Las políticas de agua y saneamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Nuevas o viejas desigualdades?

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1 Las políticas de agua y saneamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Nuevas o viejas desigualdades? Melina Tobías Maestranda en Sociología Económica IDAES UNSAM. Becaria doctoral CONICET. Área de Estudios Urbanos, Instituto de Investigaciones Gino Germani, FSOC- UBA. melina.tobias@gmail.com RESUMEN: En la década del 90, la prestación de servicios de agua potable y alcantarillado en Argentina se vio afectada por la instauración del modelo neoliberal que alentó su privatización. Uno de los casos más controvertidos de este proceso fue la concesión de la empresa Aguas Argentinas S.A. encargada de abastecer de agua y cloacas al gran parte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde hasta entonces habitaban cerca de 9 millones de personas. La falta de cumplimiento del contrato y la crisis económica que vivió el país en el 2001 agravaron la situación de la empresa, generando el quiebre de la concesión y la re-estatización del servicio a través de la creación de empresa estatal Agua y Saneamiento Argentinos S.A. (AySA) en el año La nueva gestión debe afrontar importantes desafíos: un atraso histórico en la inversión, la multiplicación de usos informales sin acceso al agua y saneamiento y una gran inequidad socioespacial en la expansión del servicio. Como resultado de esta situación, en el Área Metropolitana de Buenos Aires viven cerca de 3 millones de personas sin servicio de agua potable y 6 millones sin acceso a desagües cloacales. En este artículo buscaremos describir la situación de agua y saneamiento en el AMBA en las últimas décadas, contrastando la gestión privatizada del servicio durante los 90; con la gestión estatal iniciada en el Intentaremos analizar cuáles son los principales desafíos que debe afrontar la gestión actual en relación a su financiamiento y a la demanda social. Para responder a estas preguntas, se trabajará con un enfoque que incorpore técnicas cuantitativas y cualitativas que permitan complementar el análisis de los datos censales con los resultados obtenidos de entrevistas en profundidad realizadas a diferentes actores vinculados a la gestión del agua y saneamiento en la región.

2 INTRODUCCIÓN La privatización del servicio de agua y saneamiento en el área del Área Metropolitana de Buenos Aires 1 durante la década de los 90 ha sido extensamente estudiada en los últimos años (Azpiazu et al., 2004; Catenazzi, 2006; Ferro, 2002; Gaggero et al., 1992; Solanes; 2006; Ordoqui Urcelay, 2007; etc.).esto se explica en gran parte por la magnitud técnica y económica del sistema privatizado, que abarcó la prestación de servicios a más de ocho millones y medio de habitantes 2, pasando así a representar la concesión más grande del mundo. A su vez, existe también una diversidad de textos que permiten dar cuenta de los saldos que tuvo la privatización del agua y saneamiento en materia de desigualdad social (Lentini, 2007; Arza, 2003), centrados principalmente en los reiterados incrementos tarifarios y en los incumplimientos de la concesionaria respecto a la extensión de la red del servicio. Sin embargo, a seis años de la rescisión del contrato y de la creación de la empresa de capital estatal Agua y Saneamiento S.A. (AySA); el estudio sobre las implicancias de la re-estatización del servicio conforma un área de vacancia dentro de los estudios académicos, de allí nuestro interés por abordar esta dimensión dentro del análisis del sector. El trabajo consta de cuatro apartados. En el primero se realiza una sucinta descripción de las principales características de la privatización del servicio de agua y saneamiento, mientras que en el segundo se buscará analizar cuáles fueron los impactos sociales de la privatización enfatizando los efectos que éste proceso tuvo en los sectores de menores recursos. En el tercero se hará alusión al retorno del estado en la provisión del servicio, estudiando para ello la gestión de la empresa estatal AySA. Por último, en el cuarto apartado se indagará cuáles son los principales desafíos de la reestatización, esbozando para ello algunas conclusiones sobre la gestión de servicios públicos en el área metropolitana. 1 Por Área Metropolitana de Buenos Aires entendemos en conjunto urbano que comprende la Ciudad de Buenos Aires y los 24 partidos del Gran Buenos Aires (Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Gral. San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López), de los cuales sólo 17 municipios bonaerenses son servidos por AySA. 2 El área donde la empresa presta servicios se denomina Área Sanitaria Metropolitana y comprende la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 17 municipios del conurbano bonaerense: Vicente López, Tigre, San Isidro, San Fernando, San Martín, Tres de Febrero, Hurlingham, Ituzaingó, Morón, La Matanza, Esteban Echeverría, Ezeiza, Almirante Brown, Lomas de Zamora, Quilmes, Lanús y Avellaneda.

3 LA ERA PRIVATIZADORA EN EL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO: LA GESTIÓN DE AGUAS ARGENTINAS S.A. En la Argentina, la prestación del servicio de agua y saneamiento ha estado en manos de la empresa estatal Obras Sanitarias de la Nación (OSN) hasta el año 1993, momento en que se concretó la privatización del servicio. Si bien el presente trabajo se centra en el período de la privatización y la reestatización del servicio, es importante remontarnos algunas décadas atrás y distinguir dos momentos distintos dentro de la etapa pre-privatización para entender el contexto en el que se dan estos procesos. El primer momento, desde la creación de OSN en 1912 hasta la década del ochenta, cuando la empresa estatal estuvo encargada de extender la prestación de sus servicios a casi la totalidad del territorio nacional a través de la expansión de un modelo centralizado de gestión regido por la una lógica de universalización del servicio 3. Y, el segundo, desde inicios de la década del ochenta hasta el momento de la privatización a principios de los noventa, caracterizado por una creciente descentralización y desfinanciamiento del sector público 4 que provocó fuertes inequidades sociales, siendo la población no atendida aquella que reside en los partidos de menores ingresos per cápita (Azpiazu y Forcinito, 2001). Siguiendo los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda, al momento de la privatización en el año 1993, el 73% de la población (cerca de 6 millones de habitantes) correspondiente al área provista por OSN en el Gran Buenos Aires tenía acceso al agua potable, y tan sólo el 56% (5 millones de habitantes) contaba con desagües cloacales, porcentaje que disminuye notablemente si se excluye la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que para ese entonces presentaba una cobertura cercana al 100 % en ambos servicios. En este sentido, en el área correspondiente al conurbano bonaerense la cobertura de agua alcanzaba a un 53% de la población, mientras que el servicio de cloacas tan sólo llegaba al 35% de habitantes (Ferro, 2002 & Catenazzi, 2006). Ante este panorama, y en un contexto de importantes reformas estatales 5, la alternativa privatizadora fue ganando terreno dentro del discurso político y la opinión pública. El Estado comenzó a 3 Para ese entonces, el servicio de agua y saneamiento en el país era provisto también por otros organismos públicos como son el Servicio Nacional de Agua Potable, encargado de abastecer áreas rurales y Obras Sanitarias de Buenos Aires, encargado de brindar el servicio a algunas ciudades de Buenos Aires. Dichos organismos, juntos a OSN, coexistían con algunas empresas y cooperativas locales. 4 En 1980 el gobierno militar de turno dispuso la división de OSN en 161 sistemas de agua potable y cloacas y la transferencia de éstos a las diferentes provincias. Así el área de suministro de OSN quedó reducido a las Capital Federal y trece partidos del conurbano bonaerense. 5 Especialmente la Ley de Reforma del Estado (N ), y la Ley de Emergencia Económica (Nº ), que básicamente se centraron en redefinir las relaciones de interacción entre el sector privado y el sector público, imponiendo restricciones a las funciones del Estado.

