R-DCA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

Transcripción

1 R-DCA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. San José, a las diez horas del diez de junio de dos mil trece Recurso de apelación interpuesto por JOSÉ PABLO ZUÑIGA MIRANDA en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 2012 LN PROTURISMO, promovida por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO, concesión para administrar y explotar el terreno e instalaciones del Paradero Lacustre Charrara, recaído a favor de EDDY MURIAS HERNÁNDEZ RESULTANDO I.- El apelante presentó recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la adjudicación de la Licitación Pública 2012 LN PROTURISMO, argumentando vicios en la forma en que fueron calificadas las ofertas y señalando incumplimientos en otras ofertas II. Mediante auto de las once horas del veintiuno de marzo de dos mil trece, se solicitó a la Administración aportar el expediente administrativo, el cual fue remitido vía oficio PRO III. Mediante auto de las ocho horas del nueve de abril de dos mil trece, se confirió audiencia inicial a la Administración, al adjudicatario y a Dennis Vélez Salas, para que se refirieran a los argumentos expuestos por la recurrente, audiencia que fue atendida por las partes, según consta en el expediente de apelación IV. Mediante auto de las ocho horas del veinticinco de abril de dos mil trece, se confirió audiencia especial la cual fue atendida únicamente por el adjudicatario IV. Mediante auto de las quince horas del veintiocho de mayo de dos mil trece, se confirió audiencia final a las partes, la cual fue contestada mediante escritos agregados al expediente V. La presente resolución se dicta dentro del término de ley, habiéndose observado durante su trámite las prescripciones legales y reglamentarias pertinentes CONSIDERANDO I- Hechos probados: Para la resolución del recurso se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Según el cuadro comparativo de las ofertas realizado por la entidad licitante, éstas obtuvieron las siguientes calificaciones: Empresa Monto canon 20% José Pablo Zúñiga ,00 14,05% Eddy Murias ,00 Hernández 16,64% Experiencia 35% Más de 8 años 35% Más de 8 años 35% Inversión Adicional 45% ,00 8,36% ,00 45% Total 57,41 % 96,64 %

2 2 Dennis Vélez ,00 Más de 8 años ,00 80,09 % Salas 20% 35% 25,09% (folio 287 del expediente administrativo) 2) Que el oferente MURIAS, en su propuesta respecto al punto 3.2 del cartel señaló lo siguiente: Entiendo, acepto y cumplo. Ver anexo #1 (folio 182 del expediente administrativo). Además, en el Anexo 1, se indica: Anexo #1: DECLARACION JURADA/ Yo Eddy Murias, cédula de identidad número , declaro en juramento que si resulto adjudicatario en el presente concurso; me comprometo a invertir en las obras y mejoras solicitadas en el punto 3.2 y sus anexos en referencia durante los primeros seis meses de adjudicación. Firmo por mi propia voluntad y convicción en Cartago, a las 18:00 horas del 18 de enero del 2013 (folio 145 del expediente administrativo). 3) El oferente MURIAS en su oferta, respecto al punto 4.2 del cartel señaló lo siguiente: Entiendo, acepto y cumplo. Ver anexo #2, con curriculum de experiencia donde tengo mas (sic) de 26 años de trabajar alrededor y en negocios de turismo y tecnología para el beneficio del turismo y bien social (folio 179 del expediente administrativo). Además, en el anexo 2 se indica: ANEXO # 2: DECLARACION JURADA DE EXPERIENCIA EN AREAS DE TURISMO Y AFINES DE EDDY MURIAS (folio 144 del expediente administrativo). 4) El oferente MURIAS en su oferta, respecto al punto 4.3 del cartel señaló lo siguiente: Entiendo, acepto y cumplo. Ver anexos #3 y #4 (folio 179 del expediente administrativo). Además, en el anexo 3 se indica: ANEXO # 3: CRONOGRAMA Y DETALLE DE EQUIPOS Y BIENES A INVERTIR ADICIONALES A LOS ESTIPULADOS EN EL PRESENTE CARTEL DE LICITACION (folio 142 del expediente administrativo). En el anexo 4 se indica: ANEXO # 4: PRESUPEUSTO DE INVERSIONES ADICIONALES SEGÚN PLAN DE DESARROLLO DEL PARADERO (folio 139 del expediente administrativo). 5) El oferente MURIAS en su oferta, respecto al punto 7.1.b del cartel señaló lo siguiente: Entiendo, acepto y cumplo. Ver anexos #16 (folio 175 del expediente administrativo). Además, en el anexo 4 se indica: ANEXO # 16: PLAN DE REFORESTACION PROPUESTO (folio 112 del expediente administrativo) II Sobre el fondo del recurso: a) Sobre la declaración jurada del punto 3.2 del cartel y la firma del presupuesto. Señala el apelante que el señor Zuñiga no aportó en su oferta el presupuesto de las obras establecidas en el Anexo 1, por lo que el ICT no puede cuantificar y controlar que el adjudicatario realice la inversión requerida. Señala que dicho presupuesto fue presentado con posterioridad a la apertura de ofertas, lo cual en su criterio es una modificación a la propuesta que genera su nulidad. Finalmente advierte que el presupuesto aportado no está firmado por el profesional correspondiente. El adjudicatario señala que cumplió con la declaración jurada que pedía el cartel, la cual consta a folio 145

