Número de pateras interceptadas en la costa de Andalucía. Provincia Diferencia

Transcripción

1 8.3 Criminalidad Organizada Seguidamente se realiza un resumen de las apreciaciones manifestadas por las Fiscalías de Comunidades Autónomas y Provinciales sobre la incidencia del fenómeno de la criminalidad organizada en sus respectivos territorios, señalando con carácter previo que la actividad de las tres Fiscalías con competencia en todo el territorio nacional en materia de delincuencia organizada Fiscalía de la Audiencia Nacional, Fiscalía Especial Antidroga y Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, queda reflejada en los apartados de la presente Memoria dedicados a las mismas. 3.1 Comunidad Autónoma de Andalucía, Ceuta y Melilla El análisis del fenómeno del crimen organizado realizado por la Fiscalía de esta Comunidad Autónoma se inicia haciendo referencia al tráfico de seres humanos, fenómeno criminal grave y endémico que se desarrolla frente a las costas de Andalucía que presenta una disminución en los últimos años, aunque tuvo lugar en el año 2009 un repunte importante. Las cifras comparativas del ejercicio anterior, en relación con el año 2009 serían las siguientes: Número de pateras interceptadas en la costa de Andalucía Provincia Diferencia Almería 177 (7 patronos) 64 (16 patronos) -113 Granada Málaga 8 (0 patronos) 20 (3 patronos) +12 Cádiz 51 (7 patronos) 70 (3 patronos) +19 Total 262 (14) 175 (22) -87 (+8) En el análisis policial y criminológico del fenómeno, se señalan como causas que pueden incidir en la paulatina reducción de esta actividad delictiva endémica y extremadamente grave: 1. Los sistemas de vigilancia de perímetros fronterizos marítimos, tanto los nacionales como los organizados por la Agencia Europea de Fronteras (FRONTEX) que de forma continua facilitan 1285

2 información sobre embarcaciones irregulares en el Estrecho y el Mediterráneo. 2. La creación de grupos de inteligencia policial en los que se integran funcionarios españoles y extranjeros. 3. La captación de información operativa y su traslado a los Servicios de Migración de los países de salida de embarcaciones, buscando fórmulas de colaboración transfronteriza. 4. El conocimiento de información estratégica que permite conocer la presión migratoria existente en los países generadoras de migración irregular y su traslado a la Agencia Europea de Fronteras para el establecimiento de controles preventivos y para la organización de operativos policiales. 5. Los niveles eficaces de repatriación que genera un potente efecto disuasorio. Cabría añadir la necesidad de una mayor presión policial y administrativa sobre el tráfico ilícito de mano de obra y la contratación irregular, elementos que se configuran, en muchas ocasiones, como el verdadero efecto llamada de la inmigración irregular. Respecto de otras manifestaciones del crimen organizado en la Comunidad Autónoma no se aprecian variaciones que sean dignas de mención en relación con años anteriores, destacando el descenso del uso de la violencia o intimidación. Los grupos organizados pueden desarrollar toda clase de tipologías delictivas pero suelen actuar en tres campos tradicionales y bien determinados: Los delitos vinculados con el tráfico de sustancias estupefacientes, algunos delitos contra la propiedad; en especial robos violentos, delitos contra la propiedad intelectual o estafas masivas y, por último y en menor medida, delitos vinculados con redes de inmigración irregular con fines de explotación laboral o sexual o directamente con tráfico de personas en el Estrecho de Gibraltar. Estas actividades dan lugar con frecuencia a delitos instrumentales como el blanqueo de capitales o la falsedad. La tendencia observada durante el pasado ejercicio apunta el incremento de los delitos de robo con fuerza perpetrados por grupos organizados. Por otra parte, los delitos más comunes siguen siendo las falsedades, el tráfico de hachís y cocaína, el blanqueo de capitales, el robo con fuerza o violencia, la estafa y la tenencia ilícita de armas. Las provincias de Sevilla, Málaga y Cádiz presentan un nivel de riesgo alto. A su vez, aproximadamente, la mitad de los grupos que son investigados en Andalucía en estas provincias presentan caracteres de alta o muy alta peligrosidad. La provincia de Jaén presenta un 1286

3 perfil muy bajo; en tanto que las provincias de Granada, Almería, Huelva y Córdoba, por este orden, presentan un nivel medio. Algo más de la mitad de los integrantes de estos grupos son españoles. En cuanto a los extranjeros aparecen algunas cifras apreciables (aunque en ningún caso superan el 7 por 100) de ciudadanos marroquíes, rumanos, colombianos, nigerianos o procedentes del Reino Unido. Mención especial merecen las incautaciones. La eficaz labor policial consigue el periódico desmantelamiento de redes y la detención de centenares de personas directamente vinculadas con estos grupos, pero el nivel de efectos que son finalmente intervenidos no se corresponde con la extensión de la actividad delictiva que ha sido realizada. En este sentido, destacan las medidas adoptadas en relación con 35 inmuebles en Sevilla, 9 en Cádiz y 7 en Granada, todos aún sin valorar, vinculados a actividades delictivas organizadas, actuaciones que contrastan con los resultados de Málaga y Almería, donde no se ha incautado ningún inmueble a pesar de la vinculación que presenta la criminalidad organizada con el blanqueo de capitales en el ámbito inmobiliario. Como en años anteriores, se han incautado fuertes sumas de dinero, en moneda europea y en divisas. La cantidad más importante asciende a unos euros en la provincia de Sevilla y del bloqueo de otros euros, al margen de otros dólares que son intervenidos en efectivo. Las cantidades que se incautaron en otras provincias como Cádiz o Málaga son de escasa entidad ( euros y euros, respectivamente) y ponen de manifiesto que la actuación policial no consigue alcanzar las ingentes cantidades de dinero que producen estas actividades delictivas. Ello debe promover una reflexión acerca de la necesidad, conforme al espíritu de recientes reformas operadas en nuestro Código Penal, de actuar contra estas ganancias para combatir más eficazmente esta terrible lacra social que llega a poner en peligro, en ocasiones, la vigencia y actualización de nuestros derechos más elementales. Es preciso por tanto intensificar la coordinación de las unidades policiales con el Ministerio Público y con unidades de apoyo administrativas y especializadas en la persecución del rastro financiero de estos comportamientos criminales sistemáticos que generan enormes beneficios. Se destaca la incautación de alijos de hachís o de cocaína, camiones, turismos (hasta 48 en Sevilla y 33 en Málaga), embarcaciones, toda clase de armas, motocicletas, joyas, teléfonos, ordenadores y otros sofisticados dispositivos electrónicos. 1287