4 desprenderse, mediante concesiones o venta de sus empresas, de la provisión de los servicios públicos básicos, entre ellos el agua y saneamiento. Así, a principios del mes de mayo de 1993 se dispuso la privatización de OSN mediante un régimen de concesión integral de la empresa por un lapso de 30 años al consorcio Aguas Argentinas S.A. (AASA), liderado en ese momento por el grupo francés Suez Lyonnaise des Eaux-Dumez y el grupo local Soldati 6. Los objetivos centrales de la privatización, ante un contexto marcado por la insuficiencia de la cobertura de agua y cloacas, giraron en torno a la universalización y la mejora en la calidad del servicio, lo que se traducía en la conexión de la totalidad de los habitantes a las redes de agua y saneamiento y el tratamiento de la totalidad de las aguas recolectadas a partir del desarrollo de nuevas obras de infraestructura y la rehabilitación y modernización de las existentes. Sin embargo, al analizar los resultados alcanzados tras más de una década de prestación privada del servicio, se observa una gran disparidad entre las metas previstas originalmente y las efectivamente alcanzadas. Los datos existentes para el año 2001 muestran que AASA apenas cumplimentó con el 19,2% de las inversiones consensuadas (Azpiazu, 2010). En cuanto a los objetivos de cobertura previstos, el agua potable que debía alcanzar un valor de 88%- sólo cubrió el 79%, mientras que en lo que refiere a desagües cloacales, la situación es aún más agravante: la cobertura alcanzada fue de 63%, cuando el objetivo fijado correspondía a un valor de 74%. Los peores resultados son aquellos vinculados al tratamiento primario de aguas servidas: el contrato de concesión establecía la meta de un 74%, y sólo se concretó un 7%(ETOSS, 2003). Tabla 1.- Situación del servicio de Agua y Saneamiento. Año 2001 CONCEPTOS METAS ORIGINALES DEL CONTRATO METAS ALCANZADAS Cobertura de Agua 88% 79% Cobertura Alcantarillado 74% 63% Cobertura de Tratamiento Primario de Aguas Servidas 74% 7% Fuente: Lentini, E. (2007) a partir de datos del ETOSS (2003). 6 La composición accionario inicial se conforma de la siguiente manera: Suez Lyonnaise des Eaux-Dumez 25,4%, Sociedad Comercial La Plata 20,7%, Sociedad General de Aguas de Barcelona 12,6%, Meller 10,8%, Banco de Galicia y Buenos Aires 8,1%, Compagnie Generale des Eaux 7,9%, Anglian Water Plc. 4,5% y el 10% restante fue asignado a los ex trabajadores de O.S.N a través del Programa de Propiedad Participada (Azpiazu y Forcinito; 2001).

5 La pregunta que surge de manera inmediata al leer estos resultados es la siguiente: cómo es posible que la gestión privada alentada desde un principio por ser más eficiente en el manejo de los recursos y por contar con mayor financiamiento para afrontar los costos de la expansión- haya obtenido resultados tan escasos en relación a los objetivos propuestos en el contrato de concesión original? Una respuesta a este interrogante puede hallarse en la complacencia oficial -funcional a los intereses de AASA- que permitió la existencia de reiterados incumplimientos empresarios y sucesivas revisiones contractuales a lo largo del período de la privatización. Dichas revisiones tendieron a modificar los términos, metas, niveles de inversión y tarifas fijadas en el contrato original, generando un esquema de renegociaciones en el cual el riesgo empresario fue mitigado, se introdujeron ineficiencias de costos y se permitió que la concesionaria explotara, a través de un comportamiento oportunista, rentas de carácter monopólico (BID, 2007). A la complacencia oficial y el comportamiento oportunista vale agregar las dificultades del Estado en generar instituciones capaces de llevar adelante las tareas de regulación pública, esenciales en el caso de la privatización de servicios básicos como son el agua y el saneamiento. Si bien al momento de la privatización se creó un organismo regulador encargado de supervisar las tareas de la empresa denominado Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios, éste debió enfrentar serias dificultades para poder realizar su labor y sostener su autonomía (Catenazzi, 2006). LOS EFECTOS SOCIALES DE LA PRIVATIZACIÓN DEL SERVICIO A partir de la caracterización realizada acerca de la etapa privatizadora del servicio, en el siguiente apartado, intentaremos adentrarnos en el estudio de los impactos sociales que tuvo este proceso, especialmente en los sectores de menores recursos. Para ello es importante advertir que el servicio de agua y saneamiento, corresponde a los denominados servicios básicos, es decir, aquellos servicios cuyo consumo es independiente de las variaciones de precios e ingresos -lo que en economía se denomina bienes con demanda inelástica. Esta condición hace que el incremento en el precio del servicio, en un contexto de ingresos fijos, se traduzca en un aumento del volumen del gasto que se les destina y en la consecuente disminución del presupuesto excedente para otros consumos. Esto afecta por sobre todo a los hogares de menores recursos, ya que allí los servicios básicos consumen una proporción mayor de los ingresos. De este modo, es posible advertir que los reiterados incrementos tarifarios efectuados por la empresa AASA han profundizando una diferenciación social cada vez más excluyente en el acceso y uso del servicio (Arza, 2003; Azpiazu, 2010). Los grupos más afectados por la mercantilización del servicio

