E DE MINISTERIO DE HACIENDA Recurso nº 786/2018 Resolución nº 863/2018 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 1 de octubre de 2018. VISTO el recurso especial en materia de contratación interpuesto por D. A. L. G. O., en nombre y representación de la CONFEDERACIÓN NACIONAL DE CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO, contra el pliego de condiciones del contrato de servicio de lavandería externa en los establecimientos de Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A.,Expte 180489 licitado por la sociedad mercantil estatal Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A., el Tribunal ha adoptado la siguiente Resolución: ANTECEDENTES DE HECHO. Primero. El 12 de julio de 2018 en la Plataforma de Contratación del Sector Público se publica el anuncio de la licitación del contrato de servicio de lavandería externa en los establecimientos de Paradores de Turismo de España, S.M E., S.A. El contrato calificado como de servicios, tiene un valor estimado de 3.510.773,04 euros, IVA excluido, siendo de tramitación ordinaria y procedimiento abierto, estando dividido en lotes. El régimen jurídico aplicable al contrato, licitado con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), conforme a lo dispuesto en la cláusula 2 del Pliego de Condiciones de contratación (PCC) y su Instrucción interna de contratación, es el previsto en sus artículo 321 y 322 para las entidades del sector público que no tengan la condición de poderes adjudicadores, en cuya virtud el contrato se rige por derecho privado y su procedimiento de adjudicación.. AVDA. GENERAL PERÓN, 38, 8ª PLTA. 28071 - MADRID TEL: 91.349.14.46/47/51 FAX: 91.349.14.41 Tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es
2 por las referidas Instrucciones, de forma que quede garantizada la efectividad de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, así como que los contratos se adjudiquen a quienes presenten la mejor oferta. En la cláusula 1 del PCC se establece. Las contrataciones de los lotes 1, S, 7 y 11 tienen carácter de RESERVA, de forma que sólo podrán presentar oferta las empresas o Centros Especiales de empleo de iniciativa social que cuenten en su plantilla, al menos, con un 70 por ciento de personas trabajadoras con discapacidad igual o superior al 33%, según lo previsto en la Disposición Adicional cuarta de la Ley 09/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Segundo. El 02 de agosto de 2018, tiene entrada en el registro electrónico de este Tribunal el recurso especial en materia de contratación interpuesto por la CONFEDERACIÓN NACIONAL DE CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO, contra el PCC, con el siguiente petitum Disponga la eliminación de la inserción de iniciativa social que por referencia a los Centros Especiales de Empleo, se incluye en las Cláusula 1, 5, 21 del mismo, y en cualesquiera otras del referido Pliego que reproduzcan o apliquen dicha indebida acotación dentro de la categoría general de los Centros Especiales de empleo, por tanto, también cuantas referencias derivadas de la misma sean aplicación de la restricción de iniciativa social contemplada en el Pliego, con la anulación en tal sentido de cuantas disposiciones contenidas en los pliegos, sean aplicación o ejecución de la categoría de iniciativa social anteriormente indicada. Igualmente solicita que para el supuesto de considerar necesario de cara a resolver el recurso interpuesto, pronunciamiento del TJUE en cuanto a la aplicación y alcance del Artículo 20 de la Directiva 2014/24/UE, en la indebida restricción introducida a las entidades con derecho a acceder al mismo por las Disposiciones Adicional Cuarta y Final Decimocuarta de la Ley 9/2017, plantee cuestión prejudicial al TJUE al amparo del Artículo 267 del Tratado de Funcionamiento La recurrente solicita la suspensión del procedimiento.
3 El 23 de agosto de 2018 la recurrente presenta nuevo escrito que denomina de ampliación de recurso, sin petitum adicional al del recurso inicial. Tercero. El órgano de contratación, el 13 de agosto de 2018, remite el expediente de contratación al Tribunal, acompañándolo de su informe. Cuarto. La Secretaría del Tribunal, el 22 de agosto, da traslado del recurso interpuesto a los licitadores presentados, para que en el plazo de cinco días hábiles presenten las alegaciones y documentos que estimen oportunos, habiendo hecho uso de dicha facultad APMIB MÁLAGA, S.L.U. e ILUNION LAVANDERÍAS S.A.U. FUNDAMENTOS DE DERECHO. Primero. El artículo 44.1 de la LCSP dispone serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación, los actos y decisiones relacionados en el apartado 2 de este mismo artículo, cuando se refieran a los siguientes contratos que pretendan concertar las Administraciones Públicas o las restantes entidades que ostenten la condición de poderes adjudicadores ( ) De otra parte el artículo 321.5 de la LCSP las actuaciones realizadas en la preparación y adjudicación de los contratos por las entidades a las que se refiere el presente artículo, se impugnarán en vía administrativa de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ante el titular del departamento, órgano, ente u organismo al que esté adscrita la entidad contratante o al que corresponda su tutela. Si la entidad contratante estuviera vinculada a más de una Administración, será competente el órgano correspondiente de la que ostente el control o participación mayoritaria PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.M.E., S.A., sociedad mercantil estatal, no ha sido creada específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil, sino antes al contrario su actividad tiene plena naturaleza mercantil, al ser su objeto social la gestión y explotación, directa o indirecta, de la red de establecimientos e instalaciones turísticas del Estado, o de los que la entidad adquiera bajo cualquier forma jurídica que posibilite su gestión, operativa o explotación.
4 En consecuencia, conforme al artículo 3.3.d) sensu contrario de la LCSP, el ente contratante cuyo acto se recurre es una entidad del sector público que no tiene el carácter de poder adjudicador. Por ello este Tribunal no es competente para resolver el recurso interpuesto, que se dirige contra un acto relativo a un contrato no susceptible de recurso especial, conforme a lo dispuesto en los artículos 44.1 y 45.1 de la LCSP y 22.1.1º y 3º del Reglamento de los procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia contractual y de organización del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, aprobado por Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre (RPERMC). En consecuencia, procede inadmitir el recurso especial en materia de contratación presentado, sin entrar a examen de los demás requisitos de admisión, ni de los argumentos de fondo del recurso. Por todo lo anterior, VISTOS los preceptos legales de aplicación, ESTE TRIBUNAL, en sesión celebrada en el día de la fecha ACUERDA: Primero. Inadmitir el recurso especial en materia de contratación interpuesto por D. A. L. G. O., en nombre y representación de la CONFEDERACIÓN NACIONAL DE CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO, contra el pliego de condiciones del contrato de servicio de lavandería externa en los establecimientos de Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A., licitado por la sociedad mercantil estatal PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.M.E., S.A.. Segundo. Declarar que no se aprecia la concurrencia de mala fe o temeridad en la interposición del recurso por lo que no procede la imposición de la sanción prevista en el artículo 58 de la LCSP. Esta resolución es definitiva en la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo dos meses, a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11.1,
5 letra f) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.