2 1 Somos Defensores, Annual Report 2011, Information System on Attacks against Human Rights Defenders,

Transcripción

1 Persiste el Riesgo para los Defensores de Derechos Humanos en Colombia Testimonio de Lisa Haugaard Directora Ejecutiva del Grupo de Trabajo sobre América Latina (Latin America Working Group) ante la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos del Congreso de Estados Unidos 17 de mayo de 2012 Gracias por la oportunidad de dirigirme a la Comisión de los Derechos Humanos Tom Lantos y por llevar a cabo esta importante audiencia sobre la situación de los defensores de derechos humanos a nivel mundial. Soy la directora del Grupo de Trabajo sobre América Latina y he trabajado durante los últimos catorce años en hacer seguimiento a la situación de derechos humanos en Colombia. Daniel Aguirre iba camino a su casa con su esposa en la ciudad de Florida, Valle del Cauca, el 27 abril de 2012 cuando atacado por sicarios que el dispararon causándole la muerte. Daniel era Secretario General del sindicato SINALCORTEROS y una figura destacada en la lucha por los derechos de los trabajadores de la caña de azúcar. Aguirre es el sexto sindicalista colombiano asesinado este año, y el segundo asesinado o desaparecido en las semanas siguientes a que el Presidente Obama declarara que el Plan de Acción Laboral estaba lo suficientemente cumplido para avanzar con la implementación del Tratado de Libre Comercio. Daniel es el 29 sindicalista asesinado desde que los gobiernos de Colombia y Estados Unidos firmaron el Plan de Acción Laboral el 7 abril de Manuel Antonio Ruiz recibió un mensaje en su teléfono celular el 23 marzo de 2012, en el que se afirmaba que se había ganado un premio. Mientras iba con su hijo de 15 años a reclamarlo, él y su hijo Samir fueron desaparecidos presuntamente por grupos paramilitares. Los cuerpos fueron hallados pocos días después con signos de tortura. Manuel Ruiz era uno de los líderes en el proceso de restitución de tierras en las cuencas de Curvaradó y Jiguamiandó ordenado por la Corte Constitucional de Colombia y se encontraba al momento de su desaparición implementado el censo de población y tierra. Ruiz había solicitado protección al Gobierno en tres ocasiones y solo había recibido el teléfono celular. José Humberto Torres, abogado miembro del Comité de Solidaridad con los Prisioneros Políticos que ha denunciado vínculos entre políticos y mafias paramilitares en la costa del Caribe, recibió información en el pasado mes marzo que un grupo de paramilitares y políticos habían fijado una recompensa de 200 millones de pesos por su asesinato. Torres es el representante de las diferentes plataformas de derechos humanos en Colombia, en las discusiones con el gobierno nacional sobre medidas de protección y garantías para defensores. 1

2 Norma Irene Pérez, lideresa de derechos humanos de la comunidad de la Macarena en el departamento del Meta y madre de cuatro hijos, participó en y ayudó a organizar una audiencia sobre desapariciones forzadas en la región. La audiencia fue convocada por el equivalente en Colombia de la Comisión de los Derechos Humanos Tom Lantos. El 7 de agosto, Norma Pérez fue desaparecida y su cuerpo fue hallado cinco días después. El ex Ministro del Interior y director del programa de radio La hora de la verdad, Fernando Londoño fue herido el 15 de mayo de 2012, en una explosión de un carro bomba en la ciudad de Bogotá, atentado que resultó en la muerte de dos de sus guardaespaldas e hirió al menos a 25 personas. Si bien las autoridades no habían determinado al responsable en el momento de la redacción de este testimonio, Londoño había sido amenazado por las FARC. Ana Fabricia Córdoba, líder afrocolombiana de población desplazada y miembro de la organización de mujeres Ruta Pacífica de las Mujeres, fue asesinada de un disparo el 7 junio de Buscaba justicia por la muerte de su hijo, la cual, según ella, fue a manos de miembros de la policía. Había pedido protección, pero no la recibió. Su notoria crónica de una muerte anunciada llevó a que grupos de derechos humanos colombianos suspendieran temporalmente el diálogo sobre protección con el gobierno colombiano. Cuarenta y nueve defensores de derechos humanos fueron asesinados en el 2011, y 6 fueron desaparecidos de manera forzada de acuerdo con la base de datos del programa Somos Defensores. Según la Escuela Nacional Sindical, treinta sindicalistas fueron asesinados durante ese mismo año; solo dos de ellos están incluidos en la base de datos de Somos Defensores, de modo que 77 defensores de derechos humanos y sindicalistas fueron asesinados en el Somos Defensores registró 239 ataques contra defensores en el 2011 en comparación con 174 en el 2010; lo cual representa un grave aumento; los asesinatos aumentaron de 32 a 49 y la práctica de desapariciones forzadas reapareció. 1 La base de datos de Somos Defensores incluye asesinatos, ataques físicos, violencia sexual, desapariciones forzadas y amenazas, así como detención arbitraria y uso arbitrario del sistema legal contra los defensores. La situación en 2012 sigue siendo nefasta. En los primeros tres meses del año, 13 defensores de derechos humanos fueron asesinados, según Somos Defensores, con 64 actos de agresión durante el mismo período. En diciembre de 2011, una misión de verificación internacional sobre la situación de los defensores de derechos humanos compuesta por 40 expertos en derechos humanos y legisladores, en la cual tuve la oportunidad de participar, visitó ocho regiones del país para evaluar los riesgos que enfrentaban los defensores y la respuesta del Gobierno. Nos reunimos con cientos de defensores y autoridades del gobierno local, regional y nacional. Lo que descubrimos fue que los defensores de de derechos humanos de todo tipo enfrentan amenazas de muerte. Nos inquietó el gran número de denuncias sobre robos a oficinas y sedes de organizaciones de derechos humanos y observamos que los defensores seguían denunciando casos de seguimientos ilegales. Un número 1 Somos Defensores, Annual Report 2011, Information System on Attacks against Human Rights Defenders, 2

