportada la siguiente documentación: 1. Solicitud de cesión de la Viabilidad (Licencia) Ambiental, otorgada mediante resolución No SETENA al proyecto RISE, cesión solicitada por parte de la sociedad Haciendas de El General S.A. desarrollador del proyecto, a favor de la sociedad New Earth Preservation S.A., cédula jurídica número Testimonio de escritura pública número VEINTISEIS-TRES, del protocolo de los notarios públicos Ariel Leiva Fernández y Betzabeth Miller Barquero, sobre el 1

2 contrato de Cesión de Derechos entre la sociedad Haciendas de El General S.A. cédula de persona jurídica número , representada en este acto por el señor Alberto José Esquivel Volio, portador de la cédula de identidad , en su condición de Presidente con facultades de Apoderado Generalísimo sin Límite de Suma de la sociedad citada, quien en su calidad de cedente, cede el proyecto a favor de la sociedad New Earth Preservation, cédula de personería jurídica número , representada en este acto por el señor Juan Carlos Tristán Rodríguez, portador de la cédula de identidad número , en su condición de Apoderado Especial de la sociedad citada. 3. Testimonio de escritura pública número VEINTISIETE-TRES, del protocolo de los notarios públicos Ariel Leiva Fernández y Betzabeth Miller Barquero, sobre la Declaración Jurada de Compromisos Ambientales realizado por el señor Juan Carlos Tristán Rodríguez, portador de la cédula de identidad número , en su condición de Apoderado Especial de la sociedad New Earth Preservation S.A. 4. Copia certificada de la cédula de identidad del señor Alberto José Esquivel Volio, cédula de identidad número , Presidente con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la sociedad cedente. 5. Copia certificada de la cédula de identidad del señor Juan Carlos Tristán Rodríguez, cédula de identidad número , Apoderado Especial, de la sociedad cesionaria. 6. Certificación de Personería Jurídica de la sociedad Haciendas de El General S.A., cédula de persona jurídica número Certificación de Personería Jurídica de la sociedad New Earth Preservation S.A., cédula de persona jurídica número Testimonio de escritura pública número SETENTA Y NUEVE-VEINTE, del protocolo de los notarios públicos Kattya Marcela Mejías Villalobos y Magally María Guadamuz García sobre el otorgamiento de PODER ESPECIAL a favor del señor Juan Carlos Tristán Rodríguez, portador de la cédula de identidad número , para representar a la sociedad New Earth Preservation S.A. 9. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, Ley No. 17, se verifica el sistema de Consulta de Morosidad Patronal y en consulta del 28 de agosto del 2017, se tiene que: la sociedad Haciendas de El General S.A., aparece morosa en el pago de las obligaciones sociales, mientras que New Earth Preservation S.A. se encuentra al día con sus obligaciones patronales. SEGUNDO: SOBRE LA CESIÓN DE DERECHOS La Ley General de la Administración Pública (Ley No. 6227), normativa central del Ordenamiento Jurídico Administrativo, establece las fuentes del Derecho Administrativo. De esta manera instituye la jerarquía de las fuentes de dicho orden y se destaca el carácter autónomo del Derecho Administrativo y su normativa. No obstante, el artículo 9 de dicha regulación prescribe lo siguiente: El ordenamiento jurídico administrativo es 2

