NACIONAL DE JUSTICIA

Transcripción

1 . CORTE -r // PRIMERA NACIONAL DE JUSTICIA SAL~ DE LO PENAL / rl RECURSQ 369/2011 ~ RESOLUCIÓN No.: PROCESADO: ~ ~44N ~ RQDR.IGu~z...y OTRO AGRA VIADO ~rn : pr,..- ~,,., - ~4OL;h~,s~ MOTIVO: RA;3i:ORTC IL~c~1L D~ DROGAS - FECHA INICIO: - LUGAR ORÍGEN: Çp~ ~ r4akbura FECHA RECEPCIÓN: FECHA RESOLUCIÓN:. FECHA DEVOLUCIÓN:...

2

3 c~l~0. ~-La~a?~J COflTE NACIONAL CE JUSTICIA 3a~a JUEZ PONENTE Dr. Jorge Bturn Carccten CORTE NACIONAL DE JUSTICIA DEL ECUADOR SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL JUICIO No TRANSPORTE ILEGAL DE DROGAS RECURSO DE CASACIÓN Quito, 5 de septiembre de A las 11H30.- VISTOS.- El Tribunal Primero de Garantías Penales de Imbabura declaró al ciudadano Carlos Stalin Jurado Rodríguez, autor responsable del delito tipificado en el artículo 61 de La Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, imponiéndole la pena atenuada de CUATRO AÑOS DE RECLUSION MAYOR ORDINARIA, y de conformidad con el artículo 72 del Código Penal, procede una rebaja de penas por considerar en su favor las circunstancias atenuantes del artículo 29 numeral 6 y 7 del mismo cuerpo legal. Elevada en consulta la sentencia; La Sala de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura, emite su resolución confirmando en todas sus partes la sentencia recurrida. El sentenciado Carlos Stalin Jurado Rodríguez inconforme con el fallo emitido, interpone oportunamente Recurso de Casación de tal sentencia. Aceptado al trámite y habiéndose cumplido con la audiencia oral, pública y contradictoria que establece el artículo 352 dei Código de Procedimiento Penal, a la que concurrió el impugnante representado por la Doctora Lolita Montoya en calidad de Defensora Pública, quien fundamentó el recurso, compareciendo además el señor Doctor Raúl Garcés, en representación del señor Fiscal General del Estado, cumpliéndose con el trámite previsto para esta clase de recursos, al tenor de lo dispuesto en el artículo 358 del Código de Procedimiento Penal y siendo el estado de resolver, para hacerlo se considera: PRIMERO.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA:

4 El Consejo de la Judicatura de Transición, posesionó a las Juezas y Jueces Nacionales el 26 de enero de El Pleno de la Corte Nacional de Justicia en sesión de 30 de enero de 2012, conformó sus ocho Salas Especializadas conforme dispone el Código Orgánico de la Función Judicial en su artículo 183. La Sala Especializada de lo Penal tiene competencia para conocer los recursos de casación y revisión en materia penal según los artículos de la Constitución de la República del Ecuador, y del Código Orgánico de la Función Judicial, éste cuerpo legal en la Segunda Disposición Transitoria dispone que: en todo lo relativo a la competencia, organización y funcionamiento de la Corte Nacional de Justicia, este Código entrará en vigencia a partir de la fecha en que se posesionen los nuevos jueces nacionales elegidos y nombrados de conformidad con lo establecido en la Constitución y este Código, habiéndose mediante sorteo designado este Tribunal y al juez ponente, de conformidad con los artículos 185 de la Constitución de la República y 141 del Código Orgánico de la Función Judicial, por lo que los suscritos, al tenor de las normas antes referidas y las del artículo 349 del Código de Procedimiento Penal, somos competentes para conocer el recurso de casación planteado. SEGUNDO.- VALIDEZ PROCESAL: Examinado el trámite del presente Recurso de Casación, no se observa omisión de solemnidad sustancial alguna que pudiera invalidar o acarrear su nulidad, por cuanto fue presentado dentro del plazo establecido en el artículo 350 del Código de Procedimiento Penal, habiéndose fundamentado el recurso por parte del recurrente e intervenido el representante del señor Fiscal General del Estado, por lo que este Tribunal de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, declara la validez de lo actuado. TERCERO.- ANTECEDENTES: El día 16 de julio del 2010, a las 17H00, procedieron a la detención del recurrente y otras personas, en la avenida Mariano Acosta y calle Corma Parrales de la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura, en circunstancias que la policía realizaba un operativo 2