3 importante de reconocidos defensores de derechos humanos se encuentran en prisión bajo cargos que no se han podido comprobar. Los defensores describieron acciones por parte del gobierno que los ponen en riesgo y a las comunidades que representan, como la distribución de panfletos por el ejército y la policía o la emisión de anuncios de radio que llamaban a comunidades enteras o a líderes a desmovilizarse, catalogándolos así como insurgentes. Detectamos una marcada diferencia entre una actitud mejorada, pero aún así deficiente, a nivel nacional y una actitud displicente de muchos funcionarios regionales en relación a los riesgos que enfrentan los defensores. 2 Quiénes son atacados y amenazados y por qué? Las personas atacadas son aquellas que se organizan para defender sus propios derechos y los de sus comunidades. La Misión de Verificación Internacional, pudo observar las siguientes situaciones en las cuales los defensores fueron amenazados y atacados: miembros de comunidades, a menudo afrocolombianas o indígenas, que protestaban por el uso de sus territorios para la minería, plantaciones de palma africana, exploración petrolera o uso militar; líderes de comunidades desplazadas que intentan recuperar sus tierras; familiares o miembros de una comunidad que buscan justicia por la muerte o la desaparición de un ser querido; participación en la organización de sindicatos; participación en protestas estudiantiles, marchas por los derechos de las víctimas o por el medio ambiente; defensores de población LGBTI; participación en asociaciones, organizaciones o grupos de mujeres; y abogados de derechos humanos que buscan justicia en casos delicados. Líderes religiosos, incluidos pastores y sacerdotes, son amenazados y atacados, a menudo por defender las comunidades. Funcionarios del gobierno que participan en la protección de los derechos humanos, especialmente representantes locales de la Defensoría del Pueblo, también están en peligro. En el último año, 19 líderes indígenas fueron asesinados. Los ataques contra grupos de mujeres aumentaron en el Las defensoras enfrentan el uso de la violencia sexual como un método de intimidación y represalia por su trabajo, y con frecuencia reciben amenazas dirigidas a sus hijos y otros miembros de la familia. Según la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, las amenazas contra periodistas aumentaron en el Colombia sigue siendo líder mundial en asesinatos de sindicalistas. Las amenazas y los ataques contra los defensores apuntan no solo al individuo, sino también a obstaculizar la lucha colectiva por la justicia que podría afectar intereses poderosos; ya sean intereses de compañías mineras o de palma que desean adquirir territorio, grupos guerrilleros o paramilitares que desean limpiar el territorio para el tráfico de drogas y armas, grupos sucesores paramilitares que quieren aferrarse a territorios obtenidos mediante la violencia, miembros del ejército que buscan encubrir sus delitos o intereses comerciales que desean limitar el alcance de los sindicatos. Los líderes defensores de tierras y territorios se encuentran en el ojo de la tormenta. Al menos 25 líderes defensores de tierras han sido asesinados desde que la administración de Santos tomó posesión del cargo en agosto de Muchos de los líderes habían solicitado medidas de 2 Preliminary Report, International Verification Mission on the Situation of Human Rights Defenders in Colombia, December 2011, 3

4 protección al gobierno colombiano, muchas de las cuales no fueron atendidas. Incluso los casos más prominentes de restitución de tierras no están recibiendo protección adecuada por parte del gobierno. El asesinato de Manuel Ruiz asestó un duro golpe a las esperanzas de una restitución de tierras segura en el país, ya que el área de Curvaradó- Jiguamiandó es quizás el caso de restitución seguido más detenidamente, y en el que el gobierno ha prometido en repetidas ocasiones proteger a las comunidades retornantes. Quién está detrás de los ataques? Puesto que los ataques rara vez se investigan y juzgan exitosamente, no hay respuesta judicial, pero hay patrones evidentes. Los grupos sucesores del paramilitarismo, como las Águilas Negras, los Urabeños y los Rastrojos, están detrás de muchas de las amenazas y los ataques dirigidos contra defensores de los derechos humanos. La FARC y otros grupos guerrilleros también son responsables de amenazas en contra de los defensores y de asesinatos y desapariciones. Miembros del ejército y de la policía, así como otros funcionarios del gobierno, son responsables de actos de agresión que van desde la vigilancia ilegal, la detención arbitraria y las judicializaciones sin fundamento, amenazas, desaparición forzada y asesinato. Miembros del ejército han amenazado a familiares, testigos y abogados en un número importante de casos de ejecuciones extrajudiciales. En el 2011, según Somos Defensores, de los 49 asesinatos, se presume que 13 fueron obra de grupos paramilitares, 5 de la FARC, 2 de las fuerzas armadas y 28 de desconocidos. De las 239 agresiones en total, se presume que el 50 por ciento fueron llevadas a cabo por paramilitares, 17 por ciento por fuerzas armadas, 4 por ciento por la FARC y 29 por ciento por actores desconocidos. En los primeros tres meses de 2012, hubo un notable aumento en el número de actos de agresión atribuidos a las guerrillas de la FARC, con 15 de los 64 casos atribuidos a la FARC, 12 a los paramilitares, 4 a fuerzas armadas y 33 casos a actores desconocidos. Aún falta mucho: la respuesta del gobierno Bajo la administración de Uribe, el gobierno colombiano directamente contribuyó a los riesgos que enfrentan los defensores y periodistas por medio de ataques por parte del Presidente y otros altos funcionarios que los llamaron terroristas o guerrilleros. El Presidente Juan Manuel Santos mostró una separación de esta política desde el comienzo de su administración. Prometió desarmar la palabra al asegurar que su administración nunca atacaría a los defensores públicamente. Santos impulsó la presentación de un proyecto histórico ante el Congreso para proporcionar reparación a las víctimas del conflicto así como restituir las tierras a algunos de los desplazados por la violencia. La administración de Santos también reabrió el diálogo con defensores, en la Mesa de Garantías Nacional. Finalmente, la administración de Santos ha implementado un número de cambios normativos que apuntan a mejorar la situación de los defensores de derechos humanos en el país. Sin embargo, a pesar de esta postura pública más positiva, la situación de los defensores de derechos humanos sigue deteriorándose. Si bien en Bogotá se debatieron e implementaron normas, las regiones se desangran debido a los asesinatos, las amenazas, las detenciones arbitrarias, los ataques y las desapariciones, dice Somos Defensores. 3 El diálogo mejorado y la 3 Somos Defensores, Annual Report 2011, Information System on Attacks against Human Rights Defenders, 4

5 emisión de nuevas directivas aún no han producido una mejora tangible en la protección o el acceso a la justicia para los defensores de derechos humanos y las mejoras tangibles deben ser el parámetro para evaluar una administración. De igual manera como se describirá más adelante, la administración de Santos ha impulsado cambios constitucionales y legislativos que agravarían los niveles de impunidad en casos de violaciones a los derechos humanos, incluyendo violaciones en contra de defensores. Las siguientes recomendaciones para el gobierno colombiano reflejan las recomendaciones de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos y la Misión de Verificación Internacional y se basan en los criterios establecidos por los defensores de derechos humanos colombianos en la Campaña Nacional e Internacional Por el Derecho a Defender los Derechos Humanos. 4 Recomendación 1: Investigar eficazmente y sancionar los ataques y amenazas contra defensores Los defensores de derechos humanos son enfáticos sobre este punto: la manera más eficaz de protegerlos es investigar eficazmente a los autores intelectuales y materiales de las amenazas y ataques en contra de ellos. La gran mayoría de ataques en contra de los defensores permanecen en la impunidad. Un problema persistente ha sido que las amenazas y los ataques no son investigados como crímenes sistemáticos, sino como incidentes aislados, y a menudo se pasa por alto la relación de los ataques con el trabajo del defensor. La administración de Santos ha hecho algunos esfuerzos para tratar este tema. La Fiscalía General de la Nación emitió la directiva 012 de 2010, en la que ordena a las autoridades gubernamentales investigar ataques contra defensores de derechos humanos e impulsa a los fiscales a realizar análisis de prácticas sistemáticas. Se asignaron más inspectores de la policía judicial a casos relacionados con asesinatos de sindicalistas, conforme al Plan de Acción Laboral. Aún así, la justicia para los defensores de derechos humanos sigue siendo una posibilidad lejana. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en Colombia observa en su informe de 2011 que, está preocupada por ciertas investigaciones llevadas adelante por la Fiscalía General de la Nación relacionadas con defensores de derechos. Algunos de sus fiscales actúan con rapidez sobre la base de lo que parece ser información infundada en casos contra defensores de derechos humanos, mientras que otros no tratan adecuadamente casos en los cuales los defensores son las víctimas 5. El Servicio Internacional para los Derechos Humanos observa que de 192 casos presentados por organizaciones no gubernamentales ante la Mesa Nacional de Garantías, solo se habían dictado seis condenas al momento de su informe. 6 p. 4. 4Declaration, National and International Campaign for the Right to Defend Human Rights, 5 United Nations High Commissioner on Human Rights, Report of the United Nations High Commissioner on Human Rights on the Situation of Human Rights in Colombia, 2011, January 31, 2012, p. 5, 6International Service for Human Rights, Human Rights Defenders in Colombia: How Is the Government Protecting their Rights? December