3 independiente de otros ramos del derecho. Solamente en el caso de que no haya norma administrativa aplicable, escrita o no escrita, se aplicará el derecho privado y sus principios Caso de integración, por laguna del ordenamiento administrativo escrito, se aplicarán, por su orden, la jurisprudencia, los principios generales del derecho público, la costumbre y el derecho privado y sus principios. De esta manera, se entiende claramente que el Orden Jurídico Administrativo se auto integra, de tal suerte que sus normas escritas y no escritas deben aplicarse incluso antes que el Derecho Privado. Son entonces normas de muy diversa naturaleza las que debe aplicar la Administración en el ejercicio de su actividad, sea formal o material. Es aquí donde el gestor de la función administrativa debe echar mano del numeral 7 de la misma Ley General de la Administración Pública, en el cual se reconoce en las normas no escritas - como lo son los principios generales de Derecho, la jurisprudencia y la doctrina - una contundente fuerza normativa. Así, en el caso de la cesión de derechos, cabe analizar qué normativa y principios son los aplicables para tener por formalizada una cesión de Derechos ante la SETENA. Al respecto debe tenerse en consideración que la función administrativa, en los términos del artículo 269 de la Ley General de la Administración Pública debe basarse en los criterios de celeridad, simplicidad, eficiencia y economía, por lo cual no debe obstaculizarse irracionalmente las gestiones de los Administrados, sino que debe la Administración, siempre en aras del interés público solucionar de la manera más eficiente y conforme al Ordenamiento Jurídico. Al no haber norma expresa en la Ley Orgánica del Ambiente o en el Ordenamiento Administrativo que regule la cesión de Derechos Ambientales, como los que otorga esta Secretaría, debe acudirse a los Principios Generales del Derecho y en caso de no haber contradicción, aplicarse lo dispuesto en el Código Civil con respecto a la Cesión de Derechos. En ese sentido, el artículo 1101 lo siguiente: Todo derecho o toda acción sobre una cosa que se halla en el comercio, pueden ser cedidos, a menos que la cesión esté prohibida expresa o implícitamente por la ley. Asimismo, la jurisprudencia ha reconocido la potestad de esta Secretaría de realizar dicho trámite, así, la resolución 1472-F-S de las 9 horas y 10 minutos del 08 de diciembre del 2011 (Expediente Judicial CA), emitido por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, manifestó: VII. ( ) Es decir la viabilidad ambiental no se otorga en forma personal, sino para que se desarrolle determinado proyecto, de ahí la posibilidad del cambio de desarrollador.( ) VIII.( ) Estima esta Sala, el cambio de desarrollador no conlleva a realizar todos los trámites de cero, como si se tratara de un nuevo proyecto, tal y como lo pretende hacer ver la accionante, por lo que contando con todos los permisos, y la anuencia de la Setena la otra empresa podía continuar ejecutando la actividad.( ). TERCERO: Incumplimiento del Artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social. Que el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social indica: 3

4 Artículo 74.- La Contraloría General de la República no aprobará ningún presupuesto, ordinario o extraordinario, ni efectuará modificaciones presupuestarias de las instituciones del sector público, incluso de las municipalidades, si no presentan una certificación extendida por la Caja Costarricense de Seguro Social, en la cual conste que se encuentran al día en el pago de las cuotas patronales y obreras de esta Institución o que existe, en su caso, el correspondiente arreglo de pago debidamente aceptado. Esta certificación la extenderá la Caja dentro de las veinticuatro horas hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, en papel común y libre de cargas fiscales, timbres e impuestos de cualquier clase. Corresponderá al Ministro de Hacienda la obligación de presupuestar, anualmente, las rentas suficientes que garanticen la universalización de los seguros sociales y ordenar, en todo caso, el pago efectivo y completo de las contribuciones adeudadas ala Caja por el Estado, como tal y como patrono. El incumplimiento de cualquiera de estos deberes acarreará en su contra las responsabilidades de ley. Penalmente esta conducta será sancionada con la pena prevista en el artículo 330 del Código Penal. Los patronos y las personas que realicen total o parcialmente actividades independientes o no asalariadas, deberán estar al día en el pago de sus obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), así como con otras contribuciones sociales que recaude esta Institución conforme a la ley. Para realizar los siguientes trámites administrativos, será requisito estar inscrito como patrono, trabajador independiente o en ambas modalidades, según corresponda, y al día en el pago de las obligaciones, de conformidad con los artículos 31 y 51 de esta Ley. (Así reformado el párrafo anterior por el artículo único de la ley N 8909 del 8 de febrero de 2011) 1.- La admisibilidad de cualquier solicitud administrativa de autorizaciones que se presente a la Administración Pública y esta deba acordar en el ejercicio de las funciones públicas de fiscalización y tutela o cuando se trate de solicitudes de permisos, exoneraciones, concesiones o licencias. Para efectos de este artículo, se entiende a la Administración Pública en los términos señalados en el artículo 1 tanto de la Ley General de la Administración Pública como de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 2.- En relación con las personas jurídicas, la inscripción de todo documento en los registros públicos mercantil, de asociaciones, de asociaciones deportivas y el Registro de organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, excepto los expedidos por autoridades judiciales. 3.- Participar en cualquier proceso de contratación con la Administración Pública, central o descentralizada, con empresas públicas o con entes públicos no estatales, fideicomisos o entidades privadas que administren o dispongan, por cualquier título, de fondos públicos. En todo contrato con estas entidades, incluida la contratación de servicios profesionales, el no estar inscrito ante la Caja como patrono, trabajador independiente o en ambas modalidades, según corresponda, o no estar al día en el pago de las obligaciones con la seguridad social, constituirá causal de incumplimiento contractual. Esta obligación se extenderá también a los terceros cuyos servicios subcontrate el concesionario o contratista, quien será solidariamente responsable por su inobservancia. 4

