DICTAMEN 118 / 2005 ANTECEDENTES

Transcripción

1 DICTAMEN 118 / 2005 Materia sometida a dictamen: Reclamación en materia de responsabilidad patrimonial derivada de la asistencia sanitaria dispensada en el Servicio de Urgencias del Hospital Miguel Servet de Zaragoza. ANTECEDENTES Primero.- Con fecha 2 de abril de 2004 V.S. presentó en el Registro del Servicio Provincial de Salud y Consumo de Zaragoza, reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios que le fueron ocasionados por una atención deficiente en el Servicio de Urgencias del Hospital Miguel Servet, de Zaragoza, por lo que acudió a una clínica privada, en la que fue intervenido quirúrgicamente el 4 de febrero de 2003 de una hernia discal extraforaminal. La reclamación se cuantifica en 7.498,61 euros por reintegro de gastos médicos y euros por perjuicios morales y secuelas. El reclamante especifica que con fecha 3 de abril de 2003 había solicitado el reintegro de gastos médicos, que fue desestimado el 24 de febrero de 2004, si bien en la parte final de la resolución se expresa que ello no excluye que el asegurado pueda solicitar la valoración de los hechos que relata sobre la asistencia sanitaria recibida y pruebas diagnósticas realizadas en el Hospital Miguel Servet, a través de la Unidad de Responsabilidad Patrimonial. Los hechos en los que el reclamante funda su pretensión indemnizatoria son, en expresión sintetizada, los siguientes: 1º) el 27 de enero de 2003 el reclamante recibió atención de urgencia domiciliaria y en el Hospital Miguel Servet por insistencia de dolores agudos; 2º) el 28 de enero de 2003 fue tratado por el médico de urgencia domiciliaria del Hospital Miguel Servet, en el que se describe dolor que ha ido en aumento, impidiéndole andar desde la mañana y se le aplica tratamiento de Voltaren y Myolastan; 3º) el 29 de enero nuevamente fue atendido en el servicio de urgencias domiciliarias, acudiendo el día 30 a Urgencias del Hospital Miguel Servet, donde le diagnostican dolor muy intenso en cadera derecha, aplicándole infiltración con anestesia local, con alta y recomendaciones de reposo y aplicación de Nolotil (el informe refiere trocanteritis fémur derecho); 4º) al no 1

2 recibir una solución adecuada, el mismo día 30 de enero de 2003 acudió a la Clínica Quirón de Zaragoza, por ser el servicio de urgencias más cercano al Hospital Miguel Servet, donde ingresó y le fue realizada una resonancia magnética, con anestesia, el día 3 de febrero siguiente, con diagnóstico de hernia discal extraforaminal L3-L4 ejerciendo compromiso sobre la raíz L3, de la que fue intervenido quirúrgicamente el día 4 de febrero de Segundo.- Con fecha 26 de abril de 2004 se notifica al reclamante el inicio de la tramitación del correspondiente procedimiento, mediante resolución del Secretario General Técnico del Departamento de Salud y Consumo. Asimismo se comunica la reclamación a la compañía con la que el Insalud tenía contratada una póliza de seguro de responsabilidad civil. Por otra parte, se solicitaron el expediente de reintegro de gastos médicos tramitado a instancia de V.S. y la historia clínica completa del paciente, que fueron incorporadas al expediente. Por lo que se refiere al procedimiento de reintegro de gastos, figuran en el correspondiente expediente la solicitud del interesado, con los informes médicos correspondientes y las diversas facturas abonadas, el informe negativo de la Inspección Médica (el paciente fue diagnosticado de lumbociática, con tratamiento sintomático y la recomendación de citación con traumatólogo de Área si no mejoraba su clínica, habiendo él decidido acudir voluntariamente a una clínica privada, por lo que el supuesto no puede considerarse de urgencia vital) y la resolución denegatoria del reintegro, contra la que se presentó reclamación previa a la vía jurisdiccional, que fue igualmente desestimada por resolución notificada el 27 de febrero de 2004 (en la que se expresa que ello no excluye que el asegurado pueda solicitar la valoración de los hechos sobre la asistencia recibida y pruebas diagnósticas realizadas, a través de la Unidad de Responsabilidad Patrimonial), promoviendo el interesado demanda ante el Juzgado de lo Social de Zaragoza, que fue desestimada, al igual que el posterior recurso de suplicación, desestimado por sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 9 de diciembre de Por otra parte, obra en el expediente el informe emitido por el Coordinador de Urgencias del Hospital Miguel Servet, del que interesa destacar los siguientes datos: 1º) el paciente solicitó por primera vez asistencia urgente en Traumatología las 00:27 horas del día 28 de enero de 2003, realizándose exploración clínica y radiológica, con diagnóstico de lumbociática, entregándole documentación para que sea citado por el traumatólogo de área con carácter preferente y en caso de que no mejore, volver al Servicio de Urgencias, al que efectivamente acude de nuevo a las 16:27 horas, pero cuando fue llamado por megafonía a las 17:30 para ser atendido el paciente no apareció; 2º) el siguiente día 30 de enero se persona de nuevo en urgencias a las 06:50 horas, quejándose de dolor muy selectivo a la palpación en trocánter derecho, realizándole infiltración con Trigon y anestesia local, y dándole de alta, al ser una lumbociática con dos días de evolución con tratamiento médico y recomendación de volver a Urgencias si no observa mejoría; 3º) según indica en su reclamación, el mismo día 30 de enero decide acudir a una clínica privada, donde al parecer se le interviene quirúrgicamente; 4º) se trata de una patología de presentación aguda, en paciente de 72 años, con antecedentes de lumbalgias previas, por lo que fue correcto iniciar tratamiento médico, evaluándose su evolución por traumatólogo, como se le recomendó pero no consta que hiciera el paciente; y 5º) no se trataba de una urgencia vital 2

