BUNAL DE APELACIONES DE LOS IMPUESTOS INTERNOS Y DE ADUANAS:

Transcripción

1 Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y de Aduanas Inc. A T BUNAL DE APELACIONES DE LOS IMPUESTOS INTERNOS Y DE ADUANAS: San Salvador, a las trece horas quince minutos del día veintidós de marzo del año dos mil dieciocho. VISTOS en apelación la Resolución con referencia RES. No. 6/17/DJCA/DPJ/31, pronunciada por la Dirección General de Aduanas, a las quince horas quince minutos del día nueve de enero del año dos mil diecisiete, a nombre de , que puede abreviarse , por medio de la cual se resolvió: 1) DETERMINAR a cargo de la apelante social, el pago en concepto de Derechos Arancelarios a la Importación (DAI), por la cantidad de VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO DÓLARES CON SETENTA Y DOS CENTAVOS DE DÓLAR (USD$27,885.72); e Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA) complementarios, por la cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO DÓLARES CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS DE DÓLAR (USD$3,625.39). Y CONSIDERANDO: I.- Que el licenciado Rafael Antonio Reyes Gutiérrez, actuando en su calidad de Apoderado General Judicial con Cláusula Especial de la sociedad , al interponer recurso de apelación expresó no estar de acuerdo con la resolución emitida por las razones siguientes: NULIDAD CONSECUENCIAL DE CUALQUIER ACTO DERIVADO DE LA RESOLUCION FINAL DE VERIFICACION DE ORIGEN, LA CUAL ADOLECE DE NULIDAD ABSOLUTA EN RAZON DE HABERSE EMITIDO POR AUTORIDAD NO COMPETENTE. Este alegato guarda relación con el hecho de que, conforme al Artículo V del Tratado General de Integración Económica Centroamericana, la autoridad competente para determinar el origen de las mercancías que se comercian bajo tratamiento de libre comercio concedido por ese Tratado, es el COMIECO y no la Dirección General de Aduanas. El fundamento de esta afirmación radica, en que no existe ninguna reforma a la disposición legal antes citada, ni existe otra norma con igual rango que la contraríe, pues el Tratado General de Integración Económica constituye el Tratado Marco del proceso de integración centroamericano. Asimismo, tampoco existe ninguna 9ª. CALLE PONIENTE ENTRE 83 Y 85 AVENIDA NORTE NÚMERO 8169, COLONIA ESCALÓN TEL , Y PRIMER TRIBUNAL EN EL MUNDO CERTIFICADO BAJO LA NORMA ISO 9001 POR LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACION Y CERTIFICACIÓN AENOR

2 disposición que otorgue al COMIECO la potestad de delegar en autoridades nacionales de los países suscriptores del Tratado General de Integración Económica Centroamericana, la facultad o atribución de determinar el origen de las mercancías en el contexto del comercio intrarregional. Así las cosas, si tenemos que en el caso que nos ocupa fue la Dirección General de Aduanas quien determinó el origen de las mercancías importadas por mi representada y no el COMIECO, ese hecho evidencia la existencia de un vicio de nulidad que afecta a la resolución final de verificación de origen, y hablamos de una nulidad absoluta. Este alegato ha sido presentado con miras a advertir de la nulidad que aquejaría cualquier actuación que se derive de la Resolución Final de verificación de Origen No. DOR/RF/010/2015, dada la nulidad absoluta que afecta a esta providencia en razón de haberse emitido por una autoridad que no es la competente para determinar el origen centroamericano de las mercancías. Consecuentemente, a juicio de mi representada, podría analizarse la legalidad de la apertura del presente proceso administrativo a partir de que en su calidad de acto derivado de la resolución final de verificación de origen se encuentra afectado por esa nulidad, tratándose de una nulidad consecuencial dado que el acto apelado es consecuencia directa de la resolución final de verificación de origen antes mencionada. Por otra parte, si tenemos que la resolución final de verificación de origen fue emitida por una autoridad que no era la competente, dicho acto es un acto inexistente, dado que la nulidad absoluta acarrea inexistencia, por lo que consecuentemente, la pretensión de determinar impuestos manifestados en la resolución antes relacionada es ilegítima. Hablamos en este caso de una nulidad derivada, no originaria, puesto que la nulidad no se originaría en las actuaciones procesales de la Dirección General de Aduanas realizadas dentro del proceso administrativo, sino en el acto que constituye su base o soporte fáctico ( ) ( ) es importante mencionar que de conformidad con lo previsto por el Artículo V del Tratado General de Integración Económica Centroamericana, correspondía al órgano denominado: Consejo Ejecutivo del Tratado General de Integración Económica Centroamericana, creado mediante el Artículo XXI de ese mismo Tratado, verificar y determinar el origen de las mercancías, cuando existiera duda de origen Con fecha 29 de octubre de 1993, los Presidentes de los países centroamericanos suscribieron en la ciudad de Guatemala, República de Guatemala, el Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana, que es conocido como Protocolo de Guatemala sin que se hubiera alterado en esencia con dicho Protocolo el desarrollo del tema de la AUTORIDAD COMPETENTE PARA DETERMINAR EL ORIGEN DE LAS MERCANCIAS. Posteriormente, 2

