La reforma de la ley de morosidad comercial

Transcripción

1 legislación La reforma de la ley de morosidad comercial FELAC INNOVA ha hablado con dos expertos para descifrar las claves de las mejoras de la ley contra la morosidad en las operaciones comerciales, una legislación que pretende que los plazos de cobro de España se equiparen a los de la mayoría de países europeos y aumente así la competitividad de nuestras empresas. 14 Los efectos de la crisis económica se han traducido en un aumento de impagos, retrasos y prórrogas en la liquidación de facturas vencidas. Esto está afectando en especial a las pequeñas y medianas empresas, que funcionan con gran dependencia al crédito a corto plazo y con unas limitaciones de tesorería que complican su actividad en el contexto económico actual. Según Pere J. Brachfield, experto en morosidad y director del Centro de Estudios de Morosología de la Escuela de Administración de Empresas (EAE Business School), en períodos difíciles como el que está atravesando la economía española, agravado por la falta de dinero en el circuito financiero, las empresas utilizan la prolongación de los plazos de pago o las prórrogas en el abono de las facturas como sustitutivos de los créditos bancarios. Seis años después de la entrada en vigor de la ley 3/2004 contra la morosidad en las operaciones comerciales, ésta se ha adaptado a los cambios que se han producido en el entorno económico y se ha modificado para que sea ampliamente aplicable tanto en la empresa española como en el sector público dando como resultado la ley 15/2010, en vigor desde julio del año pasado. Qué dice la ley? Se establece un plazo máximo de pago de 60 días por parte de las empresas para los pagos a proveedores, implantando un calendario transitorio que culminará el 1 de enero de Este plazo de pago no podrá ser ampliado por acuerdo entre las partes con el fin de evitar posibles prácticas abusivas de grandes empresas sobre pequeños proveedores. Asimismo, se refuerza el derecho a percibir indemnización, se amplía la posibilidad de que las asociaciones empresariales denuncien prácticas abusivas en nombre de sus asociados y se promueve la adopción de códigos de buenas prácticas en materia de pagos. El plazo de pago del sector público, que se aplicará a partir del 1 de enero de 2013 siguiendo un periodo transitorio para su entrada en vigor, se reduce a un máximo de 30 días. Por otra parte, se propone un procedimiento ágil para hacer efectivas las deudas de los poderes públicos, y se instauran mecanismos de transparencia en materia de cumplimiento de las obligaciones de pago mediante informes periódicos en todos los niveles de la Administración y un nuevo registro de facturas en las administraciones locales. Repercusiones en la empresa Fernando González de Zulueta, socio de Deloitte Abogados y Asesores Tributarios, analiza los efectos operativos y de gestión de la reforma de la ley: Las empresas deberán planificar de forma estructurada su impacto en los procesos de facturación y de devengo del IVA al cambiarse el hito inicial para determinar el plazo máximo de pago, que pasa de fecha de factura a fecha de entrega de la mercancía o prestación del servicio. Además, advierte que para calcular el plazo de pago se tendrán que computar todos los días naturales del año, esto es, todos los días laborales, festivos y vacacionales, por lo que muchas empresas deberán variar sus prácticas en cuanto a los días de pago fijos que tenían establecidos. Por lo que corresponde al impacto administrativo que la ley va a tener sobre los procesos de cuentas por cobrar y pagar, hay que tener presente que explica Fernando González de Zulueta se deberán modificar todos los cálculos que sobre el vencimiento del pago se venían aplicando, la agrupación de las facturas será por un periodo máximo de 15 días en lugar de 30 y la forma de verificación de las mercancías entregadas deberá adecuarse al nuevo plazo o regular adecuadamente este extremo. Los especialistas de Deloitte Abogados y Asesores Tributarios destacan la obligación impuesta por la reforma a todas las empresas de incluir en la memoria de las cuentas anuales una descripción de la situación real de

