Ecuador, julio de Ing. Rodrigo Vélez Valarezo Secretario Ejecutivo del CONSEP

Transcripción

1 Aportes a la estrategia para el enfrentamiento a la realidad de las drogas en el marco del Consejo Suramericano sobre el Problema Mundial de las Drogas, UNASUR ecuador

2 por el buen vivir

3 Introducción Aportes a la estrategia para el enfrentamiento a la realidad de las drogas en el marco del Consejo Suramericano sobre el Problema Mundial de las Drogas surge en el proceso de gestación de una nueva política regional que revisa las políticas y las estrategias antidrogas luego de un decenio de su implementación. La declaración latinoamericana sobre drogas y democracia (febrero 2009) advierte de los pocos resultados de una política criminalista y prohibicionista para la superación del fenómeno. El mundo y, especialmente, los países en vías de desarrollo han sido afectados por una política cuya visión represiva y punitiva de las drogas se ha hecho extensiva a la población. Esta posición ha degradado la política antidroga y la ha distanciado de sus objetivos, con el riesgo de convertirla en un instrumento para desencadenar otras guerras en nombre de las drogas. Se reconoce que los grandes capitales del narcotráfico consolidan su progresión geométrica en las economías de los países desarrollados y no en las economías de los países pequeños en las que difícilmente pueden mimetizarse. 1 En consecuencia, la persecución al delito debe dirigirse esencialmente al núcleo duro del tráfico ilícito de drogas y no a sus eslabones débiles. Decenas de miles de personas que pueblan las cárceles constituyen el escudo humano en el que se oculta una política fallida, y decenas de miles de muertos que pueblan los cementerios denuncian el macabro engendro de su violencia.

4 UNASUR es un espacio histórico de integración que nuestros pueblos demandan para el desarrollo armónico de la región. Este organismo naciente no puede ser minado por la recurrencia de una antigua y fallida política que, directa e indirectamente, involucra en la violencia a las naciones. Por estas razones, el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, CONSEP, pone en sus manos el documento abierto elaborado a partir de nuevas visiones que surgen del análisis nacional e internacional el fenómeno de las drogas. Su propósito es contribuir a una nueva política y estrategia que protejan los derechos humanos, las culturas y la naturaleza, así como la soberanía y la integración de los Estados. Ecuador, julio de 2010 Ing. Rodrigo Vélez Valarezo Secretario Ejecutivo del CONSEP 2

5 Romper el Tabú, reconocer los fracasos de las políticas vigentes y sus consecuencias es una condición previa para la discusión de un nuevo paradigma de políticas más seguras, eficientes y humanas. Drogas y Democracia: hacia un cambio de paradigma 1 De la política antidroga La política oficial antidroga ha obligado a los Estados a reflejar la lógica del carácter empresarial en el diseño de sus políticas nacionales y sus estrategias. De esta manera, se ha reproducido su noción de mercancía en la caracterización del fenómeno visto como oferta y demanda, despojándola de sus múltiples sentidos. Desde esta perspectiva, se ha excluido a los sujetos y se ha reducido la intervención del Estado al control de la producción y el tráfico. Por otra parte, a los países se los califica a partir de las acciones de la delincuencia organizada como países de cultivo, producción, de tránsito, circulación y de consumo de la droga-mercancía. 1. Declaración de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, César Gaviria, Ernesto Zedillo, Fernando Cardoso y otros, Se trata, pues, de una visión reduccionista que pretende dar al problema un carácter homogéneo, como si siempre se tratase de lo mismo. De esta manera, los Estados han reducido sus posibilidades de intervención para dar respuestas específicas al fenómeno. Es indispensable la gestación de una política integral de prevención y control de drogas que surja del reconocimiento de las realidades nacionales. En la búsqueda de soluciones comunes para confrontar la problemática, los Estados pueden aportar al desarrollo de una política regional desde sus políticas nacionales.

