Palabras del Secretario Ejecutivo de la CEPAL, José Luis Machinea. Brasilia, Brasil, 4, 5 y 6 de diciembre de 2007

Transcripción

1 SEGUNDA CONFERENCIA REGIONAL INTERGUBERNAMENTAL SOBRE ENVEJECIMIENTO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: HACIA UNA SOCIEDAD PARA TODAS LAS EDADES Y DE PROTECCIÓN SOCIAL BASADA EN DERECHOS Palabras del Secretario Ejecutivo de la CEPAL, José Luis Machinea. Brasilia, Brasil, 4, 5 y 6 de diciembre de 2007 Ante todo, quisiera agradecer la invitación a realizar en Brasil esta segunda Conferencia regional intergubernamental sobre envejecimiento en América Latina y el Caribe. También, quisiera agradecer el constante y eficiente apoyo de la Secretaría Especial de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, la Cancillería y los representantes de los demás ministerios con los que hemos estado trabajando. El compromiso de Brasil con los derechos humanos, la protección y la cohesión social es un hecho que todos reconocemos y valoramos ampliamente. En América Latina y el Caribe, la población en su conjunto está envejeciendo paulatina pero inexorablemente. La proporción y número absoluto de personas de sesenta años y más ha venido incrementándose de manera sostenida. En 1950, vivían en la región 10 millones de personas mayores. En 2007, la cifra ascendía a 53 millones. Entre los años 2007 y 2025, 48 millones de personas mayores se sumarán a las ya existentes y en el 2050 superarán los 188 millones. En términos relativos, las personas de sesenta años y más representan actualmente el 9% del total de la población y en 2025 representarán el 15%. En este contexto, no se pueden dejar de mencionar las diferencias entre subregiones. De hecho, en la

2 actualidad los países caribeños presentan una mayor proporción de personas mayores que los sudamericanos y los centroamericanos. En promedio, este segmento de la población representa el 11% del total en el Caribe, el 9,5% de la población sudamericana y el 8% de la de México y Centroamérica, pero también se observan grandes diferencias entre un país y otro; a modo de ejemplo, mientras en países como Uruguay y Cuba el porcentaje supera el 16%, en otros (Nicaragua, Honduras, Paraguay) no alcanza siquiera al 6%. Una de las características de la evolución de la estructura por edad será el rápido envejecimiento del propio grupo de personas mayores, puesto que la población de 80 años y más es el segmento que crece con mayor rapidez. Se prevé que entre 2007 y 2050 la población de 60 años y más aumentará 2,6 veces, mientras la de 80 años registrará un aumento de alrededor de 4,5 veces. Podríamos decir, entonces, que nos convertiremos en sociedades con una proporción mucho mayor de personas mayores. Evidentemente, una transformación demográfica de estas dimensiones tendrá profundas repercusiones en la sociedad y en ámbitos específicos de las políticas públicas, como los relacionados con la cohesión social, los derechos humanos y el papel del Estado. Hay dos características de este fenómeno que despiertan profunda preocupación en nuestra región. En primer lugar, el envejecimiento se está dando a un ritmo más

3 rápido del que se dio en los países hoy desarrollados. En segundo lugar, se dará en un contexto caracterizado por una alta incidencia de la pobreza, una persistente desigualdad, una baja cobertura y deficientes sistemas de protección social, a lo que se suma una institución familiar sobrecargada que, junto con hacerse cargo de las necesidades de las personas de edad más avanzada, actúa como principal fuente de apoyo ante los vacíos derivados de la escasa presencia de otras instituciones sociales como dispositivos de protección y de cohesión. Por otra parte, la institución de la familia tendría cada vez más dificultades para cumplir su papel de reproducción social, como consecuencia de la disminución de la tasa de fecundidad y la plena incorporación de la mujer al trabajo fuera del hogar. Para afrontar los retos del envejecimiento, los países han ido avanzando en la creación y la elaboración de un marco legal y de políticas y programas destinados a mejorar las condiciones de vida de la población adulta mayor. En comparación con el año 2003, en el que se realizó la primera conferencia regional sobre envejecimiento, hoy en día hay nuevos nichos de políticas públicas y más intervenciones en este ámbito, aunque la situación varía mucho de un país a otro y entre las subregiones. Las diferencias que se observan responden en algunos casos a la heterogeneidad interna de las sociedades y a las características de sus procesos de desarrollo. Concretamente, en los países con una población adulta mayor más numerosa, la protección suele ser más amplia, mientras que en los países en plena transición, los desafíos que impone la población adulta mayor coexisten con la pobreza y la exclusión de otros grupos sociales. Los derechos de las personas mayores han ido cobrando importancia para los gobiernos y, por consiguiente, desde hace algunos años se han traducido en el desarrollo de marcos legales de protección. Sin embargo, existe una amplia brecha

4 entre el de jure y el de facto. El ejercicio efectivo de estos derechos sigue siendo insuficiente y, hoy en día, una parte importante de la población adulta mayor no tiene acceso a las prestaciones de la seguridad social ni a los servicios de salud y otros servicios básicos. En la mayoría de los casos, esta desprotección no puede atribuirse exclusivamente a la edad; también responde a la generalizada precariedad de los mecanismos de protección con que cuentan los Estados. En otros casos, son expresión de una abierta desigualdad en función de los ingresos o bien de una escasa consideración de las necesidades de este grupo social como objetivo de las políticas públicas, producto de la arraigada concepción de que los problemas de la vejez son una cuestión de carácter privado, más que de solidaridad colectiva. En América Latina y el Caribe, el envejecimiento se viene anunciando con anticipación, y se observa que los países más pobres y con menor desarrollo institucional presentan un envejecimiento demográfico menos avanzado. El cambio en la estructura por edad puede suponer beneficios tangibles para esos países, debido a las posibilidades que ofrece una relación cada vez más favorable entre la población dependiente y la población activa en términos de edad. El desafío que se les plantea a esos países se centra, por una parte, en desarrollar una visión a largo plazo que permita incluir los problemas del envejecimiento en la agenda actual - sin dejar de atender la apremiante necesidad de solución de problemas coyunturales y, por otra, en mejorar la formación de los recursos humanos y ampliar la capacidad de los sectores productivos para asegurar su utilización efectiva, de tal modo que las nuevas posibilidades no se conviertan en un mero espejismo.