5 antidelincuencial, por encontrarles en delito flagrante, transportando en un taxi un saco de yute que contenía una sustancia verde posiblemente marihuana, los mismos que iban acompañados de una menor adolecentes y que el peso bruto era de gramos. CUARTO.- FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO: La doctora Lolita Montoya, Defensora Pública en representación del recurrente Carlos Stalin Jurado Rodríguez fundamenta el Recurso de Casación presentado, quien lo hace en los siguientes términos: Que la sentencia dictada por los señores jueces del ( Tribunal Ad quem han cometido una violación al no aplicar el artículo 85 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, porque el recurrente al momento de cometer el delito tenía dieciocho años; que a su defendido se le vulnera el derecho establecido en la Constitución, que es el de igualdad y que legalmente la pena que su defendido tiene es la atenuada, establecida en los artículos 85 y 86 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. Finaliza solicitando la abogada defensora, se case la sentencia y se le imponga a su defendido la pena modificada por la atenuante trascendental establecida en la Ley antes referida. QUINTO.- DICTAMEN FISCAL: El doctor Raúl Garcés, representante del señor Fiscal General del Estado emite su ( opinión en los siguientes término: Que el Recurso de Casación conforme lo establece el artículo 349 dei Código de Procedimiento Penal, es un recurso extraordinario y especial que procede cuando el juzgador de instancia en la sentencia hubiere violado la ley ya por contravención expresa de su texto, por indebida aplicación o por errónea interpretación. Agrega el señor Fiscal que en este caso se encontró en delito flagrante al procesado Carlos Stalin Jurado Rodríguez cuando viajaba en un taxi transportando en sus piernas un costal de yute que contenía marihuana con un peso neto de gramos; que respecto al recurso de casación, como lo había manifestado, el recurrente debe fundamentar respecto de los principios constitucionales y legales y que se ha manifestado por parte de la doctora defensora del recurrente que se ha violado la ley 3

6 respecto del artículo 85 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, pero revisada la sentencia dictada por el Primer Tribunal de Garantías Penales de Ibarra, ya se consideró la atenuante trascendental contenida en el referido artículo 85, lit. a), al ser menor de 21 años de edad y, en consideración a ello se le impone la pena de ocho años de reclusión mayor ordinaria, es decir, que el Tribunal de Instancia ya aplicó esta atenuante, por lo que no procede esa consideración; que la sentencia fue confirmada por la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura, la misma que de igual manera considera la atenuante al dictar la sentencia; añade además que la materialidad de la infracción consta en el considerando Cuarto de la sentencia impugnada con el pesaje de la droga y el análisis químico practicado por las peritas, quienes luego de su experticia confirman que se trataba de droga, marihuana; que con respecto a la responsabilidad, se encuentra en el considerando Quinto con los testimonios de los policías que encontraron al recurrente en delito flagrante y el testimonio de su acompañante quien indicó que acompañó al procesado a recoger la droga. Concluye señalando el señor delegado de la Fiscalía General del Estado, doctor Raúl Garcés, que de las consideraciones expuestas se colige que existe una coherencia lógica entre la parte considerativa y resolutiva de la sentencia impugnada; que en la parte resolutiva los principios constitucionales y normas legales invocadas no se encuentran violados por el juzgador de instancia y la sanción impuesta guarda correspondencia con la conducta del sentenciado, sin que en la audiencia el recurrente, por intermedio de la defensoría pública, haya podido fundamentar en derecho en cuanto hace relación a una atenuante que ya fue considerada, por lo que se solicita que el recurso sea desechado por improcedente. RÉPLICA del recurrente.- La abogada Lolita Montoya quien en representación del recurrente, dice: Que de la sentencia dictada por la Corte Provincial de Justicia de Imbabura se establece que por la apelación interpuesta por el abogado de la defensa no se habla de la atenuante establecida en el artículo 85 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y que en la pena modificada se debe tomar en cuenta la atenuante establecida en el precitado artículo. 4

