Lecturas dos de junio México: Militares chatean sobre los operativos contra el narco

Transcripción

1 Lecturas dos de junio 2007 México: Militares chatean sobre los operativos contra el narco Relatan también la vida en los cuarteles y analizan estrategias anticrimen. En la página de internet elementos de las distintas fuerzas armadas comparten sus experiencias. Foto: Especial 4-Junio-07 Los elementos de las fuerzas armadas también chatean por internet. En grupos de conversación comentan sus experiencias combatiendo a narcotraficantes, el crimen organizado o reflexionan sobre iniciativas de ley; también relatan los dimes y diretes de lo que ocurre en los cuarteles y analizan las estrategias de seguridad de nuestro país y de otras naciones. Para algunos de ellos, por ejemplo, es una lástima haber removido la pena de muerte por traición a la patria, la cual debería aplicarse a los desertores del Ejército que se van a las filas de los narcos. En otro foro, alguien se burla de una resolución del Instituto Federal de Acceso a la Información en la que fue imposible comprobar la existencia de un documento en poder de la Secretaría de la Defensa Nacional. Sobre el Instituto, dicen: Mera vacilada. Esto del IFAI está empezando a pintar como la novedad que fue derechos humanos en los noventa, es decir, sirve para puritita.... El espacio es polémico. Por ejemplo, se discute la presunta violación de Ernestina Ascención por miembros de Ejército. Al tratar el tema, muchos concordaron que, si el caso era verdad, se trataba de una vergüenza para todas las fuerzas armadas y que la institución tiende a ocultar estos hechos. Desgraciadamente, como sabemos, el Ejército tristemente trata de ocultar a los autores de hechos tan lamentables como esto; y cuando nos llegamos a enterar es porque ya ha pasado algo de tiempo y no se le puede dar seguimiento de manera adecuada. Qué mal que nos enteremos de casos así que manchan el nombre de la institución y que se sigan repitiendo. En la página de internet m=maf, elementos de las distintas fuerzas armadas comparten su experiencia.

2 En una de las conversaciones discuten la propuesta que hizo la Sedena al Congreso de la Unión para juzgar en cortes marciales los casos de desertores o elementos en activo del Ejército vinculados con el narcotráfico. Al respecto, bajo el seudónimo de Salsipuedes, un cabo de la Marina asegura: Me gustaría ver la creación del delito traición a la patria para los mafiosos no militares, así como su encarcelación en una isla custodiada por el Ejército y con sistemas electrónicos para evitar comunicaciones celulares o satelitales. Y sobre los gafes desertores, pues son una vergüenza para todos, por mí, que los fusilen en público. Un miembro del Ejército que se encuentra en Estados Unidos explica: En la constitución Mexicana se encontraba la pena de muerte bajo Traición a la Patria. Lamentablemente esta penal capital fue removida por Vicente Fox. Qué lástima, la verdad; a estas personas se les debería aplicar la pena capital (soldados); ya que sí es una traición a la patria el desertar y enlistarse en las filas de los narcos. En cuanto a los narcotraficantes, la pena capital es mas que justa, pero si se ha de implementar, que sea durante los primeros dos a tres años de su convicción. Dejarlos en cárcel por mucho tiempo sólo les da la mayor ventaja de seguir llevando a cabo sus operaciones desde la confortidad (sic) y seguridad de su propia mansión err perdón celda. Otro asegura: Estoy de acuerdo con eso de que Traición a la Patria sea castigado con la pena de muerte para todo miembro del Ejército que haya desertado para unirse a algún cártel o grupo subversivo. Que pasaría si debido al alto número de ex militares que se unen a los zetas o algún otro grupo del narco se creara un escuadrón de la muerte que se dedique a cazar y asesinar a los miembros de estos grupos? Claro está, todo esto sería totalmente en secreto. En uno de los foros relatan sus experiencias por el Colegio Militar. Uno de ellos comparte: En aquel entonces, en mi antigüedad, trataron de hacer todo tipo de experimentos (desaparecieron momentáneamente el arma de zapadores y el servicio de administración e intendencia) y un año después de mi ingreso surgió eso que hoy se conoce como el Arma Blindada.

3 Al respecto les comentaré que recién pasados a segundo año, nuestro instructor de legislación militar tenía las hombreras de color gris y todos pensábamos que era de la banda de música del plantel, y en eso uno de los compañeros le dijo: Perdón tengo una duda mi teniente músico. El castigo fue de pronóstico, tres días después el osado compañero no podía sentarse por la tabliza que le pusieron. La web El sitio web está dividido en varios apartados: Miscelánea Armada. Temas que tratan sobre las fuerzas armadas en general, así como su relación con la política y la sociedad, El Corral, para poner todos aquellos borregos e informaciones no comprobables, entre otros. Respecto a la noticia del 27 de mayo pasado sobre tres colombianos detenidos en Michoacán, un subteniente opina: pues, era de esperarse, imagino, que hasta ex militares de otros países ya están laborando para el narco mexicano. Un ex cadete publica su horario en 1988: Levante 05:45; Diana y honores a la bandera 06:00; Desayuno 06:00 a 06:40; Clases hasta las 12:00; Educacion física 12:00 a 13:00; horas (Aquí mencionaré que una vez que llegó de director mi general Luis Ángel Fuentes Alverez, aumentó el acondicionamiento físico una hora más, de 11:00 a 13:00 hrs.). México Lydiette Carrión México: La identidad del PAN Leonardo Curzio 4 de junio de 2007 El viernes pasado escribía Carlos Abascal en nuestro diario lo siguiente: "que los adversarios del PAN y los analistas políticos no tengan dudas: el presidente Calderón ha contado, cuenta y contará con su partido". Si esto es verdad, cómo explicar entonces las fricciones entre Espino y el gobierno de Felipe Calderón. Si el punto no es una diferencia de programa, debe ofrecerse una explicación razonable que dé cuenta de la profundidad del encono. Se ha escuchado que es una disputa sorda por el poder lo cual es razonable suponer que exista en un partido de las dimensiones del PAN. Sin embargo, hay elementos básicos de cortesía política que han sido atropellados en esta querella. Podría explicarse también esta situación a partir del protagonismo del dirigente nacional, o bien como una resistencia del PAN a rendirse totalmente ante el poder de su hijo pródigo, hoy Presidente de la República. Puede finalmente tratarse de