3 con fecha 27 de febrero del año 2002, se suscribió en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, la Enmienda al Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana en la que se dispuso que a partir de la vigencia de dicha Enmienda el COMIECO subroga en sus funciones al Consejo Arancelario y Aduanero Centroamericano y a todos los demás órganos creados en instrumentos precedentes al Protocolo de Guatemala en materia de integración económica centroamericana, con lo que la atribución de determinar el origen de las mercancías conferida al Consejo Ejecutivo del Tratado antes referido, fue transferida al Consejo de Ministros de Integración Económica, en adelante COMIECO. De esa manera, ni el Protocolo de Guatemala ni la Enmienda a este Protocolo, modificaron en esencia lo relativo al tema de conferir competencia a un Órgano supranacional para determinar el origen de las mercancías objeto de comercio intrarregional, con lo que se mantuvo incólume la voluntad de los Estados Parte originalmente manifestada en el Artículo V del Tratado General de Integración Económica Centroamericana de asignar la atribución de determinar dicho origen a un órgano con funciones supranacionales, función que en virtud de la reforma antes relacionada fue reasignada al COMIECO, siendo por tanto a la fecha, éste el órgano competente para realizar los procedimientos de verificación de origen.( ) Cuando se revisa la normativa regional en su conjunto, no encontramos ninguna disposición o protocolo de modificación que hubiera reformado el contenido del Artículo V del Tratado General de Integración Económica Centroamericana, por lo que ante dicha ausencia esta disposición mantiene su vigencia, y priva sobre cualquier reglamentación regional en tanto que dicho Tratado General constituye el tratado marco sobre el cual se construyó la integración centroamericana. En ese contexto, es el COMIECO según el Artículo V del Tratado General de Integración Económica Centroamericana la autoridad competente para determinar el origen centroamericano de las mercancías, lo que se contradice con lo dispuesto en las normas jurídicas en que la Dirección General sustentó su facultad para determinar el origen de las mercancías importadas por mi mandante, como son los Artículos 8 letra o) de la Ley Orgánica de la Dirección General de Aduanas y Artículo 4 del Reglamento Centroamericano sobre el Origen de las Mercancías. ( ) ( ) ninguna de las disposiciones del Tratado General de Integración Económica Centroamericana ni las normas contenidas en su Protocolo de Modificación autorizaron al Consejo Ejecutivo, ni a su sucesor: el COMIECO, a delegar su función de verificar y determinar el origen centroamericano de las mercancías en otros Órganos o 3

