JUICIO PENAL: N RESOLUCIÓN: SALA PENAL PROCESADO: FRANCISCO ORLANDO MOLINEROS OFENDIDO: RAMONA ISNELDA ZAMORA VÉLEZ

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1 9tdfiCU JUICIO PENAL: N RESOLUCIÓN: SALA PENAL PROCESADO: FRANCISCO ORLANDO MOLINEROS OFENDIDO: RAMONA ISNELDA ZAMORA VÉLEZ RECURSO: CASACIÓN DELITO: VIOLACIÓN

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3 lcece CORTE Otol JUEZ PONENTE DR. JOHNNY AYLUARDO SALCEDO JUICIO N CORTE. - PENAL. SALA ESPECIALIZADA DE LO Quito, 25 de Febrero de 2013, a las 10h00 VISTOS: El Consejo de la Judicatura de Transición, posesionó a las Juezas y Jueces Nacionales el 26 de enero del El Pleno de la Corte Nacional de Justicia, en sesión de 30 de enero del 2012, conformó sus ocho Salas Especializadas conforme dispone el Código Orgánico de la Función Judicial, en su artículo 183. La Sala Especializada de lo Penal tiene competencia para conocer los recursos de casación y revisión en materia penal, según los artículos de la Constitución de la República del Ecuador, art. 360 del Código de Procedimiento Penal y del Código Orgánico de la Función Judicial, este cuerpo legal en la Segunda Disposición Transitoria dispone que: en todo lo relativo a la competencia, organización y fitncionamiento de la Corte Nacional de Justicia, este Código entrará en vigencia a partir de la fecha en que se posesionen los nuevos jueces nacionales elegidos y nombrados de conformidad con lo establecido en la Constitución y este Código. Por lo expuesto, radicada la competencia en la Sala, avocamos conocimiento de la causa, por sorteo realizado. El juez ponente, según las reglas del Código Orgánico de la Función Judicial y del Código de Procedimiento Penal, es el Dr. Johnny Ayluardo Salcedo; y el Tribunal está conformado además por la Dra. Lucy Blacio Pereira, Jueza Nacional; y, Dr. Merck Benavides Benalcázar Juez Nacional. Francisco Orlando Molineros interpone recurso de casación de la sentencia dictada por la Primera Sala de lo Penal, Colusorio y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, de fecha 1 de junio de 2012, las 08h52, en la que se reforma la sentencia emitida por el Tribunal Cuarto de Garantías Penales de Pichincha, en relación a la pena impuesta, y en su lugar le condena a dieciséis años de reclusión mayor especial, por ser autor del delito de violación tipificado y sancionado en los artículos y 3 del Código Penal y sancionado con el art. 513 ibídem.

4 95fjd1 qf~~%~.t 1: COMPETENCIA.- ~ste Tribunal de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, es competente para conocer y resolver los recursos de casación y revisión, conforme lo disponen los arts y 76.7 letra k) de la Constitución de la República, los arts. 184 y del Código Orgánico de la Función Judicial, y por el art. 349 del Código de Procedimiento Penal y asi como por el sorteo de Ley. 2: VALIDEZ PROCESAL.- El recurso de casación ha sido tramitado conforme las normas procesales de los arts. 352 y 354 del Código de Procedimiento Penal vigente; asimismo, se ha aplicado lo que disponen los articulos 76.3 y 77 de la Constitución de la República del Ecuador, por lo que se declara su validez. 3: ANTECEDENTES DE LA SENTENCIA IMPUGNADA. - El presente proceso por el delito de violación se inició en virtud de la denuncia presentada por Ramona Isnelda Zamora Vélez, en calidad de representante de la menor agraviada de catorce años de edad, quien fue abusada sexualmente por reiteradas ocasiones desde que tenia tres años de edad, por parte de su padre Francisco Orlando Molineros, ocurriendo la última agresión sexual los primeros días del mes de enero del dos mil nueve, cuando la menor tenía trece años. El proceso fue resuelto por el Tribunal Cuarto de Garantías Penales de Pichincha, el diez de octubre de dos mil once a las nueve horas y treinta minutos, la cual dicta sentencia condenatoria en contra del ciudadano Francisco Orlando Molineros, y en acatamiento al expreso mandato del Art. 57 del Código Penal, se le impone la pena de un año de prisión correccional, además se le condena al pago de daños y perjuicios ocasionados a la ofendida. De esta sentencia tanto el procesado Francisco Orlando Molineros como la Fiscal de Pichincha Dra. María Paola Córdova Vinueza, interponen recurso de apelación el cual es resuelto por la Primera Sala de lo Penal, Colusorio y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, de fecha primero de junio del dos mil doce, a las ocho horas y cincuenta y dos minutos, la cual reforma la sentencia en relación a la pena impuesta, y en su lugar le impone dieciséis años de reclusión mayor especial, por ser autor del delito de violación tipificado y sancionado en los artículos y 3 del Código Penal, y sancionado en el art. 513 ibídem.