6 La Misión de Verificación internacional observó que la gran mayoría de los ataques contra defensores de derechos humanos, incluidos delitos graves como asesinatos y desapariciones forzadas, siguen impunes 7. Escuchamos comentarios displicentes por parte de autoridades regionales en relación a las amenazas en contra de defensores, incluyendo afirmaciones por parte de algunos funcionarios de que los defensores se amenazaban a sí mismos para conseguir viajes al exterior. Recibimos un número importante de quejas de defensores de que la información que suministraban a fiscales seccionales se filtraba a grupos sucesores de paramilitares, información que era usada para intimidar a los defensores. Finalmente, la misión se enteró que a veces los fiscales se negaban a recibir nuevos casos, basándose en que estaban desbordados, y en muchos casos requiriendo de los familiares de las víctimas que ellos mismos investigaran las pruebas, particularmente en casos de desaparición forzada. Las amenazas en contra de defensores de derechos humanos prácticamente nunca son investigadas. Ese es el caso incluso cuando los defensores han suministrado numerosas pruebas en relación al origen de las amenazas. Existen varias razones que se ofrecen para esto que van desde condenas más leves para las amenazas, lo que vuelve la cuestión menos gratificante para los fiscales, al hecho de que el asesinato es peor, hasta quejas de que las amenazas por correo electrónico son difíciles de rastrear. Pero no existen excusas válidas para una ausencia completa de investigación eficaz de las amenazas, cuando estas tan a menudo se convierten en violencia, y cuando el enjuiciamiento de los que llevan a cabo las amenazas podría ayudar a desmantelar redes delictivas fuera y dentro del Estado, y enviar un mensaje unívoco de que el gobierno respalda a los defensores amenazados. Además, la Administración de Santos viene promoviendo cambios legislativos y constitucionales que obstaculizan los esfuerzos para asegurar justicia para violaciones a los derechos humanos, incluidos violaciones contra defensores, que vinculan a miembros del ejército. Aunque la administración de Santos afortunadamente retiró su apoyo a un artículo que hubiese devuelto las violaciones a los derechos humanos supuestamente cometidos por miembros del ejército a tribunales militares, una nueva propuesta de reforma constitucional para revisar el sistema judicial militar aún avanza en el Congreso con el apoyo de la administración de Santos, la cual podría tener el mismo impacto. La propuesta dispone un conjunto de delitos rigurosamente limitados que nunca podrían ser investigados por la jurisdicción militar, principalmente delitos contra la humanidad y genocidio, pero luego establece que otros delitos a ser excluidos de la jurisdicción militar serán definidos por el Congreso posteriormente. No existe ninguna garantía que los delitos de violación sexual, ejecución extrajudicial, tortura o desaparición forzada estarán definidos en esta lista posterior. Un proyecto alternativo, conocido como el marco legal para la paz, le permitiría al Congreso establecer criterios relacionados con delitos que quedarían excluidos del proceso judicial, permitiéndole a la Fiscalía General de la Nación limitar los procesos judiciales a los calificados más responsables de violaciones graves a los derechos humanos. 8 También le permitiría al sistema 7 Preliminary Report, International Verification Mission on the Situation of Human Rights Defenders in Colombia, December 2011, 8 Human Rights Watch, Colombia: Correct Serious Flaws in Transitional Justice Bill, May 1, 2012, 6

7 judicial suspender las sentencias existentes para delitos cometidos por actores del conflicto armado. Esto significaría que el sistema judicial podría abstenerse de buscar justicia en casos de violaciones graves a los derechos humanos cometidas por actores armados incluidas las fuerzas armadas del Estado. Juntas, estas disposiciones podrían echar para atrás las reformas instituidas para tratar el escándalo de los falsos positivos en los cuales más de civiles fueron asesinados supuestamente por soldados, a menudo para aumentar el conteo de cuerpos y obtener incentivos. Algunas de las víctimas de estos falsos positivos fueron líderes de comunidades. Recomendación 2: Reconocer la existencia de grupos sucesores de paramilitares y actuar de manera decidida para desmantelarlos Una parte considerable de las amenazas y los ataques provienen de grupos sucesores de paramilitares. 9 El hecho de que el gobierno no actúe eficazmente para desmantelar estos grupos es un obstáculo importante para la creación de un ambiente seguro para los defensores y para una gran parte de la población que está sujeta a su presencia violenta y abusiva. Aunque la Administración de Santos ha reconocido públicamente la existencia de estos grupos, en mayor medida que la administración anterior, y ha realizado esfuerzos dirigidos para desmantelarlos, son necesarios mayores esfuerzos para poner fin a esta amenaza. Se estima que los grupos sucesores paramilitares están presentes en 406 municipios en 31 de los 32 departamentos del país y han consolidado su presencia en 271 municipalidades. 10 La Comisión Interamericana para los Derechos Humanos observó que una gran cantidad de las amenazas y los actos de intimidación y hostigamiento contra defensores de derechos humanos en Colombia, provienen de grupos criminales, particularmente de las autodenominados Águilas Negras. Según se le reportó a la Comisión, cuando reciben denuncias por parte de defensores de derechos humanos sobre actos presuntamente cometidos por este grupo, las autoridades simplemente niegan su existencia y no toman medidas; por el contrario, inician acciones judiciales contra los denunciantes por falsa denuncia 11. De igual manera, para la Misión de Verificación Internacional es de suma preocupación que diferentes funcionarios del Estado nieguen la existencia de grupos ilegales, particularmente grupos sucesores o paramilitares. Esto significa que las autoridades regionales entonces descartan las amenazas, los ataques contra defensores de derechos humanos o los robos a sus oficinas como delitos comunes, o delitos exagerados o 9The wording of many threats signed by paramilitary successor groups show that they are issued in defense, however perverse, of the government. A leader of the human rights group CREDHOS was held up by a man with a gun who said: Stop denigrating the army and police forces, we already have a *** guerrilla from CREDHOS jailed and if it is necessary to get rid of the rest, we will do so to shut you up. Threats issued in May 2012 against 25 organizations and 19 defenders read, We won't let you damage the policies of our president by making demands about the victims' and land law, you will be declared a military target, no matter how much protection you have. threats signed by the Capital Block of the Black Eagles declared as military targets those who are stirring up communities so that they reclaim their supposed rights, reclaim lands as well as those who oppose the use of military jurisdiction [for armed forces members accused of human rights violations], very merited for our nation's heroes. 10 Indepaz, Seventh Report on Presence of Narcoparamilitary Groups in 2011, 11 Inter-American Commission on Human Rights, Second Report on the Situation of Human Rights Defenders in the Americas, 31 December 2011, pp. 36-7, 7

