DEUDA TRIBUTARIA Y RESPONSABILIDAD CIVIL POR DELITO FISCAL

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3 DEUDA TRIBUTARIA Y RESPONSABILIDAD CIVIL POR DELITO FISCAL

4 CONSEJO EDITORIAL MIGUEL ÁNGEL COLLADO YURRITA MARÍA TERESA DE GISPERT PASTOR JOAN EGEA FERNÁNDEZ JOSÉ IGNACIO GARCÍA NINET FRANCISCO RAMOS MÉNDEZ SIXTO SÁNCHEZ LORENZO JESÚS-MARÍA SILVA SÁNCHEZ JOAN MANUEL TRAYTER JIMÉNEZ BELÉN NOGUERA DE LA MUELA R ICARDO ROBLES PLANAS JUAN JOSÉ TRIGÁS RODRÍGUEZ Director de Publicaciones

5 DEUDA TRIBUTARIA Y RESPONSABILIDAD CIVIL POR DELITO FISCAL José Alberto Sanz Díaz-Palacios Doctor en Derecho Centro Internacional de Estudios Fiscales Universidad de Castilla-La Mancha

6 Colección: Atelier Fiscal Director: Miguel Ángel Collado Yurrita Reservados todos los derechos. De conformidad con lo dispuesto en los arts. 270, 271 y 272 del Código Penal vigente, podrá ser castigado con pena de multa y privación de libertad quien reprodujere, plagiare, distribuyere o comunicare públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios José Alberto Sanz Díaz-Palacios 2009 Atelier Via Laietana, Barcelona Tel editorial@atelierlibros.es I.S.B.N.: Depósito legal: Fotocomposición: Grafime. Mallorca, Barcelona Impresión:

7 A mi abuelo Antonio

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9 «Les lois sont des toiles d araignées à travers lesquelles passent les grosses mouches et où restent les petites.» La Maison Nucingen Honoré de Balzac

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11 ÍNDICE CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN CAPÍTULO 2. LA POSTURA FAVORABLE A LA EXIGENCIA DE LA DEUDA TRIBUTARIA COMO RESPONSABILIDAD CIVIL POR DELITO FISCAL CAPÍTULO 3. ARGUMENTOS CONTRARIOS A LA EXIGENCIA DE LA DEUDA TRIBUTARIA COMO RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DEL DELITO FISCAL Ideas preliminares La crítica basada en el carácter previo, naturaleza específica e independencia de la obligación tributaria respecto del hecho criminal El diferente alcance de los conceptos «deuda tributaria» y «cuota tributaria» La indisponibilidad del crédito tributario frente al carácter renunciable de la acción civil La potestad de autotutela administrativa La identidad sustancial entre el ilícito penal y el ilícito tributario

12 12 / José Alberto Sanz Díaz-Palacios 3.7. La excusa absolutoria del artículo del Código Penal La responsabilidad del administrador social La pretendida continuación del procedimiento inspector Carácter preferente del crédito tributario y rechazo de la responsabilidad civil «ex delicto» La «extrañeza» del ejercicio de la acción de responsabilidad civil fuera del proceso penal CAPÍTULO 4 RESPONSABILIDAD CIVIL POR DELITO FISCAL Y PRESCRIPCIÓN TRIBUTARIA Y PENAL La cuestionable exigencia, vía responsabilidad civil «ex delicto», de deudas tributarias ya prescritas El origen del problema Los términos de la polémica. Los primeros debates Argumentos doctrinales sobre la influencia del plazo de prescripción tributaria en el ámbito penal, y posicionamiento jurisprudencial Determinación del momento a partir del cual habría tenido incidencia penal el plazo de prescripción tributaria de cuatro años La necesaria cautela administrativa en el paso del tanto de culpa por delito fiscal La controvertida interrupción del plazo de prescripción penal

13 Deuda tributaria y responsabilidad civil / La conciliación de los plazos de prescripción tributaria y penal frente a la tesis de la responsabilidad civil por delito fiscal CAPÍTULO 5. INCIDENCIAS DEL PROCEDIMIENTO DE APREMIO EN EJECUCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL POR DELITO FISCAL CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES BIBLIOGRAFÍA

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15 1. INTRODUCCIÓN Antes de la reforma operada por la Ley General Tributaria de 2003, la coyuntura normativa propició el debate doctrinal sobre la paralización o no de las actuaciones de comprobación e investigación, ante un presunto delito fiscal. 1 Actualmente la cuestión no se habría zanjado; las medidas adoptadas por el legislador de 2003 son sus- 1. Ahora bien, MERINO SÁENZ (2000) destaca que «será normalmente en el procedimiento sancionador [ ] donde se aprecie la existencia del ánimo de defraudar que integra el elemento subjetivo del tipo». Puesto que el procedimiento inspector habría terminado ya, este autor añade que las «eventuales liquidaciones» practicadas «serían válidas si bien sujetas a revisión como consecuencia de la declaración de hechos probados» de la sentencia penal (MERINO SÁENZ, L., «La Inspección de los tributos ante el delito fiscal», AA.VV., Terceras jornadas sobre el delito fiscal. Comentarios y conclusiones sobre el delito fiscal, Foro de Abogados Tributaristas con la colaboración de Gaceta Fiscal, s / l, 2000, pág. 22). Tengamos presente al respecto que el Real Decreto 2063 / 2004, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general del régimen sancionador tributario, establece en su artículo 32.2 que, cuando la Administración aprecie un posible delito fiscal «durante la tramitación del procedimiento sancionador, y los actos de liquidación ya hayan sido dictados, [ ] se suspenderá la ejecución de la liquidación hasta que recaiga la correspondiente resolución judicial».

