NORMATIVA DE EMERGENCIA. CONSTITUCIONALIDAD. LEY OBLIGACIONES EN MONEDA EXTRANJERA. PESIFICACIÓN. APLICACIÓN DE

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1 NORMATIVA DE EMERGENCIA. CONSTITUCIONALIDAD. LEY OBLIGACIONES EN MONEDA EXTRANJERA. PESIFICACIÓN. APLICACIÓN DE COEFICIENTES. REAJUSTES. A C U E R D O N 532 En la ciudad de Rosario, a los 5 días del mes de octubre de dos mil cinco, se reunieron en Acuerdo los vocales de la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario doctores José Humberto Donati, Alicia García y José María Serralunga, con el fin de dictar sentencia en los autos caratulados FUNES Rubén R. c/corporative GROUP SA s/ejecución HIPOTECARIA - Expte. N 101/2005 (Distrito 11 Nom.), venidos en apelación del fallo de fs. 57/66. Efectuado el estudio de la causa, se resolvió plantear las siguientes cuestiones: 1ª. ES NULA LA SENTENCIA IMPUGNADA? 2ª. ES JUSTA LA SENTENCIA IMPUGNADA? 3ª. QUÉ PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR EN DEFINITIVA? A la primera cuestión el vocal doctor Serralunga dijo: los recursos de nulidad deducidos no han sido mantenidos en esta instancia, y no advirtiéndose vicios u omisiones que hagan necesaria su declaración oficiosa, corresponde desestimarlos. A la misma cuestión los vocales doctores García y Donati dijeron: por las mismas razones que invoca el colega preopinante, adherimos a sus conclusiones y votamos en idéntico sentido a la primera cuestión. A la segunda cuestión el vocal doctor Serralunga dijo: I) Habiendo Rubén Raúl Funes promovido demanda de ejecución hipotecaria contra Corporative Group SA por cobro de U$S , intereses y costas, la sentencia de fs. 57/66 mandó llevar adelante la ejecución hasta que el actor se haga íntegro cobro de la suma de $ , con más el interés punitorio del 0,70% mensual pactado, y el CER, debiéndose descontar de la planilla a practicar la suma depositada en pago a fs. 41 (de $ ), con costas. Dispuso además, que se procediese a la subasta del inmueble hipotecado por el martillero a proponer por el actor. Las dos partes apelaron el fallo, y ya en la alzada expresaron agravios. La actora a fs. 78/80 y la contraria a fs. 82/83, respondidos a fs. 89 y 85/87 respectivamente. II) A la actora le agravia el que la sentencia dispusiera aplicar las normas dictadas para paliar la emergencia económica, social, administrativa, financiera y cambiaria sufrida por el país a partir de enero/2002, concretamente la ley y modificatorias y decretos 214/02 y 329/02. Al efecto refiere que el prestó a la demandada la suma de U$S a devolver en tres cuotas anuales, dos de U$S y una de U$S , pactándose intereses compensatorios del 1,5% anual sobre saldo y punitorios del 0,7%. Los demandados no pagaron ninguna de las cuotas de capital y sólo abonaron intereses en dólares hasta diciembre/2001, y luego pagaron algunos intereses en pesos, a cuenta del valor que adquirieran las cuotas pendientes. Que como lo estableciera la aquo la

