Unidad 6. Competencias, recusaciones y excusas

Transcripción

1 Unidad 6 Competencias, recusaciones y excusas

2 COMPETENCIAS, RECUSACIONES Y EXCUSAS. DETERMINACION DEL JUZGADOR. Hemos visto en los capítulos anteriores que existen diversas autoridades a quienes compete, por determinación de la Ley, conocer, conciliar y resolver, en su caso, los conflictos de trabajo. Sin embargo, para precisar la autoridad que ha de intervenir en un asunto dado, deben definirse las facultades o limitaciones de la autoridad, impuestas por razón de la misma organización de los tribunales de trabajo o por las circunstancias que en cada caso pueden concurrir, de tipo personal, en los individuos que integran el respectivo tribunal laboral. La Ley se ocupa de estas dos cuestiones en capítulos que, según tradicionalmente se han conocido también por la doctrina, se refieren a competencias y a recusaciones y excusas. Las primeras regulan el problema dentro de un criterio institucional, las segundas tienen un carácter completamente personal. COMPETENCIAS Todas las autoridades jurisdiccionales en el ramo del trabajo tienen facultades para resolver juicios laborales; pero no todas esas controversias, sino algunas de ellas, estableciéndose así, desde luego, la diferencia fundamental, que ya hicimos notar, entre las materias que son del fuero federal y aquellas que corresponden a las autoridades locales o estatales. Dentro de estas dos categorías y habiendo varias autoridades de la misma clase, con excepción de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que, ya dijimos, es única, pueden presentarse casos en los que una persona trabaje en un municipio o en un Estado y viva en otro; puede ocurrir que el contrato de trabajo se celebre en un lugar, pero las labores se desarrollen en otro lugar distinto. Esto requiere que la Ley precise a quién compete intervenir tratándose de casos como los apuntados y otros más. En la Ley actual los artículos 698 y siguientes, establecen reglas diferentes para determinar las competencias dividiendo los casos que correspondan a las juntas de Conciliación de aquellos que sean propios de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y tratando por separado los conflictos colectivos, la cancelación del registro de un sindicato y los conflictos entre patronos y trabajadores entre sí y cuando el demandado sea un sindicato.

3 Para el primer caso, o sea tratándose de las Juntas de Conciliación, se fija la competencia por razón del lugar donde se presten los servicios. Respecto de las juntas de Conciliación y Arbitraje, se permite al actor escoger entre la junta del lugar de prestación de los servicios, en la inteligencia de que si se prestaron en varios lugares será competente la junta de cualquiera de ellos. Podrá también escoger la junta del lugar de celebración del contrato o, por último, la junta del domicilio del demandado. En los conflictos colectivos la competencia se decide por la junta del lugar en que esté ubicada la empresa o establecimiento, si se trata de un conflicto local; si fuera federal, en la junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Podría presentarse el caso de una empresa que tuviera varios establecimientos dependientes de ella ubicados en distintos lugares. Nosotros creemos que en tales circunstancias y planteándose un conflicto colectivo, deberá tomarse como lugar de ubicación aquel en que estuvieren establecidas las oficinas principales, o sea lo que en Derecho Civil se entiende como domicilio de la persona jurídica. Si se trata de la cancelación del registro de un sindicato, la Ley da competencia a la junta del lugar donde se efectuó el registro. Con tal criterio no podrá haber duda sobre la competencia, pues aún suponiendo que de hecho se hubiere registrado en varios lugares, deberá considerarse aquel en que se hizo por primera vez. Por último, en los conflictos de trabajadores y patronos entre sí, será competente la Junta de Conciliación y Arbitraje del domicilio del demandado. Si el demandado es un sindicato, la del domicilio de éste. Consideramos que ya no existe el problema relativo a un demandado que se hubiere declarado legalmente ausente, como antes lo disponía la fracción IV del articulo 429 de la Ley del Trabajo de 1931, pues en la actualidad la segunda parte del articulo 739 claramente dispone que cuando deba efectuarse la primera notificación a una persona que haya desaparecido, tal diligencia se hará en el domicilio que se hubiere señalado en el contrato individual de trabajo, o documento escrito como lo llama la actual Ley, y faltando esa designación la notificación se hará en el último local o lugar de trabajo en donde se prestaron los servicios y se fijará copia de la demanda en los estrados de la junta. Con este criterio podrá fijarse la competencia del tribunal de trabajo. DETERMINACION DEL JUZGADOR Si las partes tuvieran siempre en cuenta estos preceptos de la Ley, normalmente interpondrían sus demandas ante un tribunal de trabajo competente; pero ocurre en la práctica, como también se advierte en los demás procedimientos judiciales, civiles, mercantiles, de amparo, etc., que las demandas se presentan ante una junta que no es la competente por Ley para conocer del asunto. Entonces se han previsto dos caminos para enderezar el procedimiento: o bien se le pide a la misma junta que resuelva no ser competente para conocer del asunto, lo cual se conoce como "declinatoria", o bien se ocurre ante la junta a la que si se le considera competencia para conocer del conflicto y se le pide que lo haga traer a su conocimiento, solicitando a la autoridad incompetente

