Salto estratégico o salto al vacío? El desplazamiento forzado en los tiempos de la seguridad democrática Resumen del Informe 2009

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1 Codhes Informa Boletín informativo de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Número 76, Bogotá, 27 de enero de codhes@codhes.org Salto estratégico o salto al vacío? El desplazamiento forzado en los tiempos de la seguridad democrática Resumen del Informe 2009 Es lamentable que todavía en Colombia haya civiles obligados a huir ante la agresión constante de grupos armados al margen de la ley y, en muchos casos, de agentes del Estado que por acción, omisión, incapacidad o complicidad no garantizan el derecho fundamental a la vida, honra y bienes de todos los ciudadanos, como ordena la Constitución Nacional. Según el Sistema de Información de CODHES durante el año 2009, alrededor de personas fueron desplazadas en el marco del conflicto armado y otras manifestaciones de violencia, lo que representa un decrecimiento del 24% con relación al año 2008 ( personas). El desplazamiento forzado afectó al 69% del total de municipios, es decir, la población desplazada llegó a 773 de los municipios que componen el territorio nacional. En 2009 la tasa de desplazamiento fue de 660 personas por cada 100 mil habitantes. Del total de municipios afectados 63 superaron la tasa nacional. Tomando como referencia el número de personas en el sitio de llegada, las regiones más afectadas fueron en su orden: Antioquia ( personas desplazadas), Bogotá (42.999), Nariño (25.772), Valle del Cauca (23.500), Cauca (12.741), Santander (11.442), Meta (9.621), Bolívar (9.529), Huila (9.061) y Córdoba (8.636 personas). Durante el período , la cifra de desplazados asciende a personas. Esto quiere decir que de un total aproximado de millones de personas que han sido desplazadas en los últimos 25 años en Colombia, el 49%, fueron expulsadas de sus tierras desde que se inició el gobierno del presidente Alvaro Uribe Velez. No obstante, todas las cifras oficiales indican que en los últimos años hay un progreso sin precedentes, gracias a la política de consolidación de la seguridad democrática, a tal punto que la cúpula militar anuncia el fin del fin y el gobierno planea un salto estratégico irreversible

2 y sostenible que asegure la recuperación social del territorio, el fin del paramilitarismo, la derrota de las guerrillas y la superación del narcotráfico. Es evidente que hay avances para algunos sectores de la sociedad pero no para toda la población, lo cual pone en entredicho el componente democrático de la política de seguridad. Justamente, la crisis humanitaria y de derechos humanos que provoca el desplazamiento, cuestiona seriamente ese modelo y llama la atención sobre un salto al vacío si persiste la guerra interna, el despojo y la no restitución de tierras, la irrupción de nuevas bandas paramilitares, la diseminación de cultivos de uso ilícito, la fragmentación de carteles de la droga y el modelo de desarrollo rural que acentúa la iniquidad y profundiza la injusticia social en el campo. Éxodos de grupos étnicos Durante 2009, ocurrieron 77 eventos de desplazamiento masivo que afectaron a personas en 12 departamentos (Chocó, Nariño, Antioquia, Córdoba, Cauca, Arauca, Valle del Cauca, Risaralda, Bolívar, Cesar, Meta y Guajira). Cabe anotar que sólo el departamento de Nariño registra el 56% del total de desplazados por eventos masivos, lo que reafirma la vigencia de la crisis humanitaria en esa región del país. El 83% de los desplazamientos masivos correspondió a grupos étnicos (afrodescendientes e indígenas). Por lo menos personas de comunidades negras se desplazaron en 28 eventos masivos ocurridos en 5departamentos (Nariño, Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Antioquia). Así mismo, indígenas pertenecientes a 9 pueblos (Emberá, Zenú, Awá, Eperara-Siapidaara, Wayuú, Emberá Katío, Nasa y Betoyes), se desplazaron en 33 eventos masivos, mientras que por lo menos indígenas se vieron obligados a desplazarse de manera individual y/o multifamiliar. En total 6201 personas, muchas de ellas pertenecientes a comunidades de los 34 pueblos indígenas declarados en alto riesgo de extinción por la Corte Constitucional. En su orden, los departamentos más afectados por éxodos de indígenas fueron Chocó, Nariño, Arauca, Antioquia, Córdoba, Cauca, Cesar, La Guajira y Risaralda. Y, como siempre, las mujeres, niñas, niños y adolescentes, siguen siendo la mayoría de las personas desplazadas en Colombia. Según la Encuesta Nacional de Verificación de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado aplicada en 2007, el 52.3% del total de la población desplazada corresponde a mujeres y niñas, el 54% a menores de 18 años y el 40% de los hogares desplazados tienen jefatura femenina. Se acaban los campesinos Desde 2002 se acentúa la tendencia de desaparición del campesinado como consecuencia de la concentración de la tierra en medio del conflicto armado, la violencia, el desplazamiento y las políticas de desarrollo rural.

3 El nuevo modelo prioriza los monocultivos para uso de agrocombustibles sobre la producción de alimentos, convierte a los campesinos y aparceros en asalariados y estimula la inversión nacional y extranjera para la explotación minero-energética, aún en territorios étnicos y zonas de reserva ambiental. En este contexto se produjo el despojo de 5.5 millones de hectáreas a por lo menos familias campesinas entre 1999 y Cabe anotar que por lo menos personas que integran familias campesinas abandonaron el campo y la producción agropecuaria durante el período comprendido entre 2005 y Es decir, el total de habitantes rurales habría disminuido en un millón de personas en cinco años al pasar de 10.3 a 9.3 millones. O sea que durante el actual gobierno se registra una reducción de la población rural de por lo menos un 9%, por causas atribuidas a la violencia, la confrontación armada y el modelo de desarrollo rural. El desplazamiento y el despojo impactan la soberanía alimentaria y elevan la vulnerabilidad de los campesinos desplazados. Según la ENV por lo menos 1.1 millones de hectáreas que fueron objeto de despojo a familias desplazadas estaban dedicadas a cultivos de pan coger, de las cuales, el 61.8% se dedicaban al cultivo de yuca, el 50% al plátano y 45% al maíz. En contraste con el despojo y el desplazamiento, la Agencia Presidencial para la Acción Social revela que entre agosto de 2006 y mayo de 2009 se habrían retornado o reubicado hogares desplazados (aproximadamente personas). Es decir, menos del 1% de las familias registradas para ese período, una paradoja en tiempos de seguridad democrática. La cifra responde más a proyecciones que a la realidad y, aun así, el gobierno considera que estos retornos son un avance moderado, y, a renglón seguido, reconoce dificultades para generar condiciones dignas para el retorno de la población en situación de desplazamiento que permitan garantizar el acceso oportuno, eficaz y eficiente a vivienda, fuentes de ingreso, infraestructura social, servicios públicos y tierras productivas 2 Revictimizando a las víctimas Entre tanto, sigue su marcha una campaña de muerte y amenazas contra los líderes de la población desplazada. En 2009 fueron asesinados 8 dirigentes, lo que aumenta a 33 el total de personas de estas organizaciones que han sido víctimas de grupos paramilitares en lo que va corrido de los dos períodos del actual gobierno. Estos asesinatos, además de amenazas proferidas contra más de 1 Los datos corresponden a la Encuesta Nacional de Verificación y hacen parte de los informes entregados por la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento a la Corte Constitucional en desarrollo de la Sentencia T 025 de Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, Proceso Nacional de Verificación, Luis Jorge Garay salamanca, director, Reparar de manera integral el despojo de tierras y bienes, Bogotá, Presidencia de la República, Informe al Congreso de la República, julio de 2009, página 52.