6 fueron no sólo aquellos usuarios pertenecientes a los sectores más carenciados, que como hemos visto- sufrieron fuertes incrementos en las tarifas en relación a sus ingresos, sino también, y por sobre todo, quienes no pudieron acceder al servicio, debido al incumplimiento de la concesionaria en las metas de expansión. Un elemento central para poder comprender el impacto social de la privatización del servicio es analizar la incidencia que tuvo la evolución de la tarifa en el presupuesto de los hogares. Vale recordar que si bien al inicio de la década del 90, AASA logró obtener la adjudicación de la concesión del servicio por haber sido, precisamente, la oferta que propuso una mayor reducción tarifaria del servicio 7 ; poco tiempo después la empresa realizó una revisión extraordinaria de las tarifas 8 que autorizó un primer aumento tarifario del 13,5% junto con incrementos de más del 40% en los cargos de infraestructura y conexión. A partir de 1997, sucesivas renegociaciones contractuales permitieron incrementos tarifarios aún mayores en el sector, producto principalmente de la aplicación de nuevos cargos fijos en la factura 9. De hecho, el principal factor explicativo del incremento real de las tarifas en el período de la privatización fue la proliferación de cargos fijos, lo que permite advertir una creciente regresividad de la estructura tarifaria ya que aumenta el costo medio del servicio para los hogares cubiertos, fundamentalmente para aquellos de menores ingresos. Esto se comprueba al contrastar los efectos que las revisiones tarifarias tuvieron en los diferentes sectores sociales, donde se observa que mientras la evolución en el valor de la tarifa mínima se incrementó en un 177% entre 1993 y el 2002; el valor de la factura promedio, lo hizo en un 62%; y aquella correspondiente a los usuarios de mayor facturación individual, aumentó sólo un 44% (Azpiazu, 2010). Además de los datos correspondientes a la evolución de la tarifa, otro elemento pertinente para el estudio de los impactos sociales de la privatización, es el análisis por deciles de ingreso de la participación del gasto en servicios públicos dentro del presupuesto de los hogares (en aquellos que sí poseen el servicio). Si bien en promedio el gasto en el servicio -como proporción del gasto total- se redujo a lo largo del período, existe una desigual distribución del gasto entre deciles. Es decir, que los estratos de menores ingresos han incrementado su volumen de gasto en mayor medida que el resto de 7 La reducción se aplicó sobre un coeficiente de ponderación denominado factor K incluido en el cálculo de la tarifa final. 8 En el contrario se establecieron dos tipos de ajustes tarifarios: los ordinarios, al momento de realizar las revisiones quinquenales (6 para los 30 años de la concesión), y los extraordinarios, que podían variar entre un rango de +/- 7% en un índice compuesto por los principales costos de la empresa 9 En la revisión extraordinaria del año 1997 se crea el cargo SUMA (SU: servicio universal y MA: medio ambiente) que debían abonar todos los usuarios, en 1998 se realizó otra revisión extraordinaria donde se dispuso un aumento tarifario de 5,1%. En la primera revisión ordinaria quinquenal que se realizó en el 2001 (tres años más tarde de los establecido originalmente) se estableció un incremento tarifario de 3,9% anual acumulativo entre , a la vez que se aplicó un ajuste por precios estadounidenses (1,5% entre el ) y se incorporaron dos nuevos cargos fijos bimestrales (Azpiazu, 2010)

7 los hogares: el gasto del decil más pobre representa una proporción que duplica a la del decil más rico 10. El impacto social de la privatización del servicio no se observa únicamente a través de los incrementos tarifarios y la repercusión de éstos en el gasto de los hogares, sino también a partir del nivel de cobertura alcanzado. Como se ha mencionado anteriormente, si bien los objetivos de extensión definidos al momento de la privatización se orientaban a alcanzar una cobertura plena de los servicios de agua potable y cloacas, los resultados de AASA en materia de cobertura distan considerablemente a los previstos en el contrato original. El déficit de cobertura dentro del área de concesión representó, en el caso del agua potable, más de un 1,5 millones de habitantes sin acceso al servicio y, en el caso de las cloacas, cerca de 3,5 millones. Tabla 2.- Población y Cobertura del Servicio de Agua y Saneamiento en el Área de Concesión (Año 2004) Partido Población Población Servida Agua Cobertura Agua Población Servida Alcantarillado Cobertura Alcantarillado Ciudad de Buenos Aires (CABA) % % 17 Partidos de GBA* % % Área de Concesión % % * Sólo se incluyen los 17partidos del AMBA en donde AySA presta servicios. Fuente: Lentini (2007) en base al Censo Nacional de Hogares, Población y Vivienda (INDEC, 2001) e Informe Anual (AASA, 2004). La tabla N 2 permite observar por un lado, la desigualdad socio-espacial que subyace en la expansión de la cobertura: mientras la región de mayores ingresos per cápita y mayor consolidación urbana presenta una cobertura plena del servicio, los partidos del Gran Buenos Aires presentan niveles muy inferiores al de la Ciudad Capital (Merlinsky et al; 2011). Por otro lado, la tabla expresa una diferencia significativa en el nivel de cobertura de cada uno de los servicios (agua potable y desagües cloacales), vinculada principalmente a los costos en la expansión de la red. Si bien la tabla expuesta presenta los datos agrupados, al desagregar el nivel de cobertura por municipio, se observa una gran disparidad en el acceso al servicio. Algunos de los partidos más afectados por la falta de agua potable son Ezeiza, Hurlingham e Ituzaingó, donde la cobertura a inicios de la década no superaba el 25% de 10 Un análisis detallado de este tema se encuentra en Arza (2003).