4 autoridades nacionales de los países parte de tal Tratado, por lo que cualquier otra norma de menor jerarquía, sea regional o nacional que contraríe la voluntad expresada por los Estados parte del Tratado antes referido mediante su Órgano de Mayor Jerarquía, como es la Reunión de Presidentes, no debe ser obedecida por contrariar las normas de dicho Tratado debido a que las normas de este Instrumento, habida cuenta de su carácter de tratado marco, tienen aplicación prevalente sobre cualquier otra norma de menor jerarquía perteneciente al Derecho Comunitario como lo es el Reglamento Centroamericano sobre el Origen de las Mercancías. Conforme con las disposiciones antes citadas, queda claro que de acuerdo con las normas del Tratado General de Integración Económica Centroamericana y su Protocolo de Modificación la función de realizar verificaciones de origen y su determinación, cuando la cuestión no lograra ventilarse por gestión bilateral de los países, es competencia del Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana (COMIECO). Frente al Artículo V del Tratado General de Integración Económica Centroamericana, y en cuanto al tema de la AUTORIDAD COMPETENTE PARA DETERMINAR EL ORIGEN DE LAS MERCANCIAS, no pueden prevalecer, por cuestión de jerarquía jurídica, ni el Reglamento Centroamericano sobre el Origen de las Mercancías, ni la legislación nacional de los Estados Parte, por lo que el Artículo 4 del Reglamento Centroamericano sobre el Origen de las Mercancías, el Artículo 8 letra o) de la Ley Orgánica de la Dirección General de Aduanas o la Ley de Simplificación Aduanera, no pueden imponer como AUTORIDAD COMPETENTE PARA DETERMINAR EL ORIGEN DE LAS MERCANCIAS a una autoridad distinta de la establecida a ese efecto por el Tratado General de Integración Económica Centroamericana, puesto que conforme al Artículo 144 de la Constitución de la República, prevalece en caso de contradicción, el Tratado General de Integración Económica Centroamericana. Así las cosas, es JURIDICAMENTE INEXISTENTE la competencia reclamada por la Dirección General de Aduanas para verificar el origen de las mercancías exportadas a nuestro país por en razón que la función para verificar y determinar el origen de las mercancías corresponde actualmente al COMIECO, y las normas en que la citada Dirección General sustenta su competencia no prevalecen contra las disposiciones del aludido Tratado General. Si bien la Dirección General de Aduanas, conforme a las disposiciones nacionales que le otorgan competencia para verificar origen de las mercancías, es la autoridad competente para determinar el origen de las mercancías en el resto de Tratados de Libre Comercio que se han suscrito por parte de nuestro país, no lo es para el 4

5 caso del Tratado General de la Integración Económica Centroamericana habida cuenta de que dicho Tratado, en tanto Tratado Marco del proceso de integración centroamericana, ha determinado que esa función le compete a un órgano supranacional como es el COMIECO, cuando las dudas de origen no se hayan resuelto mediante gestión bilateral de los países involucrados. ( ) En orden a lo antes expuesto, la resolución final de verificación de origen cuyos efectos pretenden aplicarse en el presente proceso administrativo es NULA de forma absoluta en razón de haberse emitido por autoridad no competente ( ) ( ) la pretensión concreta de mi mandante es que ese Tribunal revoque la resolución apelada por la nulidad consecuencial que la afecta. DE LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD PARA VERIFICAR EL ORIGEN QUE JUSTIFICA LA REVOCACION DEL ACTO DE DETERMINACION OFICIOSA DE IMPUESTOS. ( ) la resolución final de verificación de origen, cuyos efectos jurídicos fueron aplicados en la resolución apelada, no pudo jamás haber sido emitida en el sentido en que lo fue respecto de negar el origen centroamericano de la mercancía, habida cuenta de que, existe disposición expresa en el Reglamento Centroamericano sobre el Origen de las Mercancías, que estipula que el proceso de verificación de origen no puede durar más de un año desde su inicio a su finalización (es decir hasta la notificación del acto final al interesado, en el entendido que, la resolución final de verificación de origen surte sus efectos a partir de su notificación a todos los involucrados), o de la prórroga de dicho plazo, advirtiendo que en el caso que dicho procedimiento no finalice dentro del año o dentro de la prórroga del mismo, se presumirá de pleno derecho que las mercancías objeto de la verificación son originarias. Consecuentemente, si en el expediente administrativo respectivo se evidencia que la autoridad aduanera violó el plazo legal en que debía ejecutarse el procedimiento de verificación de origen y consideramos que dicha violación tiene como consecuencia jurídica la ratificación del origen certificado por el exportador, resulta indiscutible que la resolución final de verificación de origen se emitió en sentido contrario al imperio de la ley. 5