4 300 personas, tienen relación directa con programas de restitución y/o recuperación de tierras. Las agresiones contra las organizaciones de población desplazada se registraron en los departamentos de Valle del Cauca, Córdoba, Antioquia, Bolívar, Arauca, Atlántico, Caldas, Chocó, Guajira, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda, y Magdalena. Ejerciendo los derechos En medio de esta situación crítica, la Corte Constitucional se erige como la instancia del Estado que hace valer los derechos de la población desplazada, En cumplimiento de la Sentencia T-025 de enero de 2004, que declaró el estado de cosas inconstitucional ante la magnitud y vulneración masiva de derechos de la población desplazada, durante 2009 la Corte Constitucional dictó 13 Autos que han tenido un fuerte impacto en la reformulación de las políticas públicas y en el incremento de las partidas presupuestales asignadas para la atención de los desplazados. Estos autos ordenan al gobierno formular una nueva política en generación de ingresos, vivienda y tierras, además, adoptar políticas diferenciales para la atención de mujeres, niños, niñas y adolescentes, pueblos indígenas, afro descendientes y personas discapacitadas, demandan la protección de líderes de población desplazada, exigen medidas para la superación del subregistro y dan paso a una primera evaluación de la corresponsabilidad de los entes territoriales. En buena parte como respuesta a los Autos emitidos por la Corte Constitucional en 2009, el gobierno nacional destinó millones de pesos, para atender a la población desplazada, una suma importante que ha contribuido a ampliar la cobertura de servicios de salud, educación y la atención humanitaria de emergencia. Es evidente un crecimiento importante de la destinación presupuestal para la población desplazada durante el gobierno del presidente Alvaro Uribe Vélez. De hecho, se calcula que las partidas presupuestales para desplazados se multiplicaron por diez en este período, aun cuando la propia Corte Constitucional ha demandado más recursos y la reformulación de la política pública sobre vivienda, generación de ingresos y tierras. Huyendo más allá de las fronteras Pero Colombia no enfrenta sólo una tragedia humanitaria por el desplazamiento forzado dentro de sus fronteras. Además de las personas desplazadas, por lo menos ciudadanos colombianos solicitaron asilo y refugio en 2008 ante autoridades de 34 países del mundo. Ecuador, Canadá, Venezuela, Estados Unidos, Chile, España, Costa Rica, Panamá y Argentina, aparecen, en su orden, con el mayor número de solicitudes de asilo. De acuerdo con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR, hasta 2008 el total de colombianos refugiados, con necesidades de protección internacional o estatus temporal ascendía

5 Esta cifra ubica a Colombia como el quinto país de origen de los refugiados en el mundo, después de Afganistán, Iraq, Somalia y Sudán. La expansión del conflicto armado a las zonas de frontera mantiene una tendencia de militarización y securitización que restringe el acceso al status de refugiados y los derechos de quienes lo solicitan. Por qué se desplazan? El desplazamiento no es voluntario, es una decisión que está precedida de hechos de fuerza que involucran, en primer lugar, a antiguos y nuevos grupos paramilitares que consolidan el dominio sobre las tierras arrebatadas a los campesinos desplazados, controlan el negocio del narcotráfico, capturan la institucionalidad local e imponen con las armas y el dinero formas de control político en sus zonas de dominio. En segundo lugar, el desplazamiento ocurre en zonas de disputa por el dominio territorial en las que el Estado colombiano enfrenta con una ofensiva militar sostenida el desafío de la subversión armada que, a su vez, intenta reorganizarse tras los reveses propinados por la Fuerza Pública En tercer lugar, hay desplazamiento por fumigaciones aéreas y erradicación forzada de cultivos de uso ilícito en el marco de operativos militares y policiales, en ocasiones reforzados con desmovilizados. Ingresar a los grupos armados ilegales, desplazarse a las ciudades, buscar refugio en países vecinos o cultivar coca o amapola en otros lugares, son algunas de las alternativas que quedan para estas personas, que hacen parte del eslabón más débil del negocio de las drogas. En cuarto lugar emerge como una causa de desplazamiento la violencia urbana ante el elevado índice de homicidios con arma de fuego y la proliferación de prácticas mafiosas de intimidación que están provocando desplazamientos intra urbanos e interurbanos de manera cada vez más frecuente, masiva y sistemática. Bandas paramilitares, lo mismo que antes En regiones de 22 departamentos del país se incrementó o se consolidó durante 2009 la presencia, aún fragmentada, de grupos paramilitares que, con diferentes nombres y el mismo modus operandi, ejercen control de territorios y poblaciones para asegurar intereses diversos. El objetivo es asegurar dominio político, militar o estratégico en función de poderosos intereses económicos, casi siempre asociados a la tenencia y uso de la tierra y el negocio de las drogas. Los nuevos grupos paramilitares no necesariamente enfrentan la guerrilla (en algunos casos desarrollan alianzas temporales), tienen relación con agentes del Estado, amenazan líderes sociales y políticos de oposición e imponen modelos hegemónicos y arbitrarios de control social, institucional y político.