4 una crisis de identidad mal canalizada. Tratemos de ver este último punto en perspectiva. Todo partido político está condicionado por la forma y las circunstancias que acompañaron su nacimiento. El PAN nació como una reacción a lo que consideraban "excesos" del gobierno revolucionario y en buena medida como un partido orientado a reducir el protagonismo personal de los caudillos y las figuras iluminadas en favor de la construcción de instituciones. No en balde su fundador, Manuel Gómez Morín, es uno de los más destacados "arquitectos de instituciones" del siglo pasado. El PAN fue un partido que durante el siglo XX contribuyó, con algunos dobleces, a democratizar el sistema político y hacer de la lucha electoral el instrumento de transformación del país. Los fundadores del PAN aparecen ante nuestros ojos como personajes más modernos que los líderes actuales, que parecen haber adoptado formas políticas impropias de su tradición. Cuándo los disciplinados e institucionales panistas de otros tiempos hubiesen abierto un boquete a la propia credibilidad de su partido, como la que Espino abrió con sus declaraciones sobre el papel de Mouriño en Yucatán? En 2000 ganó la Presidencia y hoy por hoy es el partido más votado en todo el país. Puede, por supuesto, invocar su pasado para solazarse, pero esto es un consuelo pueril y poco útil en la circunstancia actual. En las dos últimas elecciones presidenciales un buen número de votos a favor de Vicente Fox y Felipe Calderón tuvieron como impulso principal el rechazo al PRI en 2000 y a AMLO en No todos son votos panistas, algunos caen en la órbita blanquiazul por descartes sucesivos. El Partido Acción Nacional está usufructuando ese voto que no necesariamente le corresponde, como aquel que gasta el dinero de su familia sin habérselo ganado personalmente. Desde que los panistas llegaron al gobierno no han conseguido desarrollar un modelo político que aporte diferencias sustantivas, como si lo hicieron como oposición al ejercicio tradicional de la política priísta. El falso dilema que ellos mismos se han planteado en la relación del partido con el gobierno, denota la estrechez de sus miras. Un partido que apoya a su gobierno en un contexto plenamente democrático, no es un partido oficial, tal como lo fue el PRI durante muchos años. Sostener al gobierno de su propio signo es un ejercicio de coherencia no de servilismo. El PAN necesita, en resumen, dejar de vivir de su renta y darse cuenta que es el partido de Gómez Morín, pero también el partido de Manuel Espino. Analista político 4 de junio de 2007 México: PND: oportunidad desaprovechada Manuel Camacho Solís El primer plan nacional, después de los sexenales previos a la Segunda Guerra, fue el Plan Global de Desarrollo (1979). En pleno auge petrolero, anticipó las reformas que vendrían después de la crisis de 1982 y preparó el campo para las reformas a la Constitución, a sus artículos 25, 26, 27 y 28 que serían promulgadas en Ambos ejercicios tuvieron lugar en condiciones muy diferentes a las actuales, al punto de que

5 algunos consideran que ya están agotados frente a la realidad del mercado global y la apertura. El PND y las reformas no están agotados. El concepto de rectoría que establece la Constitución permite fortalecer al Estado y al mercado. Es completamente actual. La posibilidad de la planeación, en una economía de mercado, es un instrumento de la mayor utilidad. Desde luego no como una planeación centralizada, pero sí, como en Asia, para una sectorial y regional que permitirían definir una verdadera política de ciencia, tecnología, educación, infraestructura, industrial, medio ambiente; o comprometer proyectos de desarrollo regional con los cuales detonar el crecimiento y disminuir las desigualdades. La definición del régimen de propiedad que reforzaron las reformas al 27, de 1983, es hoy una piedra angular de la estabilidad social. La reforma al artículo 28 que adicionó el concepto de práctica monopólica, abre la posibilidad de tener una verdadera política antimonopólica. Lo que hoy se necesitaba no era un ejercicio de definición de los criterios de política económica, donde se establecen las metas de crecimiento del sexenio. 5%, al final del sexenio, en base a qué; a un juego econométrico sancochado por el cálculo político? Tampoco procedía el ejercicio de elaborar una prospectiva al año 2030 y pensar que eso es tener visión de Estado y construir políticas de Estado. No. El PND que el gobierno estaba constitucional y legalmente obligado a presentar, ofrecía la oportunidad de definir auténticas políticas de Estado, frente a una realidad social lacerante y una estrategia fallida de crecimiento económico. No está lejos La campaña presidencial, antes de que dominara la estrategia del miedo, se dio como un gran debate entre dos proyectos de desarrollo. El tema de 2006 fue la economía. AMLO ofreció enfrentar el problema de la pobreza con un proyecto alternativo de desarrollo. FCH propuso atender el problema del empleo. Ambos sabían que los ciudadanos no estaban de acuerdo con los resultados económicos de las últimas décadas; con la falta de crecimiento, la migración, el abandono del campo, la desindustrialización, los bajos salarios. En las campañas de 2006 se sabía que el programa de las "reformas estructurales" conservadoras no permitía ganar la elección. También que había un problema de pobreza y desigualdad al que AMLO respondía ofreciendo terminar con los privilegios, y al que FCH tuvo que adecuar su campaña - haciendo suyas esas banderas- para estar en posibilidades de competir. En 2007, la agenda sigue incluyendo el problema de la falta de crecimiento y la desigualdad. Sólo que ahora, como resultado de lo ocurrido, incluye ya, con la misma jerarquía, el de la democracia y la seguridad pública. El PND ofrecía la posibilidad de definir las políticas de Estado que se requieren. Pero eso sólo era posible, a partir de un diálogo de fondo con la mitad del país que no votó por FCH. Con ese 40% que aún cree que la elección fue fraudulenta.

6 No puede haber políticas de Estado sin tomar en cuenta a la oposición. Sin un compromiso de fondo -concretísimo- con la democracia, la justicia y una nueva estrategia de desarrollo. El ejercicio 2030, en la actual coyuntura, no es otra cosa que una elegante evasión respecto a una compleja realidad social y política. Por eso, la presentación del PND no pasó de ser una repetición de adjetivos sin sustancia: "deliberación plural e incluyente", "visión clara de futuro", "acción conjunta y corresponsable", "democracia efectiva que se traduzca en resultados concretos", "mirar alto y mirar lejos". No se supo aprovechar la oportunidad del PND para hablar en serio sobre los problemas del país y sus opciones de solución. Miembro de la Dirección Política del Frente Amplio Progresista Soberanía del espectro radioeléctrico venezolano El pasado mes de Diciembre de 2006, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, en el ejercicio del derecho que le otorga la constitución y las leyes de la república, anunció la decisión de no renovar la concesión radioeléctrica pública a la empresa 1BC (dueña del canal de televisión RCTV), la cual tiene como fecha de vencimiento el 27 de mayo del Para comprender más y mejor esta decisión, a continuación se muestra un compendio de referencias vinculados a la soberanía del espacio radioeléctrico en el ámbito mundial y nacional, los antecedentes en materia de control de concesiones en el ámbito mundial, la nueva política que está adelantando el Estado venezolano de mejoramiento del uso de el espacio radioeléctrico y las situaciones en las que ha estado involucrada RCTV desde hace más de 30 años. REFERENCIAS SOBRE LA SOBERANIA DEL ESPACIO RADIOELECTRICO: La soberanía del espacio radioeléctrico no es una situación que acontece exclusivamente en Venezuela, es un asunto de estado y para ello hay leyes. Así, la soberanía de los Estados sobre su espacio radioeléctrico y el régimen de concesiones, se encuentra reglamentado en diversas leyes tantos internacionales como nacionales por la que los estados rigen su comportamiento: La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) reconoce "en toda su amplitud el derecho soberano de cada Estado a reglamentar sus telecomunicaciones, teniendo en cuenta la importancia creciente de las telecomunicaciones para la salvaguardia de la paz y el desarrollo económico y social de los Estados...". La legislación venezolana no contempla la renovación automática de las referidas concesiones: Art. 113 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Art. 73 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones- LOTEL. El Estado venezolano como administrador del Espectro Radioeléctrico, un bien de dominio público, tiene potestad de decidir cuando renovar o no una