4 Al margen del tráfico de drogas, la criminalidad organizada tiene una incidencia desigual en esta Comunidad Autónoma. Mientras que en las provincias de Córdoba y Huelva, las manifestaciones del fenómeno son prácticamente nulas, si acaso con alguna actuación esporádica en la segunda provincia citada, por delitos de inducción coactiva a la prostitución o favorecimiento de la inmigración irregular. La Fiscalía de Córdoba señala que, aunque no se puede afirmar que existan tramas de delincuencia internacional asentadas en la provincia, sin embargo sí se ha observado la comisión de delitos por personas integradas en organizaciones que pudieran tener relación con otras de fuera de España. En la provincia de Cádiz se mantienen actuaciones delictivas organizadas vinculadas con el tráfico de seres humanos, lo que genera algunas actuaciones policiales de importancia contra la trata con fines de explotación sexual. En la provincia de Sevilla se contabilizan un número apreciable de actuaciones policiales vinculadas con la explotación sexual de ciudadanas rumanas, algunas menores de edad. Se desmanteló una red de inducción coactiva a la prostitución de mujeres chinas y otro grupo organizado procedente de Paraguay. En Huelva se detectó una red destinada a la contratación fraudulenta de trabajadores marroquíes en cuya actividad abundan formas delictivas de falsedad o estafa. Igualmente al margen del tráfico de drogas, no se detecta una incidencia relevante de grupos organizados en la provincia de Jaén o la Ciudad Autónoma de Melilla. Como es habitual, la situación cambia radicalmente en la provincia de Málaga y, en menor medida, en las provincias de Almería y Granada, que tienen un riesgo mayor en gran medida vinculado con el tráfico de seres humanos en el Estrecho y algunas redes vinculadas al tráfico de drogas. La provincia de Málaga es, sin lugar a dudas, la que presenta de manera persistente mayores riesgos y una actividad criminal vinculada con formas de delincuencia transnacional de extrema gravedad. Es importante el número de grupos dedicados al tráfico de hachís o de cocaína y al blanqueo de capitales. Señala la Fiscalía de Almería que la evolución de la delincuencia organizada en esta provincia se ha desarrollado durante el año 2010 en tipos delictivos que vienen siendo los mismos de años anteriores con algunas variaciones que reseñaremos a continuación con brevedad. Han dejado prácticamente de cometerse los en otro tiempo habituales secuestros entre individuos de origen marroquí y ha tenido lugar un incremento de otros tipos delictivos como los relativos a la prostitución y el favorecimiento de la inmigración ilegal mediante la comisión 1288

5 de delitos de falsificación, junto a la aparición de otros nuevos como la falsificación y distribución de moneda falsa. Las personas integrantes de estos grupos que actúan en la provincial de Almería proceden principalmente de países del Este de Europa y algunos del África Subsahariana en lo que se refiere a los delitos de prostitución, distribución de moneda falsa y atracos a establecimientos comerciales; y, por otra parte, en lo referido a los delitos relacionados con la inmigración, los integrantes de estos grupos tienen principalmente origen marroquí. Todos ellos cuentan con la lógica y necesaria colaboración de ciudadanos españoles integrados en los mismos y con una presencia más o menos importante según el tipo de delito llevado a cabo por el grupo. No olvida la Fiscalía de Almería una mención a la criminalidad en materia urbanística y económica, quizá por el grado de complejidad y sofisticación en su ejecución y por la necesidad de unos conocimientos contables y jurídicos más elevados que los de otras actividades ilícitas ya mencionadas. Es la delincuencia económica que se desarrolla en el ámbito de la administración pública y la urbanística la que mayor dificultad encierra en su persecución y exige un mayor nivel de conocimiento en áreas del derecho específicas, circunstancia la anterior que ha aconsejado un mayor nivel de especialización a la que responde la nueva estructura del Ministerio Fiscal. Por ello, se valora positivamente la existencia de un fiscal delegado de la Fiscalía Especial Anticorrupción y otro cualificado fiscal delegado en materia de Medio Ambiente y Urbanismo. 3.2 Comunidad Autónoma de Aragón La delincuencia organizada se manifiesta de forma muy puntual y concretada en determinadas especialidades delictivas en la provincia de Zaragoza, por lo que se entiende que no está afincada de manera constante, aunque se ha detectado un aumento de este tipo de criminalidad en relación con robos en buzones de correos y furgonetas de reparto, de efectos mercantiles para su falsificación y empleo en estafas y delitos similares. Asimismo, en delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, relativos a la prostitución, falsedades y estafas. Entre los procedimientos más importantes tramitados durante el año 2010 en la Fiscalía Provincial de Zaragoza, en los que se ha detectado algún tipo de organización delictiva, podemos citar los siguientes: 1289