6 La reorganización y el rearme paramilitar se explica por diversas razones: 1) los grupos, como el que lidera Cuchillo en el sur oriente que nunca se desmovilizaron, 2) Integrantes de grupos paramilitares desmovilizados que siguen delinquiendo, con nuevas modalidades operativas, 3) Nuevos grupos que han surgido como resultados de un agresivo proceso de reclutamiento, especialmente en zonas urbanas. Según el Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia, en 2009 se perpetró 29 masacres en el país con un saldo de 147 víctimas y el reporte oficial atribuye a desconocidos la responsabilidad de 25 de estas masacres y a la guerrilla las tres restantes. Es posible que los grupos desconocidos correspondan a las nuevas estructuras paramilitares que el mismo gobierno desconoce. En todo caso, hay una diminución del número de masacres y del total de víctimas con respecto a 2008, año en el que el mismo Observatorio dio cuenta de 38 masacres con 286 víctimas. Hay un incremento de amenazas atribuidas a los nuevos grupos paramilitares, que muestran una labor de inteligencia ofensiva en torno a sus objetivos, que no difieren del modelo aplicado por el DAS contra organizaciones de derechos humanos, periodistas, jueces, magistrados y líderes de oposición. Los departamentos más afectados por el incremento de acciones y la consolidación de estos grupos paramilitares, llamados bandas emergentes en el lenguaje oficial, son Casanare, Cauca, Córdoba, Cundinamarca, Nariño, Quindío, Santander, Valle del Cauca y Vichada, Boyacá, Caldas, Cesar, Chocó, Bogotá, Guainía, Guaviare, Huila, Magdalena, Meta, Putumayo, Risaralda y Tolima 3 Otra vez Nariño Precisamente el departamento de Nariño resulta un caso emblemático en tiempos de la seguridad democrática, a pesar de ser considerado como una zona piloto en la consolidación de esta política. La confrontación armada se ha incrementado notablemente, los cultivos de coca han registrado importantes aumentos desde el año 2000, actualmente confluyen diversos grupos armados ilegales y, pese al incremento del pie de fuerza, fue en 2009 escenario de masacres, desplazamiento forzado, accidentes con minas antipersona e incremento de los homicidios en ciudades como Pasto y Tumaco. Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, para el año 2008 en el departamento de Nariño había alrededor de hectáreas de cultivos de uso ilícito, lo que equivale al 24% del total de estos cultivos en el país. No se libra Nariño del impacto que siguió a la aplicación del Plan Colombia en el departamento del Putumayo, que se inicio con la expansión de las plantaciones de coca y prosiguió con la instalación de laboratorios para su procesamiento y la creación y consolidación de rutas para el narcotráfico por el pacífico, en medio de 3 Unidad Investigativa de Indepaz, informe comparativo de nuevos grupos narcoparamilitares, , Bogotá, diciembre de 2009.

7 una creciente presencia de grupos armados ilegales (paramilitares y guerrillas) y del aumento significativo de los índices de violencia, despojo y desplazamiento en esta región del sur del país. Todo esto ocurre en una región fronteriza que históricamente ha mantenido una baja presencia estatal, deficiencia en servicios públicos y vías de acceso, e insuficientes incentivos para la siembra de cultivos tradicionales. El rearme paramilitar se inicia tras la desmovilización del Bloque Libertadores del Sur de las AUC, a través de nuevas estructuras denominadas Águilas Negras, Organización Nueva Generación y Rastrojos. Durante 2009, los enfrentamientos entre Águilas Negras y Rastrojos en la zona de la costa nariñense, especialmente alrededor de Tumaco, causaron desplazamientos masivos que afectaron a más de personas 4, algunas de las cuales hacen parte de desplazamientos intra urbanos. El rearme paramilitar en Nariño se hace evidente con la presencia de 8 grupos paramilitares en 16 municipios. En 2008, 13 municipios de Nariño registraban presencia paramilitar: Barbacoas, Cumbitara, El Charco, El Peñol, El Rosario, Leiva, Linares, Olaya Herrera, Pasto, Policarpa, Roberto Payán, Samaniego y Tumaco; para 2009 la presencia paramilitar se aumentó a 16 municipios, sumándose los municipios de Ipiales, La Florida, Los Andes Sotomayor, Magüí Payán, Mosquera y Nariño. De la misma forma aumentó el número de grupos paramilitares pasando de 6 (Nueva Generación, Los Rastrojos, Los Traquetos, Los Machos, Las Águilas Negras, Mano Negra) a 8 grupos en 2009, sumándose a los anteriores Los de Urabá, Autodefensas Unidas de Colombia y ERPAC, y contando menos la presencia de Los Traquetos, según datos de Indepaz. La actuación de los paramilitares no se limita solamente a las confrontaciones con otros grupos armados ilegales, su incursión en áreas urbanas ha generado intimidación dentro de la población, así como sus constantes amenazas contra organizaciones sociales en Nariño 5. En la zona de cordillera (municipios de La Llanada, Los Andes Sotomayor, Policarpa, Cumbitara, Samaniego) en la cual hacen presencia las guerrillas de las Farc y el Eln, tras la desmovilización del Bloque Libertados del Sur, comenzó a operar el grupo llamado Autodefensas Unidas Nueva Generación ACNG o conocido también como Organización Nueva Generación. Inicialmente operaron en los municipios de Policarpa y los Andes Sotomayor, y a partir de 2007 se expandieron a Cumbitara, Rosario, y Leiva en las riveras del río Pata. 4 Las veredas de Chilvicito, Tindales y Ceibitos se identificaron como zonas expulsoras, la gran mayoría de estos desplazamientos se recepcionaron en la cabecera municipal de Tumaco. 5 Desde hace varios años las organizaciones sociales en Nariño han sido víctimas de amenazas por parte de diferentes grupos armados, Los Rastrojos han amenazado bajo comunicados públicos a cerca de 10 organizaciones sociales e indígenas, señalándolas como afines de la guerrilla, y advirtiendo que de no suspender sus actividades, pasaran más allá de las amenazas. La última comunicación de este tipo fue dada a conocer en el mes de noviembre de 2009.

8 Nueva Generación se caracteriza por amenazar líderes de organizaciones sociales, agencias internacionales y representantes de la Iglesia. En Samaniego los nuevos grupos paramilitares han empleado el recurso de la violencia contra funcionarios locales 6. Durante 2009 el desplazamiento afecto a un total de personas, y se registraron en este departamento 20 eventos de desplazamiento masivo afectando a más de personas. La tragedia del Pueblo Awá La situación humanitaria del Pueblo Awá ubicado principalmente en Tumaco, Barbacoas, Roberto Payán, Ricaurte y Samaniego, ha sido particularmente grave en los últimos años, como consecuencia de la confrontación armada en sus territorios. A pesar de la Resolución Defensorial (expedida en 2008) y los diferentes pronunciamientos de entes gubernamentales y no gubernamentales nacionales e internacionales, que advierten sobre las graves violaciones a las que se encuentra expuesto este Pueblo, que durante 2009 fue víctimas de 3 masacres con más de 26 víctimas-, dos atribuidas a las Farc en retaliación al ingreso del Ejército en la zona, y la otra a un grupo aún sin identificar, generando entre otros hechos graves, el desplazamiento masivo de más de 600 indígenas. Las medidas de protección a los líderes y organizaciones del Pueblo Awá, son mínimas, no obstante que la Corte Constitucional ordenó al gobierno medidas específicas en el marco de la concertación del Plan de Salvaguarda Étnica. La comunidad sigue esperando resultados de las investigaciones por las masacres ocurridas durante La guerra por los recursos y la disputa por el territorio en Chocó La tierra y los recursos naturales del departamento del Chocó están en el centro del conflicto que persiste en esta región del pacífico colombiano en cuyo territorio no cesa la violencia, el desplazamiento y el despojo. El Estado es ágil en el trámite de licencias y concesiones que aseguran la inversión nacional y extrajera, pero débil y lento cuando se trata del derecho fundamental de los grupos étnicos a la titulación y a la protección de sus territorios. En ese contexto se explica el desplazamiento forzado. Los éxodos siguieron afectando con especial dureza a los habitantes del departamento del Chocó en Por lo menos Indígenas y afrocolombianos fueron desplazaros en 23 eventos masivos que afectaron especialmente las comunidades del Bajo 6 Alcaldía de Samaniego. Informe de Derechos Humanos en Samaniego. 2007