4 que lo ha recibido que se inhiba de conocerlo. Este procedimiento se conoce como "inhibitoria'". En la actual Ley del Trabajo solamente se permite plantear las cuestiones de competencia por declinatoria, según lo dispone el artículo 703, o sea que la parte que invoque la incompetencia deberá hacerlo notar en la audiencia de demanda y excepciones, con el carácter de excepción de previo y especial pronunciamiento. La junta escuchará al promovente y recibirá las pruebas que estime convenientes y que, naturalmente, deberán referirse exclusivamente a la cuestión de competencia. Al concluir este trámite deberá dictar resolución. En las reformas de 1980 se corrigió el error que habíamos hecho notar en la Ley de 1970, pues ahora sí se determina quien debe dirimir un conflicto de competencia y así, en el artículo 705, se previene que las competencias se decidirá: 1. Por el Pleno de las juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, cuando se trate de: a) Juntas de conciliación de la misma Entidad Federativa, y b) Las diversas Juntas Especiales de la junta de Conciliación y Arbitraje de la misma Entidad Federativa. 2. Por el Pleno de la junta Federal de Conciliación y Arbitraje, cuando se trate de las juntas Federales de Conciliación y de las Especiales de la misma; entre sí recíprocamente. 3. Por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación cuando se suscite entre: a) Juntas Locales o Federales de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal Federal de conciliación y Arbitraje. b) Juntas Locales y juntas Federales de conciliación y Arbitraje. c) Juntas Locales de conciliación y Arbitraje de diversas Entidades Federativas. d) Juntas Locales o Federal de Conciliación y Arbitraje y otro órgano jurisdiccional. La Ley dispone, por último, que cuando una junta advierta que es incompetente, así deberá declararlo, pero antes de dictar esa resolución citará a las partes, dentro de un termino de cinco días, a una audiencia de pruebas y alegatos. Es interesante transcribir la siguiente tesis sostenida por la Suprema Corte: TESIS El articulo 439 de la Ley Federal del Trabajo dispone que es nulo todo lo actuado por las juntas que hayan sido deparadas incompetentes: por tanto, al recibir una junta los autos de la reclamación iniciada ante otra que se declare sin competencia para conocer de ellos, debe ordenar la reposición del procedimiento desde su iniciación, en vez de continuar su tramitación según el estado que tenía ante la que inicialmente conoció del conflicto. D/5359/48/1a. Carlos Dittmer y Cia. Sucs., S.A. Noviembre de RECUSACION Y EXCUSA Indicamos con anterioridad que puede haber circunstancias de tipo personal que impidan la adecuada resolución del conflicto laboral por un determinado funcionario laboral. Estas circunstancias pueden referirse a aquellas que privan al juzgador de la

5 indispensable imparcialidad, sea porque lo muevan sentimientos de afecto, de gratitud o de interés con una de las partes o, por el contrario, sentimientos de odiosidad o rencor que, en ambos casos, impedirían la administración de una verdadera justicia. Por ello se ha permitido en materia laboral, como en las demás ramas del Derecho, que los propios integrantes de la junta se excusen de conocer en un caso concreto, cuando mediaren circunstancias como las anotadas. Desde luego, que el parentesco estrecho entre el Litigante o su abogado y el juzgador, el ser o haber sido curador o tutor de una de las partes en el juicio, indica ese vínculo afectivo que hemos señalando y, por ello, la Ley los menciona en diversas fracciones del artículo 707. También puede ocurrir que alguna de las partes haya denunciado la comisión de algún delito o falta de su contraparte. Se indica también en relación con cualquiera de las partes, ser su apoderado o defensor o su deudor, acreedor, heredero o legatario. Si la autoridad no se excusa, las partes podrán denunciar tal hecho ante los superiores, en los términos del artículo 710.