6 Diligencias Previas 534/2010 del Juzgado de Instrucción núm. 11 de Zaragoza, sobre delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, favorecimiento de la inmigración ilegal, falsedad documental y estafa. Las actuaciones vinieron motivadas por la denuncia interpuesta por una ciudadana extranjera la cual manifestó haber sido víctima de una organización dedicada al tráfico ilegal de mujeres rusas, utilizando para ello documentación falsa, más concretamente visados Schengen de estancia necesarios para entrar en España, los cuales eran conseguidos en diferentes consulados en Moscú de países firmantes del Acuerdo Schengen. Se intervinieron tres certificados penales falsos, tres pasaportes con visado Schengen falsos y númerosa documentación relativa a los hechos investigados. Diligencias Previas 3201/2010 del Juzgado de Instrucción núm. 5 de Zaragoza por delitos de estafa, falsedad documental y contra derechos de los trabajadores, descubiertos en colaboración con la Sección de Investigación de la Seguridad Social de Madrid, respecto a una serie de empresarios que habían facilitado a súbditos extranjeros, certificados falsos de empresa para cobrar el subsidio por desempleo. Diligencias Previas del Juzgado de Instrucción núm. 4 de Zaragoza, por delitos de falsedad documental, delito contra los derechos de los trabajadores y favorecimiento de la inmigración ilegal. Producto de una identificación en la vía pública, se detectó a varios trabajadores de la obra del tranvía en Zaragoza con documentación falsa. Las investigaciones y averiguaciones posteriores lograron desenmascarar a una serie de personas que se dedicaban a emplear a trabajadores brasileños con documentación portuguesa o italiana falsa. Además se hacían constar más horas extras de las trabajadas, se simulaba el cobro por parte de trabajadores inexistentes y se exigía a algunos trabajadores una cantidad mensual de dinero para poder seguir trabajando. Sumario 1/06 del Juzgado de Instrucción de Ejea de los Caballeros. Tras la vigilancia e investigaciones pertinentes se acordó judicialmente la intervención de los teléfonos y la entrada y registro en los domicilios de unos individuos pertenecientes a una organización que se dedicaba a la venta de sustancias en las Cinco Villas y limítrofes. El primer eslabón de la organización era un procesado con residencia en Madrid y que era el proveedor de sustancias estupefacientes, el segundo eslabón lo componían tres individuos que se encargaban de distribuir la droga a terceros y el tercer eslabón estaba integrado por los distribuidores finales de la sustancia; en su estructura había una jerarquización, reparto de tareas y funciones. Procedimiento Abreviado 2424/10 del Juzgado de Instrucción núm. 10, seguido contra cinco súbditos colombianos, uno de ellos, en 1290

7 situación de irregularidad en España, a quienes se les ocupó un total de gramos de cocaína. Durante el año 2010, la Guardia Civil realizó en la provincia de Huesca cuatro operaciones catalogadas como de delincuencia organizada, toda vez que tres de los grupos investigados estaban formados por ciudadanos rumanos especializados en robos en centros oficiales, sustracción de cobre de las líneas de alta tensión y robo con fuerza en empresas y establecimientos públicos, y un grupo de ciudadanos originarios de la antigua Yugoslavia que se dedicaban al robo de camiones y remolques cargados de cobre, acero o aluminio por toda la geografía española. En la provincia de Teruel no se tienen datos de actividad de grupos organizados asentados, sin embargo proliferan en mayor medida pequeños grupos compuestos por dos o tres personas que provienen de provincias limítrofes y actúan de forma temporal cometiendo robos con fuerza en establecimientos regresando posteriormente a su provincia de origen. Este tipo de delitos disminuyó considerablemente durante el primer semestre del año 2010, volviendo a sufrir un incremento, en los últimos meses de dicho año. Respecto del robo de cable de cobre, tras ser desarticulado un pequeño grupo a finales del año 2009, hasta el segundo trimestre del año 2010 no se volvieron a cometer hechos parecidos, habiendo sido detenidos en el mes de septiembre tres personas de nacionalidad rumana con 600 kg de cobre que correspondía a 112 robos. También se detectó un grupo dedicado a robos con fuerza, y de uso de vehículos, cometidos en siete provincias españolas, y otro dedicado a robo de maquinaria pesada que operaba en varias provincias donde fueron detenidas 10 personas e incautados 12 vehículos pesados, un camión y dos turismos, así como euros. Por último, se desarticuló un grupo organizado dedicado al tráfico de sustancias estupefacientes a nivel internacional que introducía en España cocaína procedente de Venezuela, Costa Rica y Perú, habiéndose detenido un total de 16 personas e intervenido más de 11 kg de cocaína. En este supuesto se autorizó una entrega controlada de un paquete postal por un Juzgado de Madrid, llevándose la causa por el Juzgado de Instrucción número tres de Teruel, que fue quien autorizó las intervenciones telefónicas. En el grupo se distinguieron varios escalones: a la cabeza se encontraba un individuo residente en Venezuela y que visitaba de vez en cuando España, un escalón intermedio con el jefe en España que recibía órdenes directas del anterior, otro inferior, compuesto por dos personas, que residían en Zaragoza y se 1291

8 encargaban de crear la red de recepción de envíos, captación de colaboradores y distribución. En el último escalón se encontrarían dos grupos que se encargaban del menudeo. Se acordó la inhibición al Juzgado Central Decano de Instrucción. 3.3 Comunidad Autónoma del Principado de Asturias Los datos más relevantes en orden a la criminalidad organizada en Asturias durante el año 2010 están relacionados, fundamentalmente, con el tráfico de estupefacientes y con el patrimonio en términos similares a años anteriores. 3.4 Comunidad Autónoma de Cantabria El Fiscal Superior de esta Comunidad Autónoma manifiesta la escasa incidencia de manifestaciones de delincuencia organizada en su territorio, presumiblemente debido a que los núcleos de población son pequeños y con dificultades para el anonimato que requiere dicha criminalidad, además de la existencia de un control policial adecuado. No obstante se han detectado algunas manifestaciones en relación con hurtos en establecimientos mercantiles, delitos contra la propiedad intelectual o industrial, concretamente la venta de DVD o CD de imagen y sonido, así como algunos clanes de individuos o grupos formados por ciudadanos españoles y de otras nacionalidades como colombianos y magrebís, organizados puntualmente para llevar a cabo determinadas operaciones de tráfico y distribución de drogas. 3.5 Comunidad Autónoma de Castilla y León Las principales manifestaciones del fenómeno de la criminalidad organizada las refiere la Fiscalía Provincial de Burgos en cuyo territorio se han realizado 27 atestados policiales exclusivamente por delitos de tráfico de drogas, habiéndose detenido a 31 personas de diversas nacionalidades y aprehendido importantes cantidades de cocaína, hachís y heroína, entre otras sustancias. También se ha desarticulado un grupo organizado de súbditos albaneses dedicados a realizar delitos contra la propiedad y un grupo radical local con tenencia de explosivos. Por su parte la Fiscalía Provincial de Ávila reseña dos operaciones de drogas y una de robo de maquinaria. En el ámbito de la Fiscalía Provincial de León han sido detenidos en el último año, 55 personas vinculadas al crimen organizado en opera- 1292