9 Baudó, Pavaza y San Juan, provocados por enfrentamientos entre Águilas Negras y Rastrojos, y entre estos grupos y la guerrilla de las Farc. Alrededor del Chocó hay intereses económicos asociados a los recursos mineros (oro y platino), a la explotación de la madera, a los cultivos de palma aceitera, a obras de infraestructura y turismo y, más recientemente a plantaciones de coca. Hay un ingreso intensivo de empresas y personas ajenas a la comunidad que no respetan el derecho de consulta previa, que compran tierras de los consejos comunitarios e implantan formas de explotación del territorio colectivo ante la ineficacia u omisión del las autoridades públicas. Así ocurre, en la cuenca de la Larga Tumaradó, en donde las autoridades no resuelven la situación de las comunidades ante poseedores de mala fe que realizan una exploración minera en el cerro el Cuchillo, sin consulta previa a los Consejos Comunitarios 7. Organizaciones sociales como COCOMACIA denunciaron que personas ajenas a la comunidad pretenden desarticular las organizaciones y desintegrar los territorios colectivos con prácticas como la explotación ilegal de recursos naturales, renovables y no renovables, el uso del territorio por parte de actores armados en contra de la voluntad comunitaria y los procesos organizativos; así como la compra y ocupación de territorios para la siembra de cultivos de uso ilícito 8. De igual modo, la paquidermia del estado en el reconocimiento del derecho constitucional al territorio de las comunidades ha contribuido al aumento del riesgo. El caso de COCOMOPOCA que reúne a más de 40 consejos comunitarios es emblemático, pues lleva un proceso de 10 años para la titulación colectiva de los territorios ancestrales, sin resultados. Allí confluyen con cada vez más fuerza la gran minería, los proyectos viales y de infraestructura, en un ambiente de violencia e inseguridad que se traduce en desplazamiento y despojo. Mientras niega la titulación colectiva, el gobierno otorga concesiones a empresas privadas asociadas a la explotación minera y adjudica licencias de construcción de obras civiles, desconociendo el derecho de prelación de la comunidad consagrado en la Ley 70 de 1993, así como en las órdenes de la corte constitucional del auto La alianza que se mantuvo hasta mediados del 2009 entre ELN y el paramilitarismo para combatir a las Farc, generó el confinamiento de comunidades ubicadas en el río Uba en Bojayá y en el área Municipal de Bagadó, en el Alto Atrato. La Defensoría del Pueblo Regional Chocó alertó sobre el reclutamiento forzado de cerca de cien menores de edad por parte de grupos armados al 7 Chocó Étnico. Numero 20, 30 de Septiembre de Junta Directiva del Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato COCOMACIA. RESOLUCION Nº 001, PROTECCION DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL Y OTROS. Puerto Conto a los 8 días del mes de Agosto de Chocó Étnico. Numero 21, 15 de Octubre de 2009

10 margen de la Ley entre 2008 y 2009, especialmente en la zona del Medio y Alto Baudó, Bojayá y Nuquí. Guerrillas: lo mismo de siempre En 14 regiones del país (Meta, Guaviare, Caquetá, Putumayo, Nariño, Cauca, Chocó, Valle del Cauca -región del Naya-, Guainía, Vichada, Sur del Tolima y Huila) las operaciones militares contra las guerrillas y el incremento de acciones ofensivas por parte de las Farc, marcan una tendencia de agudización del conflicto armado. En 2009 se registraron 564 combates que involucran a las Farc, 346 por iniciativa de la Fuerza Pública 10. En 2009, el número de ataques de la guerrilla de las FARC se incrementó en un 108%, al pasar de 100 ataques en 2008 a 208 en Esta cifra genera dos interpretaciones que es necesario analizar: en primer lugar la tesis del ataque defensivo y la tesis del renacer. La tesis del ataque defensivo implica que las guerrillas siguen en repliegue, con una baja capacidad militar que les permita recuperar el terreno perdido y actúan con miras a distraer la atención de la fuerza pública de ciertas zonas estratégicas en términos de la movilidad y abastecimiento de la guerra o porque, existen líderes de su organización en peligro. En este orden, es un desarrollo del supuesto de que se está en el principio del fin y donde algunos ven un indicio de nuevas fuerzas, este enfoque plantea por el contrario una manifestación de su debilidad (ataques selectivos, recurrencia a la emboscada y el uso de minas antipersonal) Del otro lado, la hipótesis del renacer plantea, que la guerrilla de las Farc está planteando un nuevo escenario de guerra, con cambios en su operar y objetivos militares (retomar corredores por ejemplo), en materia del intercambio humanitario y las reuniones de la Coordinadora Continental Bolivariana 11. El hecho característico en las zonas de disputa territorial entre el estado y la guerrilla de las Farc es el desconocimiento reiterado del principio de distinción entre combatientes y no combatientes, una grave infracción al derecho internacional humanitario con graves repercusiones sobre la población civil. El gobierno a través de la Red de Cooperantes y la guerrilla con redes de milicias en zonas de su influencia. Además, son frecuentes los retenes y el control de alimentos por parte del Ejército y la Armada y la siembra indiscriminada de minas y el reclutamiento forzado y masivo de niños, niñas y adolescentes por parte de las Farc. 10 Corporación Nuevo Arco Iris, Observatorio del conflicto armado, la guerra contra las Farc y la guerra de las Farc, pag. 14 Bogotá, diciembre de 2009, 11 El Tiempo. En 3 Citas Se Pactó Alianza Eln-Farc. Bogotá. Colombia. Enero 24 de Disponible en