5 (Así reformado el inciso 3) anterior por el artículo único de la ley N 8909 del 8 de febrero de 2011) 4.- El otorgamiento del beneficio dispuesto en el párrafo segundo del artículo 5 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. 5.- El disfrute de cualquier régimen de exoneración e incentivos fiscales. Será causa de pérdida de las exoneraciones y los incentivos fiscales acordados, el incumplimiento de las obligaciones con la seguridad social, el cual será determinado dentro de un debido proceso seguido al efecto. La verificación del cumplimiento de la obligación fijada en este artículo, será competencia de cada una de las instancias administrativas en las que debe efectuarse el trámite respectivo; para ello, la Caja deberá suministrar mensualmente la información necesaria. El incumplimiento de esta obligación por parte de la Caja no impedirá ni entorpecerá el trámite respectivo. De igual forma, mediante convenios con cada una de esas instancias administrativas, la Caja Costarricense de Seguro Social podrá establecer bases de datos conjuntas y sistemas de control y verificación que faciliten el control del cumplimiento del pago de las obligaciones con la seguridad social." (NOTA: Este artículo fue adicionado a la presente ley por el numeral 5 de la Nº 6914 del 28 de noviembre de 1983 y reformado por el artículo 85 de la Ley N 7983 del 16 de febrero del 2000) (Este artículo se encuentra reglamentado por el Decreto Ejecutivo N MP-MTSS, del 6 de julio del 2000) De conformidad con lo anterior, se tiene que la sociedad Cedente incumple con la normativa indicada. CUARTO: Que sobre la obligatoriedad del cumplimiento de este artículo, la Procuraduría General de la República indicó en el dictamen número de marzo del Lo siguiente: El requisito establecido por el artículo 74 cumple una función social invaluable. En efecto, tiende a garantizar que en su actuación con la Administración Pública los particulares, personas físicas o jurídicas, involucrados respeten las obligaciones derivadas del sistema de seguridad social del país, en tanto este es la base del Estado Social de Derecho. Sistema cuya eficacia, cobertura, calidad e incluso permanencia corre riesgo por la morosidad y evasión en el pago de las cuotas obrero-patronales que lo afectan. El administrado está en el deber de cumplir las obligaciones económicas derivadas de la seguridad social. Este deber es general y no deriva del artículo 74. Este simplemente tiende a hacerlo realidad. Es por ello que para realizar trámites administrativos o participar en la contratación administrativa se establece como requisito el estar al día en el pago de las obligaciones que se establecen en el artículo 31 de la Ley Constitutiva de la Caja. La Sala Constitucional se ha referido a dicho fin en diversas resoluciones. Así, al conocer de la consulta de constitucionalidad del Proyecto de Ley de Protección al Trabajador, la Sala expresa sobre la reforma al artículo 74: En este artículo se reforma el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, en el que se obliga a los todos los patronos y 5

