A C T U A C I O N E S

Transcripción

1 JUZGADO ADMINISTRATIVO ESTADO DE QUERETARO - JUZGADO PRIMERO - EXPEDIENTE: 316/2017/QI Santiago de Querétaro, Querétaro, 04 (cuatro) de mayo del 2017 (dos mil diecisiete). Vistos para resolver en sentencia definitiva los autos del expediente 316/2017/QI relacionado al juicio de nulidad promovido por ***, en contra del Secretario de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, y Secretario de Finanzas del Municipio de Querétaro, y con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, se procede a dictar sentencia en base a los siguientes: A C T U A C I O N E S Acto impugnado La boleta de infracción de folio N494 de fecha 06 (seis) de febrero del 2017 (dos mil diecisiete). El 14 (catorce) de febrero de 2017 (dos mil diecisiete). El 16 (dieciséis) de febrero de 2017 (dos mil diecisiete). El 08 (ocho) de marzo de 2017 (dos mil diecisiete). El 10 (diez) de abril de 2017 (dos mil diecisiete) a las 10:00 (diez horas). R E S U L T A N D O S *** presentó escrito de demanda. Se admitió a trámite el escrito inicial de demanda, se ordenó el emplazamiento a las autoridades demandadas y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia final. Se les tuvo a las autoridades demandadas dando contestación a la demanda y se admitieron los medios de prueba los indicados en dicho proveído. Se desahogó audiencia de pruebas y de alegatos en términos de ley, ordenándose la citación para sentencia. C O N S I D E R A N D O S Competencia PRIMERO.- Este Juzgado Primero Administrativo en Querétaro, es competente para conocer del presente juicio de conformidad con los artículos 17, 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 34, Apartado A, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado de Querétaro; artículos 1, 2, 3, 4, 5, 19, fracción I, 20 y 21, fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro; en atención a lo dispuesto en los artículos, primero, cuarto y quinto transitorios de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Querétaro, La Sombra de Arteaga el 18 (dieciocho) de abril de 2017 (dos mil diecisiete) artículos 1, 2, 4 y 19, de la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro. Anteriores ordenamientos legales, de los que se deriva que este juzgado es competente para dirimir las controversias de carácter administrativo, que se susciten entre las dependencias administrativas estatales y municipales con 1

2 los particulares, por tanto competente para conocer de la presente controversia, misma que atiende la impugnación de actos de autoridad de la administración pública central del Municipio de Querétaro, como es: Secretario de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, en agravio del actor y que generó la necesidad de llamar a juicio al Secretario de Finanzas del Municipio de Querétaro. Legitimación SEGUNDO.- De constancias procesales que conforman el presente asunto, con fundamento en los artículos 130 y 131 de la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro a las que se le conceden valor probatorio se acredita que el actor, es el gobernado que se encuentra afectado en su esfera jurídica patrimonial, hecho que comprueba al exhibir recibo de pago, relacionado con el acto impugnado boleta de infracción N494 de fecha 06 (seis) de febrero del 2017 (dos mil diecisiete), emitida por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, documental emitida por autoridad facultada para ello, se le otorga pleno valor probatorio de conformidad a los artículos 67, 92, 131 y 135 fracción I de la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, para acreditar primeramente la existencia del acto impugnado. es con ello que se le reconoce legitimación procesal activa suficiente para actuar dentro de la causa que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 10 y 42 de la Ley Adjetiva de la Materia. LEGITIMACION PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional o instancia administrativa con la petición de que se inicie la tramitación de un juicio o del procedimiento respectivo. A esta legitimación se le conoce con el nombre de "ad procesum" y se produce cuando el derecho que se cuestionara en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación "ad causam" que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionara, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. La legitimación "ad procesum" es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la "ad causam" lo es para que se pronuncie sentencia favorable. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO Amparo en revisión 77/94. Consuelo Sánchez y asociados, S.C. 11 de mayo de Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Solís Solís. Secretario: Pablo Rabanal Arroyo. (Subrayado y negritas añadido por la Juzgadora). Existencia del acto reclamado TERCERO.- Resulta primeramente necesario acreditar la existencia del acto impugnado consistente en: la boleta de infracción con número de folio N494 de fecha 06 (seis) de febrero del 2017 (dos mil diecisiete), emitida por la Secretaría de Seguridad Publica Municipal de Querétaro, aportada en original por la parte actora visible en foja 05 (cinco) y en reimpresión por la autoridad demandada visible a foja 15 (quince) del presente sumario, documental emitida por autoridad facultada para ello, se le otorga pleno valor probatorio de conformidad a los artículos 67, 92, 131 y 135 fracción I de la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, para acreditar primeramente la existencia del acto impugnado. 2