7 ~a~-q~~o i SEXTO: ASPECTOS JURÍDICOS: Al tenor de lo dispuesto en el artículo 349 del Código de Procedimiento Penal, el Recurso de Casación, es un medio impugnatorio, que tiene por objeto corregir los errores de derecho que pudiera incurrir el inferior en la sentencia, por lo que constituye un recurso extraordinario de control de la legalidad y del error judicial en los fallos de instancia, como lo señala el artículo 10 inciso segundo del Código Orgánico de la Función Judicial, sin que esté permitido a los juzgadores de Casación valorar la prueba actuada, que dio lugar a la sentencia que se impugna.- Cabe señalar, que los errores de derecho, son corregibles mediante casación y que debe limitarse a examinar si en el fallo impugnado se ha aplicado correctamente la ley, fundamentado en las causales que contiene el artículo 349 del adjetivo penal, cuando la sentencia recurrida ha violado la ley, por a) contravenir expresamente a su texto; b) por haberse realizado una falsa aplicación de ella; y, e) por haberla interpretado erróneamente. Ya que la primera circunstancia implica contrariar su contenido y al hacerlo sería una violación directa. La segunda, la falsa aplicación, puede darse aplicándola en un caso que no le corresponde. La tercera, la interpretación errónea, podría dar lugar a ir más allá del contenido de la norma, contrariando su espíritu, su alcance, originándose un falso raciocinio. Por ello el Tratadista Fabio Calderón Botero, en su obra Casación y Revisión en materia penal, expresa que el recurso de casación... es un juicio técnico jurídico, de puro derecho sobre la legalidad de la sentencia, también conocido por la doctrina como error in iudicando..., que precisamente es el error de derecho en la sentencia, por lo que está vedado a este Tribunal de la Sala Penal de la Corte Nacional examinar la prueba. El Art. 61 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, sanciona a quienes transporten, por cualquier medio o vía, sea fluvial, marítima, terrestre o aérea y por cualquier forma o procedimiento, sustancias sujetas a fiscalización, en transgresión de las normas de esta Ley, serán reprimidos con reclusión mayor extraordinaria de doce a diez y seis años y multa de sesenta a ocho mil salarios mínimos vitales generales. No 5

8 serán responsables Tos transportistas que desconocieren el contenido de la carga transportada. SÉPTIMO: CONSIDERACIONES DE ESTE TRIBUNAL: La norma consagrada en el artículo 358 de nuestra Constitución, coloca a la salud pública como el bien jurídico protegido, y puede catalogarse entre aquellos bienes necesarios para el funcionamiento del sistema, por lo que procede a sancionar este tipo de delitos como en el caso en estudio. El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección y recuperación de las capacidades para una vida saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. Este Tribunal, luego de haber escuchado la fundamentación del recurso planteado por el sentenciado Carlos Stalin Jurado Rodríguez, así como lo manifestado por el representante del señor Fiscal General del Estado, considera que el Recurso de Casación es un recurso extraordinario que debe sujetarse a las causales establecidas en el artículo 349 del Código de Procedimiento Penal; que en la fundamentación del Recurso de Casación planteada por el sentenciado Carlos Jurado Rodríguez, se ha señalado que no se ha aplicado el literal a) del artículo 85 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas que se refiere a la atenuante a los menores de edad (menores de 21 años) que señala esta norma especial; que el Tribunal ha analizado la sentencia atacada y ha establecido que efectivamente de conformidad con los artículos 250 y 252 del Código de Procedimiento Penal, la sentencia está debidamente motivada ( y cumple con establecer la materialidad de la infracción, es decir, el tráfico de estupefacientes, y sobre todo la responsabilidad del procesado como partícipe en ese evento delictivo, es decir, está justificado con la prueba debidamente actuada en la audiencia de juzgamiento, la materialidad de la infracción y la responsabilidad o culpabilidad de Carlos Stalin Jurado Rodríguez quien fue aprehendido en delito flagrante cuando trasportaba un saco de marihuana. El Profesor Luis Alberto Huerta Guerrero sobre la Flagrancia, manifiesta: Es cuando se está ante un caso de (flagrante delito) cuando se interviene u observa (a una persona) en el mismo momento de (la) perpetración (del delito) o cuando posteriormente a ella, antes del vencimiento 6