3 que pusiera en peligro su vida o un órgano fundamental, como lo demuestra que la intervención se demoró cuatro días, pudiéndose haber realizado igualmente en la red pública. Requerido informe de la inspección médica, fue evacuado con fecha 2 de septiembre de En dicho informe, después de describir los hechos y toda la información practicada, se considera correcta la atención dispensada en el Hospital Miguel Servet, al que, con antigüedad de un día de dolor lumbar inespecífico en zona glútea, acudió los días 28 y 30 de enero de 2003, siendo este último día cuando decide voluntariamente ser asistido por la medicina privada; dado el poco tiempo de evolución del dolor y la clínica de lumbalgia, fue inicialmente tratado de forma conservadora, si bien con la advertencia de volver a Urgencias si no observa mejoría; la decisión libre y voluntaria de acudir a la medicina privada es la que le ha acarreado unos gastos que ahora intenta recuperar mediante la invocación de responsabilidad patrimonial, no concurriendo los requisitos exigibles para ello. Con fecha 5 de enero de 2005, el reclamante presenta escrito comunicando la sentencia de la Sala de lo Social del tribunal Superior de Justicia de Aragón de 9 de diciembre de 2004, ratificando la sentencia de 9 de septiembre anterior del Juzgado de lo Social nº 4, que a su vez había desestimado la demanda presentada en reclamación del reintegro de gastos médicos. En dicho escrito solicita que se levante la suspensión del procedimiento de responsabilidad patrimonial, decretada al parecer, en su momento, por estar pendiente de sentencia firma la indicada solicitud de reintegro. De acuerdo con lo dispuesto por el art. 11 del Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial (en adelante, el Reglamento), aprobado por R.D. 429/1993, de 26 de marzo, se puso de manifiesto el expediente al reclamante, por un plazo de 10 días, para formulación de alegaciones y presentación de los documentos y justificaciones que estimara procedentes, ofreciéndoles una relación de los documentos obrantes en el expediente. Notificada dicha comunicación con fecha 28 de marzo de 2005, el reclamante no presentó escrito de alegaciones. Tercero.- En fecha 31 de mayo de 2005, la Consejera de Salud y Consumo ha formulado propuesta de Orden resolutoria de la reclamación, en sentido desestimatorio, por cuanto el recurso a la medicina privada no encuentra justificación sino en una libre y voluntaria decisión del paciente, al que se le prestó una asistencia adecuada en el sistema público, en atención a sus antecedentes y al tiempo de evolución de la enfermedad, habiendo transcurrido solo dos días desde que acude por primera vez al Servicio de Urgencias del Hospital Miguel Servet hasta que recurre a la medicina privada; no se ha acreditado que los facultativos del servicio público que le atendieron hubieran actuado de forma inadecuada o en contra de la lex artis ad hoc, sin que, por ello, pueda prosperar la reclamación de responsabilidad patrimonial. En todo caso, la propuesta de resolución deja sentado que no le corresponde pronunciarse sobre la procedencia del reembolso de los gastos efectuados en la medicina privada, ya que ha sido resuelta en anteriores instancias, tanto administrativas como jurisdiccionales, constando la existencia de sentencia firme desestimatoria. 3