11 Los desplazados que provienen de zonas de influencia de las Farc, con frecuencia, son rechazados en el registro oficial y la población en general es objeto de señalamientos y estigmatización por parte de las autoridades. En medio de la confrontación entre las Farc y la Fuerza Pública, durante 2009 aumentó el desplazamiento en los departamentos de Chocó y Nariño mientras que en Guaviare, Guainía y Tolima se mantuvo la tendencia de En cambio en Putumayo, Cauca y Meta se redujo el desplazamiento, aun cuando es posible que sea menos visible por las razones señaladas. El Sur Oriente colombiano se consolida como un área de disputa entre la Fuerza Pública y la guerrilla de las Farc, asociada con el control de un territorio estratégico, y la búsqueda de posicionamiento por parte de estructuras vinculadas con el paramilitarismo y el narcotráfico. En medio de la contienda, hay una reconfiguración de la estructura de propiedad y uso de la tierra, principalmente en el corredor que se articula en torno al Río Guaviare (sur del Meta y Vichada y zona norte de Guaviare y Guainía). Luego de los fuertes golpes asestados por la Fuerza Pública a las estructuras de las Farc que operan en el Sur Oriente Colombiano (que se inicia con la muerte en un bombardeo de alias El Negro Acacio en septiembre de 2007, jefe del frente 16 principal estructura encargada de las finanzas de la organización guerrillera, que operaba principalmente en el medio y bajo río Guaviare-, hasta la operación Jaque en julio de 2008, en la cual fue capturado alias Cesar, comandante del Frente), la percepción de una desestructuración de esta guerrilla tomó cada vez más fuerza entre diferentes sectores de la dirigencia y la sociedad colombiana. Sin embargo, durante el año 2009 se observó un proceso de reorganización de las estructuras que operan en la región, de manera que el se incrementaron las acciones de este grupo. El valor estratégico que ha asignado las FARC a este territorio, y la centralidad que el mismo tiene en la actual fase de disputa con la Fuerza Pública, se asocia con las siguientes razones: - La zona correspondiente al piedemonte de la cordillera oriental es un territorio de dominio histórico para las FARC, que desde las columnas en marcha de la década de los años sesenta constituyen un referente en la conformación de esta guerrilla, principalmente en las zonas del Ariari, Guayabero, el Pato y La Macarena. - Tras los fallidos diálogos de paz desarrollados durante la administración de Andrés Pastrana, la ofensiva desplegada por la Fuerza Pública en la zona condujo a un repliegue de las principales estructuras de las Farc hacia las zonas más selváticas del territorio en el sur del Meta, Vichada, Guaviare y sur del Caquetá.

12 - En los últimos años, este grupo armado ha consolidado corredores de movilidad y de tráfico de armas y drogas empleando la red fluvial del sur del país, cuya geografía le ha brindado una ventaja estratégica en la confrontación con el Ejército Nacional. - El corredor de movilidad que conforma el río Guaviare se ha constituido en la última década en un escenario de disputa entre las FARC y grupos paramilitares que hicieron su entrada a la zona en el año 1997 con la masacre de Mapiripán. Desde entonces, estas estructuras han continuado operando en la zona, en un proceso vinculado con la compra de tierras hasta entonces ocupadas por colonos que llegaron a la región huyendo de la violencia en otras zonas del país, muchos de los cuales no contaban con títulos de propiedad. Así, en los últimos años se ha venido dando un proceso de compra de tierras, para lo cual el recurso de la fuerza ha sido empleado en no pocas ocasiones; consolidando de esta manera un modelo de grandes extensiones de tierra dedicadas a cultivos de palma en el sur del Meta y Vichada. Así mismo, sobre una amplia franja de la ribera del Río Guaviare (sur del Meta, sur del Vichada, norte del Guaviare y Guainía) se han iniciado actividades de exploración petrolera que afectarían incluso territorios indígenas; todo lo cual parece indicar el comienzo de un nuevo ciclo de conflictos asociados con la propiedad de la tierra, el modelo de desarrollo regional y los derechos de los pueblos indígenas afectados. De fondo está en juego la instalación de un modelo de desarrollo que podríamos caracterizar a la luz de la experiencia de Mapiripán. Luego de la incursión de grupos paramilitares en esta zona del sur del Meta, donde fueron asesinadas decenas de personas y desplazadas miles, se ha presionado un proceso de venta de tierras, en la mayoría de los casos apelando a la coacción; tras lo cual se ha instalado hoy por hoy el modelo de monocultivo en el cual los pobladores deben vender su mano de obra en condiciones desfavorables. Lo mismo ocurre en el norte del departamento del Guaviare en donde los cambios en la tenencia de la tierra es impulsado por políticos locales que promueven a nivel nacional el levantamiento de la zona de reserva forestal amazónica con el objeto de apropiarse de grandes extensiones en las que se prevé desarrollar inversiones asociadas con cultivos agroindustriales y explotación de hidrocarburos y minerales. A este escenario se suma la intención de incidir en el debate electoral, siempre presente en las Farc, como un mecanismo para mostrar su capacidad de afectar las campañas proselitistas. Dos hechos ocurridos en el segundo semestre del año parecen mostrar la decisión de este grupo armado de actuar en tal dirección: el atentado contra la caravana de la administración municipal de San José del Guaviare, efectuado en el sector de La Carpa en el mes de junio, donde fue secuestrado el presidente del Consejo Municipal y, en el mes de diciembre, el secuestro y posterior asesinato del Gobernador del Caquetá, un hecho que mereció el repudio nacional e internacional.

13 El sur del Tolima y la ofensiva contra las Farc Esta región es estratégica para la guerrilla de las FARC, se considera su eje de control, geográficamente comunica los departamentos de: Valle del Cauca, Cundinamarca y Huila, con una extensión de kilómetros cuadrados, representa el 25 % del total de área del departamento. Desde hace dos años (2008 y 2009), según informe de balance de la Defensoría del Pueblo Regional Tolima se vienen intensificando las operaciones militares en el Cañon de las Hermosas, en la parte alta del municipio de Rioblanco y Planadas, en donde nuevamente la población civil está literalmente atrapada en medio de la confrontación. Las autoridades han detectado 495 minas y en el primer semestre del 2009 se registraron 28 combates. Hay un incrementó de la fuerza pública con soldados de los cuales el 70% se encuentra en zonas rurales de los municipios de Chaparral, Rioblanco, Ataco y Planadas. En la región operan los Frentes 21 y 66, y las columnas móviles "Héroes de Marquetalia" y Daniel Aldana", y la comisión de explosivistas "Alfredo González" de la guerrilla de las FARC que, según las autoridades tienen como objetivo reclutar a niños y niñas. En abril de 2009, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar reportó cinco casos y alertó sobre el peligro de reclutamiento que enfrentan por los menos 400 niños y niñas en la región.. La mayoría de las familias no denuncian ante las autoridades esta situación por temor a represalias Por otra parte la guerrilla de las FARC y el ejército realizan controles a la libre movilización de la población al igual que a la entrada de alimentos, a si mismo la guerrilla de las FARC vienen amenazando a la población civil cuando identifican que algún miembro de su hogar hace parte de las fuerza pública y esto conlleva al desplazamiento de familias hacia ciudades como Ibagué, Neiva y Bogotá entre otras. Es de anotar que han sido asesinados 15 líderes, en comunales entre ellos una mujer que tenía siete meses de embarazo presuntamente por la guerrilla de las FARC, lo cual indica que son retaliaciones por las operaciones militares que se desarrollaron en la región y a raíz de esta situación se desplazaron alrededor de 18 familias de Rioblanco y Planadas. En Arauca confluyen todos los conflictos Arauca es un caso emblemático de la política de seguridad democrática, ya desde los primeros días en que se ensayó bajo la figura de la Zona de Rehabilitación y Consolidación ZRC-. En Arauca se demostró que la militarización de los cascos urbanos, redes de informantes, más que la desarticulación de los grupos armados ilegales, se prestó para vulnerar los derechos de comunidades y liderazgos sociales. En 2009, seis años después de derogada esta figura, en Arauca, aun no existe un control territorial, la fuerza pública, que se concentra en los cascos urbanos y complejos petroleros, mientras que el resto del departamento se desgarra en