3 3 del expediente administrativo. Sobre el presupuesto de las obras del Anexo 1, indica que el cartel no lo evaluaba y que ante requerimiento del ICT lo presentó. Resalta que en todo caso las obras del Anexo 1 son obligatorias. La Administración indica que el cartel no pidió un presupuesto sino el compromiso de cumplir con el Anexo 1 mediante declaración jurada, lo cual el adjudicatario sí cumplió, siendo que al no pedirse un presupuesto sobre esas obras. Criterio para resolver: El punto 3.2 del cartel establece: El oferente debe comprometerse, mediante declaración jurada, a realizar una inversión inicial mínima, de obras y mejoras en las áreas de deporte, restaurante y piscinas. Caso contrario, la oferta no será tomada en consideración (La negrita corresponde al original) (folio 29 vuelto del expediente administrativo) y el Anexo No. 1 del pliego cartelario contempla las obras a realizar por quien resulte adjudicatario. Al respecto, vista la oferta del adjudicatario se aprecia que éste adjuntó a su oferta la declaración requerida, donde indica me comprometo a invertir en las obras y mejoras solicitadas en el punto 3.2 y sus anexos en referencia durante los primeros seis meses de adjudicación (hecho probado 2), en la cual consta el compromiso exigido por el cartel. En relación con las obras señaladas en el Anexo 1 y conforme se establece en el punto 3.2 referido, se tiene que estas son obligatorias, denominadas por el mismo cartel como inversión inicial mínima (folio 29 vuelto del expediente administrativo), sin que haya establecido la norma cartelaria el deber de remitir el respectivo presupuesto, pues independientemente del costo que tengan las obras, quien resulte adjudicatario tiene la obligación de cumplir con las obras contenidas en el anexo 1, pudiendo la Administración seguir el control de las obras contra verificación del listado que se establece en dicho Anexo. Respecto al desglose del presupuesto del Anexo 1, éste no era un requisito a ponderar, por lo que en los términos del artículo 81 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), su presentación de forma posterior a la apertura de ofertas era posible, al estar referenciado en la oferta el compromiso de cumplir con las obras del Anexo 1 y no generarse con ello una ventaja indebida a favor de Murias. Finalmente, tratándose de la firma del presupuesto y la omisión de la firma alegada, esto es un argumento sin fundamento en el cartel o norma alguna que no comporta un vicio capaz de generar la exclusión de la oferta. Por las razones anteriores, se declara sin lugar el recurso en este extremo. b) Sobre el monto del canon. Alega el apelante que el canon se debe pagar a partir del momento en que la adjudicación quede en firme y se suscriba el contrato, siendo que el adjudicatario dispone que lo pagará a partir del momento en que entre en operación el complejo, lo cual indica no es correcto, y genera una ventaja indebida al adjudicatario. El adjudicatario señala que de conformidad con el cartel la operación de