8 inventados. También significa que las autoridades regionales no movilizan recursos y personal para desmantelar estas estructuras y no responden cuando las comunidades y los defensores solicitan protección. 12 El gobierno colombiano debe ser enfático en sus declaraciones públicas para que los miembros de las fuerzas armadas, las autoridades regionales y la sociedad en general entiendan que la expansión de los grupos sucesores es la amenaza principal para la democracia y la seguridad en Colombia. El gobierno debe actuar con mayor decisión para desmantelar las redes paramilitares e investigar y enjuiciar a sus patrocinadores políticos y financieros. Debe suspender, investigar y sancionar a los miembros de las fuerzas armadas que hayan colaborado o tolerado los abusos de estos grupos, con especial énfasis en aquellas áreas donde existe una fuerte presencia de grupos sucesores del paramilitarismo. Recomendación 3: Crear un clima que respalde la legitimidad del trabajo de los derechos humanos con declaraciones positivas por parte del gobierno y poner fin a la estigmatización de los defensores de derechos humanos por parte de los funcionarios públicos El gobierno de Santos comenzó en la dirección correcta con su promesa de desarmar la palabra. Los funcionarios del Gobierno como el exministro de Interior Germán Vargas Lleras, así como el mismo Presidente, hicieron varias declaraciones importante a favor de los derechos humanos y de aquellos que los defienden. Esta nueva dirección provocó que las organizaciones de derechos humanos respiraran aliviadas a lo que parecía indicar un compromiso con los derechos humanos por parte del nuevo gobierno. No obstante, esta promesa se debilitó en el 2011 como consecuencia de las declaraciones del Presidente Santos, el Fiscal General y otros funcionarios, respecto a la masacre de Mapiripán, el desalojo de Las Pavas y otros casos. Cuando la familiar de una supuesta víctima de la masacre de Mapiripán se retractó de su testimonio, el Presidente Santos declaró que confirmaba lo que muchos decían sobre intereses oscuros, intereses económicos que utilizan el sistema, y hacen burla de él, para lucrarse con los recursos del Estado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que declaraciones como estas, que se realizan antes de llevar a cabo las debidas investigaciones pueden tener un impacto negativo en el trabajo de las organizaciones de derechos humanos de Colombia, que durante las últimas décadas han llevado a cabo su tarea de defender los derechos humanos en situaciones de grave riesgo 13. El gobierno, por supuesto, tiene derecho a exigir que se llegue a la verdad de los hechos. No obstante, la aplastante condena pública por parte del Presidente y otros funcionarios de alto nivel no solamente en contra de una supuesta víctima sino sobre las organizaciones de derechos humanos y víctimas en general desató una desagradable ola de sentimientos dirigidos contra los defensores y víctimas que aún hoy resuena. Los miembros activos y retirados de las fuerzas de seguridad siguen quejándose públicamente de 12Draft final report, International Verification Mission on the Situation of Human Rights Defenders in Colombia, to be published. 13 Inter-American Commission on Human Rights, Second Report on the Situation of Human Rights Defenders in the Americas, 31 December 2011, p. 47, 8

9 la existencia de una "guerra judicial" por parte de las autoridades judiciales, las víctimas y las organizaciones de derechos humanos en contra de las fuerzas de seguridad, como si la denuncia de abusos y la sanción de casos por graves violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de la fuerza pública fueran evidencia de respaldo a los insurgentes. Finalmente, en el gobierno de Santos han estado ausentes declaraciones a favor de los defensores cuando estos han sido asesinados o amenazados. Como un columnista en el periódico El Espectador escribió sobre el asesinato del activista sindical Daniel Aguirre, Por qué el presidente Santos y el Ministro (de Trabajo) Pardo se han quedado mudos ante una muerte tan atroz? destacando que el Presidente se había manifestado sobre la captura del periodista francés por parte de las guerrillas de las FARC. Pero el silencio tiene terribles consecuencias cuando la impunidad es sistémica: la perpetúa, refuerza y hasta legitima. No es demasiado tarde para que el gobierno de Santos retome el camino, declare firmemente su apoyo al trabajo legítimo de los defensores de derechos humanos, hable en contra de los brutales actos en contra de los defensores por parte de todos los actores armados y actúe para sancionar a los funcionarios que estigmatizan a los defensores y los ponen bajo un riesgo aún mayor. Recomendación 4: Mejorar la protección de los defensores de derechos humanos, en consulta con los defensores, y en particular, mejorar la protección para los activistas defensores de tierras y las comunidades que representan. Tanto bajo el gobierno de Uribe como el de Santos, el programa de protección que lleva a cabo el gobierno de Colombia y que originalmente fue financiado por los Estados Unidos ha salvado vidas. A pesar de los problemas, algunas lecciones aprendidas del programa de protección en Colombia, valen la pena considerarlas en el diseño de programas similares en otros países en los que los defensores se encuentran en grave riesgo. El gobierno de Santos ha trabajado para mejorar el programa de protección. Reabrió el diálogo con los defensores que comenzó bajo el gobierno de Uribe, la Mesa Nacional de Garantías. El Ministerio del Interior reorganizó los programas de protección para los defensores de derechos humanos, sindicalistas y periodistas. El decreto que establecía este programa de protección fue consultado a los defensores, y un elemento positivo de resaltar es que el nuevo programa intenta descentralizar las medidas de manera que los defensores en zonas más remotas reciban una respuesta más rápida y efectiva. El Ministerio del Interior emitió una resolución donde ampliaba el tipo de sindicalistas que pueden ser beneficiarios de medidas de protección. A pesar de las mejorías en el diálogo y los cambios en los decretos reglamentarios, aún existen brechas importantes en la protección actual. A menudo las evaluaciones de riesgo se realizan de manera lenta y burocrática y una vez que se garantizan las medidas, a veces sólo se implementan lenta o parcialmente. Muchas veces las medidas no consideran las necesidades específicas de las mujeres, de los indígenas, de los afrocolombianos y de la población de LGBT. Tampoco se han implementado medidas de protección colectiva que respondan a las amenazas que afectan especialmente a los procesos de restitución de tierras. Las medidas que se acordaron en las reuniones regionales de los comités de evaluación de riesgo (CERREM) no se aplican en su 9