14 medio de una confrontación militar entre las guerrillas de las Farc y el Eln (que ya va para siete años) y la guerra de desgaste de éstas contra la fuerza pública. Producto de esta fragmentación del departamento en varios escenarios de confrontación y control relativo, se presenta un panorama dispar en materia humanitaria, unas cifras se reducen mientras otras aumentan ostensiblemente, lo cual es una evidencia de la falta de control territorial: las cifras de asesinatos muestran una reducción entre 2009 vs del 16,6% 12, al pasar de 259 personas asesinadas en 2008 a 216 en 2009, es decir, 43 personas menos, aunque la tasa de homicidios es de por cada cien mil habitantes, el triple de la tasa nacional ( 35.36) 13. En paralelo, el secuestro se disparó en un 400% al pasar de 1 caso en 2008 a 5 en y se reportan dos eventos de desplazamiento masivo, con epicentro de recepción en Tame: El 8 de mayo, 76 familias (alrededor de 380 personas) pertenecientes a la localidad de Pueblo Nuevo en Tame y; el 11 de junio, en la reserva indígena de Betoyes (municipio de Tame), tres comunidades Sikuanis y Macaguanis (desplazadas desde 2008) que corresponde a 72 personas, se desplazaron hacia el casco urbano de Betoyes, luego de que un grupo armado asesinó a uno de sus miembros. Posteriormente, el 13 de junio retornaron. En el departamento, el conflicto armado se mueve en el eje de tres escenario: 1. confrontación de las guerrillas de las Farc y el Eln; 2. Confrontación guerrilla de las Farc- fuerza pública y; 3. Presencia de los nuevos paramilitares en los cascos urbanos. La guerra entre las guerrillas Hay un ciclo ascendente a comienzo del año entre enero- marzo y una reducción en las hostilidades a partir del segundo semestre, aun que en el mes de noviembre aun se presentaban combates entre ellos, a pesar, del llamado pacto que se dice se empezó a gestar desde julio. Aunque se podría afirmar, que la reducción de la conflictividad no se desprende de un pacto 15, sino de que existe una distribución de balances de poder en las subregiones en que se divide el departamento, por ende, no hay un claro predominio de una actor en todo el departamento: se informa que en el Alto Apure el Eln ha desalojado a las Farcy las han replegado a la zona del bajo Apure, pero por otra parte, las Farc a comienzos del año pasado hizo incursiones en la zona rural de Arauquita, territorio de zona de influencia del Eln. 12 Fundación Seguridad y Democracia. Balance de seguridad. Bogotá. Diciembre de Página Sala de Situación Humanitaria. Sistema de Información en Derechos Humanos SIDH- Perfil departamental. Información disponible en rta 14 Fundación Seguridad y Democracia. Secuestros extorsivos por departamento: Cantidad y cambio porcentual. Contenido en Balance de seguridad. Op cit. Página El Tiempo. En 3 Citas Se Pactó Alianza Eln-Farc. Bogotá. Enero 24 de Disponible en

15 Por otra parte, a fines del primer semestre de 2009, empezaron a circular informaciones sobre situaciones de reclutamiento forzado de indígenas y campesinos en la zona de Arauquita y Tame, situación que indica una recomposición de fuerzas. A finales del año se conoció el anuncio de una alianza entre las dos guerrillas a partir de un cese de hostilidades cuyos resultados aún son inciertos en este departamento. Hostilidades entre la Farc y la Fuerza Pública El comportamiento de este grupo guerrillero se caracteriza por la aplicación de una táctica de ataque y repliegue. En ese marco, en el departamento se presenta una guerra de desgaste: meses de inactividad y súbitamente se dan hostigamientos a patrullas militares, además se mantiene el uso de campos minados para detener el avance de la fuerza pública (34 víctimas en el primer semestre) 16 y facilitar la huida de los guerrilleros, la voladura, a mediados de mayo, de una torre de energía dentro del perímetro de una explotación petrolera (municipio de Arauquita), petardos en el casco urbano de la ciudad de Arauca (tres entre junio y julio) y la declaratoria de tres paros armados: en marzo, a mediados de julio y a inicios de octubre, que la fuerzas militares se empeñan en minimizar y romper con caravanas de transportadores, acción que en marzo produjo el ataque a tres caravanas, episodio en el que cayó un conductor muerto por las FARC. Las tácticas de los paros armados, desnudan las limitaciones de la fuerza pública para garantizar la normalidad en el departamento, tienden a tener una duración entre una semana y quince días y generan desabastecimiento, reducción de la movilidad entre poblaciones y cierre temporal del comercio, lo cual, en un contexto de restricciones del lado venezolano, aumenta la vulnerabilidad de los habitantes de la región 17. En cuanto a la Fuerza Pública, esta se concentra en a la zona urbana, con puntos de control en las carreteras que unen a Arauca con Arauquita y Arauca con Tame y fuerte militarización de los cascos urbanos de Arauca, Saravena y Tame y entre 2008 y 2009 se han concentrado en una serie de acciones focalizadas basadas en información de inteligencia más que en el despliegue de tropas en el territorio 18 Sin embargo, a pesar de los aproximadamente hombres que se dice, hacen presencia en la región, la Fuerza Pública no se compromete con la seguridad de las comunidades que desean retornar y reubicar y aun se presentan 16 Sala de Situación Humanitaria. APM-UXO. Contenido en Infograma primer semestre de 2009 Disponible 17 El Tiempo. Paro armado promovido por las Farc tiene semiparalizado al departamento de Arauca. Bogotá. Colombia. Edición del 20 de diciembre de Disponible en 18 El Tiempo. Capturaron en Arauca a 16 guerrilleros del frente 10 de las Farc. Bogotá. Colombia. Edición del 20 de diciembre de Disponible en