5 En los países donde el envejecimiento está ad portas, la experiencia de las naciones desarrolladas no ofrece alternativas fácilmente replicables porque la realidad económica, institucional e histórica es distinta. Por lo tanto, se trata de países que se enfrentan al reto de concebir alternativas propias para enfrentar este fenómeno, sin perder de vista asuntos básicos relacionados con la convivencia y la solidaridad entre generaciones. Es indispensable que el envejecimiento de la población no sea un asunto circunscrito únicamente a las actuales generaciones de personas mayores. Como se describe en el informe elaborado por la CEPAL para esta conferencia, la consideración de esta situación en todas las agendas públicas, leyes y políticas que se formulen al respecto, así como los recursos que se les asignen en los presupuestos nacionales, tendrán un efecto en toda la sociedad. Desde esta perspectiva, lo fundamental es determinar cómo crear sociedades más cohesionadas y más democráticas que incluyan a todos. En efecto, el envejecimiento y las formas de enfrentar sus desafíos están relacionados con decisiones sobre los mecanismos y las posibilidades de cohesión social de cada país, con cómo se afianza la relación recíproca entre las generaciones actuales y cómo se avanza en este ámbito sin comprometer el futuro de las generaciones venideras. En este contexto, es fundamental evaluar la situación actual, enfrentar los rezagos que persisten y avanzar gradualmente en el fortalecimiento de la protección social de toda la población. En los últimos años, la CEPAL viene promoviendo un nuevo marco de desarrollo de los países de América Latina y el Caribe. Tal como afirmamos en el último período de sesiones de la Comisión, el desarrollo de las economías

6 latinoamericanas y caribeñas debe ir acompañado por niveles más amplios de protección e inclusión social. Al respecto, hemos insistido en la necesidad de ampliar la cobertura y elevar la calidad de los sistemas de protección social, a fin de que estos puedan cubrir a las personas frente a los riesgos derivados de la enfermedad, la vejez, la invalidez y la muerte, entre otras situaciones de vulnerabilidad. La titularidad de los derechos sociales debe encarnar la efectiva pertenencia a la sociedad, pues significa que todos los ciudadanos estén contemplados en la dinámica de desarrollo y puedan disfrutar del bienestar que este promueve. En tal sentido, podemos afirmar con entusiasmo que el enfoque de derechos ha ido adquiriendo una importancia creciente como fundamento ético de las democracias políticas en América Latina y el Caribe. Asimismo, es cada vez más frecuente que los derechos sociales sean invocados como criterio fundamental de orientación de las políticas de protección social y, por ende, del desarrollo de mecanismos de distribución de activos capaces de facilitar el avance hacia formas menos excluyentes de sociedad. Este reconocimiento y el impulso de los derechos como marco normativo de las intervenciones se deben extender, con igual fuerza, a las actividades orientadas a las personas mayores y sus familias. Como todos sabemos, Brasil tiene una extensa trayectoria en este ámbito y ha adoptado novedosas medidas para ampliar los niveles de protección social y propiciar la ciudadanía social, como medios de ir reforzando la capacidad de los ciudadanos de concretar sus propios proyectos de vida. Por ello ha sido especialmente satisfactorio para la CEPAL compartir con Brasil la experiencia de organizar y realizar esta segunda Conferencia regional sobre envejecimiento. En

7 este mismo sentido, deseamos agradecer también el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en la organización de esta conferencia, así como a las demás actividades de la CEPAL y, en especial, la labor que el CELADE realiza en esta área. Esperamos que en el transcurso de esta conferencia los países reiteren los compromisos asumidos en la adopción de la estrategia regional de implementación para América Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento y en la resolución de Montevideo sobre la protección social, en la que se apunta a reducir efectivamente las desventajas y las desigualdades en el ejercicio de los derechos sociales, tanto para las generaciones actuales como para las futuras. Para avanzar en este camino, los Estados miembros de la CEPAL que participan en esta conferencia tendrán la oportunidad de intercambiar experiencias, analizar los avances logrados en los últimos cuatro años y definir las modalidades de implementación de la estrategia regional sobre envejecimiento en lo que respecta a la protección de los ingresos, la atención de la salud y el fortalecimiento de las condiciones para el ejercicio de la ciudadanía. Confiamos en que los acuerdos emanados de esta reunión reafirmen el valor y el sentido que tiene el contrato intergeneracional para toda sociedad. Su reconocimiento es un importante aporte en términos de cohesión social, por lo que no puede dejar de valorarse la disposición de las sociedades a cumplir sus compromisos con todos los grupos sociales, independientemente de todo criterio de diferenciación, incluida la edad.

8 Señor Secretario Especial de Derechos Humanos, señoras y señores, muchas gracias nuevamente!