10 totalidad. La Mesa Nacional de Garantías aún no se ha reunido este año y debe ser reactivada, ya que se trata de un mecanismo importante. Es de vital importancia que el gobierno consulte con las comunidades para desarrollar planes efectivos de protección para las comunidades que buscan reclamar, retornar a o permanecer en tierras afectadas por la violencia. Si no se presta la debida atención a la protección y al desmantelamiento de los paramilitares y otros grupos ilegales que están detrás de la violencia, el gobierno no tendrá oportunidad de implementar la Ley de víctimas de manera efectiva y bajo condiciones de seguridad. Las comunidades desplazadas enfrentarán un grave riesgo de volver solamente para encontrarse con la muerte o para ser desplazadas nuevamente. Incluso en casos como las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, donde el gobierno colombiano intenta brindar protección y las organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales brindan su acompañamiento, la protección es inadecuada y las comunidades y sus líderes continúan en riesgo. Los líderes comunitarios siguen denunciando amenazas de muerte y asesinatos por los grupos sucesores de los paramilitares que operan en la región, a menudo muy cerca de los puntos de control del ejército y de la policía. Los miembros de las comunidades que han participado en reuniones con el gobierno respecto al censo y a la restitución de las tierras se han convertido en un objetivo específico, como es el caso de Manuel Ruiz. En los procesos menos monitoreados, las comunidades viven con temor. Doce comunidades que integran el Grupo Regional de Trabajo para la Defensa de la Tierra y el Territorio en Córdoba, un grupo de comunidades que han regresado a la tierra de la que fueron desplazadas y buscan evitar serlo nuevamente, afirman que todos sus líderes se encuentran en situación de grave riesgo, uno ha sido asesinado y dos han sido desplazados. Los mismos grupos ilegales que las desplazaron en el pasado siguen amenazándolas, y todos sus esfuerzos por utilizar los mecanismos del gobierno para protegerse han producido pocos resultados: autoridades judiciales regionales que no investigan las amenazas, una resolución del defensor del pueblo que no se aplica, protección que no llega. 14 Nuestros colegas de la sociedad civil colombiana insisten de manera enfática en que la protección no sea crea a través de la presencia militar permanente, que en realidad a menudo pone a la población civil en un riesgo mayor. Los planes de protección podrían identificar una combinación de necesidades y soluciones, incluyendo las investigaciones de amenazas y ataques, mayor presencia de los defensores del pueblo locales, retirar de las unidades del ejército aquellos miembros que colaboran con los grupos sucesores de paramilitares, y destituir a los funcionarios locales que estén envueltos en escándalos de corrupción. De igual manera el plan de seguridad podría incluir el mejoramiento de la infraestructura como puentes y vías, mejoramiento de los sistemas de comunicación y electrificación, de manera que las comunidades estén menos aisladas. Podría implicar igualmente el patrullaje armado del perímetro de la comunidad. La inversión en proyectos de desarrollo rural puede ayudar a crear una cohesión social que permite que las comunidades soporten la presión a abandonar la tierra. Finalmente, las medidas de protección a 14 Lutheran World Relief and Latin America Working Group Education Fund, No Relief in Sight: Land and Violence on the Caribbean Coast of Colombia, May 2011, 10

11 menudo deben incluir títulos de propiedad de la tierra debidamente legalizados, ya que la falta de claridad atrae a la violencia. Pero la combinación adecuada de medidas se debe determinar en conjunto con las comunidades. 15 Recomendación 5: Poner fin a toda vigilancia ilegal de los defensores de derechos humanos y garantizar que no vuelva a suceder. El Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), agencia de inteligencia que depende de la Presidencia, durante el gobierno de Uribe llevó a cabo una vigilancia ilegal generalizada de los defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas, miembros de la Corte Suprema, miembros de la oposición y miembros de las agencias y organizaciones internacionales de derechos humanos. Las actividades ilegales del DAS iban más allá de vigilar, también realizaba amenazas, le jugaba trucos sucios a las organizaciones de derechos humanos y a los periodistas, ofrecía listas de los miembros de los sindicatos a las organizaciones paramilitares para que fueran asesinados junto con otras actividades criminales. El gobierno de Santos cerró la agencia de inteligencia DAS y el sistema judicial colombiano está investigando y sancionando a los funcionarios de la agencia, un ex director, por ejemplo, recibió una sentencia de 25 años. Celebramos estos avances. Sin embargo, existe un número de preocupaciones vigentes. En primer lugar, las denuncias de los defensores de derechos humanos y periodistas de que la vigilancia ilegal continúa, tal como lo registró la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, el Servicio Internacional por los Derechos Humanos y otras agencias de derechos humanos. Esto parece incluir la vigilancia por unidades de inteligencia de la policía y de las fuerzas armadas. La Misión de Verificación Internacional recibió numerosos informes de vigilancia, tales como fotos y videos tomados por la policía, las fuerzas armadas e individuos desconocidos de eventos, manifestaciones y de las sedes y oficinas de asociaciones de víctimas y organizaciones de derechos humanos. Los defensores informaron que consideran que sus teléfonos aún están intervenidos. Se informó que hubo allanamientos y robos en las oficinas de los grupos de derechos humanos, en las que se robaron información sensible sobre casos de violaciones a los derechos humanos y computadoras. Recientemente, la Fundación Nydia Erika Bautista, que trabaja con familiares de desaparecidos, denunció la vigilancia de hombres en autos sin matrícula afuera de su sede en Bogotá. En segundo lugar, ex miembros del DAS han sido reasignados a otras agencias, incluyendo el traslado de la Fiscalía General de la Nación, y lo que resulta más inquietante, unos 600 ex agentes del DAS han sido reasignados a la unidad de protección. Mientras el gobierno afirma que estos miembros han sido examinados en detalle, los defensores tienen razón al sentirse preocupados en que ex agentes del DAS estén a cargo de su protección. Una periodista que fue brutalmente amenazada por el DAS afirma que uno de los agentes involucrados en los actos de violencia en su contra ahora está empleado en la unidad de protección. 15 See this November 2011 letter to Secretary Clinton from U.S. nongovernmental organizations describing the kind of protection that should be provided to returning communities and their leaders, 11