2 radiografía empresarial Pere J. Brachfield Fernando González de Zulueta sus plazos de pago y sus consecuencias: Por ello, será más que necesario adaptar los sistemas de información de las empresas, así como establecer parámetros temporales que les permitan medir el grado de cumplimiento de los periodos de pago antes de finalizar su ejercicio social. Pero, se está aplicando? Esta norma no es como la ley antitabaco, que al día siguiente de entrar en vigor, los resultados eran palpables en la calle y a las empresas incumplidoras insumisas les ha caído una sanción gubernamental de hasta euros, sostiene Pere J. Brachfield. La ley contra la morosidad requiere un esfuerzo por parte de las empresas y las administraciones públicas para que se vaya implementando, añade. Fernando González de Zulueta afirma que la experiencia a lo largo de estos meses desde que la reforma de la ley entró en vigor les ha permitido comprobar que las empresas que están reclamando su aplicación tanto a empresas privadas como a administraciones públicas están acortando sus periodos medios de cobro. Según el último estudio de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, en el 2010 el plazo medio de pago en España entre empresas privadas fue de 93 días y de 157 días en la administración pública. Si hablamos de Europa, la media en el sector privado se sitúa en 55 días y la del sector público en 67 días. Aunque se ha fijado un calendario transitorio de adaptación hasta el 2013, Pere J. Brachfield cree que es posible que se requiera algún año más. Vamos con un retraso de más de 15 años en adoptar los plazos de pago que dicta la Comisión Europea y la Unión Europea, y tenemos que ajustarnos a los plazos europeos paulatinamente, declara. De no mejorar la coyuntura económica, supone que será difícil que las empresas reduzcan de golpe sus plazos de pago a proveedores porque no hay dinero en las tesorerías y los bancos no ayudan a financiar el activo corriente. Brachfield lanza una idea, aunque la ve poco factible: Los bancos deberían sacar líneas de financiación al comprador para que éste pueda reducir sus plazos de pago a proveedores, y no como sucede hasta ahora que es el proveedor el que tiene que buscar fuentes de financiación a corto plazo con los bancos para sufragar sus cuentas por cobrar. Plazos máximos de pago Sector público Durante el 2011: 50 días. Durante el 2012: 40 días. A partir del 1 de enero de 2013: 30 días. Sector privado Durante el 2011: 85 días. Durante el 2012: 75 días. A partir del 1 de enero de 2013: 60 días. *Para productos frescos y perecederos: 30 días. 15

3 legislación 16 Este experto en morosidad considera que, a medida que la economía avance, los plazos de pago bajarán y que, además, será vital que este año el Congreso de los Diputados promulgue un régimen sancionador adecuado para las empresas incumplidoras. Pros y contras Para Pere J. Brachfield, la ley está concebida para beneficiar al proveedor. No hay ninguna norma que perjudica al que vende y quiere cobrar en un plazo europeo, manifiesta. Fernando González de Zulueta confirma que la reforma de la ley antimorosidad ofrece ventajas a las empresas, pero también le reconoce algún inconveniente. Es el caso de la modificación de los sistemas de gestión y control, que posiblemente implicará la adaptación de los programas informáticos a las nuevas obligaciones impuestas por la ley, como el plazo de entrega de las facturas, la documentación de entrega de las mercancías o la reducción del periodo de verificación de la mercancía o servicios si se quiere ligar al pago de los mismos. Otro inconveniente observado por Deloitte Abogados y Asesores Tributarios radica en los plazos de pago. Hasta ahora, el pacto del plazo de pago era un elemento que podía utilizarse en la balanza de la negociación a la hora de facilitar y establecer relaciones comerciales, junto al precio (a mayor precio, mayor plazo de pago) o a la voluntad de financiar al cliente por determinadas razones. No obstante, para estos puntos será necesario buscar otros cauces legales que permitan cumplirlos, los cuales habrá que analizar en cada supuesto individualmente, señala González de Zulueta. Algunas recomendaciones Pere J. Brachfield aconseja a una empresa que quiere implantar esta ley estudiarla a fondo para conocer los plazos de transición, sus derechos y todo lo relacionado con su aplicación; enviar cartas a sus clientes explicando que se van a adoptar los plazos legales de pago, y esperar la reacción. Si los clientes se muestran reacios, sugiere buscar el asesoramiento de su asociación patronal y proponer a ésta que se asocie a la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, entidad que va a defender sus derechos y a ayudar a las empresas a luchar contra la morosidad. Según Fernando González de Zulueta, nuestra principal recomendación es que las empresas saquen partido de la reforma de la ley de lucha contra la morosidad, aplicándola en sus relaciones comerciales. Otra es la opción de externalizar la gestión de cobro de las deudas comerciales, dado que las empresas tienen derecho a reclamar al deudor tanto el interés de demora fijado a estos efectos (actualmente establecido en un 8%) como los costes de cobro que pueda acreditar haber incurrido para el cobro de la deuda. Asimismo es fundamental la revisión de los contratos que regulan sus operaciones comerciales porque habrá que adaptarlos a la reforma respecto a los plazos de pago, agrupación de facturas, emisión de facturas, intereses moratorios, regulación de la entrega de las mercancías o prestación de los servicios y procedimientos de verificación, garantías prestadas, etcétera, alerta Fernando González de Zulueta.