16 petardos que esporádicamente se activan en los cascos urbanos. Lo cual muestra que este esfuerzo bélico solo garantiza la seguridad de la explotación petrolera y las instalaciones militares. Nuevos Paramilitares Invisibilizados por la guerra entre las guerrillas y los combates entre guerrillas y fuerza pública, el fenómeno paramilitar pasa de bajo perfil en el departamento, incluso en ciertos círculos se afirma que lo que existe es un proceso de delincuencia común (la manera semántica de invisibilizar el rearme paramilitar), dado que no hay identificados un mando y una estructura y lo que se escucha son rumores de esporádicos grupos que actúan de manera intermitente en los cascos urbanos de Saravena, Tame, Arauquita y la ciudad de Arauca. Grupos como Águilas Negras, Ejercito Revolucionario Antiterrorista de Colombia ERPAC-, Bloque Vencedores Arauca, son varios de los nombres con los cuales estas organizaciones se han denominado entre 2006 y 2008, y en 2009, las actuaciones de estos grupos ser concentran en las extorsiones y el sicariato, por lo que tienden a invisibilizarse en el grueso de las situaciones de delincuencia común 19. Fumigaciones y desplazamiento Desde 2002 el cultivo de coca se ha reducido de hectáreas a en , aún cuando en 2007 se presento un nivel cercano a las y las reducciones presentadas cada año son relativamente pequeñas comparadas con el significativo aumento en la fumigación y la erradicación realizadas. Esto sugiere en principio, que los cultivos cada año no solamente se mantienen, sino que las actividades de resiembra son constantes e intensas. Los cultivos de coca en Colombia no presentan una reducción significativa en los últimos años, lo que se evidencia en que las zonas de cultivo se han dispersado por el territorio nacional. Entre 2002 a 2008 la reducción neta del área de coca ha sido de hectáreas, si se tiene en cuenta que de 2002 a 2006 se fumigaron ha., para 2008 se habrían fumigado por lo menos ha., lo que significa que para eliminar una hectárea de coca, han sido necesarias fumigar 40. Esto evidencia el fracaso de la política y los mínimos resultados frente a los daños ocasionados no solamente para los habitantes de estas zonas, sino para el medio ambiente y la productividad de los suelos. 19 Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz INDEPAZ-. Registro detallado de municipios y grupos narcoparamilitares Contenido en Informe comparativo de nuevos grupos narcoparamilitares Disponible en %202009%20INDEPAZ.pdf 20 Datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Censos de cultivo de Coca

17 La aspersión y la erradicación como causa de desplazamiento forzado Durante el 2008, alrededor de personas fueron forzadas a desplazarse en marco de operaciones militares de erradicación manual y fumigaciones aéreas en los departamentos de Antioquia (Tarazá, Valdivia y Nechi), Vichada (Cumaribo) y Nariño. Los operativos militares que acompañan las fumigaciones generan riesgos para la población civil, objeto de amenazas en algunos casos de asesinatos selectivos. Las fumigaciones ocasionaron un detrimento de la seguridad alimentaria de las comunidades debido a la destrucción de gran parte de los cultivos de pan coger. Zonas receptoras de desplazamientos por fumigaciones y erradicación manual Durante el 2009, de acuerdo a información suministrada por las Personerías Municipales basada en las declaraciones, fue posible identificar algunas zonas de los departamentos de Cauca, Norte de Santander y Antioquia, como receptoras de personas desplazadas como consecuencia de operativos de fumigaciones y/o erradicación manual. En el caso de Cauca, el 15% de las declaraciones recibidas por la Personería de Popayán durante el primer semestre se asocian a la fumigación como causa de su desplazamiento y el 30% refieren a la erradicación manual como causa del desplazamiento. En el caso de Norte de Santander, la recepción de declaraciones por causa de erradicación manual y fumigaciones se ha dado mayormente en Cúcuta y en Ocaña, y en el departamento de Antioquia, en el municipio de Bello y Medellín 21. Desplazamiento dentro de las ciudades También hay una emergencia de desplazamiento intra urbano e inter urbano como consecuencia de un importante incremento de la violencia en las grandes ciudades, epicentro de nuevos conflictos armados que tienen relación con el tráfico de drogas, lavado de activos, control social y político, irrupción de milicias y rearme paramilitar. En 2009, las ciudades fueron el principal escenario en la disputa de los actores del conflicto armado, con lo cual, la guerra dejó de ser una realidad lejana, ubicada en las selvas y montañas, el balance de las 31 ciudades capitales, muestra que el homicidio se incrementó, en un 8.7% en 2009, frente a las cifras del Por ende, está pendiente el análisis de las consecuencias humanitarias que trae esta nueva fase del conflicto armado (desplazados intraurbanos, asesinatos selectivos, intimidación y terror de comunidades). La violencia urbana es expresión de las estrategias de los grupos armados ilegales, en particular, los nuevos paramilitares, los cuales llevan desde 2006, un progresivo proceso de capturar y retoma del control de amplias parcelas de la vida urbana (economías legales e ilegales, diversos segmentos de la 21 Según la Personería de Medellín, durante el primer semestre de 2009, esta ciudad recibió declaraciones de familias provenientes del municipio de Tarazá.

