R-DCA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Transcripción

1 R-DCA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. San José, a las quince horas cuarenta y un minutos del primero de febrero del dos mil dieciséis Diligencias de levantamiento de prohibición presentadas por el señor Edwin Castro Rodríguez, portador de la cédula de identidad número dos-cuatrocientos treinta-doscientos sesenta y dos, en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa MONTEDES SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-ciento cuarenta y dos mil trescientos cuarenta, para que se proceda con el trámite de levantamiento de la prohibición previsto en los artículos 22 bis y 23 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), a efectos de que dicha empresa pueda participar como oferente en los procedimientos de contratación administrativa que promueva la Administración Pública RESULTANDO I. Que el cuatro de diciembre del dos mil quince, la empresa MONTEDES S.A. presentó ante esta Contraloría General de la República, formal solicitud para el levantamiento de la prohibición que establecen los artículos 22 bis y 23 de la Ley de la Contratación Administrativa para poder participar válidamente en los procedimientos de contratación administrativa que promueva la Administración Pública vinculados con el giro comercial de dicha empresa, como lo es la construcción de obra pública. Lo anterior, considerando que la señora Adriana Mora Segnini, portadora de la cedula dos-cuatrocientos sesenta y dos-setecientos, es miembro de la Junta Directiva de la empresa Montedes Sociedad Anónima, en el cargo de Tesorera, pariente del actual Ministro de Obras y Transportes Carlos Segnini Villalobos II. Que mediante oficio No. DCA-0008 del cuatro de enero del dos mil dieciséis, esta División le solicitó a la empresa Montedes S.A. aportar una serie de información adicional, requerida para el trámite de su gestión III. Que esta gestión se atiende dentro del plazo de ley, habiéndose observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes CONSIDERANDO I. Sobre la procedencia del análisis y resolución del trámite de levantamiento de la prohibición presentado por Montedes S.A. en el contexto de la acción de inconstitucionalidad interpuesta en contra de los incisos c), h) e i) del artículo 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa: Mediante resolución de las quince horas treinta y ocho

2 2 minutos del veinticinco de noviembre del dos mil catorce, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia le dio curso a una acción de inconstitucionalidad interpuesta por el señor Antonio Álvarez Desanti para que se declaren inconstitucionales los incisos, a), f), h) e i) del artículo 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa. En dicha resolución, la Sala Constitucional indicó en lo que interesa: lo único que la acción suspende en vía administrativa es el dictado de la resolución final en los procedimientos tendientes a agotar esa vía, que son los que se inician con y a partir del recurso de alzada o de reposición interpuestos contra el acto final, salvo, claro está, que se trate de normas que deben aplicarse durante la tramitación, en cuyo caso la suspensión opera inmediatamente. Sin embargo, mediante la resolución N de las nueve horas cinco minutos del siete de octubre del dos mil quince, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dimensionó la resolución del veintiocho de noviembre del dos mil catorce, indicando en lo que interesa, lo siguiente: Por tanto: / Se modifica la resolución de las 15:38 horas del 28 de noviembre de 2014, emitida dentro de este expediente y por la cual se dio curso a esta acción de inconstitucionalidad, con el fin de que se entienda que, en sede administrativa, la interposición de esta acción no suspende las actuaciones del ente contralor en las cuales se reconozca y aplique la figura del levantamiento de prohibiciones regulado en el artículo 23 de la Ley de la Contratación Administrativa o en las distintas normas jurídicas que regulen esta figura. Por consiguiente, lo único que debe suspenderse para los efectos de esta acción, serán las resoluciones finales que deban emitirse en vía administrativa, en aquellos casos en que la situación fáctica permita concluir al órgano contralor que se está (sic) presencia de casos de prohibiciones absolutas, entendido lo anterior en el sentido de que no resulta jurídicamente posible levantarlas. Concordante con lo indicado por la Sala Constitucional, este órgano contralor se manifestó al respecto en resolución No. R-DCA de las quince horas con once minutos del veinte de octubre del dos mil quince: Como puede observarse, la Sala Constitucional estableció los alcances de la resolución del 28 de noviembre del 2014, de forma tal que explicó que lo único que debe suspenderse serán las resoluciones finales que deban emitirse en vía administrativa en aquellos casos en que la situación fáctica permita concluir a este órgano contralor que se está en presencia de casos de prohibiciones absolutas, entendido esto en el sentido de que no resulta jurídicamente posible levantarlas; por lo cualesta Contraloría General entiende que se le habilitó su competencia para resolver las gestiones sobre levantamientos de prohibición en donde no se está en presencia de prohibiciones absolutas.ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 22 bis y 23 de la Ley de Contratación Administrativa, este órgano contralor considera que las prohibiciones absolutas son aquellas que se ubican en los supuestos de los incisos a), b), c), d) e), f), g) y j) del artículo 22 bis, ya que en esos casos la prohibición no es susceptible de ser levantada. Así las cosas, precisado el contexto del análisis y con fundamento en las consideraciones expuestas, es que esta División procede a resolver la gestión de levantamiento de prohibición presentada por la empresa Montedes S.A