9 ciones policiales relativas a delitos contra la propiedad y tráfico de drogas. En las Fiscalías Provinciales de Palencia, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora, sin perjuicio de algunas actuaciones ocasionales en relación con actividades delictivas realizadas por varias personas, principalmente relativas al tráfico de drogas, puede decirse que en sus territorios no se producen manifestaciones claramente atribuibles a grupos organizados radicados en las mismas. 3.6 Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha Las manifestaciones de delincuencia organizada que mayor incidencia tienen en esta Comunidad Autónoma son las referidas a los delitos relativos a la prostitución, contra la propiedad intelectual e industrial, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y contra la salud pública (tráfico de drogas), además de ciertas modalidades delictivas contra el patrimonio (así, robos en viviendas o en polígonos industriales, hurtos de cable de cobre en explotaciones agrícolas o estafas de distinta índole), cometidas por los integrantes de bandas organizadas, cuyo incremento en los últimos años no puede calificarse sino de preocupante, mientras que, conforme señala el fiscal de Ciudad Real, el resto de las modalidades delictivas tiene escasa o nula incidencia. Por lo que hace a los delitos relativos a la prostitución, y siguiendo al fiscal de Albacete, estas infracciones suelen tener por víctimas a mujeres procedentes de los países del Este de Europa o de Iberoamérica (particularmente de Paraguay, Brasil, Ecuador y Colombia), de clase social baja y deficiente nivel cultural, que son presa fácil de las mafias, que las captan en sus países de origen aprovechándose de su precaria situación económica, cuando no de su abierta necesidad, ganándose su confianza con falsas promesas de facilitarles un puesto de trabajo que les permita mejorar de condición, financiándoles el viaje a nuestro país, donde de forma inmediata son obligadas a trabajar como verdaderas esclavas sexuales en los establecimientos conocidos como clubes de alterne, en los que las mujeres permanecen retenidas bajo amenazas de represalias contra su persona o contra la de los familiares que continúan en sus países de procedencia, amenazas que en no pocas ocasiones son llevadas a efecto por los miembros de la organización, quienes se lucran con la explotación sexual de las mujeres, obligándoles a hacerles entrega de las ganancias que obtie- 1293

10 nen por el ejercicio de la prostitución so pretexto de una supuesta deuda contraída por aquéllas con ocasión de su traslado a España. El fiscal de Cuenca hace mención en su Memoria a un procedimiento seguido contra los autores de la explotación sexual de ciudadanas en varios locales de la provincia, en el que se ha puesto de manifiesto la actuación organizada de los imputados quienes, conforme al esquema indicado, captaban a las mujeres en diferentes países iberoamericanos, financiando su traslado a España, para, una vez en nuestro país, forzarlas a ejercer la prostitución de manera coactiva. Por su parte, en el epígrafe que dedica a la criminalidad organizada, el fiscal de Toledo hace una genérica alusión a ciertas detenciones practicadas en esa provincia en casos de delitos de prostitución. Respecto de los delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el fiscal de Albacete destaca un año más que dichas infracciones se caracterizan por la internacionalidad, referida no tanto a la condición de ciudadanos extranjeros de la mayoría de sus autores, cuanto al hecho de que la fabricación de los soportes en que se plasma la obra artística ilegalmente reproducida se lleva a cabo fuera de España; la especialización, que se traduce en el empleo de material y programas informáticos específicos, incluidos ordenadores con complejos y sofisticados sistemas de grabación simultánea, impresoras, plastificadoras y otros aparatos cuyo manejo requiere en ocasiones de un elevado nivel de conocimientos técnicos, y distribución de tareas, de suerte que los integrantes de la organización tienen asignados distintos cometidos en función de la fase del proceso delictivo en que sucesivamente intervienen (así, fabricación de los soportes, transporte, almacenamiento, grabación, etiquetado, distribución y venta de los mismos). Precisamente la venta de esos soportes tratándose de delitos contra la propiedad industrial, la de los productos de las más variada índole que son objeto de falsificación suele encomendarse a ciudadanos procedentes del África subsahariana, particularmente, de la República del Senegal y de la República de Mali o de la República Popular China, que integran el último eslabón de una cadena delictiva que tiene su origen en diferentes países asiáticos, donde se fabrican los mencionados soportes o los productos falsificados. La comprensible simpatía que en ocasiones pueden despertar quienes, constituidos en el último peldaño de la pirámide delictiva, se dedican a vender en la vía pública distintos productos que no son sino reproducción o imitación de los creados o fabricados por los titulares de los respectivos derechos de propiedad intelectual o industrial, no debe hacer olvidar que nos encontramos en presencia de una manifestación más de la 1294