18 institucionalidad estatal y comunitaria) que fueron abandonados en el interregno de la desmovilización y extradición de los jefes paramilitares. Dado que entre enero y octubre de este año la violencia homicida creció en Colombia en 26,8 por ciento, al pasar de homicidios en el 2008 a en el En solo el 5 por ciento de los municipios del país (55) se presenta el 75 por ciento de los homicidios; las 32 ciudades capitales de departamento concentran el 55 por ciento de los casos registrados (7.246), y en 24 ciudades capitales aumentaron de manera considerable los asesinatos, como es el caso de Medellín, con un 133 por ciento; Sincelejo, con 61,7; Cartagena, con 40; Cali, con 38,4; Santa Marta, con 34,4; Bogotá, con 29,4; Neiva, con 27,7; Barranquilla, con 25,6, y Villavicencio, con 25 por ciento 22. Estos datos son una paradoja, dado que los mayores incrementos ocurren en las grandes ciudades, las cuales son las que más recursos disponen para cofinanciar más agentes en las calles, lo cual es un indicador, que las raíces de la violencia no solo tienen que ver con una precaria presencia de la autoridad, como se pregona de la violencia en lo rural. Los debates y medidas adoptadas en materia de seguridad ciudadana, siguen enfatizando en el incremento de la presencia militar y policial como la clave para obtener indicadores crecientes de reducción de la inseguridad urbana, negando los fracasos en este frente en ámbitos urbanos como Medellín y Cali, lo cual plantea una seria inquietud sobre la persistencia de este fenómeno de seguir aplicando la misma fórmula. Restitución y reparación Sin restitución no hay reparación y la reparación es la base para remover las causas estructurales que generan desplazamiento forzado en el país. No es posible superar el desplazamiento y el despojo, si después de la reparación regresamos al modelo de desarrollo rural vigente. El verdadero salto estratégico para superar la crisis nacional consiste en replantear ese modelo de tal forma que cambien las pre-modernas estructuras de tenencia de la tierra y se revierta la anacrónica iniquidad en el campo colombiano. El esclarecimiento de la verdad no es posible sin la desactivación de los grupos de poder responsables de la violencia, para garantizar la inclusión social del campesinado en el nuevo modelo de desarrollo rural alcanzado mediante un dialogo social. Reconocer a los campesinos como actor estratégico del modelo de desarrollo es hacer viable su presencia vital en el territorio y su incorporación en los circuitos económicos, con posibilidades de inserción global, en la medida en que asegure la producción de alimentos, la soberanía alimentaria y la protección del medio ambiente.. 22 El Tiempo. La violencia se urbaniza. Bogotá. Colombia. Diciembre 2 de Disponible en

19 La restitución debe estar acompañada de garantías de no repetición, es base de la reparación y contribuye a desactivar las causas del desplazamiento. Lo contrario prolonga la repetición de las causas del desplazamiento rural y la revictimización que niega el Estado Social de Derecho. La política pública en 2009 En el año 2009 las políticas públicas tampoco lograron superar el Estado de Cosas Inconstitucional declarado por la Corte Constitucional desde 2004 y por el contrario el país pudo ver claramente la negativa del gobierno y de la bancada mayoritaria del Congreso ante el estatuto que pretendía garantizar los derechos de todas las víctimas del conflicto armado. En 2009 se completaron 5 años de la Sentencia de Tutela T-025, sin que se haya dado cumplimiento integral a esta decisión que protege los derechos básicos de la población desplazada y en vez de avanzar en relación con los derechos a la verdad, la justicia y la reparación el gobierno retrocede profundizando el Estado de Cosas Inconstitucional en esta materia. Al cierre del año 2008 la Corte Constitucional realizó uno de los balances más importantes del proceso de seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 y produjo un conjunto de autos de seguimiento y nuevas órdenes al gobierno nacional destinadas, a superar las graves falencias de la política pública en relación con los derechos de la población desplazada. Este balance indica que existen asimetrías profundas en la respuesta institucional, según el tipo de derechos y que las materias en las que se observa el mayor déficit de atención son precisamente aquellas de las cuales depende la posibilidad de una estabilización socioeconómica de los hogares y las personas en situación de desplazamiento. En efecto, según los resultados de los estudios de verificación adelantados por la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, es evidente que al gobierno ha ampliado el presupuesto destinado a esta política y se han incrementado los porcentajes de acceso a la Atención Humanitaria de Emergencia (84%), la afiliación a salud (75%) y los cupos educativos en educación básica (84%): sin embargo en estos servicios aún subsisten problemas crónicos de calidad si se comparan con las exigencias mínimas trazadas por la Corte Constitucional a través de los indicadores de Goce Efectivo del Derecho. Pero, cuando se examinan los derechos a la vivienda, el empleo y el ingreso básico, la restitución de tierras y las políticas destinadas a proteger los derecho a la verdad la justicia y la reparación, los resultados demuestran, de una parte que la población en situación de desplazamiento está viviendo una verdadera tragedia social y humanitaria, ya que ha sufrido todo tipo de vejaciones y se ha visto sometida a un proceso de desarraigo que implica formas de destierro, de despojo y de discriminación, que se traducen en un empobrecimiento acelerado. La mayor parte de las PSD son pobladores rurales que se ven

20 sometidos a la pérdida de sus redes sociales y culturales, su capital económico y sus derechos políticos. Cerca del 50% tenían ingresos superiores a la línea de pobreza antes del desplazamiento y solo el 23% registraba índices de indigencia; pero después del desplazamiento se ven sometidos a la supervivencia en las periferias de las grandes ciudades, a economías de informalidad y supervivencia mínimas que ha incrementado la pobreza hasta el 95% y la indigencia al 82%. Además, la mayoría carece de un empleo formal y solo el 10% de los ocupados tiene ingresos equivalentes al salario mínimo legal y solo el 5% cuenta con una vivienda digna en los términos demandados por la corte Constitucional. La magnitud de esta tragedia social y humanitaria contrasta con el asistencialismo propio de las políticas públicas y con la concepción minimalista de los derechos humanos y de la reparación que promueve el gobierno y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación CNRR. Por esta razón la Corte Constitucional ha demandado el ajuste de las políticas en las que se registran avances y la reformulación total de las políticas de vivienda tierras y generación de ingresos, señalando como nuevo plazo de evaluación de sus resultados el 10 de Junio de Del mismo modo ha ordenado, la adopción de programas integrales de carácter diferencial para garantizar los derechos especiales de las mujeres, los niños, los indígenas los afrodescendientes y las personas con discapacidades físicas o mentales entre los desplazados. Ha requerido una política de prevención del desplazamiento y de protección de los líderes, muchos de los cuales son amenazados o asesinados sistemáticamente en diferentes regiones del país. Ha exigido la adopción de reglas precisas de corresponsabilidad entre los gobiernos locales y regionales y el gobierno nacional de modo que las personas desplazadas encuentren la posibilidad de accesos a sus derechos en todos los lugares del territorio. Finalmente ha ordenado la superación de los problemas de subregistro en el sistema gubernamental, especialmente de las personas desplazadas en la década de los 90, los cuales fueron excluidos por normas restrictivas como el decreto 2569 del 2000 declarado parcialmente nulo por el Consejo de Estado en Es importante destacar las órdenes dadas al Gobierno y a la Defensoría del Pueblo para desarrollar una campaña de divulgación de los derechos de la población desplazada, de manera que se pueda construir una cultura de derechos humanos y se superen las frecuentes concepciones de discriminación de la población desplazada. Sin embargo a la fecha esta campaña no se ha desarrollado y a cambio la opinión pública puede percibir una costosa y masiva campaña de publicidad de los casos aislados que han recibido alguna atención, en la cual es más evidente la publicidad gubernamental que el contenido de los derechos y la certificación del acceso efectivo a los derechos de la población desplazada.