4 4 Charrara se inicia a los 45 días siguientes a la adjudicación, siendo que el canon se debe pagar al ICT cuando éste lo indique. Agrega que el cartel no dice cuando se debe pagar, aspecto cuyo cuestionamiento se encuentra precluido. Concluye que al no especificar el cartel el momento del pago del canon, ello no puede considerarse como una omisión o desventaja. La Administración señala que el pliego cartelario, punto establece que la fecha de inicio de pago se fijará en el contrato. Criterio para resolver: El cartel no señala que el canon deba empezar a pagarse a partir del momento de la adjudicación, obligación que a partir de la lectura del punto 4.1 que establece que el canon es mensual (folio 28 del expediente administrativo), y el punto que establece que la operación inicia dentro de los primeros 45 días naturales, sumado a que el punto del cartel señala que los pagos de la concesión se deben realizar en la oficinas centrales del Instituto o por depósitos bancarios, por mensualidades adelantadas en las fechas que lo indique el contrato (folio 21 vuelto del expediente administrativo), todo lo cual permite comprender que el pago se realizará cada mes, en las fechas que se indiquen en el contrato. Por lo anterior, se declara sin lugar el recurso en este extremo. Corresponde a la Administración verificar que en el documento contractual se realice la especificación respectiva. c) Experiencia: Señala el apelante que de conformidad con los puntos 4.2 y 4.7 del cartel la experiencia a valorar es la del oferente o de quien se ofrezca como administrador y que el adjudicatario presentó su curriculum pero no indicó que él es quien va a administrar, como tampoco dio el nombre del administrador, de forma tal que la oferta incumple y debe ser anulada. El adjudicatario manifiesta que él presentó sus atestados como oferente y que el ICT los verificó. Señala que el cartel señalaba que salvo que el oferente fuera una sociedad anónima, se debía indicar el administrador, lo cual no es su caso, pues se trata de una oferta a nombre de persona física. La Administración responde que el cartel no pidió indicar el nombre del administrador, refiriendo las normas 4.2 y 4.7 al caso de las sociedades anónimas. Indica que en el caso de Murias, la verificación del punto 4.2 y se valoró considerando la experiencia que él mismo declaró. Criterio para resolver: El punto 4.2 del cartel indica que para evaluar la experiencia, el oferente podrá proponer su experiencia o la de sus socios (en caso de ser una sociedad) o la de la persona que propone como administrador (folio 28 vuelto del expediente administrativo), mientras que el punto del pliego cartelario establece que para verificar la experiencia que se exige se debe presentar declaración jurada detallando las actividades realizadas por el oferente, socios (si es una sociedad) o del administrador propuesto. En el caso del adjudicatario, que en es una persona física, se refirió a su propia experiencia, ya que de manera expresa indicó tengo mas

5 5 (sic) de 26 años de trabajar alrededor y en negocios de turismo y tecnología para el beneficio del turismo y bien social (hecho probado 3), habiéndose aportado la declaración jurada requerida por el punto 7.4.2, de forma tal que el incumplimiento alegado es inexistente. Por lo anterior, se declara sin lugar el recurso en este extremo. d) Sobre la valoración de las ofertas. El apelante indica que en su criterio, el punto 4.3 del cartel considera tanto el monto de las obras obligatorias (señaladas en el anexo 1), como el monto de la construcción de nueva infraestructura. Señala que en el caso del adjudicatario, el presupuesto de las obras obligatorias sería cero, al no haberlo presentado con la oferta, mientras que de los ,00 que ofreció como obra adicional y nueva, deben considerarse únicamente para efectos de evaluación, puesto que debe restársele el costo del equipo e inversión de trabajo, de forma tal que con el nuevo escenario de montos, alega el recurrente que él sería el que obtiene mayor porcentaje en este rubro. En virtud de lo anterior, solicita la nulidad del procedimiento alegando una mala aplicación de la fórmula, por parte del ICT. El adjudicatario reitera que el presupuesto de las obras adicionales sí fue presentado y se encuentra visible a folios 138 y 253 del expediente administrativo. Indica que en dicho presupuesto no se incluyen las mejoras mínimas porque son obligatorias, sin haber pedido el cartel su costo. Señala que las inversiones que se evaluaban en el punto 4.3 corresponde a aquellas que van a hacer, a partir de las obras establecidas como obligatorias. Considera que no debe quitársele equipo, pues es parte de su propuesta y que los rubros corresponden a inversión en infraestructura, siendo obras y recursos necesarios para poder brindar los servicios propuestos. La Administración señala que para las obras mínimas no se pidió presupuesto, pues se trata de obras obligatorias, consideradas como un requisito de admisibilidad. Reconoce que a la hora de evaluar la propuesta de inversión de obras adicionales, consideró todos los rubros detallados como inversión adicional, debiendo excluirse los montos de equipo, por lo que aporta un cuadro con la nueva evaluación que incorpora el cambio realizado. Criterio para resolver: De conformidad con el punto 4 del cartel, se valoraban tres aspectos: monto ofertado como canon (20%), experiencia (35%) e inversión (45%). Por su parte, el punto 4.3 del cartel que refiere a la valoración de la inversión, señala que ésta se calificará con base en el monto que el oferente indique que va a invertir en mejoras de instalaciones, y/o construcción de nueva infraestructura para el paradero, a partir de las obras o mejoras mínimas establecidas como obligatorias e indicadas en el anexo 1 del cartel. Así, se entiende que el monto a considerar corresponde a aquellas obras que son adicionales a las obligatorias, por lo que el monto de estas últimas no puede ser considerado en la evaluación del rubro inversión. Con base en lo expuesto,