4 Cuarto.- De acuerdo con lo establecido por el art. 12 del Reglamento antes citado, la Consejera de Salud y Consumo solicitó de la Comisión Jurídica Asesora dictamen, preceptivo, mediante escrito de fecha 1 de junio de 2005, registrado de entrada en la Comisión el siguiente día 6, adjuntando borrador de la Orden resolutoria y copia del expediente tramitado. CONSIDERACIONES JURIDICAS I Procede, en primer término, declarar que el dictamen solicitado a la Comisión Jurídica Asesora se encuentra dentro del ámbito competencial objetivo que legalmente tiene atribuído. En efecto, el art c) del Texto Refundido de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón, aprobada por Decreto Legislativo 1/2001, de 3 de julio dispone que en el ámbito de actuación de la Comunidad Autónoma y dentro de lo preceptuado en cada caso por el ordenamiento jurídico, la Comisión emitirá dictamen preceptivo sobre las reclamaciones de indemnización por daños y perjuicios, precepto que ha de ponerse en conexión con el art del Reglamento de los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial, aprobado por RD 429/1993, de 26 de marzo, y con el art de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado. En este caso, el carácter preceptivo del dictamen deriva del hecho de que la cantidad reclamada es superior a euros, en atención a lo dispuesto para los procedimientos de responsabilidad patrimonial por el art. 24 de la Ley 26/2001, de 28 de diciembre, de las Cortes de Aragón, de Medidas Tributarias y Administrativas. Y en particular, dado su objeto, compete emitir el presente dictamen a la Comisión Permanente de este Organo Consultivo (art del citado Texto Refundido de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón). I I La Comisión Jurídica Asesora ha de pronunciarse acerca de si, a la vista del expediente tramitado por el órgano competente de la Administración Autonómica, procede o no estimar la reclamación de indemnización económica presentada en relación con daños ocasionados, según se alega, por la prestación deficiente del servicio público de asistencia sanitaria, debiendo concretar específicamente, por mandato del art del Reglamento aprobado por R.D. 429/1993, de 26 de marzo, la existencia o no de relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida, con valoración, en su caso, del daño causado y la cuantía y modo de la indemnización, considerando los criterios legales de aplicación. 4

5 Por lo que se refiere a la normativa aplicable, ha de recordarse que en el Derecho español vigente la institución de la responsabilidad patrimonial de la Administración, constitucionalizada en el art de la Constitución, atribuye a los particulares derecho a ser indemnizados de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, y se cumplan los demás requisitos dispuestos por el ordenamiento jurídico (art. 139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). Los requisitos para que sea declarada la responsabilidad patrimonial de la Administración, según reiterada y pacífica formulación doctrinal y jurisprudencial del régimen de Derecho Positivo sobre la materia, pueden resumirse del siguiente modo: 1º) la efectiva realización del daño o perjuicio evaluable económicamente e individualizado en relación con una persona o grupo de personas; 2º) que el daño o lesión sufrido por el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en una relación directa de causa a efecto sin intervención extraña que pueda influir en el nexo causal; 3º) que el daño o perjuicio no se hubiera producido por fuerza mayor; y 4º) que no haya prescrito el derecho a reclamar (cuyo plazo se fija legalmente en un año, computado desde la producción del hecho o acto que motive la indemnización o desde la manifestación de su efecto lesivo). Además, de acuerdo con la constante jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el particular, en el caso de responsabilidad patrimonial por funcionamiento de los servicios públicos sanitarios y de sus agentes debe recordarse que la prestación sanitaria es una prestación de medios y no de resultados, que el paciente tiene derecho a que se le dispense una atención adecuada según la lex artis ad hoc y no a obtener un determinado resultado curativo, toda vez que la medicina no es una ciencia exacta y que los servicios públicos de salud están obligados a poner al servicio de los usuarios los medios disponibles que hagan posible la protección de la salud, lo que no supone la existencia de un diagnóstico cierto y rápido, una curación sin secuelas o una atención sanitaria en un determinado tiempo y sin esperas. -III- Sentado lo anterior, puede cuestionarse en primer lugar si la reclamación ha sido presentada en el plazo de un año desde la producción de los hechos que motivaron la indemnización o desde la manifestación de su efecto lesivo, que establece como plazo de prescripción el art de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Los hechos que, según la posición mantenida por el reclamante, dieron lugar a su marcha a la sanidad privada tuvieron lugar entre los días 28 y 30 de enero de 2003, por lo que presentada la reclamación el 2 de abril de 2004 parece que se encontraba prescrito el derecho a reclamar. Sin embargo, se deduce del expediente que el interesado optó en un momento inicial por solicitar el reintegro de los gastos médicos producidos en la sanidad privada, que le fue denegado por resolución de 18 de noviembre de 2003 del Servicio Provincial de Salud y Consumo, por no concurrir un supuesto de urgencia vital, contra la que interpuso reclamación previa a la vía jurisdiccional, que fue igualmente desestimada mediante resolución de 24 de febrero de 2004, en cuya parte final se expresa que ello no excluye que el asegurado pueda solicitar la valoración de 5