3 JUZGADO ADMINISTRATIVO ESTADO DE QUERETARO Estudio de Causal de Improcedencia, excepciones y defensas A C T U A C I O N E S CUARTO.- Previo al estudio de la nulidad solicitada por el impetrante de justicia administrativa, es menester pronunciarse de manera oficiosa por cuanto ve a las causal de improcedencia contenida en el artículo 20 fracción V de la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, al ser su pronunciamiento de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto, ya que de no estudiarla de forma previa, se estaría dictando una sentencia definitiva no acorde al contenido en el artículo 144 de la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro. Criterio que se fortalece conforme a la jurisprudencia número 1a./J. 3/99, de la Novena Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, de enero de 1999 (mil novecientos noventa y nueve), página 13. IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.- De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito.. En este orden de ideas, *** acude a activar el juicio contencioso administrativo, por propio derecho, el 14 (catorce) de febrero de 2017 (dos mil diecisiete), señalando en su escrito inicial de demanda como resolución o acto impugnado boleta de infracción con número de folio N494 de fecha 06 (seis) de febrero del 2017 (dos mil diecisiete), emitida por la Secretaría de Seguridad Publica Municipal de Querétaro. Bajo este tenor se tienen como presupuestos procesales para la tutela de los derechos del gobernado en esta vía contencioso administrativa, lo que el artículo 42 de la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, el cual dispone: Artículo 42. Sólo podrán iniciar un juicio o intervenir en él, las personas que tengan un interés jurídico o legítimo en que fundar su pretensión. Tienen interés jurídico los titulares de un derecho subjetivo público e interés legítimo quienes invoquen situaciones de hecho protegidas por el orden 3

4 jurídico, tanto de un sujeto determinado como los integrantes de un grupo de individuos diferenciado del conjunto general de la sociedad.. Ya que dicho precepto precisa que sólo podrán intervenir en el juicio las personas que tengan interés jurídico o legítimo en el mismo, el interés jurídico es la aptitud de instar a los tribunales en virtud de la existencia de un derecho subjetivo lesionado; mientras que el en el interés legítimo el gobernado persigue un beneficio concreto y real en su esfera jurídica, pero a diferencia de éste, su existencia no descansa en la titularidad de un derecho subjetivo, se solicita el cumplimiento de las normas de derecho objetivo, las normas tutelares del interés legítimo son las que preservan el derecho de toda la colectividad o de un grupo determinado de la misma, en cuanto señalan el modo de actuar de la administración pública, es decir, normas que tutelan los denominados intereses difusos o colectivos, respectivamente; pero, para acreditar la existencia del interés legítimo no es necesario solamente la existencia de estas normas, sino que en el caso concreto exista un perjuicio directo al gobernado, individualizable respecto de los demás miembros de la colectividad o del grupo. Así, podemos conceptualizar el interés legítimo como aquella pretensión sustantiva que corresponde a ciertos sujetos, en virtud de su especial situación de hecho respecto de los demás sujetos de la colectividad, en relación con la debida observancia por parte de la autoridad de las normas establecidas en vista del interés general, dado que de su observancia puede concretizarse un beneficio jurídico individualizable, en relación de los demás miembros de la colectividad. INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. Amparo en revisión 256/2013. Luis Miguel Padilla Martínez. 7 de agosto de Mayoría de tres votos. Disidentes: José Fernando Franco González Salas y Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 470/2013, desechada por notoriamente improcedente, mediante acuerdo de 2 de diciembre de (Subrayado y negritas añadido por la Juzgadora). En éste orden de ideas, como ya se estableció el actor señala como acto impugnado la boleta de infracción folio N494 de fecha 06 (seis) de febrero del 2017 (dos mil diecisiete), y del estudios de 4

