JURISDICCION LABORAL: competencia: personal de la Seguridad Social: médicos: impugnación de cese.

Transcripción

1 Jurisdicción: Social Recurso de Suplicación núm. 2684/2005. Ponente: Ilmo. Sr. D. Teresa Pilar Blanco Pertegaz JURISDICCION LABORAL: competencia: personal de la Seguridad Social: médicos: impugnación de cese. SERVICIO VALENCIANO DE SALUD: personal estatutario: cese de interino: despido nulo: nombramiento de otro facultativo con igual carácter de interinidad. El TSJ desestima el recurso de suplicación interpuesto por la parte demandada contra Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 2 de Alicante, de fecha , en autos promovidos sobre cese nulo. En Valencia, a trece de septiembre de dos mil cinco. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, compuesta por los Ilmos. Sres. Magistrados citados al margen, ha dictado la siguiente, SENTENCIA núm. 2743/2005 En el Recurso de Suplicación núm. 2684/05, interpuesto contra la sentencia de fecha 4 de mayo de 2005, dictada por el Juzgado de lo Social núm. Dos de Alicante, en los autos núm. 180/05, seguidos sobre Cese nulo, a instancia de D. Eusebio asistido por la Letrada Dª Mª Cruz Torres Mollá, contra Consejería de Sanidad de la Generalidad Valenciana, y en los que es recurrente la parte demandada, habiendo actuado como Ponente el/a Ilma. Sra. Dª Teresa Pilar Blanco Pertegaz. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO La sentencia recurrida de fecha 4 de mayo de 2005, dice en su parte dispositiva: «FALLO: Rechazando la defensa procesal de falta de jurisdicción opuesta por la parte demandada y, a su vez, estimando la demanda rectora de autos, promovida por DON Eusebio, frente a la Consejería de Sanidad de la Generalidad Valenciana, sobre cese, debo declarar y declaro NULO el cese del actor ocurrido en 23 de enero de 2005, condenando, en su consecuencia, a la Consejería demandada a estar y pasar por esta declaración y a que, en su consecuencia, proceda de forma inmediata a reintegrar al demandante en el puesto que venía ocupando en el Centro de Salud Juan XXIII merced a nombramiento de personal estatutario temporal de sustitución, y ello hasta que el mismo se extinga por alguna de las causas previstas legalmente, condenando, asimismo, a dicho Organismo a que le abone las retribuciones dejadas de percibir desde la fecha del cese hasta que tenga lugar su efectiva reincorporación, a razón del importe diario de 108,60 euros».

2 SEGUNDO Que en la citada sentencia y como HECHOS PROBADOS se declaran los siguientes: «I.- El actor, DON Eusebio, nacido en Lerma (Burgos) el 6 de abril de 1958, de las demás circunstancias personales que figuran en el encabezamiento de su demanda, con DNI núm. NUM000, ha venido prestando sus servicios ininterrumpidamente desde el día 6 de febrero de 2001 como personal estatutario temporal por cuenta y orden de la Consejeria de Sanidad de la Generalidad Valenciana, dedicada a la actividad de prestación de asistencia sanitaria pública, con la categoría de Médico de Medicina General de Equipo de Atención Primaria, merced a cuatro nombramientos de sustitución, todos ellos para sustituir a Doña Marí Luz, titular de la plaza a la que aquél fue adscrito en el Centro de Salud Juan XXIII, de Alicante, perteneciente al Area 16, datando tales nombramientos de 6 de febrero de 2001, 28 de junio de 2001, 21 de octubre de 2002 y 10 de abril de 2003, respectivamente, de los que el primero y el tercero se basaron en la situación de incapacidad temporal de la sustituída, y los dos restantes en las comisiones de servicio que a la misma fueron concedidas -folios 22 a 31-, percibiendo una retribución por todos los conceptos con inclusión de la parte proporcional de pagas extraordinarias de 3.258,15 euros. II.- Tras preaviso datado en 18 de enero de folio 33-, la Consejería demandada se dirigió a quien hoy acciona en comunicación escrita del día 20 del mismo mes participándole lo que sigue -folio 32-: "A los efectos oportunos ponemos en su conocimiento que al finalizar la jornada laboral del día 23/01/2005, deberá producirse su baja al servicio de este Centro, por causa de: REINCORPORACION DE LA PERSONA A LA QUE SUSTITUYE", cese que efectivamente se materializó en 23 de enero de este año.- III.- No obstante lo anterior, la titular de la plaza que venía ocupando temporalmente el actor no se reincorporó a la misma en 24 de enero de 2005, lo que hizo que el Coordinador Médico del Centro de Salud Juan XXIII tuviera que pasar ese día su consulta -folio 62-, si bien aquélla sí procedió a tomar posesión de la plaza ante el Director del Hospital General Universitario de San Juan de Alicante -folio 61-. IV.- Al día siguiente, 25 de enero de 2005, otro de los facultativos del referido Centro de Salud expidió a dicha titular parte de baja por enfermedad común por estrés postraumático -folios 20 y 63-, pasando a situación de incapacidad temporal por tal contingencia, de la que fue alta médica en 26 de marzo siguiente -folio 76-. V.- Con tal motivo, en 25 de enero de 2005 el Organismo demandado nombró como personal estatutario temporal para sustituir a la Sra. Marí Luz a Doña Alejandra, con la categoría de Médico de Medicina General de EAP en el Centro de Salud Juan XXIII -folios 67 y 68-, haciendo constar como causa del nombramiento la situación de incapacidad temporal de aquélla.- VI.- En la categoría de Medicina General y en el Area de Salud 16 el demandante ocupa el puesto NUM001 en la bolsa de trabajo cerrada a 29 de diciembre de 2004, mientras que Doña Alejandra ostenta el NUM002 -folios 37 y VII.- Con anterioridad a ser nombrada en 25 de enero de 2005 para sustituir a la Sra. Marí Luz, Doña Alejandra había venido prestando servicios desde el 10 de abril de 2003 como personal estatutario temporal de sustitución en el Centro de Salud Santa Faz con la

3 categoría de Médico de Medicina General de EAP -folios 69 y 70-, puesto en el que hubo de cesar por reincorporación de su titular en 23 de enero de este año -folio 75-. VIII.- Pese a su alta médica en 26 de marzo de 2005, la Sra. Marí Luz no se ha reincorporado a su plaza en el Centro de Salud Juan XXIII, si bien continúa prestando servicios en el Area 16, no constando, empero, su situación administrativa, por lo que aquel puesto de trabajo sigue desempeñando por Doña Alejandra -folio Noveno.- Suscitada la preceptiva reclamación previa en 8 de febrero del presente año -folios 11 a 13-, la misma no obtuvo contestación expresa». TERCERO Que contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte demandada que fue debidamente impugnado por la parte demandante. Recibidos los autos en esta Sala, se acordó la formación del rollo correspondiente y su pase al Ponente. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO Contra la sentencia del Juzgado de lo Social 2 de los de Alicante que desestimando la excepción de incompetencia de jurisdicción por razón de la materia opuesta por la Generalidad Valenciana, estima la demanda y declara nulo el cese del actor, médico sustituto, interpone recurso de suplicación la Administración autonómica que se estructura en dos motivos y que ha sido impugnado de contrario. El primer motivo del recurso se formula al amparo del apartado c del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral ( RCL 1995, 1144, 1563) por entender que tras la entrada en vigor de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre ( RCL 2003, 2934), por el que se aprueba el Estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud, se ha producido una derogación tácita del artículo 45-2 de la Ley General de la Seguridad Social ( RCL 1994, 1825), en cuanto norma complementaria de los estatutos de personal que han sido derogados y la competencia para conocer de los conflictos del personal estatutario corresponde a la jurisdicción Contencioso-Administrativa y no al orden social, ya que el artículo 1 de la indicada norma califica la relación del personal estatutario como una relación funcionarial de carácter especial. La cuestión planteada en este primer motivo, ha sido resuelta por esta Sala en diversas sentencias como las de ( recurso 4180/2004 [ JUR 2005, 86134] ) o ( recurso 733/2005 [ JUR 2005, ] ), por lo que elementales razones de seguridad jurídica y de coherencia, aconsejan seguir el criterio plasmado en ellas. Así, como se dice en dichas sentencias, la reserva de Ley expresa para la atribución de competencia a los órganos jurisdiccionales viene proclamada por el artículo 9.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ( RCL 1985, 1578, 2635). El art.45.2 del TR de la Ley General de la Seguridad Social de 1974 ( RCL 1974, 1482) se mantuvo en vigor expresamente en virtud de la Disposición Derogatoria Única, apartado a).1 del TR de la Ley General de la Seguridad Social de 1994, sin que la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, contenga derogación de dicho precepto, ni atribuya la competencia para conocer de las cuestiones contenciosas que se susciten entre el personal estatutario y la Administración a la que prestan servicios a un orden jurisdiccional específico. Si tenemos en cuenta que el Anteproyecto de la Ley precitada sí hacía atribución expresa de competencia al orden Contencioso-Administrativo, atribución que desaparece en el texto legal definitivamente aprobado, atendiendo a ese antecedente, que es también criterio interpretativo «ex» artículo 3.1 del Código Civil ( LEG 1889, 27), deberemos concluir que la competencia sigue residenciada en este orden

4 jurisdiccional por mor de lo expresamente instituido en el art.45.2 de la Ley General de la Seguridad Social de 1974, que así lo dispone. Esta atribución de competencia podemos entenderla no excepcional, si partimos del concepto de trabajador comunitario a partir de la doctrina formulada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas interpretando la libertad de circulación de trabajadores dentro de la Comunidad (véase por ejemplo la sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de 5 de enero de 1998, cuando indica que el art hoy art.39.4 del Tratado de Roma ( LCEur 1986, 8) - no se refiere a las actividades de médico especialista, que no implican participación alguna, directa o indirecta, en el ejercicio del poder público y en las funciones que tienen por objeto la salvaguardia de los intereses generales del Estado o de otras entidades públicas), por lo que sin perjuicio de considerar que tanto al orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo como al social podía atribuirse legalmente la competencia, tal vez sería más acorde con el contenido de las tareas realizadas por ese personal, que la competencia natural fuera del orden jurisdiccional social, pues sólo por un criterio exclusivamente formal derivado del modo de constituirse la respectiva relación jurídica (nombramiento no contrato) la competencia correspondería al orden Contencioso-Administrativo, siendo que las controversias que se suscitan -como es notorio a partir del objeto de los procesos planteados por este personal- casi siempre tienen que ver con la remuneración y el tiempo de trabajo, que son cuestiones típicas de la denominada por el artículo 9.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial «rama social del Derecho». SEGUNDO En el correlativo motivo de recurso que se incardina también en el apartado c del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral ( RCL 1995, 1144, 1563) se denuncia la interpretación incorrecta de la Ley 30/99 de 5 de octubre ( RCL 1999, 2538), artículos 4 y a. de la misma, todo ello en relación con los art. 9-1 y 14 de la Constitución Española ( RCL 1978, 2836) en relación con los arts. 11, 12, 13, 14 y 15 del Estatuto de Personal Sanitario no facultativo ( RCL 1973, 789, 973) que regulan la contratación eventual y normativa concordante. Aduce la representación letrada de la Administración autonómica su discrepancia con el razonamiento jurídico tercero y cuarto de la resolución impugnada ya que entiende que es causa eficiente de la extinción del contrato temporal, debe querer decir del nombramiento de sustitución del demandante, el cese en la comisión de servicios de la titular de la plaza sustituida por aquél, habiendo existido además reincorporación efectiva de la titular de la plaza en fecha , puesto que de otro modo la misma no hubiera podido pedir la baja por incapacidad temporal el día y es que la baja laboral nace por el hecho de estar trabajando de alta e incorporada, no pudiéndose valorar, a su juicio, los hechos acaecidos con posterioridad al mes de marzo de 2005 en que la titular de la plaza fue dada de alta médica ni plantearse la cuestión sobre la reincorporación o no de aquélla a su plaza tras el alta médica, por tratarse de hechos nuevos que no fueron planteados en la reclamación previa ni en la demanda, siendo introducidos ex novo en el acto del juicio en el período de prueba. Por último alega la Administración recurrente que la contratación de un nuevo facultativo, distinto al demandante, para sustituir a la titular de la plaza que venía ocupando el actor, obedece a una causa distinta (la situación de incapacidad temporal de la titular) de la que motivó la contratación del demandante (la comisión de servicios que le fue concedida a la titular), por lo que la contratación del nuevo facultativo que realiza la Administración autonómica es acorde a la normativa aplicable.

5 Para resolver la cuestión planteada, esto es, si el cese del demandante, facultativo con nombramiento de sustitución, es o no conforme a la legalidad vigente, conviene recordar conforme efectúo la Sentencia núm. 2557/2004, de 14 de septiembre, de este mismo Tribunal Superior de Justicia, Recurso de Suplicación núm. 1560/2004 ( JUR 2005, 9356) que «el panorama normativo ha experimentado un cambio sustancial con la publicación de la Ley 30/1999, de 5 de octubre ( RCL 1999, 2538) (BOE de 6 de octubre), de selección y provisión de plazas de personal estatutario de los Servicios de Salud. En lo que aquí interesa, el artículo 7º de la citada Ley al regular la selección del personal temporal distingue entre los nombramientos de interinidad, los de carácter eventual y los de sustitución. Así, el de interinidad (artículo 7.4) se expedirá para el desempeño de una plaza vacante y su cese se producirá cuando se incorpore el personal estatutario fijo o cuando la plaza ocupada resulte amortizada. El nombramiento de carácter eventual (artículo 7.5) se expedirá cuando se trate de prestación de servicios determinados de naturaleza temporal, coyuntural o extraordinaria; o cuando sea necesario para la cobertura de la atención continuada. Y su cese se producirá cuando se produzca la causa o venza el plazo que expresamente se determine en su nombramiento, así como cuando se supriman las funciones que lo motivaron. Y, finalmente, el nombramiento de sustitución (artículo 7.6) se expedirá para sustituir a personal estatutario, fijo, interino o eventual, durante los períodos de vacaciones, permisos y demás ausencias de carácter temporal. Y el cese se acordará cuando se reincorpore la persona a la que sustituya, así como cuando ésta pierda su derecho a la reincorporación». En el presente caso el cese del demandante, facultativo con nombramiento de sustitución, no obedece a la reincorporación de la titular de la plaza sustituida ya que está tras cesar en su comisión de servicios en fecha no se ha reincorporado de manera efectiva a su plaza ya que si bien en fecha tomó posesión de su plaza ante el Director del Hospital General Universitario de San Juan de Alicante, no llegó a prestar servicios teniendo el Coordinador Médico del Centro de Salud Juan XXIII que pasar ese día su consulta (hecho probado tercero) y al día siguiente, el otro de los facultativos del referido Centro de Salud expidió a dicha titular parte de baja por enfermedad común por estrés postraumático, pasando a situación de incapacidad temporal por tal contingencia, de la que fue alta médica en 26 de marzo siguiente (hecho probado cuarto), nombrándose como personal estatutario temporal para sustituir a la titular de la plaza a un tercer facultativo (hecho probado quinto), por lo que es evidente que tras el cese del demandante no se ha producido la reincorporación de la titular de la plaza sustituida y como señala la sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Social), de 15 diciembre 1997, Recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 1109/1997 ( RJ 1997, 9318), haciéndose eco de la doctrina sentada en las sentencias del Alto Tribunal de 13 ( RJ 1997, 4090) y 19 mayo 1997 ( RJ 1997, 4104), la condición resolutoria del nombramiento de sustitución no se cumple sólo con el acto formal de la toma de posesión del titular, que se realiza a través de la correspondiente diligencia plasmada en el nombramiento, sino que requiere la efectiva incorporación a la plaza con la consiguiente prestación de servicios; efectiva reincorporación que no se ha producido en el presente caso y que por lo tanto determina la nulidad del cese del demandante, tal y como ha apreciado la sentencia de instancia, teniendo que añadir tan sólo que dicha conclusión se ve además reforzada al no constar que se haya producido la pérdida del derecho de reincorporación de la facultativa sustituida que es la otra causa que determinaría el cese del sustituto conforme se desprende del artículo 7.6 de la Ley 30/1999 ( RCL 1999, 2538), procediendo por todo lo expuesto la desestimación del recurso y la confirmación de la sentencia de instancia

6 TERCERO De conformidad con lo dispuesto en el artículo LPL ( RCL 1995, 1144, 1563), procede la imposición de costas a la parte vencida en el recurso. FALLO Que debemos desestimar y desestimamos el Recurso de Suplicación interpuesto en nombre de la Generalitat Valenciana -Consellería de Sanidad- contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. Dos de Alicante de fecha 4 de mayo de 2005 en virtud de demanda formulada a instancia de DON Eusebio, y en su consecuencia, debemos confirmar y confirmamos la sentencia recurrida. Se condena a la parte recurrente a que abone al Letrado impugnante la cantidad de 300 euros. La presente Sentencia, que se notificará a las partes y al Ministerio Fiscal, no es firme; póngase certificación literal de la misma en el rollo que se archivará en este Tribunal y también en los autos, que se devolverán al Juzgado de procedencia tan pronto adquiera firmeza para su ejecución. Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. PUBLICACIÓN.-La anterior Sentencia ha sido leída en audiencia pública por el/a Ilmo./a. Sr./a. Magistrado/a Ponente que en ella consta en el día de su fecha, de lo que yo, el Secretario, doy fe.