9 Z2 ~ del plazo de prescripción, existen hechos o pruebas evidentes, sustentados en la técnica o la ciencia, que demuestren la producción del delito. (Ensayo sobre Temas de Derechos Fundamentales, con información relacionada con el respeto y Garantía de los Derechos, pág. 2). Por su lado el maestro Dr. Maximiliano Blum Manzo referente al tema dice: esto es aquello que se cometen en presencia de una o más personas o se descubren a los agentes activos inmediatamente o hasta después de 24 horas de persecución ininterrumpida, con armas, instrumento o papeles relativos a la infracción. (2da Edición, Apuntes Jurídicos, Procedimiento Penal Dr. Maximiliano Blum Manzo Pág. 153.). La pena que establece la Ley Especial de Drogas por el tráfico de estupefacientes a la que se refiere la sentencia es la contenida en el artículo 61 de dicha ley, esto es, de 12 a 16 años, y el juzgador inferior ha aplicado las atenuantes a las que se refiere la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, imponiéndole proporcionalmente la pena de ocho años de reclusión mayor por el delito cometido. El artículo 76 numeral 6 de la Constitución de la República señala...la ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y sanciones penales. Administrativas o de otra naturaleza... de lo expuesto se establece que la pena impuesta a los sentenciados guarda proporción entre la infracción cometida y el delito, tomando en consideración que ésta tiene un mínimo y un máximo para su aplicación, Fernando Velásquez en su obra Manual de Derecho Penal, Parte General, tercera edición, librería jurídica COMLIBROS, Medellín Colombia, 2007, p. 35, al referirse al principio de proporcionalidad, manifiesta: El uso de la intensidad de la sanción están limitados de acuerdo con la gravedad del hecho reprimible cometido, o de los riesgos objetivos o subjetivos de comisión de una infracción futura o de ambos. Con estas consideraciones este Tribunal establece que sí ha sido considerado el artículo 85, lit. a) y que de la actuación generada por el sentenciado aprehendido en delito flagrante, no puede aplicarse la atenuante trascendental que establece el artículo 86 de dicha norma especial porque dicho aprehendido no efectuó ningún acto generador para poder aprehender a otros partícipes y actores intelectuales en el tráfico de drogas, es decir, que la pena de ocho años cumple con lo dispuesto en el artículo 72 del Código Penal que la modifica de 12 a 16 años de reclusión y la pasa a establecer entre 8 a 12 años 7

10 de reclusión, con lo que el juzgador inferior aplicando la proporcionalidad que establece las normas constitucionales, le ha impuesto la mínima del articulo 72 ibídem, es decir, ocho años. Por las consideraciones expuestas, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, de conformidad con el Art. 358 del Código de Procedimiento Penal, por improcedente, se rechaza el Recurso de Casación planteado por Carlos Stalin Jurado Rodríguez y se dispone que se devuelva el expediente al Tribunal de origen. Intervenga la doctora Martha Villarroel Villegas, Secretaria Relatora encargada. Notifí.ues- t~ ~. lase. Dr. Jori~ ~fum Carc~ én, Msc. JUEZ / CIONA~~ NENTE CERTIFI O: u ja O. Wils.n Teri e ánch~ guez Ríos UEZ CIONAL 1. EZ NA IONAL Dra. Martha Villarroe Villegas SECRETARIA RELATORA (E)