11 criminalidad organizada, en la que poderosas organizaciones llevan a cabo de manera perfectamente planificada un proceso delictivo que reporta a quienes las dirigen ingentes beneficios económicos. Tal y como recuerda el fiscal de Albacete, la investigación de estos delitos se enfrenta a obstáculos poco menos que insalvables desde el momento en que, según queda dicho, la gran mayoría de esos productos piratas son fabricados en países asiáticos, desde donde son transportados a Europa en grandes barcos de contenedores, resultando casi imposible controlar su entrada en territorio español, normalmente a través de los puertos que registran una mayor actividad. Una vez en España, esos productos son depositados en almacenes o naves industriales situados en los polígonos del extrarradio de las ciudades más importantes, desde donde, en pocos días, son distribuidos por todo el territorio nacional, haciendo muy difícil su intervención. Es cierto, desde luego, que no resulta excepcional la detención de personas relacionadas con el almacenamiento o distribución de los productos piratas, así como la incautación de los mismos, pero no lo es menos que los detenidos suelen ser meros asalariados de las personas de confianza de los principales responsables de las organizaciones, y que el porcentaje de productos incautados en proporción a su volumen total, es poco menos que insignificante. Ya en el terreno judicial, continúa el fiscal de Albacete, surgen otras dificultades, no siendo desdeñable la del transporte, almacenamiento y custodia en dependencias policiales o judiciales de los efectos intervenidos, problema que podría verse paliado mediante la concesión de autorización judicial para proceder a la destrucción de dichos efectos, de los que, huelga decirlo, habría de conservarse una parte para su examen pericial. Asimismo, no siempre es fácil determinar la identidad de las personas detenidas por la venta callejera de los productos piratas puesto que con frecuencia se trata de ciudadanos extranjeros que carecen de documentación y que utilizan como propias diferentes filiaciones, provocando la consiguiente confusión acerca de su verdadera identidad, siendo habitual comprobar en la diligencia de antecedentes policiales incorporada a los atestados que una misma persona ha sido condenada en varias ocasiones por distintos Juzgados bajo diferentes identidades. E igualmente se vienen planteando problemas, sobre todo en el ámbito de los delitos contra la propiedad industrial, para la práctica de determinadas diligencias periciales, particularmente cuando vienen referidas a informes sobre prendas de vestir o complementos de las mismas en los que el titular del modelo o signo distintivo debe acreditar su condición de tal o aportar un informe referido a los concretos efectos intervenidos; 1295

12 informe que, tratándose de incautaciones de poca importancia, suponen un gasto mayor que el perjuicio derivado del delito. Sentado lo anterior, es lo cierto que, según hace constar el mismo fiscal, en el año 2010 no se ha registrado en Albacete ningún proceso de importancia por delitos del tipo que comentamos; circunstancia que no ha impedido un aumento considerable de las causas seguidas por delitos contra la propiedad intelectual e industrial, si bien referidas en todo caso a supuestos de escasa entidad, que a partir de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/10 tienen la consideración de meras faltas contra el patrimonio. Otro de los delitos que, casi por definición, es cometido por bandas organizadas es el delito contra los derechos de los trabajadores, ya en su modalidad de facilitar la entrada ilegal en nuestro país de ciudadanos extranjeros, ya en la de, una vez que éstos se encuentran en España, imponerles condiciones de trabajo que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tienen reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual, bien entendido que, por lo general, una y otra conducta se encuentran en una relación de medio a fin, supuesto que el favorecimiento de la inmigración ilegal viene a ser una actividad delictiva instrumental que no se agota en sí misma, sino que va aparejada a subsiguientes fenómenos de explotación, tanto en el terreno de la explotación laboral como, tratándose de mujeres, en el de la explotación sexual. A este respecto, el fiscal de Albacete describe el proceso de captación, selección, recogida y explotación de ciudadanos extranjeros por parte de las mafias dedicadas al tráfico ilegal de mano de obra, destacando, en todo caso, que por tercer año consecutivo la actuación de la Inspección de Trabajo en este ámbito durante la pasada campaña agrícola ha constituido un notable éxito. En ese mismo sentido, el fiscal de Ciudad Real destaca en su Memoria la disminución de las operaciones policiales llevadas a cabo durante el pasado año en relación con la contratación ilegal de ciudadanos extranjeros para la realización de labores agrícolas, que dicho fiscal atribuye a la reducción de la contratación de mano de obra extranjera y al incremento de la labor inspectora de la Inspección de Trabajo y de la Dirección General de Trabajo e Inmigración de la Consejería de Empleo, Igualdad y Juventud. El tráfico de drogas, y el consiguiente blanqueo de las ganancias obtenidas a partir del mismo, constituyen una de las más claras manifestaciones de la delincuencia organizada en nuestro país. De hecho, y tal y como apunta el fiscal de Ciudad Real, la mayor parte de los delitos de esta naturaleza responden al perfil de criminalidad organizada, 1296

13 ya que sus autores se integran en una estructura con el consiguiente reparto de funciones entre los mismos, dedicándose de manera permanente a sus actividades delictivas, que constituyen su modus vivendi, y operando en diferentes territorios. De la importancia de esta actividad delictiva puede dar una idea el dato, aportado por el mismo fiscal, de que, tal y como sucediera en 2009, de las once operaciones contra la delincuencia organizada desarrolladas durante el pasado año en Ciudad Real y su provincia por la Guardia Civil, siete vinieron referidas a delitos de tráfico de drogas, operaciones que se saldaron con la detención de setenta y ocho personas, y de entre las que destacan la operación Montoly, que concluyó con la detención de veintidós personas en Pozuelo de Calatrava, Miguelturra y Madrid y la intervención de dos kilos de cocaína, dieciséis kilos de marihuana y siete vehículos, entre otros efectos, y la operación Yasta, que, por su parte, finalizó con la detención de dieciocho personas en Campo de Criptana, Leganés, Móstoles y Albacete, a las que se intervinieron gramos de cocaína, euros y cinco turismos. En relación con los delitos de tráfico ilegal de drogas el fiscal de Albacete da cuenta de la sentencia dictada en el rollo 1/10 de la sección 1.ª de la Audiencia Provincial, dimanante del procedimiento abreviado 3682/08 del Juzgado de Instrucción número 1 de la capital, seguido contra nueve ciudadanos españoles por otros tantos delitos contra la salud pública del artículo 368 del Código Penal, y en el que con fecha 1 de julio de 2010 se dictó sentencia condenatoria respecto de ocho de los acusados, que, según se declaró probado, desde mediados de 2008 y hasta el mes de febrero de 2009 se habían venido dedicando de manera organizada al tráfico de cocaína, a quienes se impusieron distintas penas de prisión que suman treinta y cinco años, así como multas por un importe total de euros. Como ya se adelantó, la actuación de bandas organizadas en el ámbito de los delitos contra el patrimonio viene experimentando durante los últimos años un preocupante incremento. Y así, se observa que los integrantes de esos grupos van ampliando sus actividades en función del aumento de la demanda de determinados bienes de consumo, resultando particularmente llamativo el incremento que durante los últimos años vienen experimentando los delitos de hurto y robo con fuerza de cable de cobre en explotaciones agrícolas o en líneas telefónicas. De hecho, y tal y como señala el fiscal de Ciudad Real, cuatro de las once operaciones contra la delincuencia organizada llevadas a cabo durante 2010 en la provincia de Ciudad Real por la Guardia Civil tuvieron por objeto la desarticulación de otras tantas bandas de delincuentes procedentes en su mayoría de Rumania y otros países 1297