6 La visión punible de la problemática Puesto que se trata de una mercancía tipificada como ilegítima e ilícita, la visión penal de las políticas organizadas para enfrentar a las drogas ha inundado todos los ámbitos de la problemática. Así la droga-delito ha terminado condicionando al Estado y sus organizaciones tanto como a la percepción social de la misma. En este sentido, son las drogas las que se han impuesto sobre los criterios y políticas del Estado. Desde esta perspectiva, ha primado el uso de políticas reactivas en desmedro de políticas proactivas, lo cual ha provocado serias distorsiones en el rol del Estado y en su relación con la sociedad. Sin duda, la visión penal es adecuada y necesaria en el ámbito de la interdicción. Sin embargo, extender esta postura a toda la compleja problemática de las drogas impide la construcción de políticas y legislaciones que miren la complejidad de los múltiples actores involucrados que deberían ser siempre diferenciados. Desde esta visión se ha estigmatizado a quienes las usan condenándolos a la exclusión social, en contra de los principios universales de presunción de inocencia, de la seguridad jurídica. La criminalización ha desnaturalizado el rol del Estado y ha llenado las cárceles con usadores y pequeños traficantes, eslabón más débil del tráfico ilícito de drogas. Transnacionalización de la política antidroga La transnacionalización de la política antidroga tiende a ignorar las especificidades sociales, políticas, culturales y económicas de cada país. Esto conduce a su homogeneización de tal manera que se pierden sus particularidades, fenómeno, que se refleja luego en los instrumentos internacionales y en los ordenamientos jurídicos nacionales. 4

7 Esta internacionalización uniforme de la política desconoce lo nacional y conduce al control político y económico de los países. Por ende, la transnacionalización de la guerra contra las drogas podría convertirse en un intento de inmiscuir a los Estados en otras guerras en nombre de las drogas. Desde estas posiciones, se sostiene y aplica el principio de la extraterritorialidad del uso de la fuerza y de la intervención militar. 2 Frente a la transnacionalización, es necesario limitar los conceptos de defensa y de seguridad interna y externa a fin de delimitar el rol y misión de las fuerzas armadas y de la policía para no caer en situaciones históricas determinadas por la doctrina de seguridad nacional. La multilateralidad de la política regional 2. Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. Carta de las Naciones Unidas, 26 de junio de 1945, Art. N o Ibídem. Art. 2 N o 1 La Organización está basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus Miembros. La protección y sobrevivencia de los Estados exigen la consolidación de la paz, la integración, la seguridad y el desarrollo del Continente. Por ende, las políticas y las acciones sobre drogas no deben basarse en acciones extrínsecas que debiliten o condicionen su institucionalidad o afecten su desarrollo armónico. Para superar la univocidad de la política antidroga, es indispensable el reconocimiento de las diferencias históricas, sociales, económicas y culturales de las naciones. Este reconocimiento otorga legitimidad y eleva la ética y viabilidad de las políticas regionales. La igualdad soberana de los Estados es el principio que impulsa la multilateralidad, reconoce su existencia y fundamenta una perspectiva regional de reducción de las asimetrías. 3 5

8 Perspectiva y rol social del Estado en el control de las drogas La complejidad de las drogas exige que los Estados y sus organizaciones sociales se conviertan en los referentes desde los cuales se definan las políticas para enfrentar las causas y efectos tanto de la producción, tráfico y lavado de activos, como de los usos de drogas. El control de la actividad lícita debe fundamentarse en el fomento de la industria para propiciar su desarrollo y el comercio nacional e internacional de conformidad a las regulaciones establecidas para el efecto. También se podría promover la sustitución de sustancias controladas por otras no lesivas para la salud. Respeto a la naturaleza y a las culturas 4. Carta Mundial de la Naturaleza, Resolución aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas 48ª, Sesión Plenaria, 28 de octubre de Principios Generales: 1.- Se respetará la naturaleza y no se perturbarán sus procesos esenciales. 2.- No se amenazará la viabilidad genética en la tierra; la población de todas las especies, silvestres y domesticadas, se mantendrá a un nivel por lo menos suficiente para garantizar su pervivencia; asimismo, se salvaguardarán los hábitat necesarios para este fin. Ibídem. 6 Es necesario reconocer que en la naturaleza no existen plantas ni buenas ni malas, ni lícitas ni ilícitas. En consecuencia, la naturaleza no puede ser objeto de valoraciones morales o jurídicas. "Toda forma de vida es única y merece ser respetada, cualquiera que sea su utilidad para el hombre, y con el fin de reconocer a los demás seres vivos su valor intrínseco, el hombre ha de guiarse por un código de acción moral." 4 Por consiguiente, las políticas en torno a las drogas no deberían implicar la erradicación y exterminio de ciertas plantas sino el control de sus cultivos. 5 Se impone la revisión de los criterios de medición de los logros de la política antidrogas basados en la erradicación de cultivos. En este orden, es necesario impulsar métodos de erradicación manual de la hoja de coca destinada a usos ilícitos que sustituyan a las aspersiones químicas ciertamente lesivas a la salud y a la naturaleza que faciliten la recuperación de la flora y la