2 demandada incurrió en mora el Tras señalar que la hipoteca se constituyó sobre una fracción de campo, y hacer un cálculo sobre el rendimiento probable de la explotación agraria, arguye que la aplicación del régimen de emergencia en el caso, sería inconstitucional. Por ello, cuestionando el orden público invocado por la aquo, y sosteniendo encontrarse el caso fuera de la situación de emergencia, concluye propugnando la declaración de inconstitucionalidad de la normativa de emergencia, por afectar el derecho de propiedad de su parte. A la demandada, por su lado, le agravia que se considere haber estado en mora, atribuyendo al efecto no estar acreditada la prórroga del pago de la primera cuota de la obligación, que su parte invocara, y dado que el hecho de haber recibido el pago de intereses sólo implicaría que se aceptó un pago parcial. Le atribuye a la sentenciante en la cuestión, no haber comprendido la importancia del recibo de intereses de fs. 29, del ; por U$S 4.200, ya que se habrían pagado por adelantado intereses por los meses de septiembre a diciembre/2001. Si se atiende a que la primera cuota de capital vencía el , los intereses debieron calcularse sobre el saldo que quedase después del pago de aquélla, pero ésto no ocurrió y se computaron sobre el total de la deuda, sin tener en cuenta que pocos días después se debía reducir sustancialmente el capital. Considera que ello revelaría que las partes sabían que ese pago no se iba a realizar, por lo que habría habido un acuerdo de prórroga de la primera cuota, lo que evidencia el hecho de que el acreedor siguiese percibiendo los intereses sin reclamar la cuota vencida. Sostiene que recién cuando su parte pretende cancelar la obligación por el pago de la suma debida, pesificada con más el CER (carta documento de fs. 37), el acreedor se acordó que había una cuota vencida hacía una año y reclamó su pago. De tal manera, no habiendo mora de su parte no corresponde abonar intereses punitorios, y a su vez habría mora del acreedor al negarse a recibir el pago, debiéndose considerar cancelada la obligación con la consignación de fs. 40/41. En otro agravio cuestiona la imposición de costas a su parte, en tanto no mediara mora, pero aunque no fuese así no cabría la carga total en costas efectuada, ya que reclamando el actor el pago en dólares y habiendo su parte ofrecido pagar la suma pesificada uno a uno más el CER, la sentencia concluyó en que el pago debía hacerse en esta forma. III) A los fines de resolver los presentes es preciso tener en cuenta que por el art. 11 de la ley 25561, -sustituido por el art. 3 de la ley , las obligaciones de dar sumas de dinero existentes al , expresadas en dólares o cualquier otra moneda extranjera, no vinculadas al sistema financiero, cualquiera fuese su origen o naturaleza, y hubiere o no mora del deudor, se habrían de convertir a moneda nacional, a razón de un dólar igual a un peso. Siéndoles aplicables las normas vigentes en cuanto al CER o el CVS, o el que en el futuro los reemplazase, la ley dejó a salvo la posibilidad de un reajuste equitativo si el valor de la cosa, bien o prestación en juego fuese al momento del pago superior o inferior a la resultante de la aplicación de dichos coeficientes. En tanto en el caso el mutuo con garantía hipotecaria fue concertado el en dólares, y a devolver en tres cuotas anuales a vencer el , y , -más allá de que respecto de la primera la deudora estuviese o no en mora, según la distinta posición de las partes- el mismo resultó alcanzado por la legislación de emergencia sobre pesificación de las obligaciones en moneda extranjera referida. Conforme al criterio de este tribunal seguido a partir del caso BOTAS (Acuerdo N 54 del 23/05/2003), cuyos términos reiteramos, la inconstitucionalidad de la normativa de emergencia planteada por la actora, debe ser desestimada. No es óbice para ello la circunstancia que invoca dicha recurrente como obstativa a

3 la validez constitucional en el caso, -relativa al rendimiento probable del bien hipotecado, que es un campo-, porque precisamente la ley ha previsto que, más allá de ser aplicables a las obligaciones pesificadas los coeficientes a que alude (CER, CVS u otro futuro), si de ello resultase un monto superior o inferior al valor de la cosa, bien o prestación al momento del pago, cualquiera de las partes que fuese la afectada, puede pedir un reajuste equitativo del precio. La posibilidad de ese reajuste, brindada por la ley, recién introducido por la parte actora en esta instancia, no puede fundar la pretensión de modificación del fallo impugnado, atento la función revisora propia de la alzada, debiéndose plantear, sustanciarse y resolverse en sede inferior, de manera de asegurar la doble instancia. Por lo expuesto, la apelación de la actora debe ser desestimada, al igual que su planteo de inconstitucionalidad. En lo atinente a la apelación de la demandada, habiéndose pactado que el pago de la primera cuota de amortización de capital (de U$S ) se realizaría el , -esto es al año de contrato- y a su vez que se pagarían intereses compensatorios, mensualmente, del 1,5% sobre saldo, a partir del , estimo que el otorgamiento de recibo por intereses por el total de lo adeudado, correspondientes a los meses posteriores a la fecha fijada para la primera amortización del capital, constituye base suficiente para presumir la existencia de la prórroga alegada por la deudora (CNCiv Sala B, E. D. 80,714). Debe tenerse en cuenta al respecto, no sólo el pago de intereses anticipados según el recibo del (fs. 28) por U$S 4.200, -por cuatro meses, esto es a razón de U$S por mes, equivalente al 1,5% sobre U$S , que comprendió los meses de septiembre a diciembre/2001, posteriores a la fecha de vencimiento de la primer cuota, sino las ulteriores por los meses de enero a septiembre/2002 (fs. 29 a 32), por la misma cifra pesificada ($ por mes), sin reserva alguna en cuanto al capital adeudado, sino tan sólo en cuanto a la constitucionalidad de las normas sobre pesificación, y sin alusión alguna a intereses punitorios debidos. Por lo demás el acreedor no efectuó reclamo alguno por la falta de pago de esa cuota de capital hasta el Ahora bien, teniendo por cierta la prórroga que dijera la accionada hasta el , ante la negativa de la actora a percibir el pago total de lo adeudado pesificado con más el CER de que daría cuenta la constatación hecha por escribano del (fs. 25/26) -tras el rechazo del mismo ofrecimiento por carta documento del , de fs. 36- cabe establecer, por un lado, que el pago que se dijera haberse querido efectuar según la constatación notarial, era por medio de un cheque, no estando el acreedor obligado a recibir un cheque en sustitución de la suma de dinero que se le debe (CCCSF Sala 3ª, Z. 67, R, 27; CCom B, L. L. 96,587; SCBA, L. L. 103,170; C2aTuc., L. L. 105,533). Por otra parte, que a fin de no incurrir en mora, ante la negativa del acreedor a recibir el pago, el deudor debió recurrir a la vía prevista a tal fin por los arts. 756 y conc. del Código Civil, esto es, al pago por consignación, con los requisitos referidos a las personas, objeto, modo y tiempo sin los cuales el pago no puede ser válido (art. 758 C. Civil), lo que no hizo, deviniendo tardío el pago a través de la consignación hecha el esto es, un año después.

4 Por ello, acogiendo parcialmente la apelación de la demandada se dispondrá que los intereses punitorios a pagar se computarán desde el En cuanto a las costas, dados los respectivos vencimientos, deben imponerse por su orden en primera instancia (art. 252 CPCC) y en un 80% a la actora y un 20% a la accionada en la alzada (art. 251 CPCC). A la misma cuestión los vocales doctores García y Donati dijeron: por las mismas razones que invoca el colega preopinante, adherimos a sus conclusiones y votamos en idéntico sentido a la segunda cuestión. A la tercera cuestión el vocal doctor Serralunga dijo: atento al resultado de las votaciones precedentes, corresponde desestimar los recursos de nulidad deducidos por ambas partes, rechazar la apelación y planteo de inconstitucionalidad de la actora y acoger parcialmente la apelación de la demandada, estableciendo que los intereses punitorios a pagar por ésta se computarán desde el , con costas por su orden en primera instancia. Deben imponerse las costas en la alzada en un 80% a la actora y en un 20% a la accionada. Los honorarios profesionales en esta instancia corresponden ser regulados en el 50% de los de la inferior (art, 19, ley 6767). A la misma cuestión los vocales doctores García y Donati dijeron: el pronunciamiento que corresponde dictar es el que propone el doctor Serralunga, y así votamos. Por lo que esta Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario, RESUELVE: rechazar los recursos de nulidad y la apelación y planteo de inconstitucionalidad de la actora, y hacer lugar parcialmente a la apelación de la accionada, estableciendo que los intereses punitorios a pagar por ella se computarán desde el , con costas por su orden en primera instancia. Imponer las costas en la alzada en un 80% a la actora y en un 20% a la demandada. Regular los honorarios profesionales en esta instancia en el 50% de los de la inferior. Insértese, agréguese copia a los autos y hágase saber. (Autos FUNES Rubén R. c/corporative GROUP SA s/ejecución HIPOTECARIA - Expte. N 101/2005) JOSÉ MARÍA SERRALUNGA ALICIA GARCÍA JOSÉ HUMBERTO DONATI Patricia B. Niedfeld

5 S-FUNES 101

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