8 cobertura. En cuanto a los desagües cloacales, los municipios con mayor déficit son Almirante Brown, Esteban Echeverría y Ezeiza, con niveles de cobertura menores al 20% (Lentini, 2007). A su vez la diferencia en la expansión de cada servicio también se observa al analizar la cobertura por quintil de ingreso de los hogares 11. Esto es lo que realiza Arza al comparar el nivel de cobertura de las redes de agua potable y desagües cloacales por quintil de ingreso en el período pre y post privatización ( / ). Los resultados obtenidos expresan que, mientras en el caso del agua potable, la extensión del servicio estuvo dirigida principalmente hacia los quintiles de ingresos bajos y medios -lo que provocó un proceso de homogeneización de acceso al servicio entre los diversos estratos sociales 12 -; el servicio de desagües cloacales evidencia un proceso inverso. Éste disminuye su nivel de cobertura especialmente en los quintiles más pobres, dando cuenta así de una tendencia distributiva regresiva en la expansión de la cobertura de dicho servicio (Arza, 2003). Los resultados hasta aquí expuestos corresponden al final del período de la privatización del servicio. Éste comenzó a inicios del 2002 cuando, en un contexto de grave crisis política, económica y social a nivel nacional, se dictó la Ley de Emergencia Pública que establecía la pesificación y el congelamiento de las tarifas de los servicios básicos. Ante esta situación, la empresa AASA solicitó al Estado una compensación económica por las pérdidas que el Estado se negó a otorgar debido a las sucesivas renegociaciones e incumplimientos de la empresa ante el contrato original y las deficiencias en la calidad del servicio (BID, 2007). Como resultado, en el año 2006 el entonces Presidente de la Nación Néstor Kirchner estableció la recisión del contrato y la transferencia de los servicios a la nueva empresa pública AySA 13 en un contexto regional marcado por un acelerado proceso de desprivatización de los servicios de agua y saneamiento. Así, siguiendo la reflexión de Azpiazu (2007), en el país comienza a constituirse un fenómeno paradigmático de retrogresión intertemporal, donde el retiro de operadores internacionales del servicio de agua potable y saneamiento se conjuga, en la generalidad de los casos, con la consiguiente re-estatización de los servicios. 11 Las conclusiones extraídas en este párrafo son tomadas de Arza (2003) quien compara para el período pre y pos privatización ( / ) el nivel de cobertura de las redes de agua potable y desagües cloacales por quintil de ingreso. 12 Arza (2003) advierte que el escaso crecimiento absoluto de la expansión limita el alcance de dicho concepto en el caso del servicio de agua y saneamiento. 13 La nueva empresa operadora del servicio Agua y Saneamientos S.A. fue creada a partir del decreto presidencial N 304/0613 ratificado por la Ley

9 EL RETORNO DEL ESTADO EN LA PROVISIÓN DEL SERVICIO: LA GESTIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTOS S.A. Los incumplimientos de la empresa privatizada, como así también -desde una mirada en retrospectiva histórica- la falta de políticas de Estado vinculadas al sector, de una planificación estratégica, y de un plan de agua y saneamiento integral en los últimos 60 años son factores que han provocado un atraso en la realización de importantes obras de expansión e infraestructura y en los niveles de cobertura en el área de la concesión. Frente a esta situación, la gestión de la nueva empresa estatal AySA, junto con el apoyo del Gobierno Nacional, se propuso el diseño y la implementación de un Plan Director 14 tendiente reducir el déficit y alcanzar el objetivo de universalización de los servicios, cumpliendo de esta manera con los objetivos propuestos por las Metas del Milenio establecidas por la ONU 15 en un período que se extiende hasta el año Las principales acciones del plan consisten en desarrollar infraestructura básica, ampliar las instalaciones existentes y renovar y/o rehabilitar las redes. De manera sintética, las obras centrales en materia de agua potable son la construcción de una planta potabilizadora Paraná de las Palmas en el partido de Tigre 16 y la creación de la planta de ósmosis inversa Virrey del Pino en el partido de La Matanza 17. En cuanto a los desagües cloacales, el Plan contempla la creación de una nueva planta depuradora de efluentes en el partido de Berazategui la Planta del Bicentenario 18 - y la realización de obras correspondientes al Sistema Matanza Riachuelo, tales como la creación de un Colector Margen Izquierdo, el desvío del Colector Bajo Costanera, una planta de pre-tratamiento de líquidos 14 Este proyecto tiene una inversión total de millones de pesos, que serán financiados con recursos propios de la empresa, que provienen de su facturación (52%); fondos nacionales (38%), fondos provinciales y municipales (5%), y fondos de la Ciudad de Buenos Aires (5%) (AySA, 2010) 15 Durante la Cumbre del Milenio celebrada en la ciudad de Nueva York, en septiembre de 2000, los 189 estados miembros de Naciones Unidas adoptaron la Declaración del Milenio. Este documento contenía un grupo de metas y objetivos clave, entre los cuales se encuentra la reducción a la mitad (para el año 2015) de la población sin acceso a agua potable y a un adecuando saneamiento. AySA se propone superar las metas del milenio fijadas, estableciendo como objetivo la universalización del acceso al agua y saneamiento. 16 Mejorará la provisión del servicio de agua potable en los partidos de Tigre, San Fernando, San Isidro, Vicente López y San Martín, y permitirá avanzar en la expansión en los partidos de Tigre, San Martín, Tres de Febrero, Hurlingham, Ituzaingó y Morón. 17 Esta Planta tratará agua proveniente de perforaciones en González Catán y Virrey del Pino con el sistema de ósmosis inversa, que consiste en un proceso físico-químico mediante el cual el agua es filtrada por una membrana permoselectiva en determinadas condiciones de presión, temperatura y la adición de productos químicos (AySA, 2010). 18 Dicha Planta permitirá mejorar notoriamente la calidad de las aguas que llegan a la Ciudad de Buenos Aires y al conurbano bonaerense.