14 del Este de Europa que, ante el alto valor alcanzado por el cobre, se vienen dedicando profesionalmente a la sustracción de dicho metal allí donde se encuentre, a cuyo efecto no dudan en destrozar y dejar inoperantes aquellos sistemas de riego o de comunicaciones, entre otros, que para su correcto funcionamiento requieren de ese elemento. A este fenómeno delictivo también alude el fiscal de Cuenca, quien, después de referirse a unas diligencias incoadas para el esclarecimiento de hurto de cableado metálico, señala la distribución de funciones entre los componentes de la trama, algunos de cuyos integrantes se dedican a la sustracción y transporte de los efectos que contienen el cobre, otros a su transformación y otros a su venta al peso en establecimientos de desguace y tratamiento de chatarra. También el fiscal de Cuenca informa acerca de otras dos diligencias seguidas en relación con la actividad delictiva de sendas organizaciones dedicadas, en este caso, a efectuar transferencias bancarias no consentidas mediante la obtención fraudulenta de las claves de acceso de los titulares de la cuenta y a la contratación de líneas de telefonía móvil usando datos falsos u obtenidos fraudulentamente de sus titulares mediante las que denomina técnicas de ingeniería social, para de esa forma beneficiarse del uso de los terminales, bien a costa de los operadores bien a la de las personas cuyos datos utilizan. En fin, de las cuatro diligencias previas incoadas por delitos de asociación ilícita a que el fiscal de Guadalajara hace expresa mención en su Memoria, tres de ellas (Diligencias Previas 1043/10 y 1047/10 del Juzgado de Instrucción número 3 de la capital, y 729/10 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Sigüenza), vienen referidas a la comisión por parte de los integrantes de esas asociaciones de delitos de robo con fuerza en las cosas. En relación con la actuación de bandas organizadas en la comisión de delitos patrimoniales, el fiscal de Ciudad Real reitera algunas de las consideraciones que ya puso de manifiesto en la Memoria de 2009 y que, por su indudable interés, se resumen a continuación. En primer lugar, y partiendo del modus operandi empleado por los miembros de esas organizaciones (distintos hechos delictivos cometidos en diferentes poblaciones en un corto espacio de tiempo), que, normalmente, dan lugar a la incoación de diversos procedimientos en varios Juzgados de Instrucción, se hace imprescindible establecer Protocolos de actuación entre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, los Juzgados y la Fiscalía para identificar adecuadamente las manifestaciones de delincuencia organizada y darles un tratamiento conjunto, a cuyo efecto la propia Fiscalía se revela como elemento idóneo para canalizar la información disponible y coordinar la actuación investigadora, tanto 1298

15 de las fuerzas policiales como de los órganos de instrucción. A tal fin resulta de todo punto aconsejable la creación de grupos de Policía Judicial especializados en este tipo de delincuencia. En segundo lugar, se aboga por que desde la Fiscalía se mantengan criterios uniformes en las cuestiones de competencia que puedan suscitarse entre los distintos Juzgados de Instrucción en los que se siguen actuaciones por delitos cometidos por bandas organizadas, procurando que todas ellas se sustancien en un solo procedimiento; no obstante las reticencias de dichos órganos a asumir la competencia respecto del conocimiento de unas causas cuya instrucción suele resultar compleja, con la indeseable consecuencia de que los númerosos delitos cometidos por los integrantes de esas organizaciones dan lugar a la incoación de otros tantos procedimientos en los que, inevitablemente, las responsabilidades de los presuntos autores y el concepto mismo de criminalidad organizada tienden a diluirse. Por último, plantea el fiscal de Ciudad Real la conveniencia de la adopción de la medida de prisión provisional respecto de los integrantes de estas bandas habida cuenta de que, siquiera en principio, concurren en los mismos los requisitos previstos al efecto en el artículo y 2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en particular, la necesidad de asegurar la presencia del imputado en el proceso atendido el evidente riesgo de fuga existente (piénsese que buena parte de quienes se integran en bandas criminales organizadas carecen de domicilio conocido en nuestro país y en no pocas ocasiones utilizan distintas identidades, de forma que no es infrecuente que existan dudas acerca de su verdadera filiación) y la de evitar el riesgo de que el imputado cometa otros hechos delictivos análogos, riesgo que se representa como evidente desde el momento en que esos individuos y las organizaciones a las que sirven han hecho de la delincuencia su modus vivendi. Sin embargo, llegado el momento de resolver sobre la situación personal de los detenidos, pocas veces existe constancia de su pertenencia a una banda criminal, circunstancia que dificulta la adopción de una medida que, con los datos obrantes en la causa, en ocasiones delitos de robo con fuerza en grado de tentativa, no aparece debidamente justificada, acordándose en la generalidad de los casos la libertad del imputado, del que pocas veces se vuelve a tener noticias, y que de esa manera consigue burlar la acción de la Justicia, reforzando la sensación de impunidad común entre los delincuentes profesionales. De ahí, precisamente, la necesidad, ya comentada supra, de establecer mecanismos de coordinación que permitan reconocer desde el momento mismo de su detención a quienes forman parte de redes criminales organizadas. 1299

