SALA DE LO PENAL. No LN

Transcripción

1 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA SALA DE LO PENAL JUICIO PENAL: No LN RESOLUCION: No SALA PENAL PROCESADO: CAIZAPANTA CABEZAS EDWIN ALFREDO OFENDIDO: EHLERS ZURITA FERDDY ARTURO RECURSO: CASACION POR. FALSIFICACION Y USO DOLOSO DE DOCUMENTOS

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3 ~- CONJUEZA PONENTE: DRA. ZULEMA PACHACAMA NIETO CORTE NACIONAL DE JUSTICIA - SALA DE LO PENAL.- Quito, 23 de octubre del 2012; a las 12H30.- VISTOS: Edwin Alfredo Caizapanta Cabezas, interpone recurso de casación en contra de la sentencia pronunciada por al Primera Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha en la que se confirma la pena impuesta por el Tribunal Quinto de Garantías Penales de Pichincha que le impone la pena de seis años de reclusión menor, por considerarle responsable del delito tipificado y sancionado en los Art. 339 y 341 del Código Penal en el grado de autor. PRIMERO: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- El Consejo de la Judicatura de Transición posesionó a las Juezas y Jueces Nacionales el 26 de enero de El Pleno de la Corte Nacional de Justicia en sesión de 30 de enero de 2012, conformó sus ocho Salas Especializadas conforme dispone el Código Orgánico de la Función Judicial en su artículo 183. La Sala Especializada de lo Penal tiene competencia para conocer los recursos de casación y revisión en materia penal según los artículos de la Constitución de la República del Ecuador, y del Código Orgánico de la Función Judicial. Este cuerpo legal en la Segunda Disposición Transitoria dispone que: en todo lo relativo a la competencia, organización y funcionamiento de la Corte Nacional de Justicia, este Código entrará en vigencia a partir de la fecha en que se posesionen los nuevos jueces nacionales elegidos y nombrados de conformidad con lo establecido en la Constitución y este Código.. Por lo expuesto, este Tribunal de Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, conformado por Doctores Vicente Robalino Villafuerte, Merck Benavides Benalcázar, Jueces Nacionales, y en subrogación de la Doctora Ximena Vintimilla Moscoso, Jueza Nacional Ponente, actúe la Doctora Zulema Pachacama Nieto en calidad de Conjueza Nacional en subrogación de la Juez Titular, Dra. Ximena Vintimilla Moscoso. SEGUNDO: VALIDEZ PROCESAL.- En el trámite de la impugnación no se encuentran vicios de procedimiento que podrían generar nulidad procesal, por lo que este Tribunal de Casación declara la validez de lo actuado.- TERCERO: FUNDAMENTACIÓN Y CONTESTACIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN.- El recurrente Edwin Alfredo Caizapanta Cabezas, por medio de su abogado defensor Dr. Stalin Coronel Álvarez, en la audiencia publica y contradictoria

4 llevada a cabo el día cuatro de septiembre del dos mil doce manifiesta: a) Me encuentro privado de la libertad desde el mes de junio del año 2010, luego de seis meses de haber permanecido sin trabajo se pone en contacto con migo el señor Pablo Bladimir Páez Garate el mismo que me indica que tiene unos puestos de trabajo, ya que el trabajaba en la Comandancia de Policía, ante esto me pide un curriculum personal y me dice que necesita tres personas mas, porque tiene tres puestos me hablaba de la Contraloría General del Estado, del Ministerio de Turismo y otra Instituciones Publicas, en el mes de mayo el señor Pablo Garate, me entrega un sobre manila sellado con mi curriculum incluido y me da instrucciones de que me acerque al Ministerio de Turismo donde el señor Freddy Elhers entonces Ministro de Turismo, por no encontrarse habla con la Viceministra y entrega el sobre manila posteriormente existe una entrevista de Edwin Alfredo Caizapanta y las dos personas mas que estaban incluidas dentro de esa petición de trabajo luego de las entrevistas el Ministro de Turismo, la Comisión de Transparencia presenta una denuncia la Fiscalía por Falsificación o supuesta falsificación de un documento publico en el que consta la firma del señor Galo Mora, Secretario de la Presidencia de la Republica en el que recomendaba acepte a estas persona para que e le otorgue un trabajo, en el mes de junio fui privado de la libertas aduciendo que era autor de dicha falsificación previo a una reunión y entrevista mantenida con la señora Viceministra y con desconocimiento se encontraban grabaciones y filmaciones de aquella entrevista por parte de miembros de inteligencia de la policía nacional, puse en conocimiento de la fiscalía de quien era el responsable de la entrega de los documentos y sobre manila el señor Pablo Páez, esta persona se encuentra prófuga por lo tanto no ha sido procesada, el recurso de casación lo en planteado en merito de que el 5 de septiembre del 2011, a las 11h05 la Corte Provincial Primera Sala Especializada de lo Penal, resuelve rechazar el recurso de Apelación aduciendo que no existe pruebas de descargo por parte de mi defendido,. Existe flagrante violación al Art. 76. Numeral 6, ya que pese a ser inocente del delito es sancionado con seis año de reclusión menor, según lo establece el art. 839 del Código Penal ya que no se tenían las pruebas suficientes para declarar su culpabilidad, que estaba ya un año y medio recluido en el Centro de Rehabilitación Social de Pichincha, que no tenía recursos suficientes para probar que las dos personas cuyas hojas de vida se encontraban incluidas en los sobres de manila, sirvieran de testigos para probar su inocencia. Señala de igual manera, que no se han tomado en cuenta dentro de la sentencia condenatoria las atenuantes, que el recurrente tenía a su favor, las mismas que constan de los numerales 6, 7 dei Art. 29 Y 9 dei art. 90 del Código Penal, que el hecho de acudir a una institución enviado por otra persona a solicitar trabajo, no existió conmoción social. De igual manera se ha violentado el Derecho a la Seguridad Jurídica, previsto en el Art. 82 de la Constitución de la República, no se ha aplicado el Art. 72 dei Código Penal, en la modificación de las

