Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. (a) (b) (c) (d)

Transcripción

1 Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San Salvador, a las nueve horas y veintiún minutos del día veinticinco de noviembre de dos mil nueve. A sus antecedentes el escrito firmado por el señor Hiroito Sarco Orellana, en carácter de representante de la sociedad FERRO MINERA, Sociedad Anónima de Capital Variable, que se abrevia FERRO MINERA, S. A. de C. V., mediante el cual pretende evacuar la prevención formulada a folios 26 y 27 de este expediente judicial. Vista y analizada la demanda de amparo y el escrito antes citado, esta Sala estima necesario realizar las siguientes consideraciones: I. Por resolución pronunciada a las nueve horas y veintisiete minutos del día 17-VI- 2009, se previno al señor Sarco Orellana que señalara con toda claridad y exactitud: (a) la autoridad específica de la Dirección General de Impuestos Internos contra la que incoaba el presente proceso de amparo; (b) cuál era el contenido y el fallo concreto de la decisión emitida por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia el día 10-XII-2007; (c) los motivos en que fundaba el agravio de estricta trascendencia constitucional que las actuaciones contra las que reclamaba ocasionaron en la esfera jurídica de la sociedad FERRO MINERA, S. A. de C. V. ; y (d) los conceptos de violación de los derechos a la seguridad jurídica, libertad económica, audiencia y defensa, estos dos últimos como manifestaciones del debido proceso, de la sociedad FERRO MINERA, S. A. de C. V., es decir los motivos concretos por los cuales consideraba que le fueron vulnerados los mismos a su representada. Al evacuar la prevención formulada, el representante de la sociedad FERRO MINERA, S. A. de C. V. manifiesta que las autoridades específicas de la Dirección General de Impuestos Internos contra los que incoa el presente proceso son el Director General de Impuestos Internos y el Subdirector General de Impuestos Internos. Agrega que el fallo concreto de la decisión emitida por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia el día 10-XII-2007 es: A) Declárase legal la resolución pronunciada por la Dirección General de Impuestos Internos, de las trece horas treinta minutos del día quince de abril de dos mil cuatro, por medio de la cual la referida Dirección determina Impuesto sobre la Renta complementario y original respecto de los períodos de ejercicios impositivos de dos mil y dos mil uno; así mismo sanciona a la sociedad demandante con Multa por evasión no Intencional del Impuesto sobre la Renta para los ejercicios impositivos de dos mil y dos mil uno; y multa por enterar el pago o anticipo a cuenta fuera del plazo establecido correspondiente a los períodos mensuales de marzo y julio de dos mil uno; B) Declárase legal la sentencia proveída por el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos actualmente Tribunal de Apelaciones de los 1

2 Impuestos Internos y de Aduanas, de las catorce horas del día quince de febrero de dos mil cinco, por medio de la cual confirma la anterior resolución. Asimismo, asevera que: la actuación de las autoridades demandadas está basada en la auditoria (sic) realizada a [su] representada, de la cual resultó la Resolución proveida (sic) a las trece horas treinta minutos del quince de abril de dos mil cuatro por la Dirección General de Impuestos Internos. En el procedimiento que se siguió para determinar la responsabilidad tasada se dijo, en un principio, que se utilizaría el método de base cierta, pero luego, según costa (sic) en dicha decisión se hiso (sic) en BASE EN LA LIQUIDACION DE OFICIO y luego de revisar la documentación contable requerida. Este cambio repentino y arbitrario altera el estatus de certeza que en un principio ampara el derecho a la seguridad jurídica. De igual forma, expresa que: las personas encargadas de la auditoría solicitaron información de cotejo a varios proveedores, sin dar a conocer a la sociedad auditada el contenido de esos informes para poder controvertirlos en caso de no ser ciertos, no se informaron sino al final para tomarlo como fundamento para tomar la decisión de multa (resaltado suprimido). Añade que: el artículo 185 del Código Tributario prevé la corrección de errores en que haya incurrido el contribuyente en la declaración respectiva, habilitando la proposición de una declaración sustituta, sí (sic) como resultado de la misma se aumenta el valor a pagar ( ) [s]ituación obviada por la DGII y por el Tribunal de Apelaciones, y finalmente avalado por la Sala de lo Contencioso Administrativo. Además, señala que: la resolución que impugn[a] y las posteriores que la avalan implican una reducción en [el] patrimonio [de su representada], mediante el pago forzoso de una cantidad líquida que reduce las posibilidades de ejercicio del derecho de propiedad y restringe excesivamente la libertad económica o de empresa (resaltado suprimido). II. Expuesto lo anterior, conviene ahora, para resolver adecuadamente el caso en estudio, exteriorizar brevemente los fundamentos jurídicos de la resolución que se proveerá. En el amparo las afirmaciones de la parte actora deben justificar que su reclamo posee relevancia constitucional; pues si ella plantea aspectos puramente judiciales o administrativos que no revelan una posible violación a sus derechos fundamentales, su queja no podría ser juzgada en esta sede. Desde el punto de vista de la competencia material de la Sala, la proposición de lo que la ley y la jurisprudencia califican, en forma genérica, como asuntos de mera legalidad se interpreta como un defecto absoluto en la facultad de juzgar; lo que representa un óbice para examinar el fondo de la queja planteada. 2