5 (alccca CORTE NACIONAL OC 90~(jdi0 qt~fjsy~ De esta sentencia el procesado Francisco Orlando Molineros interpone recurso de casación, y una vez concluido el trámite previsto para este tipo de recursos la Sala, para resolver considera: 4: FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN POR EL RECURRENTE FRANCISCO MOLINEROS En el día y hora señalados para que tenga lugar la audiencia oral, reservada y contradictoria, el abogado defensor del Sr. Francisco Orlando Molineros, el Dr. Carlos Cuchala Cabascango, manifestó que la casación es un recurso extraordinario que tiene por objeto velar por la correcta aplicación e interpretación de la ley, que además, esta institución procesal tiene por finalidad el imperio de la ley y la conformidad de la jurisprudencia, por lo que procede exclusivamente por las causales establecidas en el art. 349 del Código de Procedimiento Penal. Señala que la sentencia recurrida que dictó la Primera Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, incurrió en una incorrecta interpretación del art. 57 del Código Penal. Que en el presente caso se hizo una errónea interpretación de la ley al imponer al procesado una pena de dieciséis años de reclusión, cuando existe expresa disposición de la ley referente a que las personas mayores de sesenta y cinco años no se les puede imponer una pena de reclusión. Indica que en el particular caso se vulnera los principios de uniformidad procesal, establecidos en el art. 169 de la Constitución de la República del Ecuador; seguridad jurídica establecida en el art. 82 Ibídem; y el indubio pro reo establecido en el art ibídem y el art. 4 del Código Penal. Añade que tampoco era aplicable lo previsto en el art. 328 del Código de Procedimiento Penal, en cuanto a la prohibición de empeorar la situación jurídica del recurrente; ya que señala que dicha disposición procede únicamente cuando el procesado haya sido el único recurrente. Que esta afirmación estaba prevista en el Código Penal vigente en mil novecientos ochenta y tres, e incluso en el del año dos mil, pero que sin embargo, este Código fue sometido a una reforma especifica en la cual ya no se habla del único recurrente ; la misma que se publicó en el

6 9LOhIC Suplemento del Registro Oficial No. 555 de fecha martes veinte y cuatro de marzo del dos mil nueve. Alega que existe jurisprudencia en torno al tema, por ejemplo el proceso N de atentado contra el pudor, de trece de julio del dos mil cuatro, publicada en el Registro Oficial N 7, del veinte y nueve de abril del dos mil cinco, que en la parte pertinente manifiesta que se casa el fallo y se impone la pena correspondiente, pero sin embargo, debido al principio non reformatio in pejus se mantiene la pena impuesta por el juzgador, que según la doctrina se comete una interpretación extensiva de la ley cuando se le atribuye a la norma un sentido o alcance diverso del que efectivamente tiene. Establece que en la sentencia recurrida los juzgadores de instancia han hecho una valoración de la prueba fuera de contexto y contraria a la lógica jurídica, que en base a un escueto análisis y sin ningún sustento, la Primera Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia, da por hecho que el procesado recurrente suministró un somnífero a la víctima, y esto sin medio probatorio alguno, puesto que durante el desarrollo del proceso, nunca se evacuó un informe toxicológico con respecto al tema; que consecuentemente, se hizo una falsa aplicación de la ley cuando se aparentó una prueba inexistente. Concluye solicitando que se case la sentencia recurrida en los puntos pertinentes, corrigiendo los errores de derecho señalados en la audiencia, por cuanto el recurso interpuesto ha sido fundamentado debidamente. 4.2: POR PARTE DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO: Por su parte, el Delegado de la Fiscalía General del Estado Dr. Raúl Garcés Llerena, manifestó que el procesado recurrente Sr. Francisco Eduardo Molineros, al momento de cometer el delito de violación en contra de su hija de trece años de edad, todavía no cumplía los sesenta y cinco años de edad, que efectivamente, este es el análisis que realizó la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, por lo que reformó la sentencia dictada por el Tribunal de Garantias Penales de Pichincha, y le impusieron la pena de dieciséis años de reclusión mayor especial, como autor del delito tipificado y sancionado en el art y 3 del Código Penal.