7 concesión. En 1987 según el Reglamento sobre Concesiones para Televisoras y Radiodifusoras (Decreto N o 1577), todas aquellas concesiones otorgadas antes de ese decreto serían válidas por un lapso de 20 años. En la actualidad el vencimiento de las concesiones está regulado por el Art. 210 de la LOTEL, el cual mantiene el tiempo de vigencia de la concesión en los términos establecidos en el Decreto N o ANTECEDENTES DEL USO DEL DERECHO SOBERANO POR PARTE DE OTROS ESTADOS: En un recorrido por la historia de varios países, que han ejercido su derecho soberano a renovar o no una concesión de uso de su espacio radioeléctrico, destaca lo siguiente: En Latinoamérica : Perú (Abril 2007): Cierre de 2 canales televisivos y 3 radiales por incumplir la Ley de Radio y Televisión, licencias vencidas y utilización de equipos no homologados. Uruguay (Diciembre 2006): Revocación de permisos a emisoras de radio 94.5 FM y Concierto FM en Montevideo. Revocación de una resolución que ampliaba la cobertura de la señal de cable Multicanal, perteneciente al grupo Clarín. El Salvador (Julio 2003): Revocación de concesión a Salvador Network. En América Del Norte: Canadá (Junio 1999): Revocación de concesión a Country Music Televisión - CMT Estados Unidos: (Julio 1969) Revocación de concesión a WLBT-TV. (1981) Revocación de concesión a WLNS-T (Abril de 1999) Revocación, de concesión a FCC Yanks Trinity License. (Abril de 1998) Revocación a DAILY DIGEST (Radio) En Europa. España: (Julio de 2004) Revocación de TV Laciana (canal por cable local). (Abril 2005) Cierre de emisoras de radio y TV de señal abierta en Madrid. (Julio de 2005) Cierre de TV Católica. Francia (Febrero de 1987) Revocación de licencia a TV6. (Diciembre 2004) Revocación concesión a Al Manar. (Diciembre 2005) Cierre a TF1 por dudar del Holocausto. Inglaterra

8 (Marzo de 1999) Cierre temporal de MED-TV-canal 22 (Agosto de 2006) Revocación de la licencia a ONE TV. (Enero de 2007) Revocación de la licencia a Look 4 Love 2. (Noviembre de 2006) Revocación StarDate TV. 24. (Diciembre 2006) Revocación al canal de televentas AUCTIONWORD. Irlanda (1990): Revocación de licencia para empezar a transmitir a TV3 Rusia (Agosto 2000) Cierre de emisora de televisión por difundir publicidad subliminal. (Marzo 2002) Clausura de TV-6 En Asia: Bangladesh (Agosto 2002) Revocación de Ucencia a Ekushey Televisión (ETV) NUEVA POLÍTICA DEL USO DEL ESPACIO RADIOELECTRICO EN VENEZUELA El Estado venezolano viene desarrollando desde el año 2000 un nuevo modelo comunicacional que se fundamenta en los siguientes aspectos: comunicación como derecho humano fundamental, libertad de expresión y derecho a la información. Inclusión social y creación de un modelo de televisión de servicio público venezolano. Para crear un modelo de televisión, del servicio público es necesario que se origine la ruptura del monopolio Medio " Mensaje, y se impulse la pluralidad, la participación popular y la orientación del medio de televisión hacia los ciudadanos y no hacia consumidores. Igualmente, para la democratización de la comunicación, es necesario el fortalecimiento de la comunicación privada con y sin fines de lucro, así como de la comunicación pública y comunitaria. Así mismo, es ineludible la aplicación de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y TV, especialmente en las disposiciones que se refieren a: Incremento en la producción nacional en televisión, incluyendo 5,5 horas diarias de producción nacional independiente. Registro de Productores Nacionales Independientes. Capacitación de productores y financiamiento de programas culturales y educativos. Incremento de 50% en difusión de música venezolana. Uso de lenguaje de señas en la televisión para incorporación de personas con discapacidad auditiva. Resulta importante, para democratizar la comunicación, promover la participación ciudadana en la comunicación. En Venezuela se ha fomentado el registro de organizaciones de usuarios de radio y televisión, hasta la fecha hay organizaciones registradas. También, se ha garantizado que la administración de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión se efectuó por cuerpos colegiados con representación de prestadores de servicios de radio y televisión, sectores sociales y académicos, entre los cuales destacan: usuarios, universidades, iglesias, productores independientes, radio y TV privada.

9 ANTECEDENTES ESPECIFICOS DE RCTV : En el pasado y por otros gobiernos este canal de TV venezolana ha recibido las siguientes sanciones: 1976, cerrada por un lapso de tres días por 3 días. Gobierno de Carlos Andrés Pérez por difundir noticias falsas y tendenciosas. 1980, cierre por 36 horas por programación "sensacionalista", cuadro sombrío y relato de hecho poco edificante. Gobierno de Luís Herrera Campins. 1981, cierre por 24 horas, por escenas consideradas "pornográficas". Gobierno de Luís Herrera Campins. 1984, Amonestada por ridiculizar "en forma humillante" al Presidente y su esposa. Gobierno Luís Herrera Campins 1989, cierre por 24 horas, por la transmisión de mensajes publicitarios de tabaco y cigarrillos. Gobierno de Carlos Andrés Pérez II. 1991, suspensión del segmento "La Escuelita" del programa "Radio Rochela". Ratificada por la Corte Suprema de Justicia. Gobierno de Carlos Andrés Pérez II. OTROS COMPORTAMIENTOS DE RCTV RCTV ha desarrollado prácticas desleales como: 2005 PROCOMPETENCIA, mediante Resolución N o SPPLC/ , determinó que: RCTV, C.A. y Venevisión incurrieron en prácticas contrarias a la libre competencia tales como: acuerdos o prácticas concertadas tanto para fijar tarifas y condiciones de comercialización para repartirse el mercado. La Sanción a RCTV, CA. fue de B s ,955, : SENIAT, Reparo Tributario por los periodos fiscales 2001, 2002 y enero 2003, por un monto de Bs ,09. A la fecha la empresa no ha cancelado y el caso se encuentra en Tribunal Contencioso Tributario. 2004: CONATEL, Reparo Tributario por los períodos fiscales correspondientes a los años 1999 al 1er trimestre 2002, por un monto de Bs , ,00. Sentencia a favor de CONATEL. Recientemente Tribunal Superior 8vo. declaró con lugar Resolución Culminatoria de CONATEL. Fuentes: Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información de la República Bolivariana de Venezuela Comisión Nacional de Telecomunicaciones de la República Bolivariana de Venezuela ======================================================================== ====== RED LATINOIBEROAMERICANA Y CARIBEÑA DE TRABAJADORES SOCIALES (RELATS). Valores inseparables Libertad de expresión (y expresión responsable) Óscar Picardo Joao/Columnista de LA PRENSA GRÁFICA opicardo@iseade.edu.sv En una democracia es tan importante la libertad de expresión como la responsabilidad de expresión. Tener libertad para opinar, disentir y criticar es