4 radiografía empresarial Consejos para las empresas españolas exportadoras 1) Si venden a países de la Unión Europea (UE): La legislación española de lucha contra la morosidad, al igual que la de otros estados miembros de la UE, se ha dictado en virtud de la directiva comunitaria actualmente en vigor (2000/35/CE, de 29 de junio de 2000). Fernando González de Zulueta indica que su transposición interna no se ha realizado en todos los países de la misma manera, por lo que no se han establecido unos plazos máximos de pago idénticos en cada estado miembro, aunque sí dentro de los márgenes propios de la directiva. Pere J. Brachfield aclara que la directiva europea de lucha contra la morosidad fija un plazo de pago normalizado en la UE de 30 días, pudiéndose pactar de 60 días. Excepcionalmente puede pactarse por encima de los 60 días, pero solo si el contrato no perjudica al proveedor y no es abusivo. Hay que recordar también que en Europa lo normal es pagar a 30 días y lo raro es hacerlo a 60 días, manifiesta. Fernando González de Zulueta apunta que el Parlamento y el Consejo de la UE han aprobado la directiva 2011/7/UE de 11 de febrero de 2011, la cual ha sido publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) el pasado 23 de febrero de Los estados miembros deberán transponer la nueva directiva, mucho más restrictiva que la actual, con anterioridad al 16 de marzo de ) Si venden a países fuera de la UE: El supuesto que más debe preocupar a las empresas exportadoras españolas es, para González de Zulueta, aquel en el que las ventas se realicen a países que estén fuera del entorno de la UE, ya que su legislación interna puede ser muy distinta a la aplicable en España y a la europea. En estos casos, opina, la pérdida de la capacidad de negociación en cuanto a los plazos de pago podría suponer un grave escollo para alcanzar acuerdos comerciales favorables para las partes. Las empresas habrán de analizar también los pros y contras de someter sus relaciones comerciales a la legislación del país importador bajo la óptica de los plazos de pago, y no descuidar la aplicación de la legislación de otro país en los restantes aspectos, así como el funcionamiento de los tribunales en esa jurisdicción, previene el experto. El deber de información La ley 15/2010 señala que las sociedades deberán publicar de forma expresa las informaciones sobre plazos de pago a sus proveedores en la memoria de sus cuentas anuales. El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), organismo adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda, dispuso en la resolución del 29 de diciembre de 2010, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 31 de diciembre de 2010, la información que debe incluirse en la memoria de cuentas anuales de las empresas. El objetivo es que la auditoría contable contenga los datos necesarios que acrediten si los aplazamientos de pago efectuados se encuentran dentro de los límites de la ley. Fernando González de Zulueta resume así la información que la memoria de cuentas anuales ha de incorporar: El importe total de los pagos realizados a los proveedores en el ejercicio, distinguiendo los que hayan excedido los límites legales. Este importe atañe a los acreedores comerciales incluidos en el pasivo corriente del modelo de balance. Por tanto, afecta al pago mediante confirming (crédito bancario por confirmación) o instrumentos cambiarios, pero no afecta a los acreedores o proveedores que no cumplen tal condición para el sujeto deudor que informa, como son los proveedores de inmovilizado o los acreedores por arrendamiento financiero. El plazo medio ponderado de los pagos excedidos (PMPE), un concepto utilizado porque la empresa puede tener que cumplir con distintos plazos legales en función de la naturaleza del bien o servicio. Por ello, la empresa deberá calcular el número de días de retraso sobre el plazo legal en cada uno de los pagos incumplidos y ponderarlo por el importe del pago, circunstancia que requiere identificar el plazo legal de pago que corresponda. No obstante, las empresas que elaboren la memoria en el modelo abreviado y las que opten por la aplicación del Plan General de Contabilidad para pymes no tendrán que incluir el plazo medio ponderado de los pagos excedidos durante el ejercicio. El importe del saldo pendiente de pago a proveedores que al cierre del ejercicio acumule un aplazamiento superior al plazo. Pere J. Brachfield explica en su último libro La nueva legislación contra la morosidad descodificada (Profit editorial) cómo usar eficazmente las nuevas herramientas jurídicas introducidas por la nueva normativa antimorosidad para luchar contra los impagados. 17