6 los hechos que relata, sobre la asistencia sanitaria recibida y pruebas diagnósticas realizadas en el Hospital Miguel Servet, a través de la Unidad de Responsabilidad Patrimonial. Realmente, se trata de una declaración desafortunada, por cuanto el procedimiento de reintegro de gastos debiera terminar con una resolución que acordara o denegara dicho reintegro, sin interferir la cuestión con la posible solicitud de responsabilidad patrimonial administrativa, pero, aun en el caso de mantenerse unas expresiones como las comentadas, resultaría necesario especificar que dicha solicitud solo se tramitará si concurren los requisitos necesarios, entre los que figura lógicamente que no se haya cumplido el plazo de prescripción. De no ser así, como en el supuesto objeto de dictamen, se habría indicado una vía improcedente al haber prescrito el derecho a reclamar, lo que conduciría a declarar ahora dicha prescripción, sin entrar a considerar el fondo del asunto. No obstante todo lo anteriormente expuesto, la Comisión considera que al haberse dado por el órgano administrativo una información que ha podido inducir a confusión, en atención a la mayor garantía de los derechos del administrado y desde una perspectiva antiformalista en orden a su protección, puede excepcionalmente no considerarse de aplicación al caso la prescripción, debiendo examinarse si concurren los demás requisitos que permitirían exigir la responsabilidad administrativa. Siguiendo el análisis enunciado, nada hay que objetar acerca del cumplimiento de los demás requisitos formales, al haberse dirigido la reclamación a la Administración Pública competente, por persona legitimada al efecto; con estricto respeto a los trámites del procedimiento establecido en la normativa aplicable. Puede, por ello, entrarse en el fondo del asunto, considerando la concurrencia o no en el caso de que se trata de los presupuestos de la responsabilidad patrimonial de la Administración, dejando al margen, por lo que respecta a las dos pretensiones económicas en que el reclamante desdobla su solicitud de indemnización, la referida precisamente a la devolución de las cantidades satisfechas a la medicina privada, ya que, como acertadamente expresa la propuesta de resolución objeto de dictamen, dicha cuestión ha sido ya resuelta, con carácter firme, por los órganos jurisdiccionales competentes, no pudiendo reproducirse tal solicitud de reintegro, siquiera sea ahora bajo la envoltura formal de la responsabilidad patrimonial de la Administración. De lo dicho resulta, así pues, que la única cuestión a resolver es la referida a la procedencia o no de la solicitud de euros como indemnización de los daños morales y secuelas sufridas por el reclamante. Desde este planteamiento, la tarea no resulta en absoluto ardua, ya que los informes obrantes en el expediente permiten concluir que la atención médica dispensada en el Hospìtal Miguel Servet se encuentra dentro de la lex artis, habiendo recibido una asistencia normal y dentro de los parámetros de adecuación de medios, habida cuenta de que el diagnóstico definitivo y por tanto la aplicación de la terapeútica adecuada no pudo alcanzarse al haber transcurrido solo dos días desde la primera presentación en el Servicio Médico de Urgencias y la decisión de ir a la medicina privada, habida cuenta de los antecedentes de lumbociática del paciente, quien a su vez fue aconsejado para acudir, primero, al traumatólogo y, con posterioridad, al propio Servicio de Urgencias, si persistía la severidad del dolor. Resulta revelador, en este sentido, que la propia Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia, al pronunciarse sobre la denegación del reintegro de gastos, señala en su fundamento de derecho Segundo que aquí ni hubo desatención médica, ni urgencia que impidiese acudir a los servicios públicos asignados (ni quejas de falta de atención que motivasen una petición de autorización que nunca se hizo- para recibir asistencia en centros ajenos al sistema socializado), sino la opción, en todo caso legítima, de recibir asistencia privada... 6

7 Por otra parte, la falta de la más mínima prueba aportada por el reclamante, tanto sobre la existencia de secuelas como de daños morales sufridos, impide considerar la concurrencia de los requisitos mínimos indispensables para la exigencia de responsabilidad patrimonial de la Administración, al no acreditarse ni la existencia de unos daños efectivos ni un nexo de causalidad entre los mismos y la actuación del servicio público sanitario. En mérito a lo expuesto, la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón formula el siguiente DICTAMEN: Que, de conformidad con la propuesta de resolución, no concurre el supuesto de imputación administrativa exigida por la institución de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, por falta de acreditación de lesión y de nexo causal, debiendo, por tanto, ser desestimada la reclamación en atención a las razones contenidas en el proyecto de Orden resolutoria remitido con el expediente y en el cuerpo del presente dictamen. En Zaragoza, a veinte de septiembre de dos mil cinco. 7