3 Debe así recordarse que este Tribunal es incompetente, en razón de lo establecido en su marco normativo de actuación, para conocer aquellas cuestiones que tienen una exclusiva base infraconstitucional; dado que su regulación y determinación está prevista sólo en normas de rango inferior a la Constitución. La situación comentada motiva el rechazo de la demanda por falta de competencia objetiva sobre el caso, ya que decidir sobre lo propuesto en ella cuando carece de un auténtico fundamento constitucional significaría invadir la esfera de la legalidad, obligando a esta Sala a revisar desde esa perspectiva las actuaciones de los funcionarios o autoridades que actúan dentro de sus respectivas atribuciones, para lo cual no se encuentra jurídicamente habilitada. III. Corresponde ahora evaluar la posibilidad de conocer de las infracciones alegadas por el representante de la parte actora. a. El señor Hiroito Sarco Orellana manifiesta reclamar contra las siguientes actuaciones: (a) la resolución número TIR-106M-2004, emitida, según relaciona en parte petitoria de la demanda, por el Subdirector General de Impuestos Internos, el día 15- IV-2004, mediante la que se determinó la cuota complementaria y original de impuesto sobre la renta respecto de los ejercicios impositivos de los años dos mil y dos mil uno relativas a la sociedad FERRO MINERA, S. A. de C. V., así como multas por evasión no intencional por infracciones cometidas; (b) la decisión pronunciada por el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos, hoy Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y de Aduanas el día 15-II-2005, en la que se confirmó la providencia antes mencionada; y (c) la resolución dictada por los Magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia el día 10-XII-2007, en la que se declaró la legalidad de los proveídos antes mencionados. Dichas actuaciones las considera atentatorias de los derechos a la seguridad jurídica, libertad económica, propiedad, audiencia y defensa, estos dos últimos como manifestaciones del debido proceso, de la sociedad FERRO MINERA, S. A. de C. V.. b. Ahora bien, de la lectura de la demanda y el escrito de evacuación de prevención se advierte que, en esencia, el representante de la parte actora arguye que en las resoluciones impugnadas se vulnera el derecho a la seguridad jurídica debido a que en la Dirección General de Impuestos Internos en un principio, se estableció realizar auditorías sobre base cierta, y luego apartándose de ese sistema se tomaron en cuenta otros elementos, sin hacer del conocimiento de «FERROMINERA S. A. de C. V.», dicho cambio. Asimismo, aduce como conculcados los derechos de audiencia y defensa en vista que: el artículo 185 del Código Tributario prevé la corrección de errores en que haya incurrido el contribuyente en la declaración respectiva, habilitando la proposición de una declaración sustituta, sí (sic) como resultado de la misma se aumenta el valor a pagar ( ) 3

4 [s]ituación obviada por la DGII y por el Tribunal de Apelaciones, y finalmente avalado por la Sala de lo Contencioso Administrativo. De igual modo, asevera que: si se determinó un método a utilizar en todo el proceso, la no observancia de esta formalidad trae como consecuencia el incumplimiento de formalidades esenciales en el proceso de fiscalización, afectando así el derecho de defensa ( ) [l]a manifestación de esa violación a derechos constitucionales se ve reflejada en la resolución viciada. Ocasionando un agravio [a] «FERROMINERA S.A. de C.V.», pues no pudo desvirtuar lo dicho por sus proveedores al no haber sido informada previamente de lo informado por ellos. De lo anterior, se colige que el interesado se encuentra inconforme con el método que regula la ley secundaria y que seleccionó el Subdirector General de Impuestos Internos para liquidar de oficio el monto del impuesto sobre la renta respecto de los ejercicios impositivos de los años dos mil y dos mil uno de la sociedad FERRO MINERA, S. A. de C. V., situación que carece de trascendencia constitucional, pues implicaría la revisión de la correcta aplicación de disposiciones de rango legal al caso concreto. Y es que esta Sala no se encuentra constitucional ni legalmente habilitada para indicar a los funcionarios de la administración tributaria cuáles son los procedimientos y mecanismos que deben seguir para establecer la veracidad o no de las declaraciones de impuestos, puesto que los mismos tienen como basamento la normativa infraconstitucional respectiva. De igual modo, este Tribunal no es materialmente competente para determinar si, conforme a las características propias del caso concreto, procedía o no que se formulara una declaración tributaria sustituta a efecto que se corrigieran los errores en que incurrió el contribuyente en la declaración inicialmente realizada, dado que ello tiene fundamento exclusivo en la legislación secundaria. En ese sentido, de las aseveraciones del impetrante es dable deducir que se encuentra simplemente inconforme con las decisiones de las autoridades demandadas, tomando en consideración además que su patrocinada tuvo la oportunidad para controvertir la información que se había recabado en el procedimiento administrativo a través de los medios impugnativos legalmente previstos. c. Así pues, el asunto formulado no corresponde al conocimiento de la jurisdicción constitucional, por no ser materia propia del proceso de amparo. Debe ponderarse que este mecanismo procesal constitucional no opera como una instancia superior de conocimiento para la revisión, desde una perspectiva legal, de las actuaciones realizadas por las autoridades dentro de sus respectivas atribuciones, sino que pretende brindar una protección reforzada de los derechos fundamentales de los gobernados. En conclusión, del análisis de las circunstancias fácticas y jurídicas esbozadas se deriva la imposibilidad de juzgar, desde una perspectiva constitucional, el fondo de lo 4

5 pretendido por el representante de la parte actora, ya que éste se anida sobre un asunto de estricta legalidad. De esta forma, es pertinente declarar la improcedencia de la demanda de amparo en cuanto a los actos impugnados. Por tanto, de conformidad al artículo 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales esta Sala RESUELVE: (a) Declárese improcedente la demanda planteada por el señor Hiroito Sarco Orellana, en carácter de representante de la sociedad FERRO MINERA, Sociedad Anónima de Capital Variable, que se abrevia FERRO MINERA, S. A. de C. V. ; y (b) Notifíquese. ---J. B. JAIME---O. BON F.---J. N. CASTANEDA S.---SONIA DE SEGOVIA---R. E. GONZÁLEZ B.---PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN---E. SOCORRO C.---RUBRICADAS. 5