10 vital, no obstante, esta libertad debe estar pautada por la responsabilidad y la ética, ya que se puede transformar en libertinaje o en algo peor... Los casos de Venezuela (cierre de RCTV) y Honduras (cadenas obligatorias) y otros desconocidos globalmente han generado múltiples reacciones a favor de la libertad de expresión. Algunos de estos comentarios y posiciones han estado ideologizados, y la mayoría se han realizado de forma descontextualizada sin conocer los antecedentes, las leyes, la realidad nacional, etcétera. Como quiera que sea, las medidas del gobierno del presidente Chávez y los requerimientos del gobierno del presidente Zelaya poseen un talante impopular y antidemocrático, pero, estos casos deben servir para la reflexión. La libertad de expresión se puede coartar de diversas maneras, entre ellas: cerrando espacios críticos, abriendo espacios pro gubernamentales, distribuyendo la pauta publicitaria del gobierno de forma inequitativa, presionando al empresariado para que no paute con ciertos medios, asesinando periodistas, encarcelando periodistas, pagando a periodistas, infiltrando a periodistas, dañando la infraestructura de medios de comunicación con ataques terroristas, distribuyendo las frecuencias radiofónicas y televisivas arbitrariamente, etcétera. Podemos hablar de la libertad de expresión desde dos perspectivas: por un lado, digamos que la libertad de expresión formal es un bien democrático, ciudadano y social que paradójicamente depende de entidades privadas Medios de Comunicación Social regulados por un cuerpo legal; existe también una libertad de expresión informal que se manifiesta sin regulaciones en internet, en las paredes, marchas, panfletos, etcétera. Ambas libertades con sus bemoles, limitaciones y excesos constituyen un patrimonio intangible de las democracias que nutren la opinión pública y hasta cambian gobiernos; obviamente, quienes tienen más poder y capacidad económica utilizan con más frecuencia e incidencia los medios formales afectando así el carácter democrático de los medios y de las libertades, siendo los aparatos de comunicación una sutil plataforma de las élites. Más allá de toda la teoría sobre medios de comunicación social y libertad de expresión nos encontramos con un tema sustantivo y poco profundizado por los opinadores, comunicadores y periodistas: la responsabilidad y la ética de la libertad de expresión; ante este tópico nos debemos preguntar: informamos y comunicamos la verdad?, estamos comprometidos con la objetividad?, tiene vigencia ética catalogar a los medios como de derecha e izquierda?, hay límites claros entre política partidaria y medios de comunicación?, la pauta publicitaria condiciona las líneas editoriales?, el compadrazgo y amiguismo controla la profundidad de la noticia?, con qué o con quién está comprometida la línea editorial del medio? La noticia y la información, son negocio o necesidades democráticas?

11 La democracia necesita contar con libertad de expresión ética y responsable, la libertad en sí misma y por sí misma no es garante de democracia; desde Platón hasta nuestros días el exceso de libertad se transforma en hybris democrática, la cual culmina en el autoritarismo; esto incluye el exceso de libertad gubernamental que tiene el propio presidente Chávez en Venezuela, concretamente su manejo exacerbado de poder y la progresiva intolerancia a la crítica. Cuando se ocupa la libertad de expresión sin parámetros éticos y responsables léase racionalidad se cae en el libertinaje, en el sincretismo y en el fanatismo. Desde un medio de comunicación social se puede construir una nación o destruir la integridad o dignidad de una persona o institución con efectos colaterales irreversibles desde el punto de vista psico-social (cosa difícil de reparar aunque reconozcamos que nos equivocamos). Concluyamos afirmando que es tan importante ser libres como responsables y éticos. EL DERECHO Y EL CASO CHAVEZ Marco A. Gandásegui, hijo (docente de la Universidad de Panamá / investigador del CELA) En Panamá y en algunos otros países los medios de comunicación cuestionan al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, por sus actuaciones al frente de la patria de Bolívar. EEUU cuestiona la validez de los antecedentes democráticos de Chávez. Según el presidente George Bush para ser democrático no sólo hay que ganar elecciones populares. También hay que respetar la propiedad privada y, sobre todo, las inversiones de EEUU. Todos los actos del mandatario son sometidos a una inspección minuciosa. Entre otras razones, porque Venezuela es uno de los países exportadores de petróleo más importantes del mundo. No es casual que casi la totalidad de la producción de hidrocarburos de Venezuela tiene como destino el mercado norteamericano. Además, Chávez ha proclamado la República Bolivariana con una agenda que presenta una alternativa a la política exterior de EEUU en la región. Promueve la integración energética de Sur América, promueve una comunidad política con gobiernos del hemisferio y se muestra solidario con muchos pueblos financiando programas de salud que le devuelve esperanzas a quienes no tienen los recursos para pagar los altos costos de los servicios. Más todavía, Chávez es visto con sospecha porque logró superar la crisis política interna de Venezuela en un momento en que los partidos políticos tradicionales (COPEI y ADECO) colapsaron y dejaron al país en un vacío difícil de reconstituir.

12 Chávez representa un tercer momento de la vida política venezolana del último siglo. Con motivo de la crisis del modelo liberal, en 1908 llegó al poder Juan Vicente Gómez con un programa conservador que generó fabulosas fortunas y una nueva oligarquía petro-estatal. En 1958 las capas medias lograron tomarse el poder, desplazando a una oligarquía corrupta e incapaz. El pacto de Punto Fijo gobernó a Venezuela durante 30 años hasta llegar a su fin con el caracazo, violenta demostración de frustración del pueblo venezolano ante el desgobierno de los nuevos ricos. A la cabeza de las manifestaciones populares y sin oposición política organizada, Chávez llegó al poder mediante elecciones en dos ocasiones sucesivas. En 2002 sofocó un golpe cívico-militar organizado por una alianza suelta de fuerzas políticas con apoyo de EEUU. Entre los conspiradores se destacaron viejos políticos, los dueños de algunos supermercados y Radio Caracas TV. La oposición, según las últimas elecciones, tiene un caudal electoral que representa un tercio del pueblo venezolano. Sobre el plano político hay dos clases de oposición a Chávez. En primer lugar, quienes se oponen a su proyecto populista de crear alianzas entre empresarios y trabajadores con el objetivo de consolidar una nueva forma de hacer política en Venezuela. Este sector de la oposición está buscando una fórmula que le permita competir con Chávez y recuperar el centro político del país. Representa una mayoría de las fuerzas de oposición. En segundo lugar, hay una oposición que anhela reconquistar el poder perdido mediante la fuerza, si es necesario, estableciendo una alianza entre la vieja oligarquía, capas medias radicalizadas y el gobierno de EEUU. Washington financia las actividades del grupo y le proporciona una red internacional para promover su causa. El primer sector opositor rechaza la política de Chávez y, también, su estilo de gobierno. El segundo grupo ha convertido a Chávez en su símbolo para recuperar el poder mediante tácticas golpistas. Este segundo grupo tiene lazos ideológicos con la ultra-derecha que organizó golpes contra Allende en Chile (principios de la década de 1970), que apoyó la guerra de EEUU contra el gobierno sandinista de Nicaragua (en la década de 1980) y que promueve los movimientos secesionistas bolivianos contra Evo Morales (en la actualidad). La lucha en Venezuela se ha convertido en un enfrentamiento entre las fuerzas populares que apoyan a Chávez (el 70 por ciento del electorado) y una pequeña fracción de la oposición que esgrime tácticas golpistas. EEUU y los golpistas han querido tergiversar el enfrentamiento señalando que Chávez ha perdido legitimidad y debe ser derrocado. Para ello, incluso, cuestionan el derecho de Venezuela de no extender una concesión a la empresa Radio Caracas TV. La lucha en Venezuela no es por la libertad de propiedad de los medios de comunicación y, mucho menos, por la libertad de expresión. Estas libertades