9 fauna en esos lugares. Igualmente se debe impedir la introducción de cultivos en otras zonas para evitar la alteración de la biota y concomitantemente su uso ilícito. En el marco de la estrategia regional, se debe impulsar la implementación de los avances con respecto al desarrollo alternativo y desarrollo alternativo preventivo, como un conjunto de acciones de los Estados encaminadas a la inclusión social y económica de los grupos de la población expuestos a ser cooptados en actividades ilícitas. 6. Teniendo en cuenta que uno de los objetivos de UNASUR establecido en su Tratado Constitutivo es "la promoción de la diversidad cultural y de las expresiones de la memoria y de los conocimientos y saberes de los pueblos de la región, para el fortalecimiento de sus identidades", reconocemos que el masticado de la hoja de coca es una manifestación cultural ancestral del pueblo de Bolivia que debe ser respetada por la Comunidad Internacional". Declaración Presidencial de Quito, III Reunión Ordinaria del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), N o 19, 10 de Agosto de La Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural eleva la diversidad cultural a la categoría de patrimonio común de la humanidad, tan necesaria para el género humano como la diversidad biológica para los organismos vivos. La superficie ocupada por los cultivos de coca y otras plantas refleja la dimensión de la ausencia del Estado y de la influencia de las organizaciones delictivas en esos espacios. De ahí que los procesos de monitorización de cultivos no deban resignarse a la erradicación sino a desarrollar la presencia del Estado. La erradicación de cultivos, si bien es una finalidad vinculada con la interdicción, es tan solo una medida inicial del rol del Estado en el control del mundo de las drogas. Sin embargo, la intervención integral es fundamental para recuperar a los grupos vulnerables expuestos a ser cooptados en actividades ilícitas y, al mismo tiempo, para rescatar las áreas afectadas. Es necesario aplicar el principio de la responsabilidad compartida entre los Estados en todo el fenómeno drogas, tomando en cuenta, sin embargo, que las responsabilidades deben ser asumidas por cada país en todo lo que tiene que ver con la producción, el tráfico y el consumo. La lógica de la cooperación internacional debe sustentarse necesariamente en este principio. No es suficiente basar los éxitos en la disminución de los usos de drogas exclusivamente sostenidos en la reducción de la producción y la oferta. Hay que tener siempre presente que los usos responden a dinámicas sociales, culturales, antropológicas y psicológicas tan distintas que no se dejan afectar necesariamente por los cambios que se producen en la relación entre oferta y demanda. En este contexto se observa la existencia del uso ancestral de ciertas plantas en su estado natural. 6 7

10 Potenciar la cooperación y el principio de corresponsabilidad Los Estados deben optar por una cooperación horizontal, sin condicionamientos que proteja la multilateralidad, la igualdad soberana y la integración de los Estados. Ante los problemas de las drogas, se requiere una cooperación dirigida a la búsqueda de soluciones políticas y no militares, que preserve la paz y la seguridad de la región. La cooperación circunscrita preferentemente a una política de lucha contra las drogas es insuficiente para determinar el carácter y el alcance de la cooperación internacional. Existen factores que agravan la problemática de las drogas tales como la pobreza, el desempleo, la limitada calidad y cobertura de los servicios de salud y educación, respecto de los cuales UNASUR constituye una potencial alternativa regional para su superación. Es necesario, pues, que la política del Estado-receptor de la cooperación internacional tenga una presencia activa, de tal manera que esta cooperación no llegue a sustituirlo en aquellos lugares en los que su presencia es débil. La concepción unipolar de la política antidroga no ha permitido desarrollar un criterio de equidad en la asunción de responsabilidades compartidas por los Estados. El principio de corresponsabilidad conduce al establecimiento de compromisos de cooperación diferenciados y no a unilaterales evaluaciones que contribuyen a degradarlo y que terminan condicionando el comportamiento político de los Estados. La responsabilidad compartida debe considerar la integridad de la problemática, independientemente del énfasis que tenga un ámbito del fenómeno dentro de un Estado. 8

11 Pertinencia de la política regional de drogas Es necesario formular una política regional que parta de una visión global de la problemática de las drogas, se diferencie de la lógica del mercado y se inserte en la protección de los Estados, de las sociedades y sus culturas. Una política regional de drogas exige se profundicen los procesos de integración y de cooperación mutua, la preservación de la paz, la soberanía y el respeto a los derechos humanos. La pertinencia de la represión debería circunscribirse al ámbito de la interdicción de las drogas para no invadir otros espacios sociales, culturales, políticos, económicos, ambientales y de soberanía territorial. Esta política también supone que de manera efectiva se repriman los delitos vinculados con el tráfico ilícito de drogas. Ello exige salvaguardar los derechos de la población y las buenas relaciones entre los Estados. La vigente política antidroga considera a nuestros Estados como fábricas que producen drogas o como un pasillo sin nación, ruta del narcotráfico. Esta visión, que ignora la existencia de nuestros pueblos y culturas, degrada el enfoque integral y equilibrado, así como la responsabilidad compartida, principios ratificados por Naciones Unidas. "La globalización de los derechos humanos es la afirmación de la soberanía de las naciones grandes y pequeñas ( ) para la restauración de la dignidad de los pueblos" Ligia Galvis Ortiz. Comprensión de los Derechos Humanos. 4º edición. Bogotá La política regional de drogas debe basarse en el principio de no agudización y no internacionalización de los conflictos. Así se consolidan la integración regional y la paz. La efectividad de esta política de integración demanda la no militarización de la lucha contra las drogas y el fortalecimiento de los organismos de control, interdicción e inteligencia.