5 legislación Novedades de la ley 15/2010 Antigua ley 3/2004 Mejoras introducidas por la ley 15/2010 La ley permitía, en la práctica, fijar plazos de pago sin límite e imponer condiciones contractuales abusivas para el proveedor. La ley permitía el pacto en contrario en los contratos, dejando la libre autonomía de la voluntad de las partes para que los compradores pudieran imponer sus condiciones leoninas con aplazamientos de pago desmesurados. La ley dictaba que, en principio, los plazos de pago por ley empezaban a computarse desde que el cliente recibía la factura. En caso de comprobación de la conformidad de los bienes, los días se contaban desde la fecha en que tenía lugar la verificación. Las facturas podían agruparse mensualmente y empezar el cómputo a final del mes, con lo que los plazos de pago reales se alargaban 15 días de promedio. El artículo de prácticas abusivas era ambiguo y no se podía aplicar en la práctica empresarial. El plazo de pago será de 60 días a partir del 2013 y no puede ampliarse por acuerdo entre partes. Los legisladores han eliminado totalmente la posibilidad de establecer en los contratos la cláusula del salvo pacto en contrario, basada en el principio de libertad de acuerdo contractual que permitía la existencia de abusos al alargar los aplazamientos de pago de forma exagerada. Los días se cuentan a partir de la fecha en que el deudor recibe la mercancía. El plazo de pago que debe cumplir el deudor se computará a partir del día de recepción de los bienes o servicios adquiridos y no podrá prolongarse más allá de los 60 días contados desde la fecha de entrega de la mercancía. Podrán agruparse facturas a lo largo de un periodo determinado no superior a 15 días o agruparse en un único documento, siempre que se tome como fecha de inicio del cómputo del plazo la fecha correspondiente a la mitad del periodo de la factura y el plazo de pago no supere los 60 días desde esa fecha. La ley dicta la prohibición estricta de plazos de pago abusivos. 18 Las administraciones públicas tenían que pagar a 60 días. En caso de no cobrar en el plazo legal, los contratistas tenían que reclamar a la Administración por vía administrativa, esperar casi un año para acudir al procedimiento contencioso-administrativo, aguardar más de dos años para conseguir sentencia y luego esperar un año más para cobrar. Las administraciones públicas y todas las empresas estatales tendrán que pagar obligatoriamente a 30 días en el Si, transcurrido el plazo de un mes, la Administración no hubiera contestado a la reclamación del contratista, se entenderá reconocido el vencimiento del plazo de pago y los interesados podrán formular recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la Administración, pudiendo solicitar como medida cautelar el pago inmediato de la deuda, acción que el tribunal deberá ejecutar de inmediato.

6 radiografía empresarial Antigua ley 3/2004 Mejoras introducidas por la ley 15/2010 Los proveedores que sufrían abusos contractuales no se atrevían a denunciarlos ante los tribunales o ante los órganos administrativos por miedo a represalias comerciales de sus clientes. Las patronales veían muy limitada la posibilidad de defender a sus asociados cuando existían prácticas abusivas. Las empresas no tenían la obligatoriedad de incluir en sus cuentas anuales datos de sus plazos de pago. Los plazos de pago de productos agroalimentarios frescos no estaban regulados. Los productos agroalimentarios que no eran frescos ni perecederos no tenían regulados los aplazamientos de pago. La ley no había previsto medidas no jurídicas para combatir la morosidad. La ley no establecía mecanismos de control y observación permanente de la evolución de la morosidad y de los plazos de pago ni la participación directa en un Observatorio de la morosidad de las organizaciones patronales. Los plazos de pago de contratistas a subcontratistas podían ser superiores a 180 días. Las patronales podrán actuar para denunciar las prácticas abusivas ante los tribunales o los órganos administrativos con el fin de que no se apliquen las cláusulas abusivas. Las denuncias presentadas por estas entidades ante las autoridades tendrán carácter confidencial. Las patronales tienen plena legitimación activa y podrán asumir el ejercicio de acciones colectivas de cesación y retractación frente a empresas incumplidoras con carácter habitual de los periodos de pago previstos en esta ley y defender a sus socios de los abusos. Las sociedades deberán publicar de forma expresa las informaciones sobre sus plazos de pago a proveedores en la memoria de sus cuentas anuales. Los aplazamientos de pago de los productos de alimentación frescos y perecederos no excederán en ningún caso de 30 días. Los plazos de pago de productos agroalimentarios que no sean frescos no excederán en ningún caso de 60 días (2013) a partir de la fecha de entrega de las mercancías. La ley establece que las administraciones públicas promoverán la elaboración de códigos de buenas prácticas comerciales, así como la adopción de sistemas de resolución de conflictos a través de la mediación y el arbitraje, siendo de adscripción voluntaria por parte de los agentes económicos. La ley determina que se realizará un seguimiento específico de la evolución de la morosidad en las transacciones comerciales y de la eficacia de la ley con la participación de las asociaciones multisectoriales de ámbito nacional y autonómico, así como de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad. Las empresas con contratos vigentes de obra pública podrán pagar en un máximo de 120 días hasta el cierre del 2011; a 90 días durante el 2012, y a 60 días a partir del Informe realizado por el Centro de Estudios de Morosología de la Escuela de Administración de Empresas (EAE Business School) bajo la dirección de Pere J. Brachfield.