LA EDUCACIÓN A DEBATE: POR UN PACTO PARA LA EDUCACIÓN Aportaciones para el debate.

Transcripción

1 LA EDUCACIÓN A DEBATE: POR UN PACTO PARA LA EDUCACIÓN Aportaciones para el debate. La aparición de una nueva sociedad tras la instauración de la democracia trajo consigo la necesidad de replantearse la educación y el sistema educativo en general. Desde 1970 sólo se habían acometido pequeñas modificaciones (programas renovados de E.G.B., F.P.) a pesar de que la población escolar era muy diferente a la existente en esos momentos y era necesario y urgente plantear cambios profundos en el sistema educativo. La L.O.D.E. y la L.O.G.S.E. intentan dar respuesta a los retos de la nueva sociedad. Tras 15 años de aplicación de esta ley, que tenía entre otros aspectos como distintivo la ampliación de la educación hasta los 16 años y la comprensividad, se han venido detectando deficiencias e importantes problemas a los que hay que dar una respuesta urgente e idónea. El gobierno del P.P. gestó una nueva ley (la L.O.C.E.) que, aunque compartida por algunos sectores era denostada por otros. Las soluciones propuestas pasaban por fomentar el esfuerzo, la diversificación del alumnado en función de sus intereses y capacidades o la diferenciación de centros escolares en función de la oferta de itinerarios y especializaciones, entre otras medidas. Con el cambio de signo político en el gobierno tras las elecciones de marzo de 2004 se paraliza la aplicación de la L.O.C.E. y se abre un período de debate para dar otras respuestas a los problemas planteados por la aplicación de la L.O.G.S.E.. Desde esta E.U. de Magisterio queremos aportar una serie de ideas y reflexiones sobre el documento base presentado por el Ministerio de Educación y Ciencia, contribuyendo a este debate tan necesario. En torno a la Educación Infantil, en primer lugar, si concebimos la educación como un instrumento para equilibrar las desigualdades sociales, es necesario reconocer esta etapa como eminentemente educativa y extenderse por tanto a toda la población, aumentando los medios materiales y humanos donde más se necesiten. La prevención del fracaso escolar debe comenzar en la Educación Infantil. El comienzo del aprendizaje de un segundo idioma, así como el de las nuevas tecnologías de la información, deben supeditarse a la consecución de otros objetivos que consideramos fundamentales en esta etapa, como son la socialización, la creación de hábitos de autonomía personal y la iniciación en la lecto-escritura.

2 Por otra parte, deberían incluirse medidas como la intervención de los especialistas en Educación Especial y Audición y Lenguaje para la detección temprana y tratamiento de posibles problemas de aprendizaje o discapacidades, la coordinación con el primer ciclo de Primaria -sobre todo metodológicamente- o el fomento, mediante medidas realistas, del compromiso de la familia con la escuela. En lo que se refiere a la Educación Primaria, aunque la mayoría de los problemas de aprendizaje y conducta se manifiestan en la etapa Secundaria, estamos convencidos de que su origen se encuentra en la Primaria. Por esto en ella se deben tomar las medidas de refuerzo educativo sistemático y la inclusión en los equipos educativos de orientadores, educadores y trabajadores sociales. También deberían incluirse formas de coordinación con otras instituciones de apoyo social y escolar como los servicios sociales de los ayuntamientos, organizaciones no gubernamentales, fundaciones, etc.. Creemos que se debe mantener la estructura de ciclos como unidad básica de propuesta de aprendizaje, estableciéndose sistemas de evaluación internos y externos, a medio y largo plazo, que valoren no sólo la consecución de objetivos por parte del alumnado, sino también la organización del centro escolar, la programación o las medidas de refuerzo. La repetición de curso, cuando se considere necesaria, debe adelantarse más que atrasarse, pues entendemos que las posibilidades de recuperación son mayores cuanto menor es la edad del alumnado. Para asegurar la efectividad de esta medida es necesario que la Administración facilite los recursos necesarios que permitan que el equipo de profesores pueda tomar decisiones de flexibilización curricular y agrupamiento que aseguren los aprendizajes instrumentales básicos y la adquisición de destrezas y habilidades de trabajo y estudio que no se alcanzaron satisfactoriamente. Por otra parte, ante la falta de implicación de la familia con los centros escolares, la Ley debe dejar claro cuáles son sus obligaciones y arbitrar medidas que faciliten el compromiso pedagógico familia-escuela. La Enseñanza Secundaria es, sin lugar a dudas, la que más conflictividad ha planteado al optar por la no separación del alumnado y la no diferenciación de centros, siendo la etapa en la que se planteaban mayores cambios con respecto a las leyes anteriores. De la misma forma, ésta es la etapa en la que menos se ha cumplido lo que proponía la L.O.G.S.E. respecto a medidas de refuerzo, coordinación y adscripción de centros y en la que menos apoyo familiar se ha encontrado. Uno de los problemas de esta etapa es la diferencia existente entre los sistemas de organización de la escuela de primaria y del centro de secundaria. En unas edades donde la desorientación y la inseguridad son señas de identidad, el sistema acentúa estos inconvenientes para el aprendizaje con el aumento del número de profesores que atienden a los alumnos, las diferencias en la formación inicial de éstos, la modificación del horario escolar o la eventualidad de los tutores.