13 están garantizadas en la constitución y los propietarios no han señalado preocupación por estos derechos. La lucha en Venezuela está planteada entre dos sectores de la sociedad con proyectos muy distintos. Por un lado, con Chávez a la cabeza, un proyecto que quiere consolidar la democracia en Venezuela. Por el otro, con un grupo de golpistas aliados con EEUU dando la cara, representantes de la vieja oligarquía y sectores medios frustrados que anhelan recuperar el poder sin importarles el derecho constituido de Venezuela. Ciudad de Panamá, 6de junio de Marco A. Gandásegui, hijo Visite la Sala de Estudios Latinoamericanos La Seguridad Social en España es inviable? Vicenç Navarro vnavarro.org Respuesta a David Taguasm director de la Oficina Económica del Palacio de la Moncloa El capital financiero y la eterna crisis de la Seguridad Social. La Seguridad Social es uno de los sistemas públicos de aseguramiento que moviliza más dinero en cualquier país, dinero que en España está, en su mayor parte, fuera del alcance del capital financiero, es decir de los Bancos, de las Cajas y de las compañías de seguros privados. Esta enorme cantidad de dinero ha representado siempre un gran atractivo para estas instituciones financieras. De ahí, que hayan estado promoviendo durante varias décadas la privatización de la Seguridad Social, indicando que el sistema de aseguramiento público no es viable, prediciendo que la Seguridad Social, (incluyendo las pensiones públicas), se colapsará en los próximos años. Esta predicción se hizo en España a principios de los años setenta (cuando el colapso se suponía ocurriría diez años más tarde), se repitió a principios de los años ochenta y de nuevo, a principios de los años noventa y, como no, ahora se presenta una vez más a principios de la década Estas predicciones de falta de viabilidad financiera del sistema de aseguramiento público se basa en el supuesto de que el aumento de la esperanza de vida de las personas (es decir el número de años promedio que una persona espera vivir), así como el incremento del número de ancianos (y por lo tanto pensionistas) y del tamaño de los beneficios (que portavoces del capital financiero consideran ya excesivamente generosos) hará imposible su viabilidad, puesto que tal aumento de beneficiarios y beneficios irá acompañado con un descenso de los cotizantes a la Seguridad Social, resultado del descenso del número de trabajadores que aporten a tal sistema de aseguramiento público. Según tales instituciones financieras la Banca, las Cajas y las compañías de aseguramiento privado- la única solución que puede garantizar las pensiones a los jubilados es el sistema de aseguramiento privado, eliminando o reduciendo el sistema de aseguramiento público a un mínimo. Tal privatización consistiría en que cada ciudadano tuviera su propia póliza de aseguramiento privado que le permitiría gozar de una

14 pensión satisfactoria cuando se jubilara. Estos sistemas privados de aseguramiento se llaman de capitalización individual y se asume que pueden ofrecer mejores pensiones a los asegurados como consecuencia de que las tasas de retorno del capital invertido en los Bancos y en las Cajas son mayores que en los sistemas públicos de seguridad social. En otras palabras, se afirma que la Banca y las Cajas ofrecen mayor rentabilidad del dinero del cotizante que la Seguridad Social. Otra ventaja del sistema de capitalización individual no sólo para el asegurado sino también para la totalidad del país- es, según la Banca, las Cajas y aseguramiento privado, el canalizar más dinero al ahorro privado, que tales instituciones financieras utilizarían para el beneficio de todos. Tal postura a favor de la privatización de las pensiones públicas aparece en el artículo La Reforma de las Pensiones, publicado en la revista Panorama Social de la Fundación de Cajas de Ahorro y escrito por David Taguas, que era cuando escribió el artículo subdirector del servicio de estudios del Banco BBVA (y que ahora ha sustituido a Miguel de Sebastián- que también procedía del BBVA- como director de la oficina económica de la Moncloa y asesor del Presidente Zapatero) y por María Jesús Sáez (que era, cuando escribió el artículo, interventora de la Seguridad Social y hoy dirige una empresa pública nombrado por el Gobierno socialista). Tal artículo ha sido motivo de una editorial favorable de El País (Augurio de crisis, 12/02/07) que hace suyos el análisis y las propuestas de tales autores. La influencia que tiene tal diario así como la de los autores del citado artículo exigen un análisis de sus tesis. Los supuestos del artículo de David Taguas y María Jesús Sáez. Analicemos, pues, las premisas del artículo. El diagnóstico de falta de viabilidad del sistema de Seguridad Social se basa en el supuesto citado anteriormente. El aumento del número de pensionistas y el número de años que cada pensionista vive junto con la reducción del número de trabajadores cotizantes determina según los autores- que inevitablemente la Seguridad Social se colapsará alrededor del año 2050, aún cuando los déficits en su sistema de financiación comenzarán a notarse mucho antes, entre los años 2027 y 2030, una vez agotados los fondos de reserva. La solución -según los autores- es la privatización de las pensiones siguiendo el modelo de capitalización puesto que según los autores- los sistemas de capitalización individual son preferibles a los de sistemas de reparto (el sistema actual de financiación pública de la Seguridad Social) pues permiten mayor ahorro nacional y mayor rentabilidad. De ahí que si las economías desarrolladas se pudieran saltar hacia sistemas de capitalización individual debiera hacerse lo antes posible (Pág.48), frase que reproducen tanto al inicio del artículo como al final del artículo, en sus conclusiones (Pág.58). Ahora bien, el problema que Taguas y Sáez ven es que pasar de un modelo actual de reparto a uno de capitalización es enormemente costoso, puesto que si las personas cotizantes a la Seguridad Social, en lugar de transferir una parte de su salario a pagar a los pensionistas de hoy (con el compromiso que cuando ellos sean ancianos, otros pagarán sus pensiones), pagan parte de su salario a su banco o a su caja, entonces el Estado tendría que pagar las pensiones que se deben pagar ahora. Los autores no citan el coste de esta transición de un sistema de reparto a un sistema de capitalización. Esta cifra, sin embargo, es enorme. Así Dean Baker y Debayani Kar han calculado (Dean Baker and Debayani Kar. The World Bank s Approach to Social Security Reform. Center for Economic and Policy Research. 2002) que tal transición en la privatización