7 NACIONAL OC 9143(icifl Señala que una vez revisada la sentencia recurrida, se observa que efectivamente el procesado recurrente a la fecha de cometido el delito no había cumplido los sesenta y cinco años de edad, que el recurso de apelación no fue únicamente presentado por el procesado sino también por la Fiscalía, por lo que en la sentencia recurrida se manifestó acertadamente que el art. 328 del Código de Procedimiento Penal no puede ser considerado en la causa. Indica que las normas y principios constitucionales mencionados por el abogado recurrente en la audiencia ya fueron analizados por el juzgador de instancia, análisis que se encuentra plenamente motivado. Agrega que no se debe olvidar el principio constitucional del interés superior del niño conforme lo establecen los arts. 44 y 175 de la Constitución de la República. Manifiesta que la sentencia recurrida se emitió en aplicación de los principios constitucionales mencionados y los arts. 86, 87, 88 y 304-A del Código de Procedimiento Penal, que en virtud de que la sentencia recurrida se encuentra plenamente motivada la Fiscalía estima que no se ha violado el art. 57 del Código Penal, ni el art de la Constitución de la República del Ecuador, por cuanto la pena impuesta al procesado recurrente Sr. Francisco Eduardo Molineros, está acorde con la disposición y 3 y 513 del Código Penal. Concluye solicitando al Tribunal que el recurso de casación interpuesto sea desechado por improcedente. 5: CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN: El Tribunal, previa resolución, relieva lo siguiente: La casación, en materia penal, es un medio extraordinario de impugnación, de efecto suspensivo, contra sentencias en las que se hubiere violado la ley, ya por contravenir expresamente su texto, ya por haber hecho una falsa aplicación de ella, en fin por haberla interpretado erróneamente, como lo dispone el artículo 349 del Código de Procedimiento Penal. Este recurso, se resuelve en función de aquellas normas que el casacionista ha considerado que han sido violadas dentro de la sentencia que ha emitido el juzgador; es por eso muy importante, que el recurrente mencione y fundamente claramente cuales normas específicas de la ley se han violado en el caso concreto, teniendo que ser

8 NACIONAL. DE.71,liCifl esta violación, una de aquellas que se consideran como directas, es decir, que la contravención al precepto legal haya sido dada por inaplicación, errónea interpretación, indebida aplicación, etc. De su texto, proveniente del acto volitivo del juez en el que, al utilizar el precepto legal, yerra en el verdadero sentido y alcance de la norma jurídica, que le lleva a inaplicarla o aplicarla de una manera incorrecta; sobre esto nos habla el tratadista Luis Cueva Carrión, en su obra La Casación en Materia Penal, que, respecto a la violación directa de la ley dice lo siguiente: La violación directa de la ley ocurre cuando el Juez yerra en la aplicación de la norma legal, de la norma pura, independientemente de los errores que pueda cometer en relación con los hechos y con las pruebas,1 respecto a aquella violación que se considera indirecta, esto es, citando el mismo tratadista, aquella que no transgrede directamente la norma, sino a través del error fáctico y probatorio: luego de errar en la apreciación de los hechos, de las pruebas y en su valoración legar,2 le corresponde solamente a este Tribunal analizar si el juzgador, al valorar la prueba, para determinar la existencia material del ilícito y la correspondiente responsabilidad de la persona acusada, ha utilizado de una manera correcta las reglas de la sana crítica, pues, es con base a estas, que el articulo 86 del Código de Procedimiento Penal, establece que el juzgador debe valorar dichas pruebas; este Tribunal no puede tomarse la atribución soberana que tiene el inferior sobre la valoración de la prueba, en virtud de los principios de inmediación y contradicción de la misma. 6. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL El recurrente Francisco Molineros, ha interpuesto el recurso de casación porque estima que existe una incorrecta interpretación del art. 57 del Código Penal en la sentencia recurrida. Al respecto, el art. 57 del mencionado cuerpo legal en su parte pertinente establece: No se impondrá pena de reclusión al mayor de sesenta y cinco años. El que en tal edad cometiere un delito reprimido con reclusión, cumplirá el tiempo de la condena en un establecimiento destinado a prisión correccional. Es decir, la misma cantidad de años determinada en el art. 513 del Código Penal, deberá ser cumplida por el procesado, con la diferencia de que será en un establecimiento destinado a prisión correccional, en ningún caso se entenderá que el mencionado artículo Cueva Carrión, Luis, La Casación, Práctica Civil, Laboral y Pe,ial, Tomo IV, 1996, pág lbíd.

9 ~1,uicin Diaus~s - 1c~ hace referencia a una rebaja en los años de condena, por lo que la Primera Sala de lo Penal, Colusorio y Tránsito a interpretado y aplicado conforme a derecho la disposición constante en el art. 57 del Código Penal y en concordancia con el art. 4 del referido cuerpo legal, consecuentemente lo manifestado por el abogado recurrente no tiene asidero legal. Revisada la sentencia, se aprecia que el Tribunal juzgador llega a establecer que existe la materialidad de la infracción y la responsabilidad del procesado, razón por la cual dicta sentencia declarándole al recurrente culpable, por cuanto se cumple con los elementos constitutivos que configuran el delito de violación, como lo determina el art y 3 del Código Penal, tipificado y sancionado en el art. 513, ibidem. En el presente caso, la existencia material de la infracción se ha demostrado de conformidad con los arts. 91, 145, 148 del Código de Procedimiento Penal, mediante prueba material, documental y testimonial, además de la responsabilidad penal que atañe mediante las pruebas que han sido presentadas en el proceso. Nadie discute, que la finalidad de la prueba es establecer de conformidad con el art. 2 del Código de Procedimiento Penal: tanto la existencia de la infracción como la responsabilidad del imputado, debiendo apreciarse esos elementos probatorios conforme a las reglas de la sana crítica; por lo demás, es incontrovertido que las presunciones que el juez o tribunal obtengan en el proceso deben estar (...) basadas en indicios probados, graves, precisos y concordantes (...) ; más aún, para que de esos indicios se pueda presumir el nexo causal entre el delito y responsabilidad, deben encontrarse plena y absolutamente cumplidos los requisitos, que de manera taxativa establece el art. 88 del Código de Procedimiento Penal, como sucede en el presente caso. El recurrente señala que se violentó la seguridad juridica, al respecto, es necesario manifestar que con la publicación de la Constitución de la República en el 2008, este principio entre otros del debido proceso, se convirtió de directa aplicación por parte de los administradores de justicia; en la especie no se ha violado dicho principio, por cuanto, en efecto en el proceso se ha demostrado fehacientemente que el procesado cometió el ilicito mencionado en lineas anteriores adecuando su conducta al tipo penal de violación y es por esto que la Sala actuó conforme a derecho