5 ç)j %) penas, por lo que amparado en el articulo 349 del Código de Procedimiento Penal presentamos en recurso de casación, denunciando la contravención expresa en su texto, existió en la sentencia violación de la ley, ya por contravención expresa de su texto, indebida aplicación o por errónea interpretación de la ley. Por otra parte, el Dr. Juan Francisco Cabezas Martínez, en representación del Ministerio de Turismo, manifiesta: En esta audiencia se ha intentado justificar los hechos, que por ley ordenan la ley de casación que se establezca en la demanda, que se ha hecho de una manera profusa, se busca repasar los hechos que ya han sido sentenciados, que no se ha hecho una verdadera justificación de las causales previstas en el Art. 3 de la Ley de Casación, no se hace constar de que forma se ha incurrido en la violación, que no es el momento de analizar si ha existido o no conmoción social ya que se ha probado en juicio, que el recurrente al haber intentado hacerse pasar por una autoridad pública, hoy busca alterar la Institucionalidad del Estado, la fe pública, además de la igualdad constitucional, por lo que solicita que se deseche el recurso, pues dentro del recurso de apelación se probo exhaustivamente la relación de la materialidad de la infracción con el acusado y su culpabilidad. CONTESTACION DE LA FISCALIA. El Dr. Raúl Garcés Llerena, en calidad de delegado del Fiscal General del Estado, manifiesta: El recurso de casación es un recurso extraordinario y justamente refiere en su totalidad a las sentencias cuando el juzgador de instancia en esta caso la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, desecha el recuro de apelación y ratifica en todas sus partes la sentencia dictada por el Tribunal Quinto de Garantías Penales de Pichincha y le impone la pena de seis años de reclusión menor como autor del delito tipificado y sancionado en los Arts. 339 y 341 del Código Penal, se conoce que el señor Ministro es comunicado por la señora Secretaria que tenía una llamada de parte del Dr. Galo Mora, secretario del señor Presidente de la República, que al contestar dicha llamada el señor Freddy Ehlers Zurita, no reconoce que fuera dicha persona la que solicitaba tres puestos en el Ministerio de Turismo, por lo que indica que dicha petición debe hacerse por escrito es así que el 14 de mayo del 2010, el procesado concurre personalmente llevando las carpetas de tres personas entre ellas la suya, acompañadas de un oficio que estaba presuntamente firmado por el Secretario Dr. Galo Mora Witt, esta presentación lo hace ante la Viceministra lng. Solange Garcés, quien recibe la petición, documentos que son entregados al Director de Asesoría Jurídica, quien e procede con las respectivas diligencias previas. El recurso de casación tipificado en el art. 349 del Código de Procedimiento Penal, procede cuando en la sentencia se hubiere violado la ley de conformidad con las tres causales determinadas en dicho artículo, que el recurrente hace un análisis de las pruebas que ya fueron valoradas por el juzgador de instancia y que no corresponde en esta audiencia una nueva valoración, que el juzgador no ha violado la ley pues hace una aplicación debida del articulo 79 del Código de Procedimiento Penal, se ha 3