15 del sistema de reparto al sistema de capitalización que tuvo lugar en Chile durante la dictadura del General Pinochet costó a las arcas del Estado una cantidad equivalente al 8% del PIB. La naturaleza de tales costes explica que Taguas y Sáez aconsejen que se vaya a la capitalización individual gradualmente, reduciendo significativamente los beneficios de las pensiones, convirtiéndose éstas en un sistema de mínimos universales, que se basara en el salario promedio de la vida laboral del pensionista (lo cual significaría la reducción de un 30% de las pensiones actuales como los propios autores reconocen), en un aumento de la edad de jubilación a 70 años y una disminución considerable de la actualización de las pensiones de manera que las pensiones no seguirían la evolución de los salarios (como ocurre en la mayoría de países de la UE-15) ni de los precios (la inflación) sino un índice IPC-X que sería un modificación a la baja de la inflación y que reduciría la pensiones con la edad. Este gran déficit de protección social (sin precedentes en la UE-15) que ocurriría con estos recortes se sustituiría con un aseguramiento privado que tendría un componente obligatorio (forzando una cotización de 3-5% de la nómina de los trabajadores) y otro voluntario. En el nuevo esquema de pensiones habría un sistema de reparto universal mínimo, otro de cotización obligatoria y otro, también de cotización individual, voluntario. Los problemas con tales reformas. La primera nota que salta a la vista es que en sus propuestas es el enorme tamaño de la reducción de los beneficios de los pensionistas. Para hacerse idea de la radicalidad de estas propuestas hay que saber que ningún partido gobernante en los países de la Unión Europea de los Quince o de Norte América ha propuesto retrasar la edad de jubilación a los setenta años. Incluso países con esperanza de vida mayores y con tasas de dependencia (población de menos de catorce años más población por encima de 65 años dividida por la población de 15 a 64 años) más grandes que España (tales como Suecia, Francia, Alemania y Bélgica) tienen edades de jubilación entre los 60 y los 65 años. Según la Internacional Social Security Association, en 2006 sólo Noruega, e Islandia tenían una edad de jubilación superior (67 años) a los 65 años. Y sólo el gobierno de coalición alemán liderado por Angela Merkel y el gobierno federal republicano del Presidente Bush han hecho la propuesta de retrasar la edad de jubilación a 67 años. Taguas y Sáez, sin embargo, ni cortos ni perezosos proponen nada menos un retraso de la edad de jubilación a los 70 años, una propuesta única hoy en los países desarrollados. Pero además de extremistas, tales propuestas son erróneas pues se basan en supuestos altamente cuestionables. Los autores intentan apoyar sus propuestas refiriéndose a un consenso entre los expertos en temas de la Seguridad Social a favor de sus propuestas. En realidad no existe tal consenso. Un indicador del carácter más ideológico que científico de su artículo es que cuando Taguas y Sáez citan a expertos, excluyen sistemáticamente a aquellos que no comparten sus posturas como son en España Adolfo Jiménez (que fue en su día Director General de Régimen Económico y, posteriormente, Secretario General de la Seguridad Social durante los gobiernos de Felipe González) y que ha escrito extensamente cuestionando las tesis de no viabilidad del sistema de Seguridad Social -ver su capítulo: La Seguridad Social en España, en Navarro, V. (Coor.), La Situación Social de España; en EEUU Dean Baker y Debyami Kar, (ver artículo citado) y Joseph E. Stiglitz, (Diez mitos sobre los sistemas de Seguridad Social. 2001); y en América Latina, Camila Arza (Pension Reform in Argentina) y Carmelo Mesa Lago (Evaluación de un cuarto de siglo de reformas en América Latina) y otros que han criticado extensamente tales tesis. Ignoran así las abundantes críticas al sistema

16 de capitalización individual, incluyendo la abundante crítica del modelo chileno, entre otra la del propio gobierno socialista de Bachelet que ha declarado tal sistema como insuficiente y altamente problemático, Tal como ha indicado Michelle Bachelet con motivo de la convocatoria del Consejo Asesor Presidencial para la Reforma Provisional El sistema tiene baja cobertura, baja intensidad de cotizaciones, deja fuera a una enorme cantidad de trabajadores independientes, prácticamente el 95%, muestra poca competencia y altas comisiones, no da cuenta de las complejidades del trabajo moderno, alta rotación, alta informalidad y discrimina a la mujer, entre otras falencias conocidas. Como consecuencia, el gobierno Bachelet se ha comprometido en una reforma sustancial del sistema. Otro ejemplo de la orientación sesgada del artículo de Taguas y Sáez es su referencia al informe del Banco Mundial escrito en 1994, que promovió la privatización de la Seguridad Social en América Latina (y que inspira su artículo) sin citar otro informe posterior del Banco Mundial, escrito en 2002, en el que se expresan serias reservas sobre tal privatización sin renunciar, sin embargo a ella. Dean Bakes y Debayani Kar en el informe citado anteriormente hacen una crítica devastadora de ambos informes del Banco Mundial. Ni que decir tiene que esta crítica no aparece en el artículo de Taguas y Sáez. En otras ocasiones, Taguas y Sáez mezclan y confunden reformas complementarias (como es la reforma de Suecia donde tal capitalización es limitada y pública, con fondos gestionados por el Estado) con reformas sustitutivas (como en el caso de Chile en los que son las empresas privadas las que financian y gestionan el sistema), mostrando a la vez gran insensibilidad hacia les enormes inequidades de sus propuestas. Un ejemplo de ello es su propuesta de retrasar la edad de jubilación a 70 años. Tal retraso puede ser un gran beneficio para un Catedrático universitario que disfruta con su trabajo pero es una gran injusticia exigirle cinco años más de trabajo a una persona de limpieza de la Universidad que ha realizado un trabajo manual y repetitivo durante toda su vida laboral. Es más, tal como han documentado varios estudios epidemiológicos, la salud del profesional universitario a los 70 años es mucho mejor que la salud de la trabajadora manual no cualificada, la cual, a los sesenta años, tenía ya el nivel de salud que el Catedrático tiene a los setenta años (ver los trabajos del profesor Chandola del University College of London ampliamente popularizados por la BBC). Es de una enorme inequidad aplicar la misma jubilación a dos personas con tipos de trabajos bien distintos y niveles de salud muy dispares. Otro grave problema de las propuestas de Taguas y Sáez es el largo periodo de predicción económico y demográfico. Es bien conocida la falta de credibilidad de modelos demográficos y económicos de tan largo periodo (40 años). Sus predicciones se han demostrado repetidamente erróneos. Cualquier proyección demográfica por encima del veinticinco años en sistemas de seguridad social es pura imaginación. Y los pronósticos de colapso de la seguridad social (que ha ocurrido en los últimos cincuenta años, cíclicamente cada diez) es la prueba de su escasa predecibilidad. En realidad cuando se predecía el colapso de la Seguridad Social en los años ochenta, Adolfo Jiménez y su equipo en la Secretaría General de la Seguridad Social predijeron correctamente que no habría tal colapso en los noventa, alcanzando superávit en los 2000, tal como ocurrió. Y más recientemente, los cálculos y predicciones de Adolfo Jiménez (ver artículo citado) señalan claramente la viabilidad de tal sistema público. Y ello se debe primordialmente a la integración de la mujer y de los inmigrantes al mercado de trabajo. Es más, si España tuviera la tasa de participación femenina que tiene Suecia, España tendría 3 millones más de trabajadores y cotizantes a la Seguridad