16 3.7 Comunidad Autónoma de Cataluña La Fiscalía Provincial de Barcelona tiene establecido un servicio cotidiano que permite conocer las actuaciones de las unidades de Policía especializadas en delincuencia organizada, obteniendo información que suministran por correo electrónico o mediante documentación que es aportada a la Unidad Adscrita de la Fiscalía. Por tal procedimiento, las intervenciones de coordinación efectiva fueron múltiples en 2010, como en los pasados ejercicios y, sin que se documentaran exhaustivamente es una deficiencia obligada por la celeridad de los acontecimientos y la urgencia de cada caso, tuvieron que ver con incidentes de los servicios de guardia con los Juzgados de Instrucción, generalmente ante la puesta a disposición de detenidos con imputaciones de integración en asociaciones ilícitas, pero también para apoyo o asesoramiento en la solicitud de medidas de investigación restrictivas de los derechos fundamentales (intervenciones telefónicas y mandamientos de entrada y registro domiciliario). Las actuaciones preprocesales en materia de criminalidad organizada son escasas, toda vez que la naturaleza de la materia obliga a la Policía a «judicializar» desde el primer momento sus investigaciones. Ello no es extraño, puesto que es sabido que la intervención de las comunicaciones se ha convertido razonablemente en la herramienta principal de la investigación en materia de criminalidad organizada. En consecuencia, a la Fiscalía llega noticia de las operaciones en su fase de explotación, irremediablemente, y la oportunidad de incoar diligencias de investigación propias de la Fiscalía se da muy excepcionalmente. Al hilo de lo dicho, únicamente se han tramitado un expediente de diligencias de investigación penal de este servicio, al que se asignó el núm. 51/2010-D, incoado tras comparecencia de una letrada que ofreció información procedente de un cliente en un procedimiento por tráfico de drogas. Los datos aportados por la abogada fueron valorados por los Mossos d Esquadra por orden del fiscal delegado, concluyendo con la interposición de una denuncia ante los Juzgados de Badalona en que el Fiscal interesaba también la autorización de interceptación de las comunicaciones telefónicas, tramitándose en la actualidad diligencias previas en las que ya ha habido dos detenidos y se han incautado aproximadamente 1,5 kg de ketamina importada de la India. En las Diligencias de Investigación núm. 15/2009 que se iniciaron por información de la Guardia Civil en cuanto a una actividad de venta de placas-insignia de distintos cuerpos policiales falsificadas, aunque 1300

17 sin constancia de que los adquirentes las hubieran utilizado para cometer hechos delictivos, se presentó denuncia ante el Juzgado de L Hospitalet de Llobregat por delitos de falsedad documental. Son númerosos los procedimientos judiciales iniciados en 2010 así como otros ya reseñados en pasadas Memorias, que siguen tramitándose en fase de instrucción, entre ellos se pueden citar: la denominada «operación ALEJANDRÍA» de la Policía Nacional en relación con delitos de inmigración ilegal y explotación de la prostitución; la operación «PISTA» realizada por los Mossos d Esquadra por asaltos en las autopistas; la operación «Costa Alta» realizada por la UDYCO, referida a la importación masiva de hachís desde Marruecos y vía Portugal; las denominadas operaciones «Propanol I y II», realizadas por los Mossos d Esquadra por delito contra la salud pública, consistente en el engorde ilegal de ganado. Entre los procedimientos referidos a criminalidad organizada que están pendientes de enjuiciamiento o sentencia, se pueden citar: la denominada operación «alunizajes», realizada por los Mossos d Esquadra en relación con robos en serie de automóviles y mercancías de lujo; así como casi una veintena de procedimientos relativos al tráfico de drogas y delitos contra la propiedad, especialmente, robos de cable de cobre. El contenido de dichos procedimientos evidencia que las organizaciones criminales en la provincia de Barcelona se dedican fundamentalmente al tráfico de drogas, aunque puedan completar sus actividades con otras modalidades delictivas igualmente lucrativas o cometer los delitos precisos para proteger sus intereses comerciales ilícitos. En tales actividades se detecta el empleo de violencia cuando ha sido preciso para ampararlas frente a las víctimas perjudicadas o las fuerzas del orden, pero también como forma de dominio sobre colectivos rivales. Señala el fiscal de Tarragona que su territorio tiene 212 kilómetros de costa, dispone de buenas vías de comunicación terrestres, marítimas y aéreas, un alto nivel de vida, diversidad de actividades económicas y una importante infraestructura turística. Asimismo indica que existen más de 600 urbanizaciones, algunas de ellas en lugares poco poblados. Estos factores facilitan la implantación de grupos organizados cuyo objeto es la comisión de delitos. Fundamentalmente las manifestaciones delictivas de estos grupos están referidas al tráfico de drogas a media o gran escala, a la falsificación de tarjetas de crédito, mediante el duplicado de tarjetas auténticas y su posterior utilización, la explotación sexual de mujeres extranjeras, los llamados robos silenciosos, y otros robos con fuerza en las 1301

18 cosas, realizados en polígonos industriales y establecimientos comerciales. En lo referente a los grupos organizados que se dedican al traslado de grandes cantidades de hachís desde Marruecos por vía marítima, ya se había informado en años anteriores de los frecuentes desembarcos en playas solitarias de la provincia en el tramo de costa que va de Salou a Les Cases de Alcanar, donde hay muchos parajes alejados de cualquier núcleo urbano, especialmente en las calas que hay entre l Hospitalet de l Infant y la Ampolla, y en la zona del Delta del Ebro, donde hay poca edificación, y son zonas de difícil control. La importante vigilancia policial que hay en las costas de Andalucía y Levante motiva un desplazamiento del tráfico hasta las costas tarraconenses que constituyen un espacio muy favorecedor para la descarga de hachís, procedente de Marruecos. Embarcaciones semirrígidas con cuatro motores de 250 caballos cada uno, navegan durante unas doce horas, descargan los fardos de droga, recargan combustible y regresan al norte de África. En algunas ocasiones, la droga se transporta en barco, que fondea en las proximidades de la costa, y en pequeñas embarcaciones neumáticas, la mercancía es trasladada hasta la playa. Estos grupos suelen aprovecharse de personas con pocos recursos económicos para realizar las tareas de desembarco de la droga. Entre los responsables de los grupos suele haber ciudadanos españoles, aunque también de países del Este de Europa. No obstante a las costas de Tarragona también llegan ciudadanos de Francia, Bélgica, Gran Bretaña y Alemania para efectuar una operación de desembarco, y seguidamente trasladar la mercancía a su respectivo país de origen donde pueden conseguir hasta tres veces más de su valor. Entre las bandas que se dedican al tráfico de hachís, como ya se indicó en la anterior Memoria, destaca el aumento de la peligrosidad, especialmente en relación con otros grupos que se dedican a la misma actividad entre los que se ha establecido una fuerte rivalidad y desconfianza. Se han dado episodios de robos, secuestros y venganzas entre integrantes de grupos rivales. En la organización logística de los alijos cada vez se adoptan más precauciones en orden a la prevención del riesgo de robo de la droga. Uno de los cambios que se están detectando en este último año es que, ante el incremento de la vigilancia marítima, los desembarcos por medio de embarcaciones semirrígidas antes aludidas, ha disminuido, y se utilizan nuevos sistemas como el uso de barcos de pesca que pasan más desapercibidos en el momento de salir a faenar o descargar la mercancía en puertos pesqueros. 1302