3 Es necesario, por lo tanto, para mejorar el clima de las aulas y del centro, potenciar la coordinación entre la Primaria y la Secundaria, reducir el número de profesores por curso, establecer sistemas de coordinación de tutores y de equipo educativo y ampliar los horarios de tutoría. Considerando el principio educativo de dar a cada uno lo que necesita habría que dotar a los centros de suficientes recursos para posibilitar las medidas de refuerzo educativo como los desdobles, la flexibilización curricular y de agrupamientos y el adelanto de la diversificación. En cuanto a la promoción o la repetición, consideramos necesario que no sólo se deben tener en cuenta las calificaciones por áreas, sino también las decisiones de la junta evaluadora basadas en la consecución de los objetivos generales de la etapa. El seguimiento de las medidas de refuerzo, así como del alumnado repetidor, se debería encomendar a un tutor especial que formaría parte del equipo directivo. La tradicional evaluación extraordinaria, ya sea en junio o septiembre, entra en contradicción con el principio de evaluación continua, así como con la consecución de los objetivos de carácter procedimental y actitudinal; también puede ser una medida que fomente la discriminación del alumnado en función de sus recursos. Centrándonos en la enseñanza post-obligatoria, en la Formación Profesional es urgente y necesario revisar los currículos de los diferentes ciclos formativos, adaptándolos a las necesidades reales de la profesión en la actualidad. Parece también aceptable el diseño de cursos reglados que permitan el acceso, dentro de la misma familia profesional, del grado medio al superior sin necesidad de pasar por el Bachillerato. En cuanto a éste, las propuestas del documento presentado a debate por el Ministerio de Educación y Ciencia, nos parecen aceptables. Además, nos planteamos una serie de cuestiones que parecen imprescindibles. Nos referimos a la necesidad de impulsar el desarrollo profesional de los docentes modificando la formación inicial y garantizando la formación permanente; legislar para todos, teniendo en cuenta la diversidad de centros (titularidad, localización, etc.), la de alumnado (motivados, no motivados, con necesidades educativas especiales, etc.) y la de comunidades autónomas; cuestionar la organización escolar, calendarios y horarios. Suscribimos lo que desde distintos foros se ha venido discutiendo, en los últimos años; nos referimos a la necesidad de lograr un gran PACTO POR LA EDUCACIÓN que salve a ésta de las luchas partidistas, así como del enfrentamiento entre enseñanza pública y privada y que garantice la estabilidad razonable del sistema y el aumento de los recursos que dedica el Estado. Por último, quisiéramos aportar, en diez puntos, algunas ideas claves de cara a la enseñanza de las religiones en la escuela. 1. Consideramos imprescindible poner de relieve la importancia de lo religioso en el mundo como realidad sustancial y no marginal. El ser humano necesita valores, ideales y horizontes de sentido para responder a las preguntas acerca del significado de la vida. El saber religioso es existencial, no se queda en la razón porque busca una respuesta integral a las

4 necesidades humanas y las desborda. La religión se dirige a la mente y al corazón de la persona e incluye, aunque no se limita, al marco de la racionalidad reflexiva, crítica y realista de la filosofía y de la ciencia. Entendemos que el hecho religioso, y su concreción en una religión determinada, tiene repercusión en todas las dimensiones de la persona. 2. Creemos que hoy, de una manera especial, es imprescindible una adecuada educación en valores a lo largo de todo el proceso educativo. La educación tiene que ayudar al alumnado, sin restricciones ni discriminaciones de ningún tipo, a su formación integral como personas y como ciudadanos, a realizar su propio proyecto de vida en el marco de una sociedad democrática comprometiéndose en la construcción de un mundo más justo y solidario. 3. Pensamos que la enseñanza religiosa tiene que estar presente en la escuela por razones antropológicas y pedagógicas, así como culturales e históricas, con una legitimidad propia en el ámbito escolar. La enseñanza religiosa debe integrarse en el cuadro de las finalidades educativas de la escuela: situarse lúcidamente ante la tradición cultural, insertarse críticamente en la sociedad y dar respuesta al sentido último de la vida con todas sus implicaciones éticas. 4. Entendemos que la enseñanza de la religión es abiertamente compatible con el estado de derecho y con la sociedad plural en la que convivimos. Es un derecho de los alumnos y las alumnas y una responsabilidad de los padres que encuentra su expresión en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Constitución española, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en los demás tratados y acuerdos internacionales firmados y ratificados por el Estado español. 5. Creemos que es necesario y posible conseguir un pacto escolar integrador, duradero y consensuado. Este pacto protegería al sistema educativo de las convulsiones provocadas por las alternancias políticas. Pacto que ha de incluir una solución igualmente consensuada para la enseñanza de las religiones en el sistema educativo español. Esta solución ha sido realizada en muchos países europeos; lo cual reafirma nuestra confianza en la posibilidad fáctica de este pacto. 6. Siendo conscientes de que nos educamos juntos cuando afrontamos en común los desafíos de la vida colectiva, consideramos necesario que los educadores sean no sólo expertos sino referentes adultos válidos para su alumnado. 7. Proponemos la creación de un área de conocimiento que incluya la dimensión axiológica (educación en valores), el hecho religioso como realidad cultural e histórica y la enseñanza de la religión en sus distintas confesiones para quienes lo deseen. 8. Afirmamos que la enseñanza de la religión en la escuela requiere una metodología propia y específica, distinta de la catequesis, acorde con las funciones de la escuela y el rigor científico de la asignatura.

5 9. Reclamamos la presencia de las Ciencias de la Religión en el marco del sistema universitario español público y no confesional, al igual que ocurre en otros países de la Unión Europea. Esto permitiría una formación inicial y permanente del profesorado que imparte esta área de conocimiento. 10. Consideramos necesario, finalmente, que el profesorado que imparte la enseñanza de la religión alcance una situación laboral de plena estabilidad en la Administración educativa. El profesorado de religión requiere, al igual que cualquier otro profesional de la enseñanza, de una estabilidad jurídica y unos procedimientos objetivos para su selección, su valoración y su eventual remoción.