10 cloacales en Dock Sud, y un emisario Subfluvial Planta Riachuelo, que permitirá verter los efluentes, previamente tratados, en las aguas del Río de la Plata 19. Para lograr la extensión de la red cloacal, AySA planifica modificar la distribución actual de la red, construyendo un gran colector subterráneo Colector Margen Izquierdo- que correrá en dirección paralela al Riachuelo e interceptará gran parte de los efluentes que hoy, a través de las cloacas máximas, recibe la cuenca Berazategui 20. De esta forma, lo que se intenta lograr es un desdoblamiento de la actual cuenca llamada Capital Wilde, en dos cuencas -Capital y Berazategui- para poder aprovechar mejor la capacidad de asimilación del Río de la Plata. Desde la perspectiva de la empresa, esta obra es de vital importancia para ampliar el nivel de cobertura en la zona sur, ya que el nuevo colector permitirá aliviar los caudales de la cuenca Berazategui, cuya capacidad se encuentra actualmente saturada, y así tendrá mayor capacidad para recibir nuevos efluentes provenientes de las zonas que se incorporen a la red. Tabla 3.- Obras de infraestructura. Plan Director Obra Cantidad estimada de beneficiados Inversión estimada Planta potabilizadora de agua Paraná de las Palmas. Partido de Tigre Plata de ósmosis inversa Virrey del Pino. Partido de La Matanza Planta depuradora de efluentes Del Bicentenario. Partido de Berazategui 2 millones de habitantes $2.800 millones 400 mil habitantes $50 millones 4 millones de habitantes $500 millones Sistema Matanza Riachuelo (1) s/d s/d (1) Incluye la construcción del Colector Margen Izquierdo, el desvío del colector Bajo Costanera, la planta de pre-tratamiento de líquidos cloacales en Dock Sud y el emisario subfluvial Planta Riachuelo. 19 Por colector se entiende el tramo del alcantarillado público que conecta diversos ramales de una alcantarilla. Se construye bajo tierra, generalmente en las calles centrales o avenidas, de manera que cada una de las viviendas de esa vía puedan conectarse para la evacuación apropiada de las aguas residuales. Para ampliar la información acerca de las obras del Plan Director, consultar: AySA (2010) Informe al usuario citado en la bibliografía del presente trabajo. 20 La cuenca Berazategui abarca, en la zona norte, parte de los partidos de San Isidro y Vicente López; en la zona oeste, los partidos de Tres de Febrero, San Martín, Morón y una parte de La Matanza; la Ciudad de Buenos Aires; y en la zona sur, los partidos de Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Almirante Brown, E. Echeverría y Quilmes. Además, recibe efluentes en bloque de los partidos de Florencio Varela y Berazategui.

11 Fuente: Merlinsky et al (2011). Estas grandes obras de infraestructura promovidas por AySA se proponen solucionar el problema de la cobertura en el mediano y largo plazo. Sin embargo, la crítica situación sanitaria de algunas regiones del área del Gran Buenos Aires, agravada por el aumento de la pobreza-y los efectos negativos que ésta tiene en las condiciones de vida de las personas-, exigen a la empresa la elaboración de acciones locales tendientes a expandir los servicios de agua y cloacas en los barrios de bajos recursos. Para ello AySA cuenta con dos estrategias participativas -el Modelo Participativo de Gestión y los planes Agua + Trabajo (A+T) y Cloacas+ Trabajo (C+T)- tendientes a fomentar la interacción de la empresa, en tanto principal fuente de financiamiento de los proyectos, con los vecinos, que aportan la mano de obra, y el municipio, encargado de brindar algunos insumos materiales y de llevar adelante la dirección técnica de las obras 21. En realidad, ambas metodologías, junto con el modelo de la tarifa social 22, fueron desarrolladas en los últimos años de la gestión de AASA, pero es a partir de la reestatización que adquieren un peso mayor dentro de la estrategia de expansión del sector 23. Según los datos provistos por la empresa, el número de beneficiaros de los Planes Agua y Cloaca + Trabajo hacia fines del 2010 alcanzaba a un total de habitantes (correspondiendo más del 90% al programa A+T). Tras seis años de iniciada la gestión estatal en la prestación del servicio, la cobertura dentro del área de concesión alcanza, en el caso del agua potable, a 8,1 millones de habitantes mientras que en lo que 21 En el caso de los planes A+T y C+T los actores involucrados son: la empresa, encargada del diseño del proyecto y del financiamiento y la supervisión técnica de las obras; las cooperativas barriales, que ofrecen mano de obra para la realización de las obras; los municipios, actores impulsores de los proyectos y entes ejecutores de las obras; otros organismos del Estado como el Instituto de Asociativismo y Economía Social (INAES), encargado de prestar asistencia técnica y legal para la conformación de las cooperativa; y organizaciones tales como el Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS), destinados a proveer capacitación a los cooperativistas (AySA, 2011). 22 En la primera revisión quinquenal de tarifas (2001) se introdujo el concepto de tarifa social, estableciendo para su financiación un fondo de 4 millones de pesos por año, que se constituía mediante un subsidio cruzado aportado por la totalidad de los usuarios de la Concesión para aquellos usuarios residenciales de bajos recursos que no puedan afrontar el pago de su factura. (Lentini, 2007). 23 En la revisión quinquenal de tarifas concluida en el año 2001 fue previsto el Programa de Barrios Carenciados, tendiente a emprender obras de redes secundarias para la expansión de los servicios de agua y alcantarillado en barrios de población pobre y en villas de emergencia. Durante el período de la privatización, la coordinación y el control de dicho programa estaba a cargo del ETOSS. Por su parte, el Plan A+T fue concebid o en el año 2004, para mitigar el riesgo sanitario de la población que carece del servicio de agua potable por red en el área de la Concesión. Los recursos para el financiamiento de las obras provenían de fondos de la Concesión y de la Secretaría de Recursos Hídricos, a través del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), que debía pagar el costo de organización y formación de las cooperativas, así como para completar los costos de mano de obra (Lentini, 2007). A partir de la rescisión del contrato, AySA pasa a hacerse cargo de los costos que antes correspondían a la ENHOSA.