5 JUZGADO ADMINISTRATIVO ESTADO DE QUERETARO constancias procesales del expediente administrativo exhibido por la autoridad, esta juzgadora advierte que obra la reimpresión de la boleta de infracción a foja 15 (quince), en el cual se establece como nombre del infractor ***, además de contener los datos de su licencia de conducir ***, documento al cual se le otorgó valor probatorio pleno, mismo que no fue objetado por la accionante, al momento que la autoridad lo exhibió pues la promovente estuvo en oportunidad procesal para ejercer su derecho de ampliar la demanda en términos del artículo 64 de la Ley Adjetiva de la Materia y realizar las manifestaciones que a su derecho convinieran. A C T U A C I O N E S En razón de lo anterior tenemos que del estudio de constancias procesales se advierte que la titular del acto administrativo impugnado es una persona diversa a la accionante, quien si bien, al exhibir el comprobante de pago dirigido a su nombre, justificó contar con legitimación procesal activa para activar la instancia contencioso administrativa, lo cierto es ***, no es la titular del derecho subjetivo tutelado, por lo que no cuenta con interés jurídico para acudir al juicio contencioso administrativo, pues, el acto impugnado en su escrito inicial de demanda es la boleta de infracción cómo ha quedado acreditado está dirigido a otra persona. LEGITIMACION PROCESAL E INTERES JURIDICO, EN MATERIA CIVIL. DISTINCION ENTRE UNA Y OTRO. La distinción entre lo que es la legitimación procesal y el interés jurídico en materia civil, es la siguiente: por la primera, se ha de entender de manera general, como la circunstancia en que se encuentra una persona con respecto a determinado acto o situación jurídica, para el efecto de poder ejecutar legalmente aquél o de intervenir en ésta. La legitimación para obrar, a su vez, consiste en que precisamente, debe actuar en un proceso, quien conforme a la ley, le compete hacerlo y, por interés jurídico, debe estimarse aquel que tienen las partes, respecto de los derechos o de las cosas, materia del juicio. SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 846/96. María de la Luz Ramírez Valenzuela Escandón de Septién. 9 de mayo de Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Hugo Díaz Arellano. Secretario: Víctor Hugo Güel de la Cruz. Tenemos la existencia de un acto autónomo, que es la boleta de infracción, acto que fue señalado como impugnado por la parte actora, emitido a nombre de ***, quien fue susceptible de un acto de autoridad que causó molestía, siendo que en el caso que nos ocupa, al momento de imponer la boleta de infracción, se le retuvo la placa de circulación por parte de la autoridad. Si bien ***, manifiesta en el capítulo de hechos que acudió a pagar la multa impuesta por la Boleta de Infracción, expidiéndose a mí nombre el Recibo de pago también es cierto, que la accionante, no hace relación alguna sobre la causación de perjuicio y que el mismo tenga algún vínculo jurídico con el acto impugnado máxime que sus agravios son encaminados a desvirtuar la legalidad de la boleta de infracción, no realizando una relación entre la afectación a su esfera jurídica patrimonial y el acto impugnado, siendo que el acto primigenio de toda consecuencia es la boleta de infracción. En razón de lo anterior, esta Juzgadora declara fundada la causal de improcedencia, contenida en el artículo 20 fracción V de la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, esto es, porque de constancias procesales que obran en la causa que nos ocupa, mismas que son estudiadas como Instrumental de Actuaciones de conformidad con el numeral 131 de la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, se advierte que el actor señaló como resolución o acto impugnado N494 de 5

6 fecha 06 (seis) de febrero del 2017 (dos mil diecisiete), emitida por la Secretaría de Seguridad Publica Municipal de Querétaro dirigido a nombre de ***. Además Al respecto la autoridad demandada Secretario de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, en su contestación de demanda exhibió el expediente administrativo de conformidad con el artículo 67 segundo párrafo de la Ley Adjetiva de la Materia la reimpresión de la boleta de infracción calificada, a la que se le otorga valor probatorio pleno de conformidad con los numerales 67, 92, 131 y 135 fracción I de la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, para acreditar que se encuentra agregado el acto impugnado a foja 15 (quince) del presente sumario, y del que se desprende que su fecha de emisión es el 06 (seis) de febrero del 2017 (dos mil diecisiete), de la que se desprende se tomó como garantía la placa de circulación y en la observación señala: QUIEN CONDUZCA UN VEHÍCULO NO CUENTE CON EL REGISTRO QUE SEÑALA EL ARTÍCULO 9 DE ESTE REGLAMENTO O CON ALGUNO DE LOS MEDIOS CON LOS QUE SE COMPRUEBE EL MISMO. DICHA CONDUCTA CONSTITUYE UNA INFRACCIÓN AL REGLAMENTO DE TRÁNSITO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, CONTEMPLADA EN EL ARTÍCULO 92, FRACCIÓN VII, Y ARTÍCULO 9, Y SANCIONADA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 93, FRACCIÓN IV, CON UNA MULTA EQUIVALENTE A 15 UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE EN LA ZONA. MOTIVO MAYOR POR EL QUE SE COBRA LA INFRACCIÓN. De lo anteriormente referido, se advierte la boleta de infracción fue impuesta de manera personal a *** y tuvo conocimiento, en el mismo momento. Por las razones antes expuestas y con fundamento en lo vertido por el artículo 42 de la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, se tiene que el impetrante de justicia no acredita tener interés jurídico dentro de la causa, al haber impugnado un acto administrativo que no está dirigido a su nombre, por lo que no es titular de un derecho subjetivo público y no haber establecido de manera clara cuál es la afectación a su esfera jurídica en relación con el acto impugnado. Ante tales argumentos, y al resultar que el accionante no acredita su interés jurídico dentro de la causa y el presente juicio es improcedente lo que trae como consecuencia, el sobreseimiento del juicio intentado bajo tales circunstancias, de conformidad con lo previsto en la fracción V del artículo 20 de la Ley en cita, el cual a la letra dice: Artículo 20. El juicio ante los juzgados de lo Contencioso Administrativo es improcedente: V. Contra actos que no afecten intereses jurídicos o legítimos del actor. Debiendo sobreseer la causa, acorde a lo dispuesto por el artículo 21, fracción II, de la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, que a la letra dispone: Artículo 21. Procede el sobreseimiento del juicio: II. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia referidas en el artículo anterior;. 6

7 JUZGADO ADMINISTRATIVO ESTADO DE QUERETARO En ese sentido, LO PROCEDENTE ES DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA, al haber quedado debidamente acreditada las causales de improcedencia del juicio de nulidad, contenida en la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro. En las relatadas consideraciones, con apoyo en los artículos 20, fracción V, 21, fracción II, 22, 42, 55 fracción II y 144 fracción I de la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, ES DE SOBRESEERSE Y SE SOBRESEE LA PRESENTE CAUSA. A C T U A C I O N E S Por lo anterior, esta Juzgadora se encuentra imposibilitada para realizar el estudio de fondo del asunto, decisión que se fortalece con el criterio jurisprudencial número VI. 1o. J/23, de la Octava Época, emitido por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el tomo 22-24, de octubre-diciembre de 1989 (mil novecientos ochenta y nueve), en la página 252, de rubro y texto siguientes: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Así como el contenido de la tesis número I.9o.A.149 A, de la Novena Época, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, de julio de 2011 (dos mil once), página JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PARA QUE SE ACTUALICEN LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA ES NECESARIO QUE SE ENCUENTREN PLENAMENTE DEMOSTRADAS Y NO SE INFIERAN CON BASE EN PRESUNCIONES. De conformidad con la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 35, Volumen 84, Tercera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. DEBE PROBARSE PLENAMENTE Y NO APOYARSE EN PRESUNCIONES.", las causales de improcedencia en el juicio constitucional deben estar plenamente demostradas y no inferirse con base en presunciones. En esa medida y considerando que en el juicio de nulidad, las causales de improcedencia tienen la misma naturaleza que en el juicio de garantías, al ser de orden público y de estudio preferente, debe operar también la misma regla; por lo que, para que éstas se actualicen en el juicio contencioso administrativo es necesario que se encuentren plenamente demostradas, y no se infieran con base en presunciones. Por tanto, si existe un indicio de que se actualiza una hipótesis de improcedencia que pudiera generar el sobreseimiento en el juicio, dada la trascendencia de ello, es necesario que la Sala Fiscal, incluso oficiosamente, se allegue de las pruebas necesarias para resolver si se configura dicha hipótesis, ya que de ser así, la consecuencia sería no analizar el fondo del asunto. (Subrayado y negritas añadido). 7

8 En mérito a lo anteriormente expuesto y fundado es de resolverse y se resuelve: R E S O L U T I V O S PRIMERO.- Este Juzgado Primero Administrativo en Querétaro, es competente para conocer y resolver el presente juicio de nulidad promovido por la parte actora, de conformidad a lo expuesto en el considerando primero de esta resolución. SEGUNDO.- Se sobresee la presente causa, de conformidad con lo dispuesto en el considerando cuarto de la presente resolución. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 3 fracciones VII, VIII, XIII incisos a) y d) y XX; 4, 6 inciso d), 8, 69 fracción II, 108, 109, 110, 111 y demás relativos y aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, se ordena poner a disposición general, la versión pública de la presente resolución salvaguardando sus datos identificados e identificables. Notifíquese personalmente a la parte actora ***; por oficio al Secretario de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, y al Secretario de Finanzas del Municipio de Querétaro.- Publíquese y Cúmplase.- Así en definitiva lo sentenció y firmó la Licenciada María Eugenia Cervantes Cantera, Juez Primero Administrativo en Querétaro, quien actúa ante el Licenciado Jesús Edgar Alberico Yáñez Trejo, Secretario de Acuerdos por Ministerio de Ley, que autoriza y da fe.- Doy Fe. JUEZ SECRETARIO DE ACUERDOS POR MINISTERIO DE LEY PUBLICA EN LISTAS, EL 05 (CINCO) DE MAYO DEL 2017 (DOS MIL DIECISIETE).- CONSTE. NEGV 8