6 respetado el debido proceso, que las pruebas fueron debidamente ordenadas, practicadas e incorporadas al juicio en la audiencia de juzgamiento, de conformidad al art. 85 del Código Penal, se ha establecido la materialidad de la infracción y la responsabilidad del procesado, quien solicitó los documentos a dos personas y la cantidad de 600 dólares a cada una de ellas, se aplicó el art. 86 del Código de Procedimiento Penal, el juzgador aprecio la prueba y valoró de acuerdo a la sana critica, llegando a establecer que de conformidad a derecho la materialidad de la infracción y la responsabilidad del procesado, aparece el nexo causal contenido en el articulo 88 del Código de Procedimiento Penal, así ha cumplido con la norma del art del CPP., el principio constitucional contenido en el art literal 1, la sentencia esta plenamente motivada, no existe violación de la ley por el juzgador de instancia, por lo que solicita se deseche el recurso interpuesto. CUARTO.- ASPECTOS DOCTRINARIOS.- La casación, en materia penal, es un medio extraordinario de impugnación, de efecto suspensivo, contra sentencias en las que se hubiere violado la ley, ya por contravenir expresamente su texto, ya por haber hecho una falsa aplicación de ella, en fin, por haberla interpretado erróneamente o como señala Fabio Calderón Botero en su obra Casación y revisión en materia penar, que el recurso de casación Es un juicio técnico, de puro derecho, sobre la legalidad de la sentencia (errores in iudicando) o sobre el proceso en su totalidad o en diversos sectores del mismo (errores in procendendo); de ahí que la casación, como un juicio sobre la sentencia que es, no puede entenderse como una instancia adicional, ni como potestad ilimitada para revisar sobre el proceso en su totalidad, en sus diversos aspectos facticos y normativos, sino como una fase extraordinaria, limitada y excepcional del mismo. De lo expuesto esta sala está imposibilitada de realizar un rexamen de las pruebas actuadas, ya que la ley le concede esta facultad al juzgador, quien por su independencia y haciendo uso de la sana crítica que no es otra cosa que el acervo, la capacidad, experiencia, lógica jurídica y convicción personal, es a quien le corresponde la valoración de la prueba, así, el tratadista Luis Cueva Carrión, en su obra la Casación en materia penal, señala respecto a la valoración de la prueba, que esta puede llegar a constituir una violación indirecta de la ley, de la cual hace el siguiente análisis: Se la denomina violación indirecta de la ley porque no transgrede directamente la norma, sino a través del error fáctico y probatorio: luego de errar en la apreciación de los hechos, de las pruebas y en su valoración legal Este tipo de violación denominado falso raciocinio se comete por errores de sana crítica, en base a este razonamiento es que el tratadista ecuatoriano, acertadamente, expresa lo siguiente: nuestro sistema 4

7 (-e pro cesa! pena! y nuestra jurisprudencia basada en lo prescrito en e! artículo 349 de! Código de Procedimiento Penal, como ya dijimos solo admite la violación directa de la ley ~ que solo llega a existir cuando el juzgador yerra en la aplicación de la norma legal, de la norma pura, independientemente de los errores que pueda cometer en relación a los hechos y con las pruebas. Es así que a esta Sala no le corresponde la valoración de la prueba, ese análisis le corresponde al juzgador, que por su inmediación en el recaudo procesal, tiene la sustentación de todos los elementos de juicio para decidir lo que en derecho corresponda. QUINTO.- ANÁLISIS DE LA SALA De la revisión y análisis a la sentencia, dictada por la Primera Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, con fecha 5 de Septiembre del 2011, a las 11h05, que confirma, la pena impuesta al procesado EDWIN ALFREDO CAISAPANTA CABEZAS, de SEIS AÑOS DE RECLUSION MENOR, por encontrarle autor- responsable del delito tipificado sancionado en los artículos 339 y 341 del Código Penal, fallo que es impugnado por el recurrente, el Tribunal de casación de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia establece: 1.- Que el Juzgador, dentro de todo el proceso penal ha observado los principios constitucionales, y legales respetando el debido proceso, lo dispuesto en el articulo 250, del Código de Procedimiento Penal, se han practicado todos los actos procesales encaminados a comprobar conforme a derecho tanto la existencia de la infracción así como la responsabilidad del procesado, pues todas las pruebas han sido producidas en juicio de conformidad a lo establecido en los artículos 79, 83, 85 y 86,87 y 88 ibídem, toda vez que las pruebas han sido pedidas, ordenadas, practicadas e incorporadas al juicio, valoradas y apreciadas conforme a las reglas de la sana critica, determinándose que las mismas se encuentran basadas en indicios probados, graves precisos y concordantes, estableciéndose el nexo causal, por lo que conforme a derecho se ha llegado a establecer la existencia de la infracción y la responsabilidad del procesado Por otra parte se debe señalar de la lectura de la sentencia impugnada que la misma contiene los argumentos y los fundamentos en los que apoya su decisión por lo que cumple con lo establecido en el Art. 76, numeral 7 literal 1 de la Constitución de la Republica del Ecuador, en concordancia con el artículo 309 del Código de Procedimiento Penal, que se refiere a la motivación El argumento de que el Juzgador no ha considerado las atenuantes establecidas en los numerales 6, 7 dei artículo 29 del Código Penal, no es valido en razón de que los certificados del Centro de Rehabilitación Social, no indican que el procesado mantenga una conducta ejemplar. 5