12 En tercer lugar, existe la preocupación respecto a la información de inteligencia relacionada con los grupos de derechos humanos que aún existen en los archivos o que están siendo filtrados. Se trata de una solicitud de larga data que los activistas de las organizaciones de derechos humanos y las agencias internacionales de derechos humanos tengan acceso a sus archivos en el DAS y que estos sean debidamente depurados. Esta información que se sigue reciclando ha sido la fuente de amenazas y procedimientos penales sin fundamento en contra de defensores. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado reiteradamente su preocupación por la falta de mecanismos que tienen los individuos para acceder a la información de inteligencia que se conserva sobre ellos y por consiguiente pueden solicitar que se corrija, actualice o, si corresponde, elimine de los archivos de inteligencia. La CIDH también está preocupada porque en septiembre de 2011 se dio a conocer públicamente que en el proceso de desmantelamiento del DAS, algunos miembros operativos que enfrentaban el despido decidieron vender o filtrar información en su poder a individuos en grupos ilegales o a otros grupos de interés, 16 lo que puede aumentar la situación de riesgo para la vida y seguridad de los individuos cuya información se encuentra en los archivos. 17 El gobierno colombiano debe garantizar que se termine la vigilancia ilegal de los defensores de derechos humanos por parte de las agencias del Estado; debe consultar con los defensores de derechos humanos respecto al estudio de los agentes de protección y debe garantizar que exista un proceso viable para que los defensores de derechos humanos examinen y soliciten la eliminación de información engañosa de los archivos de inteligencia. Recomendación 6: Poner fin a las persecuciones infundadas en contra de defensores de derechos humanos Varios defensores de derechos humanos conocidos siguen en prisión o tienen cargos pendientes en su contra, incluyendo Winston Gallego Pamplona, Yira Bolaños, Príncipe Gabriel González y David Ravelo Crespo. En muchos de estos casos, la evidencia principal en su contra fue el testimonio sin comprobar de los archivos de inteligencia militar o de miembros desmovilizados de grupos ilegales, que a menudo reciben recompensas o presiones por su testimonio. La Fiscalía General de la Nación ha emitido una directiva en la que indica a los fiscales no basarse en tales testimonios sin corroborar, lo que representa un avance positivo. Sin embargo, esta directiva aún debe lograr un impacto suficiente. Para dar solo un ejemplo, Carmelo Agámez, del Movimiento de Víctimas de los Crímenes del Estado, ha arriesgado su vida al denunciar la violencia paramilitar en su comunidad de San Onofre, Sucre. Aún así, fue encarcelado bajo la sospecha de que colaboraba con los grupos paramilitares que denunció. Cumplió casi tres años en prisión sin que su juicio llegara a una resolución y finalmente fue liberado ya que había cumplido la máxima condena que podría haber recibido por los cargos en su contra. 16 Inter-American Commission on Human Rights, Second Report on the Situation of Human Rights Defenders in the Americas, 31 December 2011, p. 27, 17 Ibid, p

13 La respuesta del gobierno de los EE. UU.: Positiva en cuanto a los casos, inadecuada en cuanto a la Política A nivel de casos, la respuesta del gobierno de los Estados Unidos (EE. UU.) es de resaltar. Funcionarios de la embajada de los EE. UU. en Bogotá realizan con prontitud seguimiento a ciertos casos con las autoridades colombianas y consultan sobre las medidas de protección. Las puertas del Departamento de Estado, bajo este gobierno y el anterior, han estado abiertas para nosotros y para nuestros colegas colombianos. Estamos muy agradecidos a nuestros diplomáticos por las tantas veces que han actuado en resguardo de los defensores de derechos humanos en Colombia. Estamos agradecidos a los miembros del Congreso de los EE. UU. por llamar la atención del gobierno colombiano y del Departamento de Estado sobre las amenazas y los ataques en contra de defensores de derechos humanos de una manera constante y firme. Sus acciones han salvado vidas. Aún así, el gobierno de los EE. UU. debería actuar con mayor decisión para ayudar a crear un ambiente en el que los defensores puedan realizar su trabajo. El embajador de EE. UU. y los funcionarios que van de visita del Departamento de Estado deberían hablar regularmente a favor de los defensores, realizar declaraciones públicas y visitar las oficinas de los defensores. El gobierno de los EE. UU. debería usar la influencia con la que cuenta, incluyendo el uso de los mecanismos de las condiciones de derechos humanos y el Plan de Acción de Trabajo. Fue altamente decepcionante la reciente decisión del Presidente Obama de determinar que el Plan de Acción Laboral se ha implementando los suficiente para permitir que el Tratado de Libre Comercio entre en vigencia el 15 de mayo, a pesar de la clara evidencia presentada por los sindicatos y las organizaciones de derechos humanos de que no se había logrado un progreso suficiente para cumplir con los requisitos del Plan de Acción Laboral y que la situación de la violencia antisindical seguía siendo alarmante. Nosotros y nuestros compañeros colombianos de derechos humanos estamos francamente desanimados por las declaraciones de progreso que realizan los funcionarios de EE. UU. mientras nosotros vemos una situación tan deteriorada en el terreno. En este momento, el gobierno de los EE. UU. podría ayudar a respaldar a los defensores de derechos humanos en Colombia si realiza las siguientes acciones. Sería de gran ayuda si los miembros de la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos pudieran fomentar esta política respondiendo a las siguientes recomendaciones. 1. Insistir en el total cumplimiento del Plan de Acción Laboral y mantener un enfoque en la violencia antisindicalista. Dado que el Presidente Obama anunció el 15 de abril que el Tratado de Libre Comercio entraría en vigencia en un mes, parece que hay una ola de represalias en contra de los sindicalistas que se mostraron activos en la oposición al acuerdo y se involucraron en la organización de los sectores prioritarios para el Plan de Acción Laboral, incluyendo a los trabajadores de la caña de azúcar, la palma y los portuarios. En las últimas tres semanas, el líder del sindicato de cortadores de caña Daniel 13