6 personas que realicen total o parcialmente actividades independientes o asalariadas, su deber de estar al día con el pago de sus obligaciones ya que ello constituye requisito, entre otros, para el trámite de admisibilidad de cualquier solicitud administrativa de autorización, y para la inscripción de todo documento en el Registro Público Mercantil. El contenido del artículo consultado, no puede ser inconstitucional, pues el legislador está plenamente facultado para regular las circunstancias de conveniencia y oportunidad, como lo es el establecimiento de requisitos para la tramitación administrativa y registral. Sala Constitucional, resolución N de 14:30 hrs. de 20 de enero de QUINTO: Por otro lado, sobre las propiedades donde se va a llevar a cabo el proyecto RISE, se realiza el estudio correspondiente, en el Sistema de Consultas del Registro Nacional y se constata que dichas propiedades no están a nombre del desarrollador, y en el proceso de evaluación, se presentó una autorización para el uso de los inmuebles a la sociedad Haciendas de El General S.A. (visible en el folio 164). Al momento de realizar la solicitud de cesión de la Viabilidad (Licencia) Ambiental, del proyecto RISE, no se presenta la autorización por parte de la sociedad propietaria de los inmuebles donde se llevará a cabo el proyecto, para el nuevo desarrollador, la cual debe estar debidamente autenticada por un abogado. Esto, con fundamento en el artículo 9 del Reglamento del Decreto Ejecutivo 31849, el artículo 1101 del Código Civil, así como el expediente del proceso de evaluación realizado en cada actividad, obra o proyecto POR TANTO LA COMISIÓN PLENARIA RESUELVE En sesión Ordinaria Nº de esta Secretaría, realizada el 14 de SETIEMBRE del 2017, en el Artículo No. 03 acuerda: PRIMERO: No aprobar la Cesión de Derechos de la Viabilidad Ambiental otorgada mediante resolución SETENA, hasta tanto Haciendas de El General S.A., no demuestre mediante documento idóneo y legítimo, estar al día con el pago de las Cuotas Obrero Patronales de la CCSS, según lo ordena el artículo 74 de la Ley Orgánica de la Caja Costarricense de Seguro Social. SEGUNDO: Deberá aportar además para completar los requerimientos, certificación registral actualizada de los bienes inmuebles sobre los cuales se desarrolla el proyecto RISE del expediente administrativo D SETENA y la autorización del propietario para el uso de los inmuebles, al nuevo desarrollador debidamente autenticada por notario público. TERCERO: Contra esta resolución cabe interponer dentro del plazo de tres días a partir del día siguiente a la notificación de esta resolución, los recursos de revocatoria ante la SETENA y de apelación ante el Ministro de Ambiente y Energía. 6

7 CUARTO: Con el propósito de mejorar los servicios brindados por la SETENA, se le solicita indicar una dirección de correo electrónico, para recibir notificaciones de parte de esta Secretaría, de conformidad con la directriz SG SETENA del 23 de junio de 2014, visible en la página web: Atentamente, LIC. MARCO ARROYO FLORES SECRETARIO GENERAL EN REPRESENTACION DE LA COMISION PLENARIA 7

8 En la oficina de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental se notificó documento Nº SETENA de las 09 horas 30 minutos del 14 de SETIEMBRE NOTIFÍQUESE: Señor: Lic. Juan Carlos Tristán R. Correo electrónico: / Firma: cédula A las horas y minutos del de del Notifica De conformidad con el artículo 34 de la Ley de Notificaciones Judiciales No (publicada en La Gaceta No.20 de 29 de enero del 2009), el documento que se emite por correo electrónico o fax tiene la validez y la eficacia de los documentos físicos originales, debiéndose establecer medios para garantizar la autenticidad, integridad y seguridad. 8