12 El negocio de las drogas no afecta de la misma manera a todos los implicados. Existen, por ejemplo, tráficos relacionados de manera directa con las estrategias de sobrevivencia en poblaciones económicamente deprimidas, igual que existen cultivadores que habitan zonas donde la extensión de los cultivos es la medida de la ausencia del Estado. La política de interdicción del Estado debe afectar la base financiera que sostiene y fortalece el tráfico ilícito de drogas lo que significa atacar el núcleo superior y organizado del negocio. Las convenciones internacionales sobre drogas que se invoquen deberán ser compatibles con la política y estrategia regional y no otras como las vinculadas a la migración, a las armas las que deben aplicarse en relación con su objeto y no en nombre de la política sobre drogas. La desnarcotización de los lenguajes El término consumo parte de la lógica del mercado ilegal que vincula a la persona que usa drogas con la droga misma. En esa relación se criminaliza y excluye socialmente al sujeto que posee una cantidad de droga para su uso personal. De esta manera, se criminalizan los usos. Los términos no solo portan su significado sino las relaciones, las palabras presionan o liberan, las imágenes impresionan. Los sujetos, por el solo hecho de usar drogas, no pertenecen a la cadena del tráfico ilícito. Los Estados deben diferenciar el consumo de drogas de las concepciones del mercado pues las lógicas que conducen al sujeto a usar drogas se hallan relacionadas, entre otras realidades, con la cultura. 10 Es indispensable reconocer que existen diferencias fundamentales entre los distintos usos de drogas como, por ejemplo, los ocasionales, esporádicos, regulares o conflictivos. Estas dife-

13 rencias han sido suprimidas en los discursos oficiales y en las investigaciones de carácter epidemiológico. Estas precisiones permitirán incidir en la prevención y en la reducción real de los usos. Cuando se cambian los lenguajes, se crean nuevas relaciones de carácter social y jurídico. Es preciso, pues, desnarcotizar los lenguajes con los que la sociedad identifica, califica y juzga lo que tiene que ver con las drogas. El término narcotráfico, sin definición conceptual ni delimitaciones, se constituye en un instrumento de políticas que homogeneizan diferentes realidades, actores y responsabilidades. Es necesario precisar las motivaciones del tráfico ilícito de drogas, sus grados de involucramiento, grados de jerarquía y de responsabilidad, los poderes de decisión, sus diferentes niveles de ganancia, a fin de determinar su dinámica para no descargar la punición en los eslabones débiles que dejan intacta su estructura mayor. La política antidroga concibe la problemática a partir del tráfico ilícito y no desde su globalidad. Es decir, que la parte define al todo. La ilegalidad ha sido el punto de partida del análisis de las drogas y no la complejidad del problema. Observatorio Suramericano de Drogas Es necesario desarrollar un espacio orgánico del saber y del conocimiento del fenómeno de las drogas en la constitución del Observatorio Suramericano de Drogas, que sistematice la información obtenida de la evolución de la problemática en la región, que examine las nuevas tendencias en el ámbito del uso de drogas, obtenga y promueva el intercambio de información sobre las mejores prácticas para su enfrentamiento. De igual manera, desarrolle investigaciones sobre nuevas sustancias psicoactivas y la sustitución de sustancias por otras no lesivas para la salud. 11

14 Un observatorio que acopie información sobre el quehacer de la cooperación internacional, su orientación y su incidencia en el tratamiento del fenómeno. Un observatorio que aporte a la dinámica de la política y estrategia regional y de los Estados miembros en su planificación nacional. Quito, enero de

15 Rodrigo Vélez Valarezo Secretario Ejecutivo Comisión de Redacción: Marta de Diago Hernán Castillo Bujase Jorge Marambio Chávez Rodrigo Tenorio Ambrossi Quito, Ecuador Agosto 2010 por el buen vivir

16 12 de Octubre N2399 y Wilson Quito, Ecuador Teléfonos (593 2) ref: documento abierto