12 refiere a las cloacas, son 5,7 millones las personas que cuentan con el servicio. Estos valores representan un ratio de cobertura de 81% y 59% respectivamente (AySA, 2010). Tabla 4.- Población servida con agua y desagües cloacales. Año 2010 Agua % Desagües Cloacales % Población Total de la Concesión 9,7 millones 100% 9,7 millones 100% Población servida y beneficiarios de obras al 31 Diciembre ,1 millones 81% 5,7 millones 59% Fuente: Elaboración propia a partir del Informe Anual (AySA, 2010) Al contrastar estos resultados con los expuestos en la Tabla N 2 para el período final de la etapa privatizadora, se puede observar cómo, a pesar de los planes de extensión llevados adelante por la nueva empresa, la cobertura de servicios en materia sanitaria no ha evolucionado de manera constante para atender al crecimiento poblacional. Este hecho explica en parte por qué a pesar del aumento en la cantidad de personas con acceso al servicio en relación al año 2004 (de 7,6 a 8,1 millones en el caso del agua potable), los valores porcentuales disminuyen (de 82% a 81% en el mismo servicio), ya que el total de la población del área de concesión crece en una proporción mayor que las nuevas incorporaciones al servicio, pasando de 9,2 a 9,7 millones de personas A su vez, es importante advertir sobre las dificultades que supone la elaboración de una serie histórica que permita comparar los datos de cobertura a lo largo de los diversos períodos, ya que cada gestión modifica la metodología para medir la cobertura. Por ello, las conclusiones aquí expuestas intentar arribar a conclusiones parciales, producto de la falta de datos confiables.

13 Figura 1.- Población abastecida con agua potable en el Área de Concesión (Año 2011) Fuente: AySA (2011) Figura 2.- Población abastecida con desagües cloacales en el Área de Concesión (Año 2011) Fuente: AySA (2011)

14 LOS DESAFÍOS DE LA RE-ESTATIZACIÓN DEL SERVICIO En los apartados anteriores, hemos intentado caracterizar los principales rasgos del modelo privatizador de Aguas Argentinas S.A; dando cuenta de las secuelas sociales que dicho proceso trajo aparejado, especialmente en los sectores de menores recursos. Luego, hemos presentado el Plan de acción elaborado por la nueva empresa estatal AySA S.A. y el complejo panorama que ésta debe afrontar en términos de déficit de cobertura. En el presente apartado, nos proponemos reflexionar sobre los principales desafíos que supone la re-estatización del servicio de agua y saneamiento en el Área del Gran Buenos Aires, intentando para ello adoptar una mirada más holística que introduzca la problemática de agua y saneamiento dentro de una trama más compleja de actores y variables vinculados a la problemática urbana. Para lograrlo, acudiremos a los resultados obtenidos en las entrevistas en profundidad realizadas a personal académico y científico experto en la temática 25. Entre las principales cuestiones que debe enfrentar la gestión de AySA vale destacar: I. La falta de planificación urbana en el Área del Gran Buenos Aires Uno de los desafíos más importantes que debe afrontar la gestión del agua y saneamiento en la falta de planificación urbana que caracteriza al Área del Gran Buenos Aires en donde presta servicios. El proceso de producción urbana de la metrópolis de Buenos Aires, desde fines del siglo XIX, ha configurado dos territorios bien diferenciados: por un lado la Ciudad de Buenos Aires, caracterizada por tener un diseño y una expansión más ordenada y por contar con los servicios básicos para casi toda su población; y por otro lado, la Periferia en donde la expansión se desarrolló sin normas claras que regulen la producción del suelo. Como resultado de estos procesos simultáneos, la Ciudad se conformó en el destino anhelado por todos los ciudadanos, permitiendo una relativa integración, aunque segregada y muy desigual, de la población de menores recursos (Pírez, 2009). A partir de la década del 90, el espacio urbano se vio nuevamente transformado a partir del auge de los procesos de privatización y descentralización. Dichos procesos provocaron un deterioro en el hábitat popular, tanto en términos formales (localización ilegal, loteos 25 Las entrevistas en profundidad fueron realizadas en el marco del proyecto de investigación Agua y saneamiento en áreas de crecimiento urbano en co-ejecución entre el Instituto de Investigaciones Gino Germani y el Institute for Resources, Environment and Sustainability, British Columbia, Canadá, dirigido por Gunilla Oberg (IRES-UBC) y co-dirigido por Gabriela Merlinsky (IIGG-UBA) durante el período

15 clandestinos, etc.) como en aspectos urbano-ambientales (zonas inundables y contaminadas, sin infraestructuras ni servicios y sin conexión con las áreas centrales). A su vez, la exclusión de gran parte de la población del mercado de suele urbano y la ausencia de procedimientos legales para resolver este problema fueron consolidando un universo irregular en la periferia, que implicó hacia fines de los noventa, más de un millón de personas viviendo en condiciones de irregularidad legal y de precariedad urbano-ambiental (Pírez, 2009). La ausencia de una planificación urbana capaz de regular los usos del suelo en el área del Gran Buenos Aires conforma una limitación importante para el accionar de la empresa prestadora del servicio de agua y saneamiento, que como vimos- debe contemplar en su modelo de acción obras particulares (como los planes A+T y C+T) para proveer de cobertura a los sectores más vulnerables, que no alcanzan a abastecer la demanda del servicio. Retomando las palabras de una especialista entrevistada: Creo que un primer tema es ese, que la planificación urbana incorpore la producción social del hábitat. Y ahí hay un primer tema que es la regulación del precio del suelo, estamos hablando de gestión del agua en esos lugares, pero hay un tema anterior. Si la planificación urbana no le da un lugar a los que no pueden acceder al mercado, la planificación urbana está dejando uno de los problemas fundamentales. Entonces una manera de incorporar el tema de la gestión del agua es incorporándola como parte de la ciudad, no como la gestión del agua para esos asentamientos. Es una ciudad heterogénea que tiene distintos barrios, y esos son barrios de la ciudad. En tanto sean considerados como otros barrios, otra parte, las decisiones van a seguir intensificando esos límites, esas distancias. La manera es que eso sea considerado parte de la ciudad, y que la gestión del agua y saneamiento sea para el conjunto, no sea el agua para las villas, las cloacas para las villas, los asentamientos informales. Que pueda pensarse como unidad. ( ) En una discusión que amplíe, que no restringa, la planificación urbana a los problemas de la ciudad informal. Y ahí por detrás está el mercado inmobiliario, porque de lo que estamos hablando es eso. El mercado inmobiliario ubica a los sectores pobres más lejos del centro, lejos de las áreas de centralidad suburbana, cada vez más lejos, más lejos. Eso tiene como consecuencia un crecimiento de muy baja densidad y una demanda muy cara, desde el punto de vista económico, muy ineficiente, de extensión de servicios urbanos. Cuando la extensión es de baja densidad, hay que extender más las redes de agua, más las redes de cloacas, más los servicios de gas, electricidad, de transporte público. Mientras eso no se regule, hay una combinación perversa entre el orden urbanístico y la producción de la ciudad Entrevista a Investigadora de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS).