8 5.4.- Que el argumento de haberse presentado a solicitar trabajo sea un atenuante, este tribunal no lo considera en razón de los hechos juzgados Dentro de la especie penal, encontramos que el delito de falsificación de documentos se encuentra tipificado en los Arts. 339 y 341 del Código Penal, que dice: ~~Sera reprimida con pena de seis a nueve años de reclusión menor, cualquier otra persona que hubiere cometido una falsedad en instrumentos públicos en escrituras de comercio o de banco, contratos de prenda agrícola o industrial o de prenda especial de comercio, en escritos o en cualquier otra actuación judicial: -Ya por firmas falsas; -Ya por imitación o alteración de letras o firmas;-ya por haber inventado convenciones, disposiciones, obligaciones o descargos, o por haberlos insertado fuera de tiempo en lo documentos;- Ya por adicción o alteración de las cláusulas, declaraciones o hechos que esos documentos tenían por objeto recibir o comprobar Art En los casos expresados en los precedentes artículos, el que hubiera hecho uso, dolosamente, del documento falso, será reprimido como sí fuera autor de la misma falsedad, en concordancia con el Art Se reputan autores los que han perpetrado la infracción, de una manera directa e inmediata, sea aconsejado o instigando a otro para que la cometa, cuando el consejo ha determinado la perpetración del delito; los que han impedido o procurado impedir que se evite su ejecución; los que han determinado la perpetración del delito y efectuándo valiéndose de otras personas, imputables o no imputables, mediante precio, dadiva, promesa, orden o cualquier otro medio fraudulento y directo; (...) En el caso concreto encontramos, que la conducta del procesado, se adecua dentro de las disposiciones legales citadas, en tanto y en cuanto, éste a mas de haber suplantado la identidad del señor Galo Mora Witt, en su calidad de Secretario Particular de la Presidencia de la Republica del Ecuador, al haber llamado por teléfono al señor Freddy Elhers, Ministro de Turismo de ese entonces, solicitándole tres puestos de trabajo, además presenta el oficio No. SP de 14 de mayo del 2010,el mismo que se encontraba supuestamente suscrito por el señor Galo Mora Witt, dirigido a la señora Solange Garcés, Viceministra de Turismo, firma que de conformidad al examen técnico pericial documentológico que se encuentra descrito en el fallo impugnado, era falsificada por calco indirecto actividad delictiva, que dentro de los recaudos procesales se encuentra comprobada conforme a derecho tanto la materialidad de la infracción, como la responsabilidad del procesado, inclusive se encuentra que en los considerandos cuarto y quinto de la sentencia impugnada, constan claramente descritos los elementos y argumentos con los que el juzgador llega a determinar con certeza tanto la existencia material de la infracción así como la responsabilidad del procesado. En consecuencia este Tribunal considera que el Juzgador no ha violado disposición legal ni constitucional alguna que afecte a los sujetos procesales. SEXTO.- RESOLUCIÓN.- 6

9 Por lo expuesto, este Tribunal de Casacion de Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES D ELA REPÚBLICA, por unanimidad declara improcedente el recurso de casación interpuesto por el recurrente Edwin Alfredo Caizapanta Cabezas, en razón de que no acredita las violaciones a la ley, y de conformidad con el articulo 358 de Código de Procedimiento Penal de oficio casa la sentencia en razón de que el delito cometido por el procesado es el tipificado en el artículo 341 del Código Penal por lo que remitiéndonos al art. 339 ibídem se le impone la pena de 6 años de reclusión menor, no se consideran atenuantes por no encontrarse justificadas, toda vez que los certificados de los Tribunales Penales, no constituyen atenuantes y el certificado del Centro de Rehabilitación Social, no indica conducta ejemplar, de igual manera no se consideran agravantes por inexistentes. NOTIFIQUESE Y DEVLJELVASE. Dra. Zulema Pachac~ñ~a-N~ CONJUEZA NACIONAL ~~erei R~obaIi~Iafuerte JUEZA NACIONAL EZ NACIO A

10 Certifico: Dra. Sara Jiménez Murillo SECRETARIA RELATORA ENCARGADA