6 ( ) dentro de la normativa contenida en el Reglamento Centroamericano sobre el Origen de las Mercancías existen una serie de disposiciones que indican que los efectos de la Resolución Final de Verificación de Origen solamente se producen a partir de su notificación a los interesados y no con su simple emisión, lo que revela de forma evidente que es con la notificación al exportador o productor de las mercancías objeto del acto verificador de la resolución final de verificación de origen, y a los importadores, cuando se finaliza el procedimiento pues es hasta ese momento en que se actualizan los resultados declarados o presuntos de dicho procedimiento; Según se colige, la simple emisión de la resolución final de verificación de origen no posee por sí misma la posibilidad de ejercer efecto alguno sobre la situación jurídica del exportador productor o importador de la mercancía. Por otra parte, no puede perderse de vista que el único hecho que asegura la certeza jurídica del exportador y/o productor e importador en cuanto a la fecha real y efectiva en que finalizó el procedimiento de verificación de origen es el de la fecha de notificación de la resolución final respectiva, puesto que la fecha de emisión de dicha resolución no puede precisarse sino a partir de su notificación de modo que la autoridad verificadora bien podría emitir materialmente una resolución final fuera del plazo colocándole como fecha de emisión la de cualquiera de las fechas situadas dentro del plazo para dar fin al procedimiento de verificación y notificarla después de vencido dicho plazo quedando burlado de esa manera el derecho del exportador y/o productor e importador de ver confirmadas sus declaraciones o certificaciones de origen como consecuencia del retardo administrativo de la autoridad competente. Es por ello que el Reglamento Centroamericano que regula esta materia deja muy en claro en sus disposiciones que los efectos de la resolución final de verificación de origen se producen hasta su notificación a los afectados. De acuerdo a lo antes expuesto, existe un vicio de legalidad en la resolución apelada, como consecuencia de constituir esta providencia la aplicación de los efectos de una resolución que es ilegal por haberse emitido en contra de la ley ( ) INEXISTENCIA EN EL FALLO CONTENIDO EN LA RESOLUCION FINAL DE VERIFICACION DE ORIGEN DE LA NEGACION DEL TRATAMIENTO DEL LIBRE COMERCIO ( ) En la resolución extractada que se notificó a mi representada únicamente se revela la existencia del fallo relativa a la determinación de que las mercancías objeto del procedimiento de verificación no son originarias de la República de Guatemala, pero no existe un fallo negando el 6