17 Social. De ahí que la inversiones en los servicios de ayuda a las familias (que en España quiere decir mujeres), tales como escuelas de infancia y servicios de atención a las personas dependientes sean de una gran importancia económica, facilitando tal integración. Pero a la exageración que Taguas y Sáez hace en sus proyecciones demográficas y económicas acompaña un silencio hacia los costes de mantenimiento y gestión de los sistemas de capitalización, costes muy superiores al coste de administrar la Seguridad Social. La evidencia acumulada (ignorada por Taguas y Sáez) es que los costes de administración de los sistemas privados de aseguramiento son muchas veces más grande que los costes de administración de los sistemas públicos. Así en América Latina, el 22% del coste de la prima de aseguramiento en Argentina, el 22% en México, el 19% en el Salvador, el 15% en Chile y el 14% en Colombia, van a cubrir gastos administrativo. En EEUU, por lo contrario, tal porcentaje en la Seguridad Social es sólo el 0.5% (ver James, E., Smalhour, J., Vittas, D. Administrative costs in the organizations of individual Account Systems: a Comparative Perspectiva. Washington D.C. World Bank 1999). En realidad, tal experiencia internacional con el aseguramiento privado ha sido sumamente problemática, beneficiando sólo al capital financiero (bancos y cajas) pero no a la mayoría de los supuestos beneficiarios. Sería un enorme error, tanto económico como político que tales reformas privatizadoras se llevarán a cabo en España. Problemas metodológicos en los cálculos de Taguas y Sáez Pero a las grandes deficiencias conceptuales del artículo de Taguas y Sáez hay que añadir unas deficiencias metodológicas en sus cálculos y en sus supuestos. Veamos. En primer lugar, los autores señalan que de no haber cambios en la Seguridad Social en España, el coste de las pensiones públicas pasarían de representar el 7,7% del PIB en 2004 a un 17,9% del PIB en el año 2059, un crecimiento que consideran a todas luces excesivo. Pero nunca aclaran porqué este porcentaje sería excesivo. En realidad, el PIB del año 2059 será mucho mayor que el PIB del año Si consideramos que el crecimiento anual de la productividad es (tal como los autores indican) de un 1,5% durante el período (y sin que haya un aumento de la población activa) entonces el PIB de 2059 será 2,25 veces mayor que el PIB de El significado de este dato es que si consideramos el valor del PIB en el año 2004 como 100, entonces el valor del PIB en el año 2059 será de 225. Pues bien, si bien el valor del PIB en 2004, después de pagar las pensiones, era de 100 7,7 = 92,3 en el 2059 el coste de las pensiones será (según las predicciones de Taguas y Sáez) del 17,9% del PIB, pero de un PIB de 225, lo cual quiere decir que el coste de las pensiones sería el 17,9% de 225, es decir, 40. De ahí que el valor del PIB para consumo después de pagar las pensiones será de = 185, que es el doble del valor existente en el año 2004 que fue de 92,3. Tanto pensionistas como los no pensionistas tendrán muchos más recursos para pagar pensiones y otros gastos públicos que en 2004, a pesar de que las cotizaciones sociales representarán el 17,9% del PIB en el año Los recursos existentes para la sociedad disponibles después de pagar las pensiones serán el doble de los recursos de En realidad, el gasto público en pensiones hace cincuenta años en España era solo un 3% del PIB. Hoy es el 8,1% del PIB sin que ello signifique que haya menos recursos para los no pensionistas de hoy que hace cincuenta años. El crecimiento económico es el factor determinante del nivel de riqueza total del país. Y este crecimiento es probable que sea incluso mayor que el indicado por Taguas y Sáez, como consecuencia de que el

18 crecimiento de la productividad sea mayor que la proyectada por Taguas y Sáez y que el crecimiento de la población activa sea también mayor. Otro error que hacen Taguas y Sáez - que se oponen al aumento de los impuestos para resolver el posible déficit de la Seguridad Social - es que parecen no darse cuenta de que el retraso de jubilación es en realidad un aumento muy notable de los impuestos y un aumento sumamente regresivo por las circunstancias apuntadas anteriormente, puesto que la esperanza de vida es más corta en la medida que la renta es menor, siendo los trabajadores (que viven vidas mas cortas) los que financian las pensiones de rentas mayores que viven más años. Su actitud anticrecimiento de los impuestos para financiar la Seguridad Social es pues extraordinariamente sesgada. En realidad y tal como ha indicado John Schmitt, Senior economist del Center for Economic and Policy Research de Washington (EUA), si a la población se le preguntara a través de un referéndum que escogiera entre tres opciones: una, aumentar los impuestos gradualmente (en la medida que el nivel de vida vaya aumentando y las rentas vayan subiendo) durante los próximos treinta años a fin de pagar unas buenas jubilaciones; otra, pagar los mismos impuestos pero trabajar y pagar impuestos cinco años más; y una tercera posibilidad, pagar los mismos impuestos que ahora pero reduciendo las pensiones, la evidencia que tenemos muestra que la gran mayoría de la población escogería la primera alternativa. Y sin embargo esa posibilidad es descartada desde el principio del artículo por Sáez y Taguas cuando escriben Es preciso anticipar que en este trabajo no se considera la posibilidad de incrementar los ingresos del sistema para afrontar el gasto creciente que resulta del incremento en la tasa de dependencia (es decir, las cotizaciones sociales), y ello porque se supone que la presión fiscal creciente afectaría negativamente a la oferta de trabajo. Pero si fuera verdad (lo cual no lo es) que aumentar los impuestos reduce la oferta de trabajo, porque entonces el aumento de los impuestos que ocurre con el retraso de la jubilación no es considerado que reduciría también la oferta de trabajo?. En realidad, Taguas y Sáez confunden la tasa de impuestos con la cantidad de impuestos. La cantidad disponible del que paga los impuestos una vez haya contribuido al erario público puede aumentar considerablemente (como consecuencia del aumento de su renta total) aun cuando la tasa de sus impuestos haya aumentado. De la misma manera que la capacidad adquisitiva de consumo de la España de 2059 será mucho mayor que la de la España de 2004 (aun cuando el porcentaje de los impuestos sobre el PIB sea mayor en 2059 que en 2004), la capacidad adquisitiva del promedio español será mayor en el año 2059 que en 2004, incluso después de pagar un porcentaje mayor de su renta en impuestos. Este es el punto que sistemáticamente se ignora por Taguas y Sáez, y la mayoría de portavoces del pensamiento liberal. Todo lo dicho hasta ahora no implica que no hayan reformas que debieran realizase en la Seguridad Social de España como ajustar, por ejemplo, la edad real (62) a la edad legal de jubilación (65) o estimular voluntariamente el retiro del trabajo para edades más avanzadas. Pero es irresponsable crear una sensación de pánico que no se corresponde con la realidad. Es más, incluso si fuera cierto que a la larga, en el año 2050 hubiera un problema de falta de trabajadores cotizantes, las pensiones podrían pagarse por vía impositiva con fondos generales del Estado- como ya ocurre hoy en muchos países. Es muy improbable que en un programa tan popular como las pensiones no hubiera apoyo popular para resolver aquel problema a través de fondos generales del Estado si tal insostenibilidad ocurriera. Lo que aquellos autores ignoran es que la viabilidad de la Seguridad Social no es una cuestión estrictamente económica sino

