PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE LAS COOPERATIVAS A CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA

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Transcripción:

PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE LAS COOPERATIVAS A CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA AGOSTO 2013

PROPUESTAS PARA MEJORAR LAS ACCIONES DE GOBIERNO HACIA LAS COOPERATIVAS Las Cooperativas, por definición, son empresas conformadas en forma libre y voluntaria, que tienen la virtud de compatibilizar y potenciar el emprendimiento y la innovación, con la participación solidaria y democrática de sus asociados, no sólo en las decisiones, sino también en los resultados de la gestión. Lo anterior se refleja en la organicidad que posee este modelo empresarial asociativo, cuya dinámica se sustenta en objetivos económicos y sociales al servicio de las necesidades de los socios, quienes gestionan democráticamente la empresa. Los atributos que posee el modelo cooperativo para contribuir al desarrollo del país, están dados por las características específicas de su función de producción y de servicios que motivan a los socios a su creación para mejorar la condición socioeconómica de sus integrantes. La importancia económica de las Cooperativas y sus atributos se resumen a continuación. Más detalles en página del Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía www.decoop.cl Según cifras oficiales, del Ministerio de Economía, en Chile existen más de 1.200 cooperativas vigentes y activas. De acuerdo a la misma fuente el número de socios es más 1.650.000 a lo largo del país. También es destacable el volumen de activos que actualmente el sector administra, el cual asciende a 89.247.248 U.F., equivalentes al 4% del PIB nacional, como también el volumen de ventas anuales totales que alcanzan las 23.336.984 U.F. El sector genera más de 37.000 puestos de trabajo en forma directa, y además en algunos rubros posee importante peso como generador de trabajo indirecto, como por ejemplo dentro de las cadenas del pisco y la leche o en los servicios financieros. Las cooperativas asocian a personas de ámbitos rurales y urbanos, integrando preferentemente a sectores de bajos y medianos ingresos como socios (clientes), en rubros relacionados con la producción y el trabajo, así como los servicios. 2

El sector presenta un comportamiento similar en la mayoría de los indicadores al estratificar las empresas cooperativas según su volumen de ventas y compararlos con otros estudios longitudinales. En concreto, es posible apreciar el impacto de estas empresas en la economía familiar, por ejemplo al constatar su rol en la provisión de servicios básicos al sector rural como electricidad y agua potable, en el sector agrícola y pesquero en la comercialización y procesamiento de productos, en la intermediación de recursos financieros a segmentos de la población donde la banca no accede; en la potenciación del autoempleo a través de las cooperativas de trabajo y en los servicios sociales de vivienda, educación, salud, etc.. Por otra parte es importante reconocer, que el modelo de cooperativas puede ser un medio para construir o aumentar la fuerza económica de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) en el mercado, a través de la asociatividad de estas entidades, para el mejoramiento de sus capacidades técnicas, del aumento de sus volúmenes mediante la economía de escalas, etc. Cabe destacar especialmente el rol de las Cooperativas de Ahorro y Crédito (CAC), que no solo prestan un importante servicio de crédito a miles de ciudadanos, sino que también cada día mas a cientos de microempresas que requieren de esta importante palanca financiera para desarrollar nuevos proyectos, transformándose en un socio estratégico para instituciones del estado como CORFO, INDAP y SERCOTEC. El Rol del Estado en relación a las Empresas Cooperativas Las Cooperativas tienen algunas connotaciones especiales, como lo son el proporcionar servicios para el mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de sus asociados (Cooperativas de Servicios, de Trabajo, etc.) o mejorar la producción y el acceso a mercados de las microempresas asociadas (Cooperativas Agrícolas, pesqueras o de servicios empresariales, etc.). Sin embargo, en los últimos 40 años, no ha habido ningún tratamiento especial del Estado a través de los organismos de Gobierno, y especialmente el rol de fomento que la ley señala, no ha existido. Solo es posible mencionar que el Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía, ha estado centrado básicamente en la labor de control y fiscalización de nuestras empresas, aumentando la burocracia y consecuentemente los costos y pérdida de competitividad, incluso el sector posee gravámenes que no son aplicados a otras empresas o sectores productivos (Decreto 233). Ello hace necesario, un cambio drástico de las políticas de gobierno hacia las Cooperativas, para mejorar su desarrollo y hacer efectivo un trabajo mancomunado entre el sector privado cooperativo y el Gobierno. 3