19 Otra novedad ha sido el incremento de grupos organizados de ciudadanos franceses de origen magrebí instalados en la provincia de Tarragona con infraestructura suficiente para desplazar importantes cantidades de droga desde el sur de España hasta Francia. Mediante el llamado «método go fast», consistente en la utilización de vehículos de gama alta y gran cilindrada, que en talleres clandestinos previamente han modificado las características del vehículo, introducen sustancias estupefacientes, normalmente hachís, en huecos ocultos, y realizan viajes a gran velocidad. Normalmente van precedidos de vehículos «lanzadera» que se encargan de avisar al coche o coches que portan la mercancía de la posible presencia policial en los peajes de las autopistas utilizadas, normalmente la autopista AP-7. Estas personas son extremadamente violentas en el momento de su detención, no dudando en embestir con sus vehículos a los policías actuantes, para intentar la huída También hay que destacar grupos de personas de nacionalidad colombiana que se dedican el tráfico ilícito de cocaína a mediana escala, realizando viajes a ciudades grandes, como Madrid, Barcelona, Valencia y Zaragoza, donde transportan o donde se surten, en connivencia con ciudadanos españoles, de varios kilogramos de cocaína, distribuyéndola posteriormente por diversos puntos de la provincia. En algunos casos, dichos grupos actúan con empresas de reparto, que entregan paquetes facturados en Sudamérica con destino a ciudades de este territorio, de envíos de cocaína, la cual se encuentra oculta en figuras de artesanía, libros u otros artículos. Dichos grupos poseen establecimientos como locutorios, comercios y bares, que en ocasiones, destinan al blanqueo de los capitales obtenidos con este ilícito tráfico; a veces se utilizan también como tapadera para la distribución. La dificultad que entraña la investigación de estas actividades es elevada, dado que frecuentemente hay múltiples personas físicas y jurídicas interpuestas, lo que dificulta la identificación del titular efectivo. Como ya se informó en la anterior Memoria, en el año 2009 se detectó un nuevo método para la introducción de droga por parte de organizaciones extranjeras a través del puerto de Tarragona. La entrada de grandes barcos de transporte de mercancías, hace que, los mismos, por su gran tamaño, sean especialmente idóneos para camuflar entre la mercancía la droga enviada. Esta modalidad no es ajena al gran aumento del tráfico de contenedores que ha experimentado el puerto. Ello ha motivado que aumente el control sobre los mismos por parte de las autoridades aduaneras y policiales. 1303

20 Pocas novedades hay que añadir a lo informado en años anteriores respecto de la falsificación de tarjetas de crédito, en concreto al «doblaje», clonación y alteración de las mismas, así como su posterior utilización. También hay que destacar grupos organizados, fundamentalmente del Este de Europa, que se dedican a la explotación sexual de mujeres extranjeras, especialmente de los mismos países del Este europeo, a las que captan antes de desplazarse a España, valiéndose de engaño consistente en la oferta de trabajos relacionados con la hostelería, aprovechando su situación de necesidad. Al llegar a España se les retiene el pasaporte, se les exige un pago por el traslado, se las engaña en cuanto a la tramitación de las autorizaciones de trabajo y residencia para regularizar su situación en territorio español. A menudo se las recluye en viviendas, privándolas de libertad, utilizando amenazas, tanto en relación hacia ellas como a los familiares de sus países de origen. En el juicio oral, es frecuente que dichas víctimas en su condición de testigos se retracten de sus iniciales declaraciones inculpatorias iniciales. Todo ello pone de relieve el temor que estas personas tienen hacia sus antiguos captores, bien sea por las posibles venganzas hacia ellas o por las que pudieran ejercer sobre sus familiares residentes en su país de origen. Sobre los robos con fuerza en chalés y apartamentos, son por lo general cometidos por grupos organizados de individuos procedentes de la antigua Yugoslavia, concretamente de origen albano-kosovar, que se apoderan de dinero, joyas y pequeños electrodomésticos, teléfonos móviles, ordenadores portátiles, cámaras fotográficas y de vídeo. Los robos los cometen a cualquier hora de la tarde o de la noche, incluso cuando los moradores se hallan durmiendo. Los objetivos escogidos por dichas bandas han sido selectivos, no entraban en cualquier vivienda, sino en aquellas donde tenían la certidumbre de que había un importante lucro que obtener. Su actuación es rápida, para conjurar el riesgo de ser detenidos. Hay que destacar los robos con fuerza protagonizados por bandas organizadas en locales, talleres y naves ubicadas en polígonos industriales. Dichos grupos obtienen información previa de sus objetivos, mediante la observación directa de los locales para asegurar el éxito de su actividad depredadora. El «modus operandi» requiere una alta especialización por parte de sus autores, que escalan desde el exterior de las naves hasta el techo, para realizar allí un agujero, descolgándose al interior, evitando las alarmas, deslizándose por falsos techos, para ir 1304