14 Aguirre fue asesinado, y los sindicalistas del sector portuario, de la palma y la caña de azúcar han recibido amenazas de muerte. El gobierno de los EE. UU. tiene la responsabilidad de respaldar a estos sindicatos e insistir en que se proteja a los sindicalistas y que se investigue y se lleve a juicio las amenazas y la violencia en su contra. Esto no debería ser responsabilidad sólo del Departamento de Trabajo. Instamos urgentemente a que la Casa Blanca permanezca involucrada, y que el Departamento de Estado trabaje de manera conjunta con el Departamento de Trabajo para urgir al gobierno colombiano con el fin de que tome mayores medidas, usando cada medio disponible, incluyendo declaraciones públicas claras y de alto nivel. Instamos a los miembros del Congreso a que sigan esto de cerca y realicen declaraciones regulares para proteger la seguridad de los sindicalistas. 2. Instamos a que no se retroceda en la justicia para los miembros de las fuerzas armadas acusados de violaciones graves a los derechos humanos. Como se mencionó anteriormente, se presentaron ante el Congreso colombiano varias propuestas que aumentarían la impunidad de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas por miembros de la fuerza pública, incluyendo el volver a enviar los casos de derechos humanos a las cortes militares. El Departamento de Estado y el Congreso tiene una herramienta clara para lograrlo, las condiciones de derechos humanos en la legislación de cooperación internacional. Se deben conservar y usar activamente estas condiciones. Mientras que valoramos las acciones que tomó el Departamento de Estado hasta el momento en cuanto a la jurisdicción civil, como se mencionó anteriormente, seguimos sumamente preocupados por las propuestas que permanecen ante el Congreso colombiano y que podrían conducir a la impunidad, incluso para los miembros de la milicia acusados de crímenes graves contra los derechos humanos. 3. Enfatizar la importancia de desmantelar los grupos sucesores de los paramilitares, llevar a juicio a su fuente de apoyo económico y suspender y llevar a juicio a los miembros de las fuerzas de seguridad y políticos que colaboren con ellos. Fue preocupante que cuando el Jefe del Estado Mayor Conjunto y el Secretario de Defensa visitaron Colombia por separado parecieron enfatizar casi exclusivamente el apoyo de los EE. UU. a la campaña de Colombia contra las FARC. Esto se debería haber acompañado con un mensaje claro instando acciones más decisivas contra los grupos sucesores de los paramilitares, que son responsables de gran parte de la violencia contra los defensores de derechos humanos, los sindicalistas y las comunidades que intentan regresar o permanecer en su tierra. 4. Insistir y poner fin a la vigilancia ilegal de los defensores de los derechos humanos y rendición de cuentas por los crímenes del DAS. Esto es una acción de particular importancia para los Estados Unidos, ya que el Gobierno de EE. UU. brindó asistencia al DAS y sigue brindando asistencia para las actividades de inteligencia por medio de otras agencias. 5. Trabajar con el gobierno colombiano para desarrollar una protección real para las comunidades que regresan a sus tierras. En particular, instar al Gobierno colombiano a 14

15 consultar con las comunidades para desarrollar e implementar los planes de protección que realmente las mantendrán a salvo. Respecto a programas de protección más amplios, instar al gobierno colombiano a continuar la Mesa Nacional de Garantías, cumplir con sus recomendaciones y permanecer en consulta directa con los defensores de derechos humanos para mejorar e implementar la protección. 6. Enfatizar la importancia de investigar y llevar a juicio los actos de violencia y las amenazas contra los defensores de derechos humanos. Es importante mantener la presión en un número específico de casos para obtener resultados. No hay mejor manera de proteger a los defensores que garantizar que se haga justicia por la violencia en su contra. También es fundamental que la diplomacia de los EE. UU. enfatice la implementación de la directiva de la Fiscalía General sobre las judicializaciones sin fundamento en contra de defensores, de manera que no sigan siendo encarcelados bajo cargos falsos. A pesar de los riesgos, existe una posibilidad real de crear un clima en Colombia en el que los defensores puedan realizar su importante tarea. El gobierno de Santos ha demostrado que es notablemente más abierto en este aspecto que su predecesor. Las organizaciones colombianas de derechos humanos, por medio de una campaña organizada sobre el derecho a defender los derechos humanos, ha despertado una mayor conciencia en los medios y en la sociedad de Colombia sobre el papel de los defensores de derechos humanos y los riesgos devastadores que enfrentan en su país. Estados Unidos debe hacer mucho para respaldar a los defensores de derechos humanos en Colombia. Esa nación no puede permitirse perder ninguna otra persona que haya dedicado su vida a la defensa de los demás. 15