19 esencialmente política por su contenido social y redistributivo. La Seguridad Social será viable si el electorado así lo desea. Y el hecho de que la ciudadanía se envejezca no un es problema para la viabilidad de tal sistema de pensiones sino antes al contrario: señala que un número mayor de votantes serán beneficiarios de este sistema, siendo sus máximos defensores. Conclusiones: La resistencia popular a tales reformas De ahí que uno de los obstáculos mayores para el desarrollo de las recomendaciones propuestas por Taguas y Sáez es la resistencia popular que generarían. En este aspecto es interesante y significativo señalar las conclusiones de otro estudio, también financiado por la fundación BBVA (y que inspira en gran manera el artículo aquí discutido) The political future of social security in aging societies, de Vincenzo Galaso (publicado por MIT) que concluye con las siguientes observaciones. Las decisiones aquí propuestas podrían facilitarse trasladando la responsabilidad por su establecimiento a la Unión Europea y muy en especial a la Comisión Europea- lo cual sería posible por el déficit democrático existente en la U.E. Su falta de tener que dar cuentas a la ciudadanía (acountability) permitiría que fuera ésta la que impusiera tales decisiones que se tomarían en contra de los deseos de los votantes existentes hoy pero a favor de los intereses de los que todavía no han nacido. Es interesante ver como la Banca y sus portavoces se erigen como los defensores de los todavía no nacidos y es también conmovedor ver que la Banca se preocupa más por los niños no nacidos todavía que por sus padres y abuelos. En realidad, el problema de las pensiones tanto contributivas como no contributivasno es su excesiva generosidad, como aquellos autores asumen, sino precisamente lo contrario, son demasiado bajas. La insuficiencia de las pensiones no contributivas es un hecho ampliamente reconocido en España. Pero lo que no es tan conocido es que incluso las contributivas son bajas en comparación con el promedio de los países de la Unión Europea de los quince (EU-15) el grupo de países más cercanos a España por su nivel de desarrollo económico. La pensión media contributiva en España es sólo el 68% de la pensión media contributiva de la UE-15 (homologada por el tipo de pensiones y medida no por la tasa de sustitución de los salarios que son muy bajos en España- sino por la cantidad de la pensión), y la pensión no contributiva es sólo el 46% del promedio de la UE-15. Para valorar el significado de estos datos, tenemos que tener en cuenta que España tiene un nivel de riqueza (medido por su PIB per capita) semejante al promedio de la UE-15: específicamente su PIB per capita es ya el 91% del PIB per capita promedio de la UE-15. Y en cambio su gasto social per capita es sólo el 62% del promedio de la UE-15. Si nos gastáramos el porcentaje del gasto social que nos corresponde por nuestro nivel de riqueza debiéramos gastarnos más de millones de euros más de lo que nos gastamos. Según los datos elaborados por EUROSTAT, por la metodología SEEPROS España destina el 19,7% del PIB (2003) a gasto en protección social mientras que el promedio de la UE-15 es del 28,3%. Si se considera los gastos de vejez, invalidez y supervivencia, el porcentaje sobre el PIB es de 9,8%, ocupando el penúltimo lugar de la UE-15 (2003) (Suecia el 17,6%, Alemania el 14,7%). España debe gastarse en su Estado del Bienestar, incluyendo su Seguridad Social, más de lo que se gasta. En realidad, la carga fiscal en España (porcentaje de los impuestos sobre el PIB) es uno de los más bajos de la UE-15. Su capacidad recaudatoria, por lo tanto, dista mucho de haberse agotado. Tal agotamiento es otra de las tesis que el capital

20 financiero está promoviendo en España con la ayuda de grandes cajas de resonancia que tienen una enorme influencia política y mediática en el país. Vicenç Navarro es Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra. Su web: El Senado chileno vuelve a la carga contra Cuba Observan a Cuba y lo que sucede con los presos de Oaxaca y Atenco en México; los Mapuches de Chile, o los jóvenes en El Salvador acaso con violaciones producidas para que no se vean? Por: Ernesto Carmona (especial para ARGENPRESS.info) Fecha publicación: 03/06/2007 Imprimir nota El Senado chileno votará una nueva moción contra Cuba el próximo 6 de junio, tal como viene haciéndolo todos los años como resultado del lobby de Estados Unidos. La Cámara Alta solicitará a Michelle Bachelet que condene al gobierno de Cuba por haber sometido a prisión en 2003 a un grupo de cabecillas subversivos pagados por la Oficina de Intereses del país del norte en La Habana. Los padres conscriptos chilenos se pliegan a esta campaña senatorial anual de EEUU contra Cuba justo cuando sus colegas legisladores estadounidenses, incluso representantes del Partido Republicano de George Bush, visitan la isla en un esfuerzo por aliviar el bloqueo imperial y permitir el libre comercio de alimentos. Los presos a quienes defiende el Senado chileno no son luchadores políticos, sino gente pagada por EEUU para desestabilizar la República. En resguardo de su seguridad, Cuba juzgó y condenó en 2003 a lumpen proestadounidenses por actos de subversión al servicio de intereses foráneos. Los juicios y la aplicación de justicia en Cuba, obviamente, obedece a sus propias leyes, es decir, se aplica el ordenamiento jurídico cubano y no la legislación de Estados Unidos o de Chile. La iniciativa 2007 está calcada de la que el Senado aprobara el 7 de julio de La nueva versión de este ritual, que se parece demasiado al show anual en la antigua comisión de DDHH de la ONU, fue solicitada por senadores de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Renovación Nacional (RN) y del Partido Demócrata Cristiano (PDC). Los socialistas -por ahora- sólo miran, pero no se descarta que se plieguen algunos que el año pasado se abstuvieron, como Camilo Escalona y Jaime Naranjo, cuyo capital es su enclenque imagen de paladín de DDHH forjada cuando todavía era un joven progresista. Por la UDI suscribieron el proyecto de acuerdo Jorge Arancibia Reyes, Andrés Chadwick Piñera, Juan Antonio Coloma Correa, Pablo Longueira Morales, Evelyn Matthei Fornet y Jaime Orpis Bouchon, mientras por RN lo hicieron Carlos Cantero Ojeda, José García Ruminot, Antonio Horvath Kiss, Carlos Ignacio Kuschel Silva, Baldo Prokuriça Prokuriça. También firmaron los senadores democratacristianos Mariano Ruiz-Esquide Jara y Hosaín Sabag Castillo, además del independiente de derecha Carlos Bianchi Chelech. El interés de los padres conscriptos es que el gobierno de la isla deje en libertad a todas las personas apresadas por ser contrarias al régimen político de Fidel Castro.