7 tratamiento de libre comercio. Si dicha negación no existe en la resolución final de verificación de origen, se trata indudablemente de una resolución omisa en ese punto por lo que la misma no puede surtir los efectos que comporta dicha negación dado que ésta, junto con la determinación del origen, son la base del cobro ulterior de los Derechos Arancelarios a la Importación. Consecuentemente, al no existir en el fallo la negación del tratamiento arancelario preferencial, no era jurídicamente procedente determinar derechos e impuestos a la importación, por lo que la resolución apelada también sería ilegal por este motivo ( ) II.- Que la Dirección General de Aduanas, habiendo tenido a la vista las razones en que la apelante social apoya su impugnación, procedió a rendir informe de fecha quince de mayo del año dos mil diecisiete, justificando su actuación en los términos siguientes: Nulidad consecuencial de cualquier acto derivado de la Resolución Final de Verificación de Origen, la cual adolece de Nulidad Absoluta en razón de haberse emitido por autoridad no competente. Sobre lo alegado, esta Autoridad advierte que el artículo V del Tratado General de Integración Económica Centroamericana establece lo siguiente: cuando hubiere duda sobre el origen de una mercancía y no se hubiese resuelto el problema por gestión bilateral, cualquiera de las partes afectadas podrá pedir la intervención del Consejo Ejecutivo para que éste verifique el origen de dicha mercancía. La anterior disposición obedece a que el Comité Ejecutivo Intervendrá solo en aquellos casos en que exista controversias de origen entre Estados signatarios en sentido macro, lo que no se debe interpretar como que éste ente intervendrá en todas las verificaciones de origen entre exportador- importador ( ) ( ) el citado artículo V no es aplicable al caso en estudio, en razón que no se trata de una controversia entre Estados; sino más bien se está frente del Proceso de verificación de origen de las mercancías, lo que se resuelve con base al Reglamento que contiene el Procedimiento de Verificación de Origen. 7

8 Dicho Reglamento es el Anexo de la Resolución No (COMIECO EX), aprobada por el Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana, quienes, como Órgano parte del Subsistema de Integración Económica Centroamericana, dentro de su esfera de competencia emiten actos administrativos, según lo establece el artículo 55 del Protocolo de Guatemala; lo que deviene en que dicho Reglamento es de obligatorio cumplimiento y aplicación directa entre los Estados Parte. Por ello resulta infundado el argumento del Apoderado en el escrito de mérito, al manifestar que la Aplicación del Reglamento o de cualquier ley nacional para el ejercicio de las Verificaciones de Origen contravienen las disposiciones del Tratado General de Integración Económica Centroamericana. Por lo tanto, no es el COMIECO el órgano competente para verificar y determinar el origen de las mercancías, ya que dicho órgano conforme la competencia y facultad que le ha sido otorgada dispuso a través del citado Reglamento que será la autoridad competente de la parte importadora, quien previo proceso correspondiente verificar y determinar el origen de las mercancías; siendo esta Dirección General, la autoridad competente en el caso de El Salvador. De la caducidad de la facultad para verificar el origen que justifica la revocación del acto de determinación oficiosa de impuestos. Sobre lo alegado, esta Autoridad reitera lo establecido en la Resolución en alzada en el artículo 27 párrafo 15 y 16 del Reglamento de Origen: 15. El procedimiento para verificar el origen, no podrá exceder de un (1) año. No obstante, la Autoridad competente de la parte importadora, en casos debidamente fundados y por una sola vez, podrá prorrogar dicho plazo hasta por treinta (30) días. Dicha prórroga deberá ser notificada a las partes involucradas. 16. Transcurrido el plazo o la prórroga correspondiente, sin que la Autoridad competente de la parte importadora haya emitido una resolución de determinación de origen, la mercancía objeto de la verificación de origen recibirán el mismo tratamiento de las mercancías originarias y gozarán de libre comercio 8