Claro está, que un eje central que debería mover cualquier política de Estado debe ser el generar un cuadro macizo de políticas públicas que vayan a potenciar la gestión para mejorar la presencia de las empresas cooperativas en mas mercados, eliminando las discriminaciones históricas que sufren nuestras empresas a la hora de acceder a la batería de instrumentos de fomento por ser consideradas empresas de segundo orden. Es decir un primer paso debe ser reestablecer y reconocer el importante rol de las empresas cooperativas para el desarrollo socio económico del país, y además avanzar en la creación de un nuevo instrumental que esté más acorde a las necesidades propias del sector. Propuesta de mejoramiento de las Acciones de Gobierno hacia las Cooperativas Para el mejoramiento de las acciones de Gobierno, para con las Cooperativas, es necesario desarrollar diferentes medidas, las cuales pueden llevarse a cabo a través de distintas formas de acción. Por una parte, deben adoptarse políticas de fomento y desarrollo, que se orienten a apoyar la actividad de las Cooperativas. Por otra parte, deben eliminarse todas aquellas formas de intervención estatal que entorpecen o limitan su accionar como empresa privada. Estas formas de acción pueden ser de dos tipos: Las primeras se refieren a medidas de tipo administrativo, las cuales pueden ser llevadas a cabo en un breve plazo, por decisión del Gobierno, utilizando sus facultades para implementarlas, tanto a través de resoluciones, normativas, instructivos y circulares, tanto del Ministerio de Economía, la Subsecretaría, como del Departamento de Cooperativas. La segunda, que tiene un proceso más largo en el tiempo, se refiere a mejorar las normas de la legislación actual y en particular, del DFL N 5, actual Ley General de Cooperativas. Entre las medidas de tipo administrativo, se consideran de especial importancia las siguientes: Establecer políticas ligadas a recursos para el desarrollo y fomento de las Cooperativas, a través del Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía, entregándole a este un rol coordinador de esta política que debería ser implementada por otros servicios públicos sectoriales como INDAP, DOH, SERVIU, FAP, FOSIS, SERCOTEC, CORFO entre otros. Reorientar los recursos humanos y materiales con que opera el Departamento de Cooperativas y adecuar su estructura. Para estos efectos se requiere: a) Designar una jefatura alineada con los planteamientos enunciados aquí y darle la orientación que corresponde. 4

b) Adecuar los equipos de trabajo para incrementar su rol de fomento. c) Revisar las normativas de instructivos, minutas y resoluciones, especialmente las que se refieren a: Formas de ejercer la fiscalización y el control por los funcionarios. Limitar los requerimientos de envío o entrega de información al Departamento de Cooperativas, a lo que sea realmente necesario. d) Delegar en organismos cooperativos las labores de asistencia técnica, capacitación y supervisión Establecer y apoyar formas de autocontrol societario, asignando a la misma cooperativa el cumplimiento de este rol, mediante acciones de información y formación de sus dirigentes y funcionarios. Aplicar los criterios efectivamente diferenciados a las cooperativas, según las características de éstas, de manera tal que sean consecuentes con el tratamiento que tienen otras formas jurídicas de empresas. Derogar el Decreto 233, que establece un gravamen para todo tipo de cooperativas, limitándolo sólo a las cooperativas de ahorro y crédito que captan recursos del público. Agilizar el otorgamiento de certificados e informes y compatibilizar sus costos con el que tienen otro tipo de organismos, como es el caso de los Certificados de Vigencia, de Constitución del Consejo, etc. Establecer la creación de un Comité de Trabajo Público-Privado compuesto por los organismos de representación del Movimiento Cooperativo (Federaciones y/o Confederaciones) y por los Organismos del Estado que se relacionan con las Cooperativas, como instancia consultiva y de diálogo. En general, dar mayor autonomía a las decisiones operacionales que son propias de las estructuras de las empresas cooperativas. Por otra parte, en relación al mejoramiento de las normas de la legislación contenida en el DFL N 5, (Ley General de Cooperativas), la Confederación General de Cooperativas, realizó una propuesta de modificación de la Ley, la cual fue elaborada con consulta a diferentes tipos de cooperativas y considera diversas materias, entre las cuales es posible señalar las que se refieren a los siguientes temas: Tratamiento a los aportes de Capital en las Cooperativas. Tratamiento a la Constitución de las Reservas Legales y Voluntarias y su destino. Tratamiento a los Resultados presentados en el Balance (Remanentes). 5

Reponer la existencia de un Fondo de Asistencia Técnica y Capacitación Cooperativa, constituido con aportes de las Cooperativas y del Estado y/o permitir la participación de estas entidades en los fondos concursables destinados al mejoramiento de las organizaciones de representatividad y de desarrollo económico y social. Redefinir el tratamiento a los diferentes tipos de cooperativas, según sus objetivos, tamaño, patrimonio, etc., y ratificar la condición no lucrativa de estas formas de organización. Incorporar a la ley los compromisos adquiridos por el Gobierno de Chile, los que están establecidos en la Resolución 193 de O. I. T. sobre el Marco Político y el Papel de los Gobiernos en esta materia. En general incorporar o eliminar normas tendientes a facilitar el desarrollo autónomo de las Cooperativas y limitar la ingerencia de los organismos del Estado en la administración de las organizaciones. 6