6 6 se tiene que sobre este primer punto, no lleva razón el apelante. Ahora bien, partiendo de ello y considerando que: El adjudicatario, el apelante y Dennis Vélez obtuvieron los 35 puntos por concepto de experiencia, (hecho probado 1), El monto del apelante en cuanto a canon es inferior a lo ofertado por el adjudicatario y Vélez (hecho probado 1), El monto del apelante en cuanto a obras adicionales es inferior al de Dennis Vélez (hecho probado 1) y que aún considerando el monto alegado por el apelante de para la inversión del adjudicatario, -y valorando el monto de inversión adicional del recurrente en ,00, según lo indica el cartel-, se llega a establecer que el apelante no obtendría una nota mayor al adjudicatario, a partir de lo cual carece de interés entrar a conocer los cuestionamientos que hacen el recurrente respecto al equipo del adjudicatario, que en su opinión no debe ser considerado, habida cuenta que como recién se indicó, aún de llevar razón, la nota del apelante no sería mayor a la del adjudicatario. Finalmente y sobre la falta de firma que se indica presenta el presupuesto de las obras adicionales, ha de observarse que no era un requisito del cartel, siendo que el punto 4.3 del pliego de condiciones, requería para la inversión a evaluar, presentar un presupuesto y un cronograma respecto a las obras adicionales, lo cual fue cumplido por el adjudicatario (hecho probado 4). Por las razones expuestas, se declara sin lugar el recurso en este extremo. e) Presupuesto punto 3.2 del cartel. Cuestiona el apelante que la declaración rendida por el adjudicatario no menciona el monto de la inversión mínima a realizar. El adjudicatario señala que sobre este punto ya se refirió y reitera que las obras mínimas no debían ser cuantificadas, por lo que el argumento se encuentra precluido. La Administración reitera que el cartel solo requirió la declaración jurada. Criterio para resolver: En concordancia con lo resuelto en el punto a), se declara sin lugar el recurso en este extremo, al no estarse en presencia de un incumplimiento al cartel, siendo que lo exigido por la Administración era el compromiso mediante declaración jurada, lo cual como ya se desarrolló, sí fue cumplido. f) Plan reforestación Punto 7.1.b. Indica el apelante que el cartel pide un plan de reforestación, mientras que Murias presentó una recreación de bosque secundario, que no cumple a nivel técnico, siendo que para que un plan de reforestación sea válido y legal, debe estar firmado por profesional y en el caso de marras, lo firma el mismo oferente. El adjudicatario señala que el cartel requiere una propuesta del plan de reforestación, no un plan de reforestación, siendo que éste requiere un largo proceso de gestión de permisos ante el MINAE y debe ser tramitado por la persona que resulte adjudicatario, de forma tal que es imposible entregar un plan de reforestación al momento de presentar la oferta. Indica haber cumplido con lo dispuesto en el cartel, según consta a folio 112 del expediente administrativo. La Administración

7 7 indica que el plan de reforestación es una obligación del adjudicatario, siendo que para la evaluación ofertas este aspecto no se valoró. Criterio para resolver: El punto 7.1 b) del cartel establece Corresponderá al adjudicatario, acondicionar y administrar el Paradero Lacustre Charrara. Para tal fin, deberá presentar, en forma clara y precisa el detalle de la inversión, adicional a la misma establecida en el anexo 1 de este cartel, que pretende realizar para brindar los servicios propuestos, considerando: [ ] b) Propuesta del plan de reforestación de las áreas verdes del Paradero Lacustre Charrara. (folios 26 y 27 vuelto). Vista la oferta del adjudicatario se observa que tal propuesta está incorporada en su oferta (hecho probado 5), por lo que no se acredita el incumplimiento alegado. Corresponderá al adjudicatrio durante la ejecución del contrato, llevar a cabo un plan de reforestación que se ajuste a la normativa que regula esta materia, lo cual deberá ser verificado y fiscalizado por la Administración. Por lo anterior, se declara sin lugar el recurso en este extremo. g) Plan de inversión en infraestructura adicional. Punto 7.1.c Señala el apelante que el plan del adjudicatario no está firmado por un profesional responsable, sin que se detalle además que las mejoras a realizar cumplan con lo establecido en la Ley 7600, lo cual evidencia en su opinión una falta de viabilidad técnica de lo ofertado. Señala además que el presupuesto del anexo 3 presentado por Murias refiere a obras nuevas y no a las mejoras de las ya existentes. El adjudicatario indica que la firma del presupuesto no es un requisito del cartel. Sobre la mención que se hace a la Ley 7600, manifiesta que no es posible en el presupuesto determinar tal situación, señalando que la inversiones propuestas estarán cumpliendo con los requisitos de ley, tal y como se comprometió según consta a folio 120 del expediente administrativo. La Administración indica que el cartel no requirió la firma cuya falta se apunta. En relación con la Ley 7600, manifiesta al tratarse de un plan de inversión, no de construcción o diseños, no se puede evidenciar el lugar exacto donde se requerirá acondicionamiento para cumplir dicha Ley. Criterio para resolver: Tal y como se ha reiterado en puntos anteriores, el cartel no requería que el presupuesto de las obras adicionales a realizar, estuviese firmado por un profesional responsable. Adicionalmente, el alegato del recurrente se encuentra sin la fundamentación que señala el artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. En todo caso, estando las partes sujetas al cumplimiento del ordenamiento jurídico, deberán las obras que se construyan o mejoren, cumplir con la normativa que se exige en lo pertinente, así como, con las disposiciones de la Ley 7600 que resulten de aplicación para las obras de esta licitación, según lo dispone el artículo 10 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) que señala: En cualquier procedimiento de contratación administrativa, el oferente queda plenamente

8 8 sometido al ordenamiento jurídico costarricense, en especial a los postulados de esta Ley, su Reglamento Ejecutivo, el reglamento institucional correspondiente, el cartel del respectivo procedimiento y, en general, a cualquier otra regulación administrativa relacionada con el procedimiento de contratación de que se trate. El cumplimiento y fiscalización de lo anterior, corresponderá al ICT, de conformidad con el artículo 13 de la LCA. Por las razones expuestas se declara sin lugar el recurso en este extremo. h) Sobre la capacidad financiera. Señala el apelante que el adjudicatario aportó una constancia del Banco Nacional de Costa Rica, en la que se indica que cuenta con una hipoteca abierta en garantía, de la cual puede solicitar sub préstamos, sin que se señale que el adjudicatario cuenta con la capacidad financiera o con los recursos necesarios para atender el 100% de la inversión mínima, conforme al punto Agrega que el cartel solicita una carta de entendimiento, lo cual no se cumple en el caso presente. El adjudicatario señala que está presentando una carta en la que se indica que tiene un crédito aprobado vigente y listo del cual puede sacar sub préstamos para obtener $ ,00, lo cual excede en 10 veces el estimado de las obras mínimas obligatorias. La Administración indica que el cartel no fue explícito al indicar el tipo de documento probatorio de la capacidad financiera, sino que solicitó demostrarla mediante documento idóneo, como una certificación de entidad financiera, siendo que en caso de requerir financiamiento de una entidad de este tipo, la misma debería ser de primer orden. Expone el ICT que el documento visible a folio 256 del expediente administrativo en el cual consta documento extendido por el BNCR, haciendo contar que Murias posee con esa entidad una hipoteca abierta, resulta un documento a satisfacción para ella, como garantía para la construcción de las obras mínimas. Criterio para resolver: El apelante no prueba de qué forma el documento aportado por el adjudicatario no cumple con lo requerido por el punto del cartel, en el cual se requería demostrar la capacidad financiera para atender el 100% de la inversión mínima solicitada. Los argumentos que expone, no desvirtúan el contenido de la carta extendida por el Banco. Por otra parte, el numeral del cartel dispuso: Capacidad financiera / El oferente deberá demostrar mediante documento idóneo (certificación de entidad financiera, nacional o extranjera debidamente autenticada) (folio 26 vuelto del expediente administrativo), con lo cual se nota que el requerimiento era un documento idóneo y que de frente a las actuaciones de la entidad licitante ésta consideró el documento aportado por el adjudicatario como tal. Adicionalmente, el concepto que presenta el recurrente para definir carta de entendimiento, no sustenta tampoco el incumplimiento que alega, de modo que no llega a acreditar la trascendencia del vicio que imputa. Así las cosas y considerando que la

9 9 Administración ha manifestado que la información aportada sí le resulta suficiente, aunado al hecho que la carta del Banco presentada por el adjudicatario señala que Murias Hernández posee una hipoteca abierta en garantía por el monto de $ ,00 (folio 256 del expediente administrativo), monto superior a la estimación de la inversión mínima del adjudicatario y que puede solicitar sub prestamos derivados de la línea de crédito, pudiendo optar por el uso total de la misma, se considera que el requisito del cartel se encuentra respaldado, por lo que se declara sin lugar el recurso en este extremo. i) Subsanaciones. Señala el apelante que la subsanación no debe ser permitida, pues al pedir información por esta vía, se modifica la oferta. El adjudicatario indica que la subsanación está regulada en el artículo 81 del RLCA. La Administración se manifiesta en sentido similar a Murias, refiriendo al artículo 80 del RLCA. Criterio para resolver: La figura de la subsanación está debidamente regulada en los artículos 80 y 81 del RLCA. El apelante no acredita en su recurso que con el requerimiento de información hecho por el ICT, se hayan variado elementos esenciales de la oferta de Murias o que lo actuado sea contrario a los alcances de la norma citada. Por lo anterior, se declara sin lugar el recurso en este extremo. De esta forma, declarándose sin lugar todos los cuestionamientos expuestos en contra del adjudicatario, lo que lleva a confirmar el acto de adjudicación. Al amparo de lo dispuesto en artículo 183 del RLCA, carece de interés conocer lo siguiente: i) Los argumentos señalados por el recurrente en contra de la oferta de Dennis Velez Salas, la cual ocupó el segundo lugar en la evaluación hecha por la Administración (hecho probado 1). ii) Los argumentos señalados por Dennis Vélez Salas en la respuesta a la audiencia inicial, presentados contra la evaluación de las ofertas y contra el adjudicatario, siendo que no procede conocer los mismos, toda vez que Vélez Salas no presentó recurso de apelación, de forma tal que los mismos se encuentran precluidos. La audiencia inicial concedida a Vélez Salas encuentra sustento jurídico en el artículo 182 del RLCA, conforme al cual ésta se confiere a la Administración y a la parte adjudicada y a los otros oferentes sobre los que se alegue en el recurso, para que se manifiesten sobre los alegatos del apelante, sin que sea dicha audiencia, una oportunidad para presentar argumentos propios de un recurso de apelación. iii) Los argumentos señalados por el adjudicatario en contra del apelante, toda vez que el recurso de este último ha sido declarado sin lugar, por las razones ya detalladas POR TANTO De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución Política, 4, 85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 176 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Declarar sin lugar el recurso de apelación

10 10 interpuesto por JOSÉ PABLO ZUÑIGA MIRANDA en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 2012 LN PROTURISMO, promovida por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO, recaído a favor de EDDY MURIAS HERNÁNDEZ, acto el cual se confirma. 2) De conformidad con lo indicado en el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa, se da por agotada la vía administrativa NOTIFIQUESE German Brenes Roselló Gerente División Marlene Chinchilla Carmiol Gerente Asociada Marco Vinicio Alvarado Quesada Gerente Asociado CCF/ksa NN: (DCA-1293) NI: 6795, 7238, 7943, 9247, 9457, 9510, 10110, 12625, 12672, G: