RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

Transcripción

1 MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Recurso nº 606/2016 Resolución nº 637/2016 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 29 de julio de VISTO el recurso presentado por D. J. J. D. R., en representación del COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS, contra el pliego de prescripciones técnicas de la licitación del expediente DPM 215/2016 Asistencia Técnica para la realización de Auditorías Energéticas en 12 Aeropuertos de Aena, este Tribunal en sesión del día de la fecha ha adoptado la siguiente resolución: ANTECEDENTES DE HECHO Primero. La convocatoria de la licitación que nos ocupa fue publicada en el B.O.E. de 22 de junio de 2016, por un importe de (sin impuestos); con un plazo de ejecución de 12 meses, con fecha límite de presentación de ofertas hasta el día 6 de julio de 2.016, mediante procedimiento negociado con previa convocatoria de licitación. La cláusula 11 del Pliego de Condiciones Técnicas exige a los licitadores como medios humanos mínimos, contar con un equipo de al menos nueve personas con las titulaciones de: Ingeniería Aeronáutica, Ingeniería Técnica Aeronáutica, Graduación en Ingeniería Aeroespacial, Ingeniería Industrial, Ingeniería Técnica Industrial o Graduación en Ingeniería en Tecnologías Industriales. Segundo. El 7 de julio de 2016 se interpone el presente recurso, en que se alega que las exigencias de titulación incluidas en los pliegos niegan a los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos posibilidad de participar, por sí mismos o a través de las empresas en las que se integren, en la ejecución del objeto del contrato, vulnerando las exigencias de proporcionalidad de las exigencias de solvencia contenida en la normativa y Jurisprudencia aplicable; y lo previsto en el Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por.. AVDA. GENERAL PERÓN, 38, 8ª PLTA MADRID TEL: FAX: Tribunal_recursos.contratos@minhap.es

2 2 el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a las exigencias profesionales de quienes realicen auditorías energéticas. Tercero. El órgano de contratación, en su informe, señala que En el caso que nos ocupa, esta entidad se ha puesto en contacto con el Ilustre Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ante la reclamación planteada, y se ha decidido proceder a la modificación del pliego objeto del presente recurso, ampliando las titulaciones exigidas en la cláusula 11 del Pliego de Prescripciones Técnicas a las de Ingeniería, Ingeniería Técnica o Graduación en Ingeniería o auditor energético ; concluyendo que es interés de esta Sociedad proceder a la modificación del pliego de prescripciones técnicas del expediente DPM 215/2016, incluyendo como perfil profesional apto el de Ingeniero, superior o técnico, Graduado en Ingeniería y el de Auditor Energético, todo ello de acuerdo al R.D. 56/2016. Por lo expuesto, esta entidad se ALLANA al recurso planteado y va a proceder a la modificación solicitada, publicándola en los mismos medios en los que se dio publicidad al expediente. Cuarto. El 14 de julio de 2016, la Secretaria del Tribunal -por delegación de éste- acordó conceder la medida provisional consistente en la suspensión del procedimiento de contratación, conforme a los artículos 103 y 105 de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales (LCSE). FUNDAMENTOS DE DERECHO Primero. Este Tribunal es competente para resolver la presente reclamación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo de la LCSE, en relación con el artículo 41.5 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

3 3 Segundo. La recurrente estaría legitimada para recurrir, como hemos señalado, entre otras, en nuestra Resolución 380/2016, pues concurre en el Colegio profesional recurrente -cuyos Estatutos le atribuyen expresamente la función de interponer recursos en defensa de los intereses de los colegiados-, la legitimación exigida en el artículo 102 de la LCSE. A este respecto, y citando, por todas, la Resolución 654/2015, de 10 de julio, cabe señalar lo siguiente: Ya en la Resolución 232/2012, de 24 de octubre, el Tribunal reconoció a las Corporaciones de Derecho Público (en aquél caso concreto, a un Colegio Profesional), legitimación para recurrir las disposiciones generales y actos que afectan a intereses profesionales, siempre y cuando tengan carácter de afectados, en el sentido de que su ejercicio profesional resulte afectado por el acto impugnado (SSTS, entre otras, de 24 de febrero de 2000 [RJ 2000, 2888], 22 de mayo de 2000 [RJ 2000, 6275], 31 de enero de 2001 [RJ 2001, 1083], 12 de marzo de 2001 [RJ 2001, 1712] y 12 de febrero de 2002 [RJ 2002, 3160]). Y, como se indicó en la más reciente Resolución 465/2015, de 22 de mayo,... la jurisprudencia y también la doctrina de este Tribunal ha reconocido la legitimación de los Colegios Profesionales para impugnar aquellas disposiciones o actos de naturaleza contractual que pudieran afectar a sus intereses profesionales, si bien precisando que tan amplia legitimación no puede suponer en ningún caso el reconocimiento de una suerte de acción popular que habilite a las Corporaciones de Derecho Público para intervenir en cualquiera cuestiones sin más interés que el meramente abstracto de defensa de la legalidad supuestamente violada. Lo cual se ha traducido en la práctica en el reconocimiento de su legitimación activa para impugnar los Pliegos en defensa de los intereses profesionales de sus afiliados. Pues bien, figurando entre los fines de estas Corporaciones la defensa de los intereses profesionales de sus miembros, ha de entenderse, conforme a la doctrina citada, que ostentan legitimación para recurrir unos pliegos que, por las razones que luego se expondrán, consideran restrictivos de la concurrencia y limitativos de la libertad de acceso a las licitaciones.

4 4 Consideraciones que, a la vista de las circunstancias concurrentes, son plenamente aplicables al supuesto que se examina. Tercero. El recurso ha sido interpuesto dentro del plazo legal previsto para ello. Cuarto. En consonancia con lo dispuesto en el artículo 15.2 de la LCSE, el artículo º del Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia contractual y de organización de este Tribunal, dispone al regular los requisitos de admisión que cuando se trate de los contratos incluidos en las categorías del Anexo IIB de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, no se admitirá la reclamación contra el acto de adjudicación, los anuncios de licitación, pliegos, documentos contractuales y actos precedentes del procedimiento de adjudicación de tales contratos, salvo que ésta tenga por objeto impugnar las prescripciones técnicas reguladas en el artículo 34 de dicha Ley. Dado que el contrato que se examina está incluido en el Anexo IIB de la LCSE, y que la reclamación que se ha interpuesto tiene por objeto la impugnación de las prescripciones técnicas del artículo 34 de la LCSE, en aplicación de lo dispuesto en el artículo º del Reglamento citado, procede admitir la presente reclamación. Quinto. En cuanto al fondo, y de modo similar a lo sucedido, por ejemplo, en la reciente Res. 437/2016, el informe del órgano de contratación señala que se ha de rectificar el pliego en el sentido solicitado por la recurrente, allanándose expresamente. De haberse concretado tal rectificación, equivaldría a una satisfacción de las pretensiones del recurrente al margen de este recurso, lo que nos llevaría a inadmitirlo por falta de objeto. No constando que se haya producido la modificación del pliego, debemos analizar en esta Resolución las consecuencias del allanamiento. Por ello, como decíamos, en la Resolución 233/2016, de 1 de abril, con cita de otras, aunque esta forma de terminación del procedimiento no se contempla expresamente en el TRLCSP ni en la LCSE, resulta aplicable, por su similitud con el supuesto analizado, la regulación del allanamiento en la Ley 29/1998 reguladora de la Jurisdicción Contenciosoadministrativa, que en su artículo 75 prevé expresamente tal posibilidad y añade en su párrafo segundo que Producido el allanamiento, el Juez o Tribunal, sin más trámites,

5 5 dictará sentencia de conformidad con las pretensiones del demandante, salvo si ello supusiere infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, (...). Por tanto, la manifestación del órgano de contratación sobre la cláusula impugnada debe llevar a estimar el recurso, salvo que el allanamiento de la Entidad pudiera suponer infracción manifiesta del ordenamiento legal vigente. Y, en nuestro caso, el art de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, señala que Las prescripciones técnicas deberán permitir a todos los licitadores el acceso en condiciones de igualdad y no tendrán por efecto la creación de obstáculos injustificados a la apertura de los contratos a la competencia. Mientras que el RD 56/2016, que transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de , relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía, señala en su artículo 8: Requisitos para el ejercicio de la actividad profesional de auditor energético: 1. Las personas físicas que deseen ejercer la actividad profesional de auditor energético deberán cumplir alguna de las siguientes condiciones: a) Estar en posesión de una titulación universitaria oficial u otras licenciaturas, Grados o Máster universitarios en los que se impartan conocimientos básicos de energía, instalaciones de los edificios, procesos industriales, contabilidad energética, equipos de medida y toma de datos y técnicas de ahorro energético, o bien; b) Tener los conocimientos teóricos y prácticos sobre las auditorías energéticas, entendiendo que poseen dichos conocimientos las personas que acrediten alguna de las siguientes situaciones: 1.ª Disponer de un título de formación profesional o un certificado de profesionalidad incluido en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales cuyo ámbito competencial incluya materias relativas a las auditorías energéticas.

6 6 2.ª Tener reconocida una competencia profesional adquirida por experiencia laboral, de acuerdo con lo estipulado en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio (RCL 2009, 1695), de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, en materia de auditorías energéticas. En cualquiera de las anteriores situaciones a las que se refiere el párrafo b), haber recibido y superado un curso teórico y práctico de conocimientos específicos de auditorías energéticas, impartido por una entidad reconocida por el órgano competente de la comunidad autónoma, con el contenido indicado en el anexo V. La realización de este curso, tendrá eficacia en todo el territorio nacional, sin necesidad de trámites o requisitos adicionales. Por lo que es mucho menos restrictivo que la cláusula impugnada. En conclusión, suponiendo el allanamiento una ampliación del acceso a la licitación conforme al art LCSE-, y de las cualificaciones admitidas -cuya amplitud recoge el art. 8 del RD 56/2016-, ninguna infracción manifiesta del ordenamiento jurídico puede apreciarse. Por todo lo anterior, VISTOS los preceptos legales de aplicación, ESTE TRIBUNAL, en sesión celebrada en el día de la fecha, ACUERDA: Primero. Estimar el recurso presentado por D. J. J. D. R., en representación del COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS, contra el pliego de prescripciones técnicas de la licitación del expediente DPM 215/2016 Asistencia Técnica para la realización de Auditorías Energéticas en 12 Aeropuertos de Aena, cláusula 11, que anulamos en el párrafo impugnado. Segundo. Dejar sin efecto la suspensión del procedimiento producida de conformidad con lo dispuesto en el artículo de la LCSE.

7 7 Tercero. Declarar que no se aprecia la concurrencia de mala fe o temeridad en la interposición del recurso, por lo que no procede la imposición de la sanción prevista en el artículo de la LCSE. Esta resolución es definitiva en la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11.1.f) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.