16 Las palabras de la entrevistada permiten reflexionar sobre los desafíos que debe afrontar la política pública en este caso ligada a la provisión de servicios básicos como el agua y el saneamiento- en un contexto de creciente informalidad urbana, donde las dificultades en el acceso al hábitat se encuentran en estrecha conexión con las dinámicas en el mercado de trabajo (Herzer et al, 2008). Y donde, además, se genera una nueva espacialización de la pobreza, la cual debe dejar de ser pensada únicamente en términos de enclave, sino más bien en términos de gradación, como un fenómeno que alcanza a una amplia parte del territorio y que acentúa las fronteras entre los diferentes barrios (Prévôt Shapira, 2001). II. La tensión entre los plazos del Plan Director y los sectores vulnerables Como hemos visto en los apartados anteriores, uno de los principales desafíos que debe afrontar AySA es la falta de cobertura de amplios sectores dentro del área de concesión. Especialmente en las villas y asentamientos informales de los partidos del segundo y tercer cordón del conurbano que, producto del fuerte aumento de los indicadores de pobreza cuyos valores crecieron especialmente desde mediados de los noventa hasta inicios de la nueva década (Lindenboim, 2010), y de las dificultades en el acceso al mercado del suelo urbano (Herzer et al, 2008), se han multiplicado en las últimas décadas. En estas regiones donde las condiciones de vida son críticas, el déficit en infraestructura sanitaria y la contaminación hídrica amenazan a la población con el riesgo de contraer enfermedades consideradas hídricas 27. Esto último se debe a una larga tradición en las políticas sanitarias nacionales que han priorizado la extensión de la red de agua potable antes que la de alcantarillado. Esta situación ha generado graves consecuencias ambientales por no contar con adecuados servicios de evacuación que permitan drenar el agua. Como resultado, el nivel de la napa freática se eleva y origina inundaciones con agua contaminada en el interior de las viviendas (Merlinsky et al; 2011). Esto, a su vez, aumenta el riesgo sanitario de la población sin servicios cloacales, que 27 Las enfermedades hídricas son: fiebres entéricas, amibiasis, hepatitis infecciosa, cólera y poliomielitis, arsenismo, osteoporosis fluórica, fluorosis dental y metahemoglobinemia. En el 2004 un estudio de la Sociedad Argentina de Pediatría alertó sobre la existencia de un brote de hepatitis A en el conurbano bonaerense debido a las condiciones sanitarias en las que vive una gran cantidad de niños, especialmente por la deficiente calidad de los desagües cloacales y del servicio de agua para su consumo. La solución efectiva a las causas del contagio consiste en asegurar la provisión de un adecuado sistema de agua y cloacas Derecho a la salud: la hepatitis no espera, Infocívica, Ciudad de Buenos Aires, 23/06/05. Citado en La Gran Ciudad, primavera de 2005, revista institucional de la Fundación Metropolitana Disponible en

17 debe afrontar fallas frecuentes en la utilización de pozos ciegos, que desbordan y contaminan las napas subterráneas de las que se extrae agua para consumo doméstico (Clichevsky, 2002, Merlinsky, 2011). En palabras de un entrevistado: Normalmente, se prioriza el agua frente a las cloacas. Es un criterio social importante. Es preferible que las personas tengan agua a que otros tengan cloacas, que ya tienen agua. Pero desde el punto de vista sanitario, eso no es correcto. Lo correcto desde el punto de vista sanitario es dar agua y cloacas a la vez. Ya sabemos que con el agua sólo, lo único que se va a incrementar la contaminación por cloaca. Se va a eliminar la contaminación por el agua, estamos de acuerdo, pero va a sobrar agua que hay que verter a algún lado y ese vertimiento al no haber cloaca- implica contaminación de la napa subterránea y de los cursos superficiales. O el frente de la vivienda en muchos casos. En el GBA, hay cloacas que pasan delante de la casa en pequeñas zanjas y que van después a los cursos. 28 La carencia de servicios de agua y saneamiento tiene un impacto mayor en la calidad de vida de los sectores más empobrecidos, ya que se ven obligadas a aumentar sus costos de subsistencia de manera inequitativa y desproporcionada comprando agua envasada, o a beber agua extraída de pozos de al menos dudosa calidad, poniendo en serio riesgo su salud. En otras palabras, la falta de acceso a agua segura genera que los sectores más vulnerables deban asignar excesivos recursos de los pocos que tienen para obtenerla (ACIJ et al. 2009). Asimismo, es importante destacar que la distribución de los servicios en el Área del Gran Buenos Aires evidencia un patrón de desigualdad discriminatorio hacia los sectores de menores ingresos. Esto es así porque las zonas sin acceso a agua potable y sin servicios de saneamiento tienden a coincidir con aquellas en donde viven las personas de ingresos más bajos, en las que la problemática se agudiza en la medida que el acceso al agua subterránea no es una opción segura, ya sea por la imposibilidad física de obtenerla o por su mala calidad (Fernández & Herrero, 2008). Esta situación genera a su vez, mayor desigualdad ya que obliga a los sectores más vulnerables a aumentar sus costos de subsistencia de manera inequitativa y desproporcionada comprando agua envasada, o a beber agua extraída de pozos de al menos dudosa calidad, poniendo en serio riesgo su salud (ACIJ et al. 2009). En otros términos, esto equivale a decir que la pobreza (sea mediada a través del ingreso o a través del 28 Entrevista realizada a miembro jerárquico de la Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (AIDIS)

18 Sistema de NBI 29 ) muestra una relación inversa respecto del nivel de cobertura del servicio, correspondiendo a mayor pobreza, menor cobertura (Lentini, 2007). Como hemos visto anteriormente, la empresa estatal AySA se propone resolver la falta de cobertura a partir del diseño y la implementación del Plan Director, donde primero se incorporan los colectores y luego, en un segundo tiempo, las redes secundarias para poder así conectar a los hogares. Dicho programa, elaborado a partir de una racionalidad técnica y concebido para el mediano y largo plazo, supedita la extensión de la cobertura de los municipios de la zona sur a la realización de las grandes obras (principalmente al Colector Margen Izquierdo), lo que genera fuertes tensiones a nivel local en torno a los plazos para obtener mejoras en materia de saneamiento. Se requiere agua, se requiere cloacas vos necesitas cloacas en el conurbano sur, pero al no tener capacidad de construcción, por más que haya una fuerte demanda social, porque más que esté en emergencia, hasta que no tengas el colector margen izquierda no podemos hacer cloacas en cantidad lo que es la gran expansión de cloacas en la zona sur del conurbano -que es Lomas de Zamora, Lanús, Avellaneda, Alte. Brown, Quilmes- requiere de la planificación y de la obtención de los recursos para la construcción del colector margen Izquierdo. Con el colector margen izquierdo casi terminado, un año antes se va a poder empezar a hacer las redes secundarias de cloacas en toda esta zona, amplísima y populosa y de gran demanda del Gran Buenos Aires. 30 A partir de esta tensión, lo importante es poder advertir la complejidad que supone la puesta en marcha de una política pública de tal magnitud y el modo en que este tipo de acciones puede tener resultados contrarios a los originalmente buscados, al afianzar los niveles de desigualdad social. Para profundizar en esta reflexión es necesario alejarse de las concepciones simplistas sobre la política social -que la presentan como mecanismos del Estado tendientes a compensar o reducir las desigualdades originadas en otros ámbitos, y comprender que en muchos casos es esta misma política social la que puede reproducir, aumentar e incluso constituir dichas desigualdades (Esping Anderson, 1993). De este modo, es necesario entender la otra arista de la política social, como intervención generadora y 29 Los métodos más conocidos para el estudio de la pobreza son dos: el de la Línea de Pobreza y el de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Mientras el primero de ellos se centra en los ingresos y su capacidad para cubrir (o no) el costo de las necesidades básicas. El segundo, apunta a apreciar las condiciones de vida de la población a través del acceso a servicios como vivienda, agua potable, electricidad, educación y salud (Lindenboim, 2010). 30 Entrevista realizada a, funcionario de la Agencia de Planificación (A.Pla)

19 moduladora de la propia desigualdad, capaz de ir naturalizando e institucionalizando las desigualdades (Adelantado et al; 1998:141) III. La capacidad política y económica de sostener el modelo actual de gestión en el largo plazo A partir de la reestatización del servicio es posible advertir que la temática de agua y saneamiento pasó a ocupar un lugar central dentro de la agenda política nacional. La nueva empresa estatal ha recibido en los últimos años importantes fondos provenientes del Tesoro Nacional para afrontar los costos de la inversión en obras e infraestructura destinada a mejorar los niveles de cobertura del servicio. Este hecho muestra un giro importante en la política del sector respecto a la gestión privatizada, donde como vimos- los niveles de inversión habían sido muy escasos. Sin embargo, uno de los principales desafío que debe afrontar AySA en relación a su financiamiento, no alude a los aportes del Estado para la creación de nuevas obras consideramos que los montos requeridos para los nuevos proyectos requieren necesariamente de aportes del Tesoro-, sino más a la dependencia de los subsidios estatales (que para el año 2011 se estiman en más de $4.200 millones) para solventar el déficit operativo y las obras de mantenimiento y ampliación de la red, ya que su recaudación tarifaria sólo alcanza a cubrir el 80% de las remuneraciones anuales de los empleados (Rossi, 2011). Bueno AySA es una empresa maravillosa porque tiene plata. Es una empresa que trabaja bien porque tiene recursos. Nosotros analizamos el balance, analizamos los estudios, lo que sí es una empresa que crece y los organismos encargados de su regulación cada vez se achican más, así que vamos a ver qué pasa a lo largo del tiempo Entrevista realizada a funcionario representante de la Ciudad de Buenos Aires en el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS)

20 Esta situación, si bien está reviéndose a partir de la quita de subsidios y la revisión tarifaria anunciadas a fines del , ha socavado en estos años el nivel de autonomía de la empresa respecto al Estado Nacional. Por otro lado, y en términos más bien políticos, el desafío mayor de la empresa y del Estado Nacional, es poder otorgarle continuidad al modelo de gestión en el largo plazo. En este sentido, la sustentabilidad de los planes de expansión de la compañía y de la actual prestación de servicios puede ponerse en riesgo ante cambios en la política de gobierno respecto de la financiación por parte del Estado Nacional, de modo que la articulación de los intereses nacionales y sectoriales pasa a ser un elemento central para la ejecución y el éxito de la política pública. REFERENCIAS ACIJ, CELS, & COHRE El acceso a agua segura en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Una obligación impostergable. Buenos Aires: [En línea] Disponible en: (Consulta: 10 de Febrero 2012) ADELANTADO, J., NOGUERA, J., RAMBLA, X. y SÁEZ L Las relaciones entre estructura y política sociales: una propuesta teórica, Revista Mexicana de Sociología, 60 (3), p AGUAS ARGENTINAS S.A. (2004), Informe Anual y Estados contables AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A Plan Estratégico Resumen Ejecutivo. [En línea] Disponible en: Plan%20Estrategico%20AySA% %202020%20Resumen%20Ejecutivo.pdf (Consulta: 10 de Febrero 2012) Informe al usuario. Diciembre [En línea] Disponible en: (Consulta: 20 de Febrero 2012) ARZA, C El impacto social de las privatizaciones: el caso de los servicios públicos domiciliarios. FLACSO, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede Argentina, [En línea] Disponible en: (Consulta: 2 de Febrero 2012) 32 Es importante advertir al lector que hacia fines del 2011 el Estado Nacional estableció la quita de subsidios para los servicios públicos. A su vez, las empresas prestadoras- dentro de ellas, AySArealizaron revisiones tarifarias tendientes a actualizar el valor de las mismas. Los cambios en la facturación comenzaron a percibirse en las boletas del mes de Enero del Si bien este es un dato central para el análisis del presente trabajo, el recorte temporal del mismo es fines del 2011.