16 16 / José Alberto Sanz Díaz-Palacios ceptibles de crítica. 2 Como veremos en las páginas que siguen, ello tiene una importante repercusión en la temática de este trabajo. 3 La continuación del procedimiento inspector, de cara, en definitiva, a determinar la deuda tributaria del contribuyente, no sería posible, considerando la determinación jurisdiccional de esa deuda en el proceso penal. Pareciera, en principio, carente de sentido proseguir la tramitación de dicho procedimiento, puesto que el resultado del mismo vendría dado en forma de responsabilidad civil «ex delicto». Establece la disposición adicional 10.ª de la Ley 2. En cuanto a la paralización procedimental, nos remitimos esencialmente al artículo de la vigente Ley 58 / 2003: «1. Si la Administración tributaria estimase que la infracción pudiera ser constitutiva de delito contra la Hacienda Pública, pasará el tanto de culpa a la jurisdicción competente, o remitirá el expediente al Ministerio Fiscal y se abstendrá de seguir el procedimiento administrativo, que quedará suspendido mientras la autoridad judicial no dicte sentencia firme, tenga lugar el sobreseimiento o el archivo de las actuaciones o se produzca la devolución del expediente por el Ministerio Fiscal. / La sentencia condenatoria de la autoridad judicial impedirá la imposición de sanción administrativa. / De no haberse apreciado la existencia de delito, la Administración tributaria iniciará o continuará sus actuaciones de acuerdo con los hechos que los tribunales hubieran considerado probados, y se reanudará el cómputo del plazo de prescripción en el punto en el que estaba cuando se suspendió. Las actuaciones administrativas realizadas durante el período de suspensión se tendrán por inexistentes». Consúltese el reciente comentario del artículo 180 de la Ley General Tributaria publicado por A LMENAR BELENGUER y R IPLEY SORIA en HERRERO DE EGAÑA Y ESPINOSA DE LOS MONTEROS, J.M. (Coord.), Comentarios a la Ley General Tributaria (Volumen II), Thomson-Aranzadi, Pamplona, 2008, págs y ss. 3. Para evitar al menos las erratas e incoherencias de imprenta que suelen originar las aclaraciones acerca del uso de negritas y / o cursivas, omitiremos en este trabajo dichas aclaraciones, si eventualmente se resaltaran de ese modo determinados fragmentos o palabras en los textos literales transcritos.

17 Deuda tributaria y responsabilidad civil / 17 General Tributaria, apartado 1: «En los procedimientos por delito contra la Hacienda Pública, la responsabilidad civil comprenderá la totalidad de la deuda tributaria no ingresada, incluidos sus intereses de demora, y se exigirá por el procedimiento administrativo de apremio». Continúan los restantes apartados de esa misma disposición adicional: «2. Una vez que sea firme la sentencia, el juez o tribunal al que competa la ejecución remitirá testimonio a los órganos de la Administración tributaria, ordenando que se proceda a su exacción. En la misma forma se procederá cuando el juez o tribunal hubieran acordado la ejecución provisional de una sentencia recurrida. / 3. Cuando se hubiera acordado el fraccionamiento de pago de la responsabilidad civil conforme al artículo 125 del Código Penal, el juez o tribunal lo comunicará a la Administración tributaria. 4 En este caso, el procedimiento de apremio se iniciará si el responsable civil del delito incumpliera los términos del fraccionamiento. / 4. La Administración tributaria informará al juez o tribunal sentenciador, a los efectos del artículo de la Constitución Española, de la tramitación y, en su caso, de los incidentes relativos a la ejecución encomendada». En este contexto, no podemos olvidarnos de la dualidad de plazos de prescripción tributaria y penal, de cuatro años en el primer caso y de cinco años por lo que respec- 4. Según el artículo 125 del Código Penal, «cuando los bienes del responsable civil no sean bastantes para satisfacer de una vez todas las responsabilidades pecuniarias, el juez o tribunal, previa audiencia al perjudicado, podrá fraccionar su pago, señalando, según su prudente arbitrio y en atención a las necesidades del perjudicado y a las posibilidades económicas del responsable, el período e importe de los plazos».vid. también, sobre el particular, el artículo del Real Decreto 939 / 2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.

18 18 / José Alberto Sanz Díaz-Palacios ta al delito fiscal. Lo cierto es que esta diferencia de plazos «perjudicaría» a la Administración en aquellos supuestos en los que, no habiendo prescrito el delito de defraudación de que se trate, fuera ya imposible exigir el ingreso de la deuda tributaria, por haber transcurrido el plazo de cuatro años. En síntesis, la Ley General Tributaria de 2003 habría «resuelto» el problema suscitado a raíz de la reforma de 1998, permitiendo, en concepto de responsabilidad civil derivada del delito, a través del procedimiento de apremio, exigir la deuda tributaria que hubiera ya prescrito administrativamente. Este trabajo pone de manifiesto que esas cuestiones afectarían a principios jurídicos tan relevantes como son el de seguridad jurídica o el de capacidad económica, y ello presenta un indudable interés en materia procedimental, por lo que respecta a las garantías de los contribuyentes.