10 En cuanto a la prohibición de empeorar la situación jurídica del recurrente, fluye de manera congruente que este es un beneficio del recurrente, en este caso el recurso de apelación fue interpuesto tanto por el procesado como por el fiscal, en consecuencia, este principio no es una limitación a que la Primera Sala de lo Penal, Colusorio y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, haya corregido los errores cometidos por el tribunal a quo. Además el recurrente manifiesta que existe una indebida aplicación del art y 3, y del art. 513 del Código Penal, que se refiere al tipo penal de la violación y a la pena que se debe imponer respectivamente; al respecto el Tribunal señala que: La indebida aplicación de la ley implica que los hechos imputados se adecuan en una norma distinta de la que corresponde, violando así dos normas jurídicas: la norma que se aplicó equivocadamente y la norma que se dejó de aplicar, esto implica que el juez en lugar de aplicar una norma aplica otra diferente. La aplicación indebida conlleva a la inadecuada concepción de la premisa menor del silogismo, bien porque la conducta que se juzga se adecua a una figura típica distinta de la aplicada en el fallo, lo cual se produce por yerro de diagnosis jurídica, o bien porque al establecer la hipótesis legal y la tesis del caso concreto se ha producido una equivocación. Esta equivocación se produce también cuando existe un defecto en la estructura del fallo y este defecto puede ser por: a) Cuando se contradiga a sí mismo, no cuando haya contradicción entre la acusación y la defensa. En este supuesto se produce la denominada incongruencia, que implica la falta de razonamientos armónicos entre si y su consecuente resolución que conforman una unidad lógico jurídica que no puede ser escindida. b) Cuando en la resolución se produce una situación excluyente entre sí. e) Cuando no esté debidamente respaldada, esto es, motivada. Este defecto se conoce como inconsistencia. La motivación constituye una relación de vinculación del juez a la Ley y al Sistema de Derecho dimanante de la Constitución, mediante el cual, el justiciable está en la garantía de exigir del órgano jurisdiccional el fundamento y los

11 )t,sfit~ q~fjss~ principios que sustentan las decisiones de los jueces y de oponerse a resoluciones arbitrarias, lacónicas o incongruentes. Del análisis y revisión de la sentencia impugnada se comprueba que no existe una indebida aplicación de las normas señaladas al haberse demostrado irrefutablemente que las acciones del procesado se adecuaron a lo establecido en los arts y 3, y del art. 513 del Código Penal, por lo que el referido fallo no se contradijo, fue motivado, y conforme a derecho. Por último, la pena establecida para el delito de violación de una menor es de dieciséis a veinticinco años según el art. 513 del Código Penal, siendo el padre el violador de su hija merece un aumento en el tiempo de la pena sobre el mínimo establecido, pero en el caso, el juzgador impone dieciséis años de reclusión mayor especial, lo cual significa que no se tomaron en cuenta las agravantes constitutivas del delito de violación constantes en el art. 514 ibídem que aumentan en cuatro años las penas establecidas en el art. 513 del mismo cuerpo legal, en el caso concreto sería: Si los culpados son los ascendientes de la persona en quien ha sido cometido el atentado, o sus descendientes, hermanos o afines en línea recta; debiendo, en su caso, ser condenados, además, a la pérdida de la patria potestad. Por lo tanto, el juzgador viola la ley en la sentencia por contravenir a su texto al no haber aplicado las disposiciones transcritas, consecuentemente, la Sala de oficio casa la sentencia imponiendo la pena que legalmente corresponde con sujeción a la imperatividad del art. 358 del Código de Procedimiento Penal, es decir, resuelve aumentar en cuatro años la pena impuesta por la Primera Sala de lo Penal, Colusorio y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. La violación de una adolescente de catorce años por parte de su padre constituye un delito circunstanciado, y más aún motivo de alarma social, en la sentencia impugnada no se ha regulado la pena como manda la ley por lo que se hace necesario que se case de oficio. En virtud de todo lo impuesto, ADMINISTRANDO, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA por unanimidad resuelve declarar improcedente el recurso de casación interpuesto por falta de fundamentación, y además se casa de oficio la sentencia impugnada por falta de aplicación del art. 515 del

12 j~,ficu qgfj3.~~ Código Penal, por lo que se debió aumentar en 4 años la pena impuesta, sin embargo, en aplicación del principio non reformatio in pejus se mantiene la pena establecida por la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.- Actúe en la presente causa la Dra. Martha Villarroel Villegas, Secretaria Relator- encargada, conforme a la acción de personal No DNP-MY,frk- 23 de julio de Notifíquese y Publíquese - orn Ayluardi 5- cedo ACIONAL ~. ENTE I,~-~e ~-,. idesjenalc JUEZ NACIONAL Certifico.- 4 b Dra. Martha Vill. ~.ef$gas SECRETARIA RELATORA (E)