9 Del párrafo 15 se colige, que el procedimiento de verificación de origen, no puede exceder de un año, a excepción que la Autoridad competente de la parte importadora, fundamente y prorrogue dicho plazo hasta por 30 días, la cual debe ser notificada a las partes; ( ) En dicha Resolución, se prorroga el plazo del procedimiento de Verificación de Origen, hasta por el plazo de 30 días calendario y el fundamento de la prorroga se establece en la referida resolución ( ) Con lo expuesto, se tiene por cumplido lo establecido en el párrafo 15 del referido artículo ya que el plazo de un año fue prorrogado y la Resolución en la cual se fundamenta dicha prorroga fue notificada a la sociedad importadora. Ahora bien, del párrafo 16 se advierte que hace referencia a la emisión y no a la notificación de la Resolución de Determinación de Origen ( ) En ese sentido, se comprueba que la emisión de la Resolución Final de Origen, se realizó dentro del plazo establecido de igual forma, se detallan cada una de las diferentes notificaciones realizadas a la sociedad exportadora ( ) De la inexistencia en el fallo contenido en la resolución final de verificación de origen de la negación del tratamiento de libre comercio. Al respecto, esta Dirección reitera que en el presente procedimiento administrativo, la sociedad tuvo la oportunidad procesal para pronunciarse sobre lo concluido en el Informe de Fiscalización, por cuanto, presentar alegatos que estimara pertinentes, mismos que están siendo valorados a través de la presente providencia, valoración que está encaminada a verificar la procedencia o no de la determinación de derechos e impuestos, así como las multas determinadas a raíz de la declaratoria de no originaria de las mercancías importadas. De conformidad a lo expuesto, esta Dirección General considera que es procedente confirmar en todas sus partes la Resolución N 6/17/DJCA/DPJ/31, emitida por esta Autoridad con fecha 9 de enero de 2017, por encontrarse apegada a derecho. III.- Que continuando con el incidente que nos ocupa, esta instancia contralora proveyó auto de las ocho horas diez minutos del día veinticuatro de mayo del año dos mil diecisiete, 9

10 mediante el cual se abrió a pruebas el presente recurso, derecho del cual hizo uso la parte alzada, por medio de escrito de fecha seis de junio del mismo año, en el cual expresó su inconformidad con la resolución objeto de la presente alzada, en el sentido de reiterar los agravios expuestos en el escrito de interposición del Recurso de Apelación. Posteriormente, mediante auto de las catorce horas treinta minutos del día diecinueve de junio del año dos mil diecisiete, se mandó oír en alegaciones finales a la sociedad apelante, derecho del cual no hizo uso, quedando el presente incidente en estado de emitir sentencia. IV.- Que del análisis de las razones expuestas por la parte recurrente y justificaciones de la Dirección General de Aduanas, en adelante la Dirección General, este Tribunal se pronuncia de la siguiente manera: 1. DE LOS ALEGATOS RELACIONADOS CON EL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE ORIGEN Y LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN FINAL DE VERIFICACIÓN DE ORIGEN. La apelante social, dentro de su expresión de agravios alega que en el procedimiento de verificación de origen la Dirección General de Aduanas cometió una serie de ilegalidades, dentro de los cuales tenemos: a) La Resolución Final de Verificación de Origen No. DOR/RF/010/2015, de fecha siete de agosto del año dos mil quince, fue emitida por autoridad no competente, debido a que la Dirección General de Aduanas no se encuentra facultada para ello, de conformidad al artículo V del Tratado General de Integración Económica Centroamericana, lo que acarrea como consecuencia la nulidad de la resolución con referencia RES. No. 6/17/DJCA/DPJ/31, objeto de la presente alzada, por ser un acto derivado de la referida resolución. b) Violación por parte de la Dirección General de Aduanas, del plazo legal en que debía ejecutarse el procedimiento de verificación de origen, ya que dicho proceso no puede durar más de un año desde su inicio hasta su finalización. c) Inexistencia en el fallo contenido en la resolución final de verificación de origen de la negación del tratamiento de libre comercio. 10

11 Respecto de los alegatos externados por la sociedad apelante, este Tribunal observa que los mismos se encuentran relacionados con la declaratoria de no origen de las mercancías denominadas Láminas de Acero en caliente y Frío, exportadas por la empresa , de la República de Guatemala, contenida en la Resolución Final de Verificación de Origen No. DOR/RF/010/2015, de fecha siete de agosto del año dos mil quince, cuya providencia fue el resultado del procedimiento de verificación de origen efectuado por la Dirección General de Aduanas contra el citado exportador. Procedimiento anterior el cual se encuentra contenido en el artículo 27 del Reglamento Centroamericano sobre el Origen de las Mercancías, y que tiene como objeto establecer si las mercancías que fueron declaradas como originarias y gozaron de preferencias arancelarias al momento de su importación, cumplen con los presupuestos establecidos en la normativa de la materia para ser consideradas como tales, es decir originarias. Al respecto, es oportuno aclarar a la recurrente social que los aspectos relacionados con el origen de las mercancías en comento, fueron objeto de discusión en el aludido procedimiento, así como por este Tribunal, dentro del diligenciamiento del Recurso de Apelación promovido en su oportunidad por la apelante social y cuya valoración fue plasmada en la sentencia emitida el día ocho de mayo del año dos mil dieciséis, bajo referencia A VO, a través de la cual esta Oficina confirmó lo establecido por la Autoridad Aduanera en la resolución No. DOR/RF/010/2015 antes relacionada y al haber emitido su fallo confirmatorio, el mismo se encuentra firme en sede administrativa, y no puede ser abierto nuevamente el tema de origen, por ello, no habrá pronunciamiento respecto a este punto. 2. DE LA DETERMINACIÓN DE DERECHOS E IMPUESTOS En cuanto a la determinación de derechos e impuestos establecidos en la resolución con referencia RES. No. 6/17/DJCA/DPJ/31, emitida por la Dirección General de Aduanas a las quince horas quince minutos del día nueve de enero del año dos mil diecisiete, por la cantidad de VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO DÓLARES CON SETENTA Y DOS CENTAVOS DE DÓLAR (USD$27,885.72) en concepto de Derechos Arancelarios a la Importación (DAI) y la 11

12 cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO DÓLARES CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS DE DÓLAR (USD$3,625.39), en concepto de Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA) complementarios, objeto de la presente alzada, este Tribunal advierte: El apoderado de la sociedad , se ha limitado a manifestar su inconformidad con la determinación de DAI e IVA establecido en la Resolución apelada, sin expresar agravio puntual respecto de tal determinación, limitándose dicho profesional tal como se ha indicado en el Apartado 1 del presente Considerando a señalar ilegalidades relacionadas con el procedimiento de verificación de origen y la Resolución Final de Origen relacionada en el párrafo anterior. No obstante lo anterior, este Tribunal del análisis a la Resolución RES. No. 6/17/DJCA/DPJ/31 apelada, observa que la determinación de derechos e impuestos establecidos respecto a las mercancías denominadas Láminas de Acero en caliente y frío, obedece a que las mismas no tenían derecho a gozar de preferencias arancelarias al momento de su importación a El Salvador, y en tal sentido estaban afectas al pago de los mismos, respecto a lo anterior, en atención a que el procedimiento de la Dirección General de Aduanas de la denegatoria de origen ya fue revisado por este Tribunal y se emitió la respectiva sentencia confirmatoria, y además que no existe ningún argumento que no esté vinculado con la declaratoria de no origen referida en el numeral anterior de este Considerando, denegatoria que tal y como se expuso ya está firme en sede administrativa, esta Oficina estima procedente confirmar la resolución venida en apelación. POR TANTO: De conformidad a las razones expresadas, disposiciones legales citadas y artículo 4 de la Ley de Organización y Funcionamiento del Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y de Aduanas que rige a este Tribunal, RESUELVE: CONFÍRMASE la resolución No. 6/17/DJCA/DPJ/31, pronunciada por la Dirección General de Aduanas, a las quince horas quince minutos del día nueve de enero del año dos mil diecisiete, a nombre de , que puede abreviarse , por los conceptos y montos detallados al inicio de la presente sentencia. Emítase el mandamiento de ingreso correspondiente. 12

13 Certifíquese esta resolución, acta de notificación, y vuelvan junto con el expediente de Aduana, que contiene las diligencias administrativas a nombre de , que puede abreviarse , a la Dirección General de Aduanas. NOTIFÍQUESE. --- PRONUNCIADA POR EL PRESIDENTE Y LOS SEÑORES VOCALES QUE LA SUSCRIBEN ---YAGE.---R. Huezo.---R. CARBALLO.---C. E. Tor. F.---J. N. C. ESCOBAR.---RUBRICADAS. CORRESPONDE A DATOS PERSONALES O CONFIDENCIALES: