Sentencia de Sala 217/2014 SS

Transcripción

1 1 ACTORA: ********** AUTORIDAD DEMANDADA: DIRECTOR DE REGULACIÓN MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA E INSPECTORES JUICIO DE NULIDAD: 217/2014 SS Tijuana, Baja California, a quince de Agosto de dos mil dieciséis. SENTENCIA DEFINITIVA que se emite en los autos del Juicio Contencioso Administrativo número 217/2014 SS, promovido por **********, en contra de las autoridades DIRECTOR DE REGULACIÓN MUNICIPAL E INSPECTORES, AMBOS ADSCRITOS AL AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA, la cual sobresee el juicio, y R E S U L T A N D O 1.- Mediante escrito presentado ante esta Sala en fecha once de febrero de dos mil catorce, compareció ante esta Sala **********, instaurando demanda en contra de las autoridades DIRECTOR DE REGULACIÓN MUNICIPAL E INSPECTORES, AMBOS ADSCRITOS AL AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA, señalando como acto impugnado: La clausura del giro mercantil denominado **********, con numero de permiso **********, de fecha 28 de Mayo de 1999, expedido por el H. Ayuntamiento de Playas de Rosarito B. C., y revalidado por la Tesorería y recaudación de Rentas Municipal, en fecha 22 de Octubre del 2013, por motivos que desconozco, mismo que se encuentra en comodato a nombre de **********, ubicado en ********** de Playas de Rosarito B. C., por desarrollar la actividad mercantil antes descrita, Contrato de comodato que se adjunta a la presente, así como también con diversas pruebas concatenadas se acredita el anterior acervo. 2.- La parte actora señaló como hechos constitutivos de su demanda los siguientes: PRIMERO.- Que con fecha 25 de Enero del 2014, llegó al domicilio ubicado en calle Carretera **********, los inspectores de regulación municipal de nombre Marco A. Crosthwaite y Candelaria de la cual desconozco sus apellidos y su firma es ilegible, como lo justifico con el acta circunstanciada expedida por la Dirección de Regulación Municipal del H. VI Ayuntamiento de Playas de Rosarito B. C., hoy Demandada, y que establece la clausura total, respecto a la solicitud de permiso de operación del giro mercantil denominado **********. SEGUNDO.- La anterior cedula de clausura, es NULO DE PLENO DERECHO. Asimismo, son nulos los argumentos que se precisan en el mismo. Es nulo el acto de la autoridad emanado de las Autoridades demandadas, en razón de que únicamente contempla una serie de argumentos infundados y fuera de todo orden jurídico, por lo que el suscrito se encuentra en estado de indefensión, puesto que desconoce la manera en que la autoridad demandada arribó a tal conclusión o resultados, nunca se indican los mecanismos formulados para llegar al grado de clausurarme la fuente de trabajo que he estado operando apegado a los lineamientos que la misma demandada me ha ordenado. Por tal motivo, en mi opinión, debe declararse nulo. TERCER HECHO.- Téngase presente que, dada la nula motivación antes descrita, de la expedición de la cedula de clausura, hecha por la autoridades demandadas es imposible entender su proceder ya que su actuar es contraria a toda lógica jurídica, ya que el suscrito cuenta con toda la documentación en regla para operar el multicitado giro mercantil.

2 2 CUARTO HECHO.- Es menester para el presente caso realizar un estudio sobre la cuestión relativa a la "Competencia" que tiene los Inspectores de la Dirección de Regulación Municipal, para el efecto de realizar la clausura del permiso de operación, expedido por la Autoridades Demandadas en relación a la numero de permiso de operación antes descrito, y que se ubica en ********** de Playas de Rosarito B. C., toda vez que las Autoridades Demandadas pretende presionarme de esta manera y sin tener argumento alguno para dejar de seguir desarrollando el giro mercantil en comento, por lo que se traduce en un estado de indefensión para el usuario o gobernado, pues no le permite conocer a ciencia cierta si la autoridad emisora es competente para actuar en competencia a los supuestos jurídicos de la Ley. En este sentido se ha pronunciado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación en la jurisprudencia 2á./J.S7/21001 derivada de la Contradicción de Tesis 94/2000-SS, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, Noviembre de 2001, página 31, jurisprudencia cuya observancia es obligatoria para este Tribunal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Ampro. El rubro y texto de esa jurisprudencia es: COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EN EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA, DEBE SEÑALARSE CON PRECISIÓN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA Y, EN SU CASO, LA RESPECTIVA FRACCIÓN, INCISO Y SUBINCISO. De lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia P./J. 10/94 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 77, mayo de 1994, página 12, de rubro: "COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.", así como de las consideraciones en las cuales se sustentó dicho criterio, se desprende que la garantía de fundamentación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de que se trate, al atender al valor jurídicamente protegido por la exigencia constitucional, que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa, ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. En congruencia con lo anterior, resulta inconcuso que para estimar satisfecha la garantía de la debida fundamentación, que establece dicho precepto constitucional, por lo que hace a la competencia de la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia es necesario que en el documento que se contenga se invoquen las disposiciones legales, acuerdo o decreto que otorgan facultades a la autoridad emisora y, en caso de que estas normas incluyan diversos supuestos, se precisen con claridad y detalle, el apartado, la fracción o fracciones, incisos y subincisos, en que apoya su actuación; pues de no ser así, se dejaría al gobernado en estado de indefensión, toda vez que se traduciría en que éste ignorara si el proceder de la autoridad se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo por razón de materia, grado y territorio y, en consecuencia, si está o no ajustado a derecho. Esto es así, porque no es permisible abrigar en la garantía individual en cuestión ninguna clase de ambigüedad, ya que su finalidad consiste, esencialmente, en una exacta individualización del acto de autoridad, de acuerdo a la hipótesis jurídica en que se ubique el gobernado en relación con las facultades de la autoridad, por razones de seguridad jurídica. 2a./J. 57/2001 Contradicción de tesis 94/2000-SS. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito y el Primer y Cuarto Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, ambos del Primer Circuito. 26 de octubre de Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan Díaz Romero. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Tesis de jurisprudencia 57/2001. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del treinta y uno de octubre de dos mil uno. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca. Tomo XIV, Noviembre de Pág. 31. Tesis de Jurisprudencia. 3.- La parte actora hizo valer motivos de inconformidad, que por economía procesal se tienen como si a la letra se reprodujeran en el presente fallo. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia VI.2o. J/129 del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 599 del Semanario Judicial de la Federación y su

3 3 Gaceta, tomo VII, correspondiente al mes de abril de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, de rubro CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. 4.- La demandante ofreció como pruebas: " Las pruebas que a continuación se ofrecen se relacionan con todos y cada uno de los hechos de esta demandada 1) DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en copia de permiso del giro mercantil denominado **********, de fecha 28de Mayo de Esta prueba se relaciona con todos los hechos del escrito inicial de demanda. 2).- DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en original de Revalidación del permiso descrito en la probanza que antecede, ante la Tesorería y Recaudación Municipal del H. Ayuntamiento de Playas de Rosarito B. C., de fecha 22 de Octubre del Esta prueba se relaciona con todos los hechos del escrito inicial de demanda. 3).- DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en original del Acta Circunstanciada expedida por la Dirección de Regulación Municipal del VI H. Ayuntamiento de Playas de Rosarito B. C. de fecha 25 de Enero del Esta prueba la relaciono con todos los hechos del escrito inicial de demanda. 4).- DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en original de Boleta de Infracción expedida por la Dirección de Regulación Municipal del VI H. Ayuntamiento de Playas de Rosarito B. C., de fecha 25 de Enero del Esta prueba la relaciono con todos los hechos del escrito inicial de demanda. 5).- DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en original acta numero 536 expedida por la Dirección de Regulación Municipal del VI H. Ayuntamiento de Playas de Rosarito de B. C., de fecha 25 de Enero del Esta prueba la relaciono con todos los hechos del escrito inicial de demanda. 6).- DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en copia de Poder Notarial, otorgado ante la Notaria Publica numero **********, de fecha 07 de Octubre del 2002, en el cual se le designa a mi comodante como administrador único de ********** 7).- DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en Contrato de Comodato de fecha 01 de Septiembre del 2013, donde se faculta al suscrito para poder operar el permiso para venta ********** numero **********, con giro de mercados y autoservicios, ubicado en la dirección señalada con antelación 8) INFORME DE AUTORIDAD.- Que deberán de rendir las Autoridades demandadas para el efecto de que informe a esta Soberanía Judicial, si los argumentos que se estipulan en la cedula de clausura expedido por la propia demandada, derivan del incumplimiento de algún requisito para operar el giro mercantil que nos ocupa y en su caso si son consecuencia de decisiones propias del inspector que fijo dichas cedulas y por último que remita copia autorizada de un estado de la situación histórica del multicitado giro mercantil. Esta prueba se relaciona con todos los hechos del escrito inicial de demanda. 9).- PRESUNCIONAL.- En sus dos formas, legal y humana, tan solo en cuanto favorezca a los intereses de la actora. Esta prueba se relaciona con todos los hechos del escrito inicial de demanda. 10).- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Tan solo en cuando beneficie. Esta prueba se relaciona con todos los hechos del escrito inicial de demanda. 5.- Por auto de fecha diecinueve de febrero se admitió la demanda, ordenándose emplazar a las autoridades demandadas, quienes omitieron dar contestación a la demanda instaurada en su contra. 6.- En fecha veinticinco de marzo de dos mil quince, se llevó a cabo la audiencia de pruebas y alegatos, citándose a las partes para sentencia. 7.- En fecha veinte de Agosto de dos mil quince, se ordenó hacer saber a las partes el cambio de Magistrado de esta Sala, y toda vez que no fue posible localizar el domicilio proporcionado

4 4 por la parte actora, se ordenó que las notificaciones pendientes se llevaran a cabo por medio de lista. C O N S I D E R A N D O S I.- Competencia. Esta Sala es competente por materia para conocer del presente juicio, en virtud de promoverse en contra de actos emanados de autoridad administrativa municipal, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 22 fracción I de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, de aquí en adelante referida como Ley del Tribunal; asimismo, es competente por territorio, en virtud de que se promueve por un particular, quien señala domicilio en esta Ciudad, el cual se encuentra dentro de la circunscripción territorial de esta Sala, que fue fijada por acuerdos del Pleno de este Tribunal, en sesiones de fechas 30 de junio de 1994 y 6 de septiembre de 1997, de conformidad con lo dispuesto por los diversos Artículos 17 fracción VI, 18 fracción II, 21 y 23 de la citada Ley. II.- Existencia del acto o resolución impugnada. La parte actora señala como acto impugnado la clausura del giro mercantil denominado **********, de fecha 28 de mayo de 1999 y revalidado el 22 de octubre de 2013, el cual tiene en Comodato, negociación que se ubica en ********** de Playas de Rosarito. Dicho acto quedó plenamente probado con las documentales que obran en las fojas 12 a 14 de autos, signadas por los Inspectores adscritos a la Dirección de Regulación Municipal del Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California, instrumentales públicas que cuentan con valor probatorio pleno en atención a lo previsto por los artículos 322 fracción II, 323 y 405 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, aplicado supletoriamente en la materia, por disposición del artículo 79 de la Ley del Tribunal. III.- Procedencia.- El demandante se duele de la ilegalidad de la diligencia de clausura de la negociación mencionada con antelación. Ahora bien, ha sido criterio sostenido por este Tribunal que en tratándose de actividades regladas, como lo es la venta de bebidas alcohólicas al público, a efecto de que sea procedente el Juicio, el demandante deberá acreditar fehacientemente que cuenta con permiso para dicha actividad, emitido por autoridad competente. En el caso que nos ocupa, la parte actora no acreditó contar con dicho permiso, pues las constancias con las que dice probar la existencia de dicho permiso, consultables en las fojas 10 y 11 de autos, (de valor probatorio pleno en los términos de los artículos 322 fracción II 323 y 405 del Código de Procedimientos Civiles vigente en

5 5 el Estado, aplicado supletoriamente en la materia, por disposición del artículo 79 de la Ley del Tribunal) se advierte que el titular de dicho permiso o autorización lo es la persona moral denominada **********, S.A. DE C.V. Ahora bien, el demandante refiere que tiene dicho permiso en Comodato, por haber signado dicho contrato con ********** Sin embargo, el que haya celebrado dicho contrato, no le confiere interés para acudir al presente juicio impugnando el acto de clausura por no contar con el permiso referido, toda vez que, según lo dispone Artículo ********** 3 y 4, la venta, almacenaje para su venta y venta para consumo, y consumo de bebidas alcohólicas solo podrá autorizarse en los términos de la Ley o de dicho Reglamento y para operar dicho giro, se requiere de permiso expedido por el Ayuntamiento. Asimismo, el artículo 48, fracción XXII del propio Reglamento dispone que queda prohibido que el permiso sea utilizado por persona diversa a la autorizada en el mismo. El actor tampoco acreditó contar con la autorización de la autoridad competente para ejercer la actividad reglada con el permiso otorgado a diversa persona. Así las cosas, toda vez que a través de la emisión del acto impugnado, se impide al demandante ejercer una actividad para la cual carece de permiso, autorización o licencia, se surte la causal de improcedencia establecida en la fracción II del artículo 40 de la Ley del Tribunal, debiéndose decretar el sobreseimiento del juicio, en aplicación de la fracción II del artículo 41 de la Ley mencionada. Es aplicable además la Jurisprudencia emitida por este Tribunal cuyo rubro y texto es: JURISPRUDENCIA 13 INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR ACTOS CONEXOS A ACTIVIDADES QUE REQUIEREN LICENCIA O PERMISO. Si se reclaman actos o resoluciones administrativas que por sí mismos lesionan la esfera jurídica del demandante, por estar dirigidos a éste, argumentándose que no revisten la forma legal que impone el artículo 16 Constitucional, y en contra de los cuales se expresan agravios específicos, tendientes a lograr la declaración de su nulidad, ello es suficiente para que este Tribunal considere que dicho demandante tiene interés jurídico para impugnarlos y, por ende, bastante para analizar su legalidad, independientemente de que el gobernado cuente o no con la licencia respectiva que lo autorice a ejercer talo cual actividad reglamentada, salvo en los casos de que se trate de actos de autoridad que le impidan ejercer dichas actividades, pues la falta del permiso o licencia correspondiente, implica necesariamente la carencia de interés jurídico para impugnarlos. Recurso de Revisión del Juicio Contencioso Administrativo 16/999 S.S. Hipólito Otero Bolaños vs. Presidente Municipal de Tijuana y otra autoridad. Resuelto en Sesión de Pleno del 6 de septiembre de 1999, por unanimidad de 3 votos. Magistrado Ponente Licenciado Donaciano Romero Ortega. Recurso de Revisión del Juicio Contencioso Administrativo 17/999 S.S. Samuel Lino Rodríguez vs. Presidente Municipal de Tijuana y otra autoridad. Resuelto en Sesión de Pleno del 6 de septiembre de 1999, por unanimidad de 3 votos.

6 6 Magistrado Ponente Licenciado Donaciano Romero Ortega. Recurso de Revisión del Juicio Contencioso Administrativo 19/999 S.S. Samuel Lino Rodríguez vs. Presidente Municipal de Tijuana y otra autoridad. Resuelto en Sesión de Pleno del 24 de septiembre de 1999, por unanimidad de 3 votos. Magistrado Ponente Licenciado Jesús Arturo López Ramos. Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 81 y 82 fracciones I, II y III de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, se R E S U E L V E ÚNICO.- De conformidad con los razonamientos vertidos en el considerando III de esta resolución, con fundamento en los artículos 40 fracción II y 41, fracción II de la Ley del Tribunal, se sobresee en el presente juicio, para los efectos legales conducentes. Notifíquese por lista a la parte actora y por oficio a las autoridades demandadas. Así lo resolvió la Licenciada Flora Arguilés Robert, Magistrada Supernumeraria Titular de la Segunda Sala; y firmó ante la presencia de la Secretaria de Acuerdos Licenciada Norma Patricia Bravo Castro, quien da fe.

7 7 LA SUSCRITA, CLAUDIA CAROLINA GOMEZ TORRES, SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, CERTIFICA: QUE LO TRANSCRITO CON ANTERIORIDAD CORRESPONDE A UNA VERSION PUBLICA DE LA RESOLUCION DICTADA POR LA SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO EN FECHA QUINCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISEIS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 217/2014 S.S., EN LA QUE SE SUPRIMIERON DATOS QUE SE HAN CONSIDERADO COMO LEGALMENTE RESERVADOS O CONFIDENCIALES, CUBRIENDO EL ESPACIO CORRESPONDIENTE MEDIANTE LA UTILIZACION DE DIEZ ASTERISCOS; VERSION QUE VA EN SEIS FOJAS UTILES. LO ANTERIOR CON APOYO EN LA FRACCION I, DEL ARTICULO 34 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y 15 DEL REGLAMENTO DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA. LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A VEINTIDOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS. DOY FE.