T.S.J.ASTURIAS CON/AD (SEC.UNICA) OVIEDO

Transcripción

1 T.S.J.ASTURIAS CON/AD (SEC.UNICA) OVIEDO SENTENCIA: 00688/2018 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ASTURIAS Sala de lo Contencioso-Administrativo APELACIÓN Nº: 112/2018 APELANTES: xxx Procuradora: xxx APELADO: AYUNTAMIENTO DE LLANES Procuradora: xxx SENTENCIA DE APELACIÓN Ilmos. Sres.: xxx Presidente: xxx Magistrados: xxx En Oviedo, a trece de septiembre de dos mil dieciocho. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, compuesta por los Ilmos. Sres. Magistrados reseñados al margen, ha pronunciado la siguiente sentencia en el recurso de apelación número 1

2 112/18, interpuesto por xxx representado por xxx, contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 de Oviedo, de fecha 20 de marzo de 2018, siendo parte Apelada Ayuntamiento de Llanes, representado por la Procuradora Dª. xxx. Siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado xxx. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- El recurso de apelación dimana de los autos de Procedimiento Abreviado nº 17/18 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 de los de Oviedo. SEGUNDO.- El recurso de apelación se interpuso contra Sentencia de fecha 20 de marzo de Admitido a trámite el recurso se sustanció mediante traslado a las demás partes para formalizar su oposición con el resultado que consta en autos. TERCERO.- Conclusa la tramitación de la apelación, el Juzgado elevó las actuaciones. No habiendo solicitado ninguna de las partes el recibimiento a prueba ni la celebración de vista ni conclusiones ni estimándolo necesario la Sala, se declaró el pleito concluso para sentencia. Se señaló para deliberación, votación y fallo del presente recurso de apelación el día 11 de septiembre pasado, habiéndose observado las prescripciones legales en su tramitación. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- Es objeto de impugnación en el presente recurso de apelación, la sentencia de 20 de marzo de 2018 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº Cuatro de Oviedo, Procedimiento Abreviado N.17 de 2018, desestimatoria del recurso contencioso administrativo interpuesto contra la resolución de 30 de octubre de 2017, 2

3 de la Alcaldía del Ayuntamiento de Llanes, por la que se aprueba la oferta de empleo público para Con la formulación del presente recurso la parte apelante suplica para que con estimación de sus fundamentos se anule la sentencia apelada y en su lugar se dicte otra que con estimación de la demanda, se anule el Decreto de 30 de octubre de 2017, de la Alcaldía de Llanes, por ser contrario al ordenamiento jurídico. Se argumentan como causas o motivos de la presente impugnación: la extemporaneidad de la oferta pública de Empleo; falta de motivación de la resolución impugnada; y error respecto a la valoración de impacto sobre el techo de gasto. Al presente recurso se opuso el Ayuntamiento de Llanes demandado y ahora apelado como Administración de la que procede el acto administrativo recurrido. SEGUNDO.- Sobre la legalidad de la sentencia apelada y la resolución impugnada, coincidiendo sustancialmente sus fundamentos y motivos con los que son objeto de examen en el presente recurso, se ha pronunciado la sentencia dictada por esta Sala el 30 de julio de 2018, al resolver el recurso de apelación número 111/18. Dada la coincidencia expuesta procede reproducir los fundamentos y adoptar la solución del referido precedente por obvias razones de igualdad en la aplicación de la Ley y seguridad jurídica evitando pronunciamientos contradictorios. En la sentencia anterior se decía sobre la primera alegación del recurso Frente a la argumentación que se hace en el Fundamento de Derecho Cuarto de la Sentencia apelada en el que se viene a rechazar la supuesta anulabilidad de la resolución administrativa impugnada apoyada en la extemporalidad de su aprobación, al efectuarse una vez trascurrido el período de un mes que se recoge en el artículo del Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, en el que se dice que las Corporaciones Locales aprobarán y publicarán anualmente, dentro del plazo de un mes dese la aprobación de Presupuesto, la oferta de empleo público para el año correspondiente, los recurrentes aducen que con independencia de los efectos invalidantes o no respecto el indicado plazo de un mes, la sentencia resulta equivoca sobre la existencia o no de la invocada extemporaneidad que resulta del precepto y aplicable artículo 128, del que se hace una interpretación errónea al vincularlo con el 3

4 artículo 18.5 de la Ley 3/2017 y el artículo 70.2 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. Con independencia de las argumentaciones que se efectúan por el Juzgador, lo que viene a hacer es justificar la dificultad que tuvo el Ayuntamiento en aprobar la oferta de empleo público y la brevedad del plazo para ello, más cuanto aquí interesa, no es tanto si se cumplimento o no el indicado plazo, cuestión que nadie pone en duda, ni el propio Juzgador, sino los efectos que de tal incumplimiento se derivan, respecto de lo cual hace aplicación del artículo 48.3 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas que niega efectos anulatorios al simple hecho de dictar una resolución previa del plazo establecido para ello, y siendo ello así, resultan intranscendentes las argumentaciones que para llegar a tal conclusión se contemplan en la sentencia apelada, toda vez que la finalidad del recurso de apelación no es pronunciarse sobre ellas, sino sobre el resultado de las mismas. TERCERO.- En el referido precedente se rechazaba el segundo motivo en base En segundo lugar se denuncia error de la sentencia apelada en cuanto no aprecia la falta de motivación alegada de la resolución administrativa impugnada respecto de la elección de las plazas en concreto que se incluyan en la oferta pública, y que basa el Juzgador en la mera existencia de negociación y los informes del Vicesecretario Interventor, lo que estima insuficiente para entender motivada la resolución impugnada. Esta argumentación tampoco puede acogerse toda vez que la necesidad de motivar los actos administrativos que impone el artículo 35 de la citada Ley 39/2015, al igual que antes exigía el artículo 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, tiene por finalidad dar a conocer las razones en las que la Administración apoya su resolución con el fin de no provocar indefensión a los administrados, supuesto que no se produce por la circunstancia de no argumentar en la resolución recurrida las razones por las que se eligen unos determinados puestos de trabajo y otros no, pues ello obedece a la potestad autóorganizativa de la propia 4

5 Administración y a la negociación con las organizaciones Sindicales, como pone de manifiesto la sentencia apelada. CUARTO.-Y para finalizar el examen del recurso la sentencia dictada con anterioridad señalaba Seguidamente se argumenta que la sentencia apelada incurre en error en cuanto a la valoración del impacto sobre el techo de gasto, en base a las siguentes consideraciones. En primer lugar le atribuye un error material en cuanto afirma que el interventor municipal asegura cuando el que emitió el informe era el vicesecretario-interventor, error material o de hecho, que carece de efectos y que puede rectificarse en cualquier momento, artículos de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, aplicable con carácter supletorio, en esta Jurisdicción. En segundo lugar se dice que el artículo 8.2 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local no establece que la facultad del interventor de examinar la actividad administrativa antes de dictarse la oportuna resolución, versa sobre la posibilidad de ser susceptible de producir derechos u obligaciones de contenido económico no de que se produzcan tales efectos, en orden a mantener el principio de estabilidad presupuestaria. A ello tenemos que decir que la sentencia apelada se apoya en los informes emitidos por la propia Intervención Municipal sobre la propuesta de proceder a efectuar una oferta de empleo público, así como las consecuencias que de ello pudiera derivarse, en tanto que los recurrentes se apoyan en un informe emitido por la Concejalía de Hacienda, tenido en consideración por el propio Juzgador, sobre las consecuencias a las que conduciría sin con motivo de la citada oferta de empleo tuviera que indemnizarse a quienes ocupen los puestos ofertados con carácter provisional, posibilidad de futuro que siempre estaría presente ante la cobertura de plazas vacantes ocupadas por no titulares de la misma. Seguidamente se argumenta que resulta extraño que se priorice el informe emitido por el Vicesecretario-Interventor sobre el informe del Interventor, cuando no señala de donde deduce la supuesta discrepancia cuando constan en el expediente informe emitidos los día 17 de julio y 4 de octubre de 2017 por el Vicesecretario- 5

6 Interventor y el día 24 de octubre de 2017 por el Interventor haciendo constar todos ellos la existencia de crédito presupuestario suficiente para llevar a cabo la oferta de empleo público y fue además el propio vicesecretario Interventor haciendo constar todos ellos la existencia de crédito presupuestario suficiente para llevar a cabo la oferta de empleo público y fue además el propio Vicesecretario Interventor quien hizo constar las consecuencias a las que pudiera conducir la obligación de indemnizar a quienes ocupan dichos puestos como vienen a reconocer determinados Tribunales. A continuación se señala que el artículo 19.2 de la Ley 3/2017, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 condiciona expresamente la aprobación al principio de disponibilidad presupuestaria, condición que como anteriormente hemos indicado se cumple en el supuesto de autos. Se añade también como motivo de impugnación de la Sentencia del Principado de Asturias viene reconocimiento la obligación de indemnizar a los trabajadores cuyo cese obedece a la ocupación del puesto de trabajo por su titular, sentencias, cuya firmeza desconoce a la ocupación del puesto de trabajo por su titular, sentencias, cuya firmeza desconoce y que afecta al ámbito laboral. Además, como hemos indicado se trata de una suposición a futuro, pues se ignora a cuantos afecta, toda vez que quienes ocupen dichos puestos podrán presentarse a la oferta pública, acreditando sus méritos, las distintas retribuciones que vienen percibiendo quienes los ocupan con su antigüedad y las de aquellos que accedan de nuevo, entre otras circunstancias a determinar, puesto que lo que se pretende con dicha normativa es que se mantenga el ejercicio presupuestario en su integridad y no en función exclusiva de los gastos de personal. Por último se critica la referencia que en la sentencia se hace a la Directiva 1990/70/CE del Consejo, de 29 de junio de 1999, relativa del Acuerdo marco de las CES, la UNICE y el CEEP, sobre el trabajo de duración determinada, señalando que se apoya en una de su considerandos sin invocar su parte articulada y que en todo caso dicha Directiva no es aplicable al supuesto de autos, pues no se trata de examinar ningún supuesto de discriminación a los que se refiere la Directiva. A ello tenemos que decir que el Juzgador en dicha referencia se limita a señalar que debe primar la relación laboral de carácter indefinida, sobre la de carácter temporal e interina, lo que 6

7 incorpora como un argumento más a favor de la aprobación de la oferta pública de trabajo. QUINTO.- La desestimación del recurso interpuesto conlleva la imposición de las costas procesales devengadas en esta alzada, conforme establece el artículo de la ley reguladora de esta Jurisdicción, al no apreciar motivos o circunstancias para hacer otro pronunciamiento, con el límite, por todos los conceptos de 600. Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación, F A L L O En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, ha decidido: Desestimar el recurso de apelación interpuesto por xxx, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de xxx, xxx y xxx, frente a la Sentencia dictada el 20 de marzo de 2018, por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº Cuarto de Oviedo en el Procedimiento Abreviado Nº 17 de 2018, siendo parte apelada El Ayuntamiento de Llanes, representada por la Procuradora Dª. xxx, sentencia que se confirma. Con imposición de costas a los apelantes con el límite expresado en el fundamento de derecho último de la presente resolución de 600. Contra la presente resolución cabe interponer ante esta Sala, RECURSO DE CASACION en el término de TREINTA DIAS, para ser resuelto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo si se denuncia la infracción de legislación estatal o por esta Sala de lo Contencioso-Administrativo de este Tribunal Superior de Justicia si lo es por legislación autonómica. Así por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos, la pronunciamos, mandamos y firmamos. 7