3 3 II. Sobre el régimen de prohibiciones en general: La Ley de Contratación Administrativa (artículos 22 y 22 bis) establece un régimen de prohibiciones que limita la participación de potenciales oferentes en los procedimientos de contratación administrativa en procura de garantizar la transparencia en las contrataciones públicas, con el fin de evitar situaciones de conflicto que comprometan el interés público.en particular, el artículo 22 bis inciso h) de la Ley de la Contratación Administrativa dispone que están inhibidos de participar (directa o indirectamente) en los procedimientos de contratación administrativa que promuevan las instituciones sometidas a esa ley, los parientes por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive, de los funcionarios cubiertos por la prohibición. Corolario de lo anterior, el inciso i) refiere que dicha inhabilitación para contratar aplica además para aquellas personas jurídicas en cuyos puestos de dirección participe alguno de los parientes de grado señalado en el inciso h). Ahora bien, los funcionarios a los que aluden los incisos de cita son: a) El presidente y los vicepresidentes de la República, los ministros y los viceministros, los diputados a la Asamblea Legislativa, los magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia y los del Tribunal Supremo de Elecciones, el contralor y el subcontralor generales de la República, el procurador general y el procurador general adjunto de la República, el defensor y el defensor adjunto de los habitantes, el tesorero y el subtesorero nacionales, así como el proveedor y el subproveedor nacionales. En los casos de puestos de elección popular, la prohibición comenzará a surtir efectos desde que el Tribunal Supremo de Elecciones declare oficialmente el resultado de las elecciones.( )d) Los funcionarios públicos con influencia o poder de decisión, en cualquier etapa del procedimiento de contratación administrativa, incluso en su fiscalización posterior, en la etapa de ejecución o de construcción. De lo anterior se extrae que aquellas personas nombradas en calidad de ministros o en puestos con poderes de decisión, transmiten a sus parientes hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad, así como las personas jurídicas en que ellos participen como accionistas hasta en un 25% de las propiedad de las acciones, ocupen puestos directivos o de representación. Ahora bien, corresponde analizar si en el caso concreto existe prohibición, en la medida que se ha señalado que la empresa tiene prohibición para contratar con toda la Administración Pública en virtud de que la actual Tesorera de la sociedad, Adriana Mora Segnini, posee un vínculo de consanguinidad respecto de quien ostenta actualmente el cargo de Ministro de Obras Públicas y Transportes, el señor Carlos Villalobos Segnini, se configura la prohibición para contratar con todo el Sector Público. De ahí entonces, se procederá a revisar si es susceptible de levantar la prohibición a que se ha venido haciendo referencia para el caso en particular III.Sobre la información aportada por la empresa gestionante: De la información aportada por el gestionante, se desprenden los siguientes hechos probados: 1) Que la señora Adriana

4 4 Mora Segnini, portadora de la cedula dos-cuatrocientos sesenta y dos-setecientos siete, es Tesorera de la Junta Directiva de la empresa Montedes Sociedad Anónima. (según consta en la solicitud de levantamiento presentada por la empresa y de la certificación literal expedida por el Registro Nacional al ser las quince horas del seis de enero del dos mil dieciséis, folios al y al del expediente administrativo) 2) Que la señora Adriana Mora Segnini y el señor Ministro de Transportes Carlos Segnini Villalobos, cedula número cincoveinticinco-doscientos sesenta y nueve, tienen una relación de parentesco de primos segundos, en tanto sus padres son primos hermanos (certificaciones expedidas por el Registro Civil, folios al y al del expediente administrativo) IV. Sobre el fondo: a) Sobre el levantamiento solicitado. En el caso concreto, con vista en las certificaciones emitidas por el Registro Civil, se tiene por acreditado que los señores Juan Segnini y Angelina Lupi Lupi son los progenitores de los señores Silvio Segnini Lupi y Mario Segnini Lupi, padres respectivamente de la señora Georgina Segnini Mekbel quién a su vez es la madre de la señora Adriana Mora Segnini y del señor Jorge Luis Segnini Sabat, quién es el padre del señor Carlos Segnini Villalobos (hecho probado 2). De esta relación se desprende que siendo que que los señores Silvio Segnini Lupi y Mario Segnini Lupi son hermanos entre sí, la señora Georgina Segnini Mekbel y el señor Jorge Luis Segnini Sabat son primos hermanos; de tal forma que la señora Adriana Mora Segnini y el señor Carlos Segnini Villalobos son primos segundos.de esa forma, la relación de parentesco que les vincula, supera el tercer grado cubierto por la norma, por lo que no se aprecia que exista prohibición alguna que afecte a la empresa derivada de esta relación de parentesco. Por lo que se tiene que no existe prohibición alguna de la empresa Montedes S.A. para que contrate con las diferentes dependencias de la Administración Pública. Así las cosas, esta División procede a denegar por no ser necesario, el levantamiento de prohibición POR TANTO SE RESUELVE: De conformidad con lo expuesto y lo que disponen los artículos 22 bis, incisos a),b) e f),y 23 de la Ley de Contratación Administrativa, y 22 y 23 de su Reglamento,1) SE DENIEGA POR INNECESARIO, el levantamiento de la prohibición que afecta a la empresa MONTEDES S.A., con cédula jurídica tres-ciento uno-ciento cuarenta y dos mil trescientos cuarenta, puesto que no existe prohibición que afecte a la empresa MONTEDES S.A. y puede

5 5 participar válidamente en los procedimientos de contratación administrativa relativos al objeto contractual promovidos por la Administración Publica NOTIFÍQUESE Allan Ugalde Rojas Gerente de División Elard Gonzalo Ortega Pérez Gerente Asociado Marcia Madrigal Quesada Fiscalizadora Asociada MMQ/chc NN: 1